El escándalo de Isspol, por una millonaria inversión impaga, continúa retratando la forma en cómo han venido operando algunas entidades y empresas dentro del mercado de Valores. No solo está Delcorp que adeuda $ 26 millones al fondo de la Policía o el Decevale, cuestionada por una mal custodia de bonos, sino Casa Moeller Martínez, que a esa misma entidad le debe más de $ 4 millones por las facturas comerciales que emitió el año pasado, estando en proceso de intervención, por parte de la Superintendencia de Compañías, y reportando, según documentación oficial, supuestos inconvenientes de pago e incumplimientos en la entrega de documentación.

La semana pasada, Juan Francisco Ospina, gerente general de esta compañía, que en el país ha actuado como representante de marcas cosméticas como Nivea y L’Oréal, dio a conocer la intención de la firma de llegar a un acuerdo de pago de las obligaciones que dejó de cancelar, luego de que la empresa empezara a tener problemas tras los efectos que originó la pandemia, a partir del segundo trimestre de este año.

No obstante, documentación, a la que ha accedido este Diario, transparentan la situación de esta firma constituida en Quito hace 57 años. Según registros de la propia Superintendencia de Compañías, la mora en facturas empezó en diciembre del 2019, pero hay un hecho que desvela las dificultades de pago que habría tenido desde mucho antes. Un informe de Hechos Relevantes emitido en junio de 2018, demuestra que la entidad de control supo también de las dificultades que la compañía tenía para saldar un préstamo a la empresa pública Holding Dine, hoy en liquidación (ver subnota); un evento que en ese entonces, según la autoridad, podía “tener una incidencia trascendente en sus actividades regulares, resultados operativos o liquidez en los valores de la empresa”. El incumplimiento (de $ 2 millones) se mantiene hasta hoy y no fue un impedimento para que a la firma se le autorizara la colocación de facturas en el mercado bursátil en enero y agosto de 2019, las mismas que Isspol adquirió.

Se trató de una operación que incluso se hizo bajo el aval de la Superintendencia, pues la compañía, desde noviembre del 2018 hasta hoy, está intervenida. EXPRESO hizo consultas al superintendente, Víctor Anchundia, sobre este y otros temas, pero hasta el cierre de esta edición no dio ningún pronunciamiento. Ospina, tras ser consultado por este Diario, explica que la intervención se originó por una denuncia presentada por uno de los accionistas de la empresa, pero que se trata de “un proceso administrativo que sirve para poner en orden ciertas cosas”.

Negó que la empresa esté con problemas económicos y que, está haciendo todo posible por saldar sus haberes, pese a que admitió que desde el año pasado la empresa viene enfrentando un incumplimiento contractual, de parte de L’Oréal, con respecto al despacho de la mercadería y respecto al crédito y el pago de esa mercadería.

Ospina también fue interrogado sobre los supuestos incumplimientos en la entrega de información en los que habría caído la empresa desde enero, un poco antes de que se le permitiera hacer la primera emisión de facturas. Una presunta anomalía que también llega a cuestionarse y sancionarse con amonestación escrita en una resolución dictada por la Dirección Regional del Mercado de Valores en junio de 2019, por “no presentar información en su calidad de emisor de facturas”.

Ospina, en su defensa alega que esa sanción fue impugnada y que nunca se aplicó. Y que hoy están al día en tema de transparencia. No obstante, el trámite de impugnación no consta en los registros del organismo y, en su lugar, está un certificado de incumplimiento emitido el pasado 21 de octubre, donde se reporta que la empresa continúa sin entregar datos al mercado societario (balances, nóminas, auditorías del 2019) y al mercado de valores (información semestral hasta junio de este año).

• Holding Dine espera $ 2 millones

El gerente de Casa Moeller Martínez admitió que entre sus pendientes está el pago de una deuda de casi $ 2 millones a Holding Dine, por concepto de préstamo. No obstante, dice, eso no ha podido saldarse porque los liquidadores no han mostrado una actitud legítima para poder negociar y pagar, en base a la real capacidad. Esto pese a que, en primera instancia, Casa Moelle llegó a un acuerdo de pago en junio de 2018, a través de un proceso de mediación en la Procuraduría General del Estado.