En agosto, el país entró en alerta ante la presencia de 250 embarcaciones chinas frente a la zona exclusiva de Galápagos. Hasta ahí las llevó un motivo vital, uno valorado en más de $ 2.000 millones anuales: la pesca de calamar gigante.

El mercado de este marisco, cotizado principalmente en China, Japón, Estados Unidos y Europa, está en constante crecimiento desde hace una década. Sus principales exportadores son Perú y Chile hasta cuyas costas llega el molusco, siguiendo a las frías aguas de la corriente de Humboldt.

Una vez culminado el impasse con China, la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) planteó una propuesta: sumarse a la pesca de este producto.

“Lo que nosotros dijimos es: si los chinos son capaces de darse la vuelta al mundo para atrapar a esta especie, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Sería una pesca de temporada, pues ahora ya migró a aguas peruanas y continuará hacia aguas chilenas. Solo el año pasado Perú exportó $ 850 millones en calamar gigante y es un país que no tiene una flota tecnificada. En Perú esto básicamente lo hacen con barcos artesanales”, subrayó Bruno Leone, titular de la entidad.

Para Leone, incursionar en el mercado del calamar (también conocido como pota), es justo lo que el país necesita para reactivarse. “El año pasado, la Unión Europea compró $ 1.600 millones en calamar. Si logramos armar una operación de pesca en esa temporada y podemos producirla en tierra, podríamos exportar 200 o 300 millones en el primer año. Con este producto, el sector pesquero, que hoy exporta $ 1.640 millones, podría aumentar sus ventas a $ 2.000 millones. Eso es lo que el país necesita para sostener su economía. Necesitamos exportar más, y ese recurso lo tenemos ahí”.

El año pasado, el Instituto Nacional de Pesca emitió un informe confirmando la idoneidad del país para incursionar en la captura del molusco. Pero ¿qué se necesita para hacerlo? Primero, la normativa legal. Eso indica Leone es lo que el gremio le ha solicitado al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Este asegura que se puede realizar a través de un acuerdo ministerial, que además de autorizar la captura determinaría un cupo máximo de pesca para asegurar la sostenibilidad.

Esto, señala el biólogo y experto en pesca sostenible Andrés Suárez, es vital para el país. “En 2015, la población de calamar gigante en la región de Baja California bajó considerablemente y no se ha recuperado. La sobrepesca y el cambio climático contribuyeron a un declive y esa región, que vivía de la exportación de la pota, se vio gravemente afectada. Las cuotas son necesarias para que esto no suceda y la pesca no afecte al ecosistema”.

Con él concordó el director del Tuna Conservation Group que agrupa a empresas como Nirsa, Eurofish, Servigrup y Trimarine, Guillermo Morán. “Es importante que se determinen normativas para poder tener observadores a bordo, para transparentar la información de la captura y para que se respeten las áreas restringidas a las flotas en alta mar y regular el tema del trasbordo”.

Aun así, explica que este es solo el primer paso, pues se necesitarán recursos para convertir las embarcaciones y adquirir artes de pesca para la captura del calamar gigante, así como una política de crédito estatal.

Para las embarcaciones grandes esto podría significar una inversión de hasta $ 7 millones, pero Leone establece que la conversión es posible. “Perú es un ejemplo de cómo se puede hacer esta pesca sin mucha inversión. Además tenemos un antecedente. Cuando se prohibió la pesca de arrastre, se dio permiso a estos buques para modificarse y atrapar merluza, lo que funcionó muy bien”, analiza.

No obstante, acepta que los créditos para renovar la flota nacional han sido escasos y que la mayoría de estas embarcaciones pasa de los cuarenta años de antigüedad (ver subnota). “Nosotros no hemos visto los créditos para la reactivación. El Ecuador se ha convertido en un país muy caro para producir. Necesitamos llegar a acuerdos que nos lleven a mejorar la competitividad”.

Pero hay otro motivo urgente para la emisión del acuerdo: el anuncio de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), a la que Ecuador pertenece, de establecer cuotas de pesca en aguas internacionales el próximo año.

Por lo pronto, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca dijo que estudia la propuesta.

• Un pedido de renovación sin respuesta

El 85% de la exportación de productos pesqueros en el país corresponde al atún, pero la antigüedad de la flota es su problema para la competitividad.

Según un estudio de la CNP, el 46% de la flota (53 barcos) se ubica en un rango entre 29 y 42 años, otro 33% registra un rango de antigüedad entre 43 y 56 años, mientras que apenas 2% de los barcos tiene menos de 14 años de edad.

Se estimó que el gasto anual por la reparación y mantenimiento de las embarcaciones es de alrededor de $102 millones, incluyendo el costo de materiales y repuestos. El alto costo tiene como consecuencia que se lleven a cabo reparaciones menores y que los buques no sean reemplazados por otros más nuevos, pues el valor promedio de uno nuevo es de $ 30 millones.

En su momento, la entidad elaboró un plan de renovación. Hubo interés de astilleros en varios países, incluyendo España, pero la propuesta no prosperó.

“No hubo las condiciones crediticias para que este diera resultados”, señaló el titular de la CNP.

Este agregó que, en vista de las necesidades generadas durante la pandemia de mejorar el índice de exportación, este plan debe revisarse nuevamente y plantear opciones para los armadores ecuatorianos.

Morán, de Tunacons, agregó que es vital que el país cuente con un plan crediticio que dé facilidades a los exportadores. “No se puede incursionar en un nuevo mercado sin que haya elementos atractivos para la inversión”, dijo.