Desposeídos. Un hombre arrastra sus pertenencias en la capital de México, país donde en 2016 el 43,6 % de la población vivía en la pobreza.

Con el dinero publico malgastado se acabaria la pobreza

La ineficiencia en los presupuestos gubernamentales de la región representa $ 220.000 millones anuales en pérdidas, según el BID.

Cada año, la ineficiencia en el gasto de los gobiernos de América Latina y el Caribe genera un despilfarro total de 220.000 millones de dólares, el equivalente al 4,4 % del PIB. “Esa cifra, bien invertida, sería suficiente para acabar con la pobreza extrema en la región”, asegura Alejandro Izquierdo, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La institución acaba de publicar un estudio de más de 400 páginas en el que analiza los presupuestos de los países de la región y sus potencialidades de mejora. Su principal conclusión: en tiempos de estrecheces presupuestarias, en los que el margen fiscal es estrecho, se puede (y se debe) hacer más con menos. De no asignar bien el gasto público, se estará hipotecando el futuro de los latinoamericanos.

Dedicar a esta problemática el libro insignia que el BID publica cada año no es casual. “La mayoría de los países de América Latina y el Caribe hace poco han pasado o están a punto de pasar a la categoría de ingresos medios. En consecuencia, sus ciudadanos están exigiendo más y mejores servicios por parte de sus gobiernos”, señala Luis Alberto Moreno, presidente del organismo financiero con sede en Washington y exministro de Desarrollo Económico de Colombia. La tan necesaria eficiencia del gasto público será, en su opinión, “crucial” para que los países vayan por la senda del desarrollo y eviten conflictos sociales. “Este desafío es aún mayor ante la amenaza de tasas de interés internacionales más altas, precios más bajos en las materias primas y menor crecimiento mundial”.

El Banco Interamericano de Desarrollo identifica tres grandes fuentes de ineficiencia presentes, en mayor o menor grado, en todas las naciones de Latinoamérica y el Caribe:

1. Compras públicas, bien por problemas en las licitaciones, bien por ineficiencias en la selección de proyectos de inversión adecuados, o por corrupción. Elevando la eficiencia se podría ahorrar el equivalente al 1,5 % del PIB de la región.

2. Transferencias monetarias a los ciudadanos. Muchas veces los receptores no son los que más las necesitan, con lo que se fomenta la desigualdad y se despilfarra cerca del 1,7 % del PIB.

3. Los salarios públicos. Los sueldos de los funcionarios representan un porcentaje mayor del presupuesto público total en Latinoamérica y el Caribe (29 %) que en la media de la OCDE (poco más del 24 %). “Es un asunto muy difícil de resolver”, anticipa el economista jefe del BID, Alejandro Izquierdo, en referencia a este último punto, uno de los más sensibles. “Pero si se comparan los salarios en el empleo público con los del privado, con el mismo nivel de capacidad, encontramos diferencias del 25 %”.

La región que comprende América Latina y el Caribe ha seguido el camino menos recomendable en la composición de su gasto público. En las tres últimas décadas, los gobiernos del subcontinente han optado por incrementar el gasto corriente (fundamentalmente, gasto social y sueldos y salarios) en detrimento de la inversión, uno de los principales determinantes del crecimiento futuro de un país y, por ende, de la calidad de vida de sus ciudadanos.

“A menudo, el gasto corriente crece por encima de la tendencia en las buenas épocas, pero luego la inversión pública es la destinataria de los recortes por el ajuste en las malas”, subrayan los técnicos del BID. “Este sesgo en detrimento de la inversión pública perjudica el crecimiento, puesto que el capital público es un factor determinante de la inversión privada, que a su vez es el principal motor del crecimiento económico. A esto se suma el hecho de que el efecto multiplicador de la inversión pública sobre el producto es mucho mayor que el del gasto corriente, razón por la cual una política de recorte de gastos que solo se centra en la inversión pública es errónea”.

América Latina ha seguido, en este punto, una tendencia común a todo el bloque de naciones en desarrollo que, a diferencia de lo ocurrido en las economías industrializadas (donde la composición del gasto público se ha mantenido prácticamente estable), han disminuido el gasto de capital en favor de uno mucho más cortoplacista. “Esto implica una decisión consciente para priorizar los gastos actuales por encima de las inversiones para construir el futuro. En pocas palabras, la actualidad le gana al futuro”.

La desconfianza ciudadana en sus autoridades es, en buena medida, responsable de este sesgo hacia el gasto corriente, según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha visto la luz este lunes. “Es un ingrediente clave: cuando hay un alto nivel de desconfianza (ya sea por la ineficiencia del gobierno o por la corrupción flagrante) los ciudadanos prefieren las transferencias a las inversiones a largo plazo”, agregan desde el BID.

“El gasto público se tiene que mejorar”

¿Cómo podría ser más eficiente el gasto? Destinando más dinero a infraestructuras, en las que la inversión pública ha decrecido desde los 80, cuando era casi un 10 % superior que hoy. “Es el gasto que dinamiza el crecimiento porque complementa la inversión privada. Si no das buen servicio público en transporte, puertos, el privado no participa de la misma forma”, dice Izquierdo. En el resto de países de la OCDE también ha decrecido levemente este capítulo, pero en opinión del economista “tiene más sentido” en economías desarrolladas que cuentan con infraestructura (y de mayor calidad) y poblaciones más longevas a las que hay que brindar servicios asistenciales. “Pero es muy llamativo que esto pase en Latinoamérica, donde no existe ni el nivel de desarrollo ni de envejecimiento que en Europa”. La inversión en capital físico es fundamental para relanzar el crecimiento.