En presencia de la fiscal subrogante, Ruth Palacios, la jueza Sylvia Sánchez decidió este miércoles que Fernando Alvarado, extitular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), será llamado a juicio por peculado. De ser hallado culpable, el exfuncionario puede afrontar una pena de 10 a 13 años de cárcel.

Tras la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se desarrolló en la Corte Nacional, Sánchez dictó auto de llamamiento a juicio también para los exsubsecretarios Pablo Yánez y Galo Pacheco; asimismo, para el contratista Carlos Bravo.

La jueza encontró elementos para establecer que su conducta se encuadra en la figura de peculado, en calidad de coautores del delito contemplado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Por tratarse de un perjuicio contra la administración pública —que es imprescriptible— el juzgamiento de Alvarado —prófugo de la justicia desde octubre pasado— se puede cumplir en su ausencia.

La Fiscalía inició las investigaciones sobre este caso a raíz de un informe de la Contraloría —que estableció indicios de responsabilidad penal— tras el examen especial a los gastos y contrataciones de la Secom, efectuado entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.

Los auditores determinaron que hubo supuestas anomalías en el contrato de servicios técnicos especializados efectuado con Víctor Erique —fallecido en enero de 2018— quien fue contratado por Yánez por delegación de Alvarado. El objetivo: que Erique elaborara productos que debían utilizarse en los enlaces del expresidente Rafael Correa.

Según el organismo de control, la contratación no cumplió los parámetros requeridos. Además los auditores evidenciaron que los materiales eran entregados directamente a Bravo, quien se desempeñaba como gerente de Gota Azul, empresa que mantenía un contrato con la Secom por 189.000 dólares por la producción de reportajes y documentales para las sabatinas.

Para cobrar por sus servicios, Erique debía emitir informes mensuales a Pacheco. En esos resúmenes se señalaba que los productos que elaboraba eran por pedido de Bravo; en al menos dos meses se confirmó que el material entregado por Erique era el mismo que presentaba Bravo como suyo.

Desde agosto de 2018, Alvarado utilizaba un dispositivo electrónico a cambio de defenderse en libertad. Pero en la segunda quincena de octubre se retiró el brazalete y escapó de la vigilancia.

Posteriormente, comunicó a las autoridades que se encontraba en tránsito a un país que le había concedido asilo. Ofreció que anunciaría en los siguientes días en donde se encontraba, pero nunca lo reveló.

A finales de febrero, la ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que a través de canales no oficiales se conoció que se encontraba en Caracas, Venezuela, protegido por el régimen de Nicolás Maduro.

El caso será sorteado a un tribunal de juicio en los próximos días.