En mi columna pasada escribí -no sabía si reír o llorar- sobre una nueva burla en manos de los legisladores bajo el nombre de Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites. Esta semana empiezo a creer que debo llorar.
Nuestros legisladores -y para fines prácticos todos los políticos alrededor del mundo- no andan muy bien, pero todavía se salen con la suya. Y hay que esperar elecciones para cambiarlos, y al final, no cambian, porque el efecto de este círculo vicioso es que las personas valiosas ya no quieren hacer política.
Dos son las nuevas noticias de Ripley que nos llegan desde los “bunkers” de la burocracia esta semana, para quienes vemos la ineficiencia de la administración pública y creemos que es hora de su refundación.
El Proyecto de Ley Orgánica para la Planificación del Desarrollo y la Evaluación de Políticas Públicas como Método de Eficiencia Gubernamental llegó al piso de la Asamblea la semana del feriado; sombríos son los personajes que pasan escribiendo leyes durante los feriados. De su lectura en diagonal, concluyo que no sirve para nada. En los detalles se esconde el diablo, dicen, así que leyendo en detalle reitero mi descontento.
El Decreto No 372 del día 19 de abril “declara como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites”. Asimismo “crea el Comité Interinstitucional de Política Regulatoria y Simplificación de Trámites y el Registro Único de Trámites y Regulaciones.” Aquí paro, por pena de mis lectores.
Mi crítica no es al espíritu de la ley o del decreto. Mi crítica es a la idea de que con más normas se puede lograr más eficiencia. O llevado a su más absurda expresión: para tener menos trámites hacen falta más leyes. Esa es una falsa idea del servidor público.
Esto se traduce en políticas como la que ofrece no incrementar impuestos pero que en simultáneo incrementa su recaudación, como si la plata no fuera exaccionada a los mismos, ni fuera a los mismos. Igual fue con otra ley que dizque no le costaba más a los ciudadanos pero que le reportaba más recursos a los municipios.
¿A quién beneficia tanta eficiencia regulatoria?
