Debate de la eutanasia en Ecuador: qué se discute hoy en la Asamblea

La Asamblea Nacional abrió este martes 24 de marzo el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia, una iniciativa que busca poner reglas claras a una práctica que dejó de ser delito en casos específicos tras un fallo de la Corte Constitucional en febrero de 2024. 

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El texto llega al Pleno luego de la unificación de cuatro propuestas legislativas y de un informe aprobado por la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte. El debate legislativo se mueve entre definiciones técnicas, tensiones éticas y advertencias sobre posibles riesgos en su aplicación

La discusión no parte de cero. En 2024, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), al establecer que no se sancione al médico que practique la eutanasia activa voluntaria cuando exista consentimiento libre e informado y un sufrimiento intenso derivado de una enfermedad grave e incurable o una lesión irreversible. La sentencia trasladó a la Asamblea la responsabilidad de regular procedimientos, controles y garantías

¿Qué propone el proyecto en debate?

El proyecto que se analiza plantea un marco legal excepcional para acceder a la eutanasia. Entre los requisitos constan: diagnóstico de enfermedad grave e incurable o lesión irreversible; sufrimiento físico o psíquico intenso; información completa sobre alternativas terapéuticas; y una manifestación de voluntad libre, informada y persistente del paciente. También se contempla el uso de voluntades anticipadas cuando la persona no pueda expresar su decisión directamente.

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El texto establece límites explícitos: la pobreza, la discapacidad o la edad no pueden ser causales para acceder al procedimiento ni obstáculos para ejercerlo. Con ello, los proponentes buscan evitar presiones indebidas o prácticas discriminatorias. Asimismo, se fija que solo podrán acceder ciudadanos ecuatorianos o residentes permanentes.

Controles y órganos de evaluación

Uno de los puntos más discutidos es el sistema de controles clínicos y éticos. La iniciativa crea comités interdisciplinarios provinciales —integrados por profesionales de la salud, psicología, trabajo social y derecho— que evaluarán cada solicitud. 

A nivel nacional, se propone un Consejo de Garantía y Evaluación encargado de supervisar los procesos y asegurar el cumplimiento de estándares. El objetivo, según el informe de la comisión, es reducir la discrecionalidad y reforzar la trazabilidad de cada caso

El proyecto también reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, pero establece que esta no debe convertirse en una barrera de acceso para el paciente. Este equilibrio —entre libertades individuales y prestación efectiva del servicio— concentra parte de las observaciones técnicas que se escuchan en el Pleno.

El debate aparece sobre la  autonomía progresiva y el rol de representantes legales

Aunque el articulado se enfoca en adultos, en el debate aparece la discusión sobre la autonomía progresiva y el rol de representantes legales en casos complejos. También se analizan las diferencias entre eutanasia y el derecho a rechazar tratamientos que prolonguen la vida sin beneficio clínico, un punto que el texto intenta delimitar para evitar confusiones jurídicas.

Otro eje es el acceso a cuidados paliativos. El proyecto incorpora garantías para su provisión y plantea fortalecer políticas públicas en esta área, en respuesta a críticas de expertos que advierten que la regulación de la eutanasia no puede avanzar sin una cobertura adecuada de alivio del dolor y acompañamiento integral.

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