La denuncia fue presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, a finales de abril, tras la conformación de la comisión que inició la investigación a la funcionaria el lunes de esta semana.

Dos integrantes de la Policía Nacional fueron los encargados de entregar la notificación desde muy temprano. En el documento se les explica que la investigación en esta fase tiene carácter reservado.

En su momento, el coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, explicó que el Pleno no podía ni conocer ni tratar, ni resolver, sobre la comisión porque se encontraban vigentes ls medidas cautelares obtenidas por Llori el pasado 5 de abril en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.

Las reacciones no se hicieron esperar. El asambleísta de Pachakutik Darwin Pereira señaló que en esta notificación solo se informa del inicio de la investigación, pero no de futuras acciones o diligencias fiscales.

"Esto nos nos asusta en los más mínimo, entendemos que este es un trámite normal que tienen que atender, lamentablemente la justicia se ve avocada a atender procesos políticos cuando podría estar, más bien, persiguiendo a la delincuencia", señaló Pereira.

En tanto que la jefa de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), Marcela Holguín, se mostró preocupada por lo que llamo una judicialización de los temas políticos del país.

"Queremos saber si la justicia va a seguro actuando de forma parcializada, interviniendo en otras funciones del Estado, cómo estás demostrado, y si va a procesar a 93 asambleístas por cumplir su trabajo", cuestionó Holguín.

Está pendiente que una jueza de Pichincha convoque a una audiencia de acción de protección presentada por Llori en contra de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Ese, en cambio es, por haber calificado la denuncia por presunto incumplimiento de funciones presentada por el legislador socialcristiano, Esteban Torres.