En el editorial del viernes pasado, que aludía a los roles de la Contraloría General del Ecuador, se concluía: “No hay democracia sin control”. En efecto, la cita de la conocida expresión del excontralor chileno Enrique Silva Cimma mantiene vigencia desde cuando fue planteada a la fecha, dada la crónica corrupción que aflige al mundo.

“Ni control sin democracia”, agregaba, redondeando su frase el distinguido jurista, militante del Partido Radical, que ha vuelto a ser recordado frecuentemente en estos días que culminan hoy con la segunda vuelta electoral, destinada a designar al nuevo presidente del país de la estrella solitaria, recientemente conmovido por la denuncia de múltiples casos, más bien infrecuentes, de corrupción política.

Pero la función de control no la tiene únicamente la Contraloría. Es toda una sección, la segunda, del capítulo constitucional que trata sobre la Función Legislativa, la destinada a desarrollar el tema del “control de la acción del gobierno”.

Reza claramente el texto de la Carta Magna que: “Para iniciar el juicio político (del presidente o del vicepresidente de la República) se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo”.

Está entonces en mora con el cumplimiento de sus deberes la Asamblea Nacional y bien haría, pese a la injustificada tardanza, en proceder al acatamiento de los mismos.

Hoy, el Consejo de Administración Legislativa debe dar paso, para defender el honor de la Función Legislativa, al juicio político planteado por sectores de la oposición al todavía vicepresidente de la República.

Seguir escamoteando el cumplimiento de ese obligatorio rol de control de la acción del gobierno, le hace mucho daño al prestigio, siempre decaído, de ese cuerpo colegiado que es el símbolo mayor del régimen republicano. Mantenerlo atado, a base de argucias destinadas a evadir el cumplimento de su rol fiscalizador desdice los principios democráticos, y ello es grave, dado que en su estricto cumplimiento se sustenta precisamente la calidad democrática, o no, de un determinado gobierno.

No puede ser que se intente continuar superponiendo el interés de un grupo político, cómplice de “corrupción espeluznante” al tenor de la expresión presidencial, al interés de la nación.