Elección del fiscal general: un proceso que pide transparencia y blindaje democrático

Elegir al nuevo fiscal general del Estado con parámetros técnicos y sin injerencias políticas resulta una misión casi imposible. No solo por la importancia del cargo, sino también por la penetración del crimen organizado en las instituciones.

Sin embargo, si el objetivo es contar con un fiscal independiente y elegido por sus méritos, el reglamento se convierte en uno de los instrumentos más importantes, aunque no es el único.

Según la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), Transparencia Internacional y el Consejo de Europa, existen cuatro mecanismos que deben fortalecerse: concursos públicos o comisiones independientes, pruebas objetivas y audiencias públicas, declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés y la observación de la sociedad civil.

“Para garantizar verdadera transparencia y meritocracia, lo primero consiste en aplicar mecanismos institucionales medibles y verificables”, destaca Matías Abad, docente de la Universidad del Azuay.

Estos mecanismos deben constar de forma obligatoria en el reglamento. No obstante, el catedrático y analista político considera que resulta igual de importante definir con claridad la conformación de las comisiones y equipos técnicos, responsables de calificar los méritos, por ejemplo.

Las veedurías: la participación activa de la sociedad civil

Eso es precisamente lo que no cumple el concurso para fiscal general que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De hecho, los equipos técnicos han sido conformados por delegados de los vocales del Consejo, que se ven afectados por agendas políticas, como lo evidenció el caso Ligados, en el que exvocales coordinaron acciones para favorecer intereses partidistas.

“Es necesario profesionalizar el proceso de evaluación y asegurar que todo quede sujeto a un escrutinio público real. Con veedurías ciudadanas se debe blindar el proceso ante las injerencias políticas”, plantea.

En países como Colombia, Argentina, Nigeria o Filipinas, la OGP ha contribuido a que los gobiernos implementen mecanismos abiertos para la selección de jueces, fiscales y otras autoridades. En sus guías recomiendan el uso de pruebas estandarizadas, la realización de audiencias o entrevistas públicas, la participación activa de la sociedad civil organizada y el uso de datos judiciales abiertos para conocer los antecedentes o vínculos de los aspirantes.

En el caso del concurso para fiscal, el CPCCS ha admitido la participación de 524 veedores. Aunque los reglamentos reconocen a las veedurías como mecanismos que permiten a los ciudadanos vigilar, fiscalizar y supervisar, en la práctica carecen de poder de decisión.

Existe además un aspecto que el reglamento no contempla y que nadie ha planteado hasta ahora: la necesidad de blindar el concurso frente a las injerencias de bots, trolls y noticias falsas como métodos de manipulación para alterar la percepción pública sobre un candidato.

Con la finalidad de crear artificialmente apoyo o rechazo, los bots pueden saturar las redes con contenido favorable o adverso hacia ciertos postulantes.

Esto ya ocurrió en el concurso para designar al defensor público, cuando se difundió contenido fabricado con inteligencia artificial a través de cuentas falsas, para desacreditar a algunos aspirantes. En ese mismo proceso también se utilizó de forma indiscriminada la figura de las acciones de protección para retrasar y entorpecer la entrega de resultados.

• Rol. Desde 2009, el CPCCS ha nombrado por concurso público a tres fiscales: Galo Chiriboga, Carlos Baca y Diana Salazar.

Política: Caso Ligados da una alerta

El caso Ligados, en el que están procesados por presunta asociación ilícita los exconsejeros Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y la actual consejera Nicole Bonifaz, deja algunas alertas sobre la posibilidad de que los concursos se negocien debajo de la mesa.

Hay conversaciones de Verduga que revelan la existencia de un candidato del correísmo para la elección del titular de la Contraloría General del Estado, a quien debían favorecer en la fase de méritos. Incluso habla de manipular el sistema web del concurso.

En la elección del defensor público existe un audio en el que Verduga le pide directrices de Andrés Arauz, excandidato de la Revolución Ciudadana, sobre cómo actuar.

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