
La Fiscalia y la Contraloria tras la pista de la agresion a Lasso
Investigación por dos vías. La Contraloría General se sumó ayer a las pesquisas sobre la supuesta agresión que sufrió el candidato Guillermo Lasso y su familia el martes, en el estado Olímpico Atahualpa.
Investigación por dos vías. La Contraloría General se sumó ayer a las pesquisas sobre la supuesta agresión que sufrió el candidato Guillermo Lasso y su familia el martes, en el estado Olímpico Atahualpa.
La entidad de control confirmó a EXPRESO que hará una verificación preliminar en el Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y otras entidades públicas. Esta tarea tomará 15 días y de ese informe se podría desprender un examen especial.
La Contraloría deberá determinar si de esas instituciones compraron boletos para el partido de fútbol que habrían sido usados por los presuntos agresores, como lo sugirió la empresa encargada de la venta de las entradas, Ecutickets.
La Fiscalía mientras tanto investiga el presunto delito de intimidación. En este caso, el proceso podría tomar un año por tratarse de un delito sancionado con entre uno y tres años de cárcel.
La tarde de ayer, el expediente quedó en manos de la fiscal Verónica Barragán. Ella, con el apoyo de la Policía Judicial, hará las diligencias para buscar autores, cómplices y encubridores.
Inicialmente la causa había sido asignada al fiscal Juan Carlos Rivera, uno de los siete miembros de la Unidad de Soluciones Rápidas de la Fiscalía.
El expediente se abrió de oficio cerca de las 08:30 por disposición de la fiscal Thania Moreno. Ella explicó que Barragán, como en todas las investigaciones, “solicitará que se realicen las pericias necesarias para la investigación”. Para la apertura del caso se anexaron copias de las notas de prensa que reportaron la supuesta agresión. Además, se recopilarán vídeos, fotografías, versiones sin juramento y se hará el reconocimiento del lugar de los hechos.
Antes de determinar el ilícito, Moreno solicitó al Servicio de Atención Integral (SAI) la calificación del posible delito. Allí se definió la investigación por intimidación.
Aparicio Caicedo, asesor jurídico de CREO, cree que ese es solo uno de los delitos que deben investigarse. “El principal tiene que ver con el uso ilegítimo de recursos públicos y premeditación de lo ocurrido”, dijo a este Diario. Se refiere a la supuesta venta de una cantidad considerable de entradas a una entidad estatal, informada por Andrés Vanegas, de Ecutickets.
Los abogados de la agrupación política, además, analizan las acciones que se presentarán en los próximos días.
Lo ocurrido el martes tuvo dos lecturas. PAIS en un comunicado rechazó toda forma de violencia, pero aseguró que hubo intención de manipular políticamente para aprovecharse de un evento deportivo. Guillermo Lasso habló de la actuación de ‘mercenarios pagados’.