Selección del fiscal en riesgo: críticas al reglamento ponen en duda su transparencia

Ha generado debate la falta de acciones concretas para iniciar el concurso de selección de la nueva autoridad que estará al frente de la Fiscalía General del Estado. Horas después de la renuncia de Diana Salazar, el 20 de mayo pasado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció que conformaría el equipo técnico del concurso, pues ya estaba integrada la veeduría ciudadana y el reglamento. 

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Sin embargo, han pasado 15 días desde la salida de Salazar y a los cuestionamientos por la falta de celeridad para conformar la comisión ciudadana de selección, se sumaron las críticas y preocupaciones en torno al reglamento para la designación.

Las dudas se originan porque aquella normativa fue aprobada cuando los exconsejeros de la denominada Liga Azul, Augusto Verduga y Yadira Saltos, eran parte de ese organismo. Ambos, según la investigación de la Fiscalía en el caso Ligados, habrían participado en el delito de asociación ilícita para manipular los procesos de selección de autoridades en el CPCCS.

¿Cuáles son los riesgos de mantener el reglamento?

Además de la desconfianza que cobija al reglamento, su posible aplicación conlleva varios riesgos, según observan distintos especialistas.

Las consecuencias más próximas serían eventuales demandas de inconstitucionalidad por supuesta discriminación, pues el reglamento señala que no podrán postularse quienes, en los últimos 10 años, hayan defendido a procesados en 35 distintos delitos penales como narcotráfico, crimen organizado, secuestro, sicariato, entre otros.

“Esto es un problema porque eso no quiere decir que un abogado suscriba con ese tipo de delitos, sino que, además, hay un principio convencional que señala que los abogados no pueden ser sancionados por sus clientes”, advierte María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ).

El constitucionalista José Chalco considera que el proceso debe tomarse “con la seriedad suficiente para mejorar”. De lo contrario, “se arriesga la sostenibilidad del sistema judicial y la depuración del sistema institucional, no solo corroído por corrupción sino por el crimen organizado, donde se toma la institucionalidad del Estado y esto no es menor”, subraya.

Para Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y miembro de la Comisión Cívica que analizará el concurso del fiscal, ese punto y otros más del reglamento pueden provocar que se declare nulo al proceso. Sugiere que “en la etapa de impugnación se debería ver si el postulante influyó indebidamente para obtener una sentencia favorable o no”.

También habla de otra posible consecuencia: “Si el proceso no se hace bien, se retrasa y generará la prórroga del actual fiscal (Wilson Toainga) y eso no es bueno para la institución”.

Reglamento requiere un mayor debate

Por ello, los expertos coinciden en que falta que la sociedad discuta más el reglamento. “Es un concurso que requiere reflexiones, es un tema de amplio debate. Hay que pensarlo suficientemente”, insiste Chalco.

El CPCCS mencionó la posibilidad de cambiar el reglamento, pero eso se decidirá luego de un informe que señale la pertinencia técnica de una reforma. 

Mientras eso ocurre, se advierte que una normativa criticada “pone un halo de cuestionamientos. Y si un proceso es turbio, genera incidentes que deslegitiman el concurso y a la autoridad elegida. Además, se afecta la confianza ciudadana, que es más importante”, acota Miño.

• Pendientes. En la última sesión, el CPCCS acordó esperar los informes para conformar la comisión ciudadana y la eventual reforma al reglamento.

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