Tras los hechos suscitados en estos dos últimos meses que develaron cinco delitos sexuales en contra de estudiantes de varios planteles del país, EXPRESO revisó junto a expertos los distintos protocolos que debieron seguir los miembros de las comunidades educativas para restaurar a las víctimas, y aplicar reparaciones con los victimarios.

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Michelle Medina, psicóloga estudiantil con más de seis años de experiencia, habló con este Diario sobre la ruta a seguir en casos de violencia sexual, que el Ministerio de Educación brinda a las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y privadas.  Este camino involucra, según la especialista, a toda la comunidad educativa, y sugiere la socialización obligatoria de este tema.

“Cualquier persona dentro de la comunidad estudiantil puede reportar el hecho de violencia sexual. Se hace un reporte donde se incluye ciertos datos de la víctima, y de los presuntos agresores", señala la epertoa.

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Luego, según acota, escribe el testimonio de lo sucedido, y a partir de eso, se hace la denuncia a Fiscalía. "Estos son los primeros pasos que se deben seguir. El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) tiene que seguir el protocolo y dar acompañamiento a la víctima y su familia", anotó.

Sostiene que hay hacer énfasis en que durante este proceso la institución educativa no juzga como verdad o mentira el hecho. "La responsabilidad de los que integran el establecimiento es denunciar, y de la Fiscalía tomar las respectivas acciones, que generalmente son más rápidas que las distritales”, manifiesta.

Medina también afirma que las entidades académicas tienen la obligación de poner la denuncia, justamente a la Dirección Distrital con toda la documentación, informe técnico y legal.

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“En caso de que el actor sea parte del sistema educativo, hay que poner al tanto a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, y la Junta Cantonal de Derechos. Sin embargo, según mi experiencia, muchas de las denuncias a estos organismos quedan archivadas”, lamenta.

Álvaro Rendón, máster en Psicoanálisis y Educación, también habla con EXPRESO sobre el manual a seguir para denunciar los abusos sexuales en los colegios y escuelas del país. Rendón critica el desconocimiento de las rutas por parte de la comunidad educativa, quienes poseen “bonitos gráficos de acción”, pero que terminan siendo un ideal.

“Son normas que todos los que trabajan dentro de una escuela deben conocer. Es el criterio mínimo para trabajar en un colegio, sobre todo para que exista ética profesional. Los rectores, administrativos, profesores, padres de familia, deberían conocerlo, no tan solo los del DECE, cuyo trabajo suele ser minimizado y supervisado por directores académicos”, reflexiona.

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El experto en temas de abuso sexual y catedrático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) se refiere al peso que llevan los Departamentos de Consejería Estudiantil, quienes son los primeros en la ruta en conocer los hechos de acoso y abuso, cuando surgen estas problemáticas, y a los cuales no se les da la libertad para articular acciones debido al papel sumiso, que en ocasiones guardan dentro de una institución.

“Por experiencia personal, a los del DECE no se les da el lugar adecuado cuando surgen casos de violencia sexual. Las dejan como cualquier departamento, cuando en particular, estos tienen una lógica de cuidar y preservar los derechos de los niños y jóvenes”, sostiene.

Ginger Ruiz, psicóloga clínica y catedrática de la UCSG, medita en el trabajo que se desarrolla, en el área de apoyo psicoemocional, dentro del ámbito escolar del país y cree que los ejes de prevención y cuidado en temas de salud sexual no son tratados, y aunque existen campañas a nivel nacional e internacional, se les presta poca atención. “Muy pocos colegios hablan de la sexualidad. No hay que hablar de este tema cuando sucesos como los que han ocurrido se vuelven mediáticos, sino desde antes. Eso me deja mucho qué pensar”.

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La máster en Psicología Clínica, con más de siete años de experiencia en el ámbito educativo, también señala que uno de los puntos de la ruta que tienen que entrar en revisión es el del acompañamiento a la víctima y a los padres de familia.

“Me hago preguntas, sobre cuál fue el plan de acompañamiento que le dieron a la víctima y al victimario, en los hechos recientes, porque los manuales mencionan una reparación y restitución de los estudiantes, y una atención académica y psicológica. A veces activamos el protocolo, pero nos olvidamos del acompañamiento. El cual no será el mismo para la víctima, quien debe conocer sus derechos y no ser revictimizada”, concluye.

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