La fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció el 26 de enero a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para brindar sus aportes al proyecto de ley del Ejecutivo sobre la extinción de dominio.

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En su intervención destacó la necesidad de que esta norma sea reformada porque, actualmente, es limitada por la necesidad de contar con una sentencia condenatoria.

“Uno de los principales aspectos que han hecho que la actual Ley de Extinción de Dominio no se pueda aplicar en plenitud es la conexión que ostenta con la materia penal”, explicó la fiscal ante los asambleístas.

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Propuso que el proceso sea en cuatro fases: una previa de indagación y verificación de existencia de bienes, una preprocesal de investigación patrimonial, una procesal o judicial que estará dirigida por la autoridad competente y una de ejecución.

Sostuvo que los asambleístas de la comisión deben tomar en cuenta que muchos procesados están prófugos y no pueden ser juzgados en ausencia, por lo que se genera impunidad.

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Respecto a los plazos para la ejecución de la normativa, la fiscal indicó que acortarlos no contribuye a una pronta recuperación de recursos, sino que disminuye la capacidad de la Fiscalía General del Estado.

Ante las consultas de los miembros de la mesa legislativa, Salazar indicó que un año es el tiempo sugerido para el procedimiento de extinción de dominio de bienes en territorio nacional.

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