Fiscales estaban en lista negra de la delincuencia
Si bien los resultados de las investigaciones son alentadores para el personal fiscal, esa labor llevó también a la sanción de cuatro funcionarios, algunos de ellos con destitución.
Gajes del oficio. Llevar adelante la investigación de un delito, especialmente contra bandas delictivas organizadas, vuelve más arriesgado el trabajo de los operadores de justicia.
Dos fiscales debieron cambiar de plaza de trabajo tras mudarse a otra región junto con su familia, ante las amenazas de muerte que empezaron a recibir como consecuencia de su labor.
Los casos fueron revelados por el fiscal provincial del Guayas, Paúl Ponce, durante el informe de rendición de cuentas 2015, realizado la mañana de ayer en el auditorio de la Fiscalía de La Merced, en Guayaquil. Fue un sencillo evento al que asistieron autoridades locales y personal de la institución.
“Si bien es cierto, fueron cambiados a otros sectores del país por su protección. No es menos cierto que no fueron las únicas amenazas que recibió el personal de la Fiscalía”, dijo Ponce al profundizar que las intimidaciones que recibieron muchos fiscales -entre los que se incluyó- fueron a diario y de diverso tipo.
Pero destacó lo acontecido a los dos compañeros, cuyo trabajo “hizo que algunas bandas delincuenciales, de enorme estructura, los ubicaran en aquellas famosas listas de funcionarios a eliminar...”, poniendo su integridad personal y la de su familia en peligro.
Es lo que cotidianamente viven los fiscales, comentó la autoridad provincial al detallar que esos dos casos se encontraban ante situaciones muy concretas que provendrían de organizaciones delictivas con tentáculos en otras partes de Ecuador y en otros países. Fueron reportes investigativos los que alertaron el modo y, posiblemente, el lugar y las fechas en que se iba a atentar contra ambos funcionarios.
Pero el riesgo o peligro no solo lo experimentan quienes investigan el delito, sino la misma ciudadanía víctima de ese crecimiento delictivo, como lo reconoce Ponce.
De enero a diciembre, la Fiscalía del Guayas resolvió el ingreso de 248 casos al Sistema de Protección y Asistencias a Víctimas y Testigos, con un total de 541 beneficiados. 234 más que en 2014.
Al final de 2015, 205 personas (de 92 casos) egresaron. Actualmente existen 336 usuarios de 156 casos activos, dentro de los que se incluirían a los dos fiscales amenazados.
Son los riesgos de un oficio del que la ciudadanía espera también resultados, los que -según Ponce- han sido favorables en el último año.
En cifras destacables, menciona las 4.438 sentencias que lograron en 2015 frente a las 86.897 denuncias que se presentaron en materia penal, de adolescentes infractores y de tránsito (ver infografía).
Cifras que se muestran como resultado de los cientos de operativos que emprendió la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional, Tránsito y otras instituciones que permitieron la desarticulación de aproximadamente 36 organizaciones de microtraficantes que operaban en Guayaquil. PVC
