En equilibrio el CNE reprobo en las seccionales

Las heridas electorales están lejos de cicatrizar. La distribución de las Juntas Provinciales Electorales para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), del 24 de marzo pasado, van camino a convertirse en un nuevo foco de controversia entre la mayoría y la minoría formadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque los rumores y declaraciones sobre una inequitativa distribución de estas instancias electorales no son nuevos, ahora aparecen las cifras que demostrarían que la mayoría conformada por la presidenta Diana Atamaint y los consejeros Estela Acero y José Cabrera captaron más del 80 % de los integrantes de las Juntas, entre presidentes, vicepresidentes y secretarios.

El papel de esta instancia electoral es clave y puede determinar el éxito o el fracaso de los comicios como sucedió en esta ocasión, en la que las decisiones erradas de determinadas Juntas Provinciales Electorales hicieron que se retrase el proceso de entrega de credenciales y la posesión de autoridades electas en Guayas, Manabí y, especialmente, en Los Ríos.

Su principal tarea es analizar las reclamaciones que hacen las organizaciones políticas de las actas con los resultados electorales que presenten alguna inconsistencia. Están en capacidad de resolver el tratamiento que se da al acta. Por ejemplo, decidir la reapertura de las urnas para hacer recuentos de votos. Antes de las elecciones son las encargadas de validar las candidaturas, proceso que, en las elecciones pasadas, no estuvo exento de reclamos y polémicas.

De acuerdo a información a la que accedió EXPRESO las sugerencias que hizo el consejero Cabrera fueron las que más acogida tuvieron a la hora de conformar las Juntas; le siguen Acero y Atamaint. En el otro extremo están Luis Verdesoto y Enrique Pita que, pese a ser el vicepresidente del organismo, sus recomendaciones han ido perdiendo peso a medida que la pugna interna del Consejo Electoral se profundiza.

Este Diario consultó a la presidencia del CNE sobre esta distribución desigual de la Juntas Provinciales y de otras coordinaciones en las que también se pueden observar diferencias de participación notorias.

El organismo respondió que se encuentra recopilando información y las actas de las sesiones del pleno para conocer cómo votó cada consejero cuando se propusieron los nombres de las personas que iban a conformar las Juntas Provinciales Electorales. Las respuestas del CNE se conocerán en el transcurso de la semana.

Sin embargo, una fuente interna del organismo señaló que los reclamos surgieron a medida que se fueron ahondado las diferencias entre los integrantes del CNE. “Todos tuvieron la posibilidad de presentar cinco nombres por cada Junta, pero al momento de la votación se impuso el criterio de la mayoría”, explicó.

El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, señala que esas son las lógicas cuando se trata de cuerpos colegiados técnicos y eminentemente políticos como es el Consejo Electoral. “Recuerdo en la época que presidí el organismo, cada vez que se formaban los Tribunales Provinciales Electorales, que era lo que existía entonces, los integrantes de la minoría hablaban de la sobrerrepresentación de uno de los grupos”, le dijo Aguinaga a EXPRESO.

Entre las reformas que se propone al Código de la Democracia está justamente establecer un cronograma electoral que permita no solo definir las fechas exactas en las que los ecuatorianos van a las urnas. También los pasos previos como la conformación con mayor tiempo de las Juntas Provinciales Electorales que, en algunos casos, para esta elección se definieron incluso pocos días antes de los comicios.

Para el exintegrante del CNE, Fausto Camacho, no se puede considerar normal ni está contemplado en el Código de la Democracia esta práctica de que cada consejero ponga un vocal en cada Junta porque eso termina reproduciendo una tendencia política similar a la de una mayoría en el CNE, pero a nivel de las provincias.

“Las Juntas Provinciales Electorales deben constituirse previo a un proceso de selección con impugnación y participación ciudadana. Luego, los elegidos deberían probar independencia de los poderes o cualquier tipo de interés, pasar por un proceso de capacitación, evaluación sobre la capacitación y de ahí asumir, para que no pase lo que sucedió en el último proceso de las seccionales de marzo en donde las Juntas no tenían idea de cuál era su rol”, señaló Camacho.

Varias Juntas como las de Los Ríos y Guayas están en la mira de las autoridades de la Fiscalía que investigan las denuncias de un supuesto fraude electoral en determinados cantones, en los que se detectó variaciones en la votación entre uno y otro candidato, luego de la reapertura de urnas para hacer recuentos.