Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) le podría tomar, al menos, cinco meses del año entrante para concluir los concursos de designación de las autoridades que están pendientes. Si se cumple la previsión, cargos como el de contralor general del Estado se deberán prorrogar. Varios factores inciden en las demoras.

El concurso de defensor público es el que tiene un mayor avance. Ahí se escogió ya a 57 ciudadanos que harán la veeduría del proceso y se admitió a 62 personas para que formen parte de la Comisión Ciudadana de Selección.

El 15 de diciembre pasado debió hacerse el sorteo para escoger a los 30 mejor puntuados, pero esto finalmente no se desarrolló por las denuncias de la consejera María Fernanda Rivadeneira en el sentido de que, al menos, ocho postulantes fueron admitidos pese a no cumplir requisitos básicos como no tener mora con el Servicio de Rentas Internas (SRI) o deber pensiones alimenticias.

El vicepresidente del CPCCS, David Rosero, le dijo a EXPRESO que estiman empezar a terminar los concursos en mayo, lo que estaría, por ejemplo, fuera del tiempo para designar contralor, ya que el período para el que fue elegido Carlos Pólit (censurado y destituido por la Asamblea Nacional) concluye en marzo próximo. Este cargo ha estado en manos de subrogantes desde hace más de dos años.

En este concurso, una de las últimas acciones se produjo la semana pasada. La mayoría conformada en el Consejo de Participación admitió a 98 de 156 postulantes a conformar la Comisión Ciudadana de Selección. A los admitidos se les empezará a calificar los méritos.

También tiene cuestionamientos. El coordinador de la veeduría ciudadana para la designación de contralor, Guido Egas, denunció a mediados de noviembre una supuesta falta de transparencia precisamente en el proceso de selección de los comisionados, aunque luego suavizó su reclamo.

Ayer, el organismo preveía conocer el informe sobre los requisitos y prohibiciones de los delegados de las funciones del Estado para la conformación de esta Comisión de Selección.

Todavía más rezagada está la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Dos de los cinco consejeros electorales debieron ser reemplazados en noviembre, pero el CPCCS prevé hacer el sorteo para definir quiénes saldrán recién en 2022.

Al igual que en los anteriores concursos, se ha conformado la veeduría ciudadana y escogido, en una primera fase, las carpetas de 60 aspirantes a la Comisión de Selección.

Pese a lo reciente del inicio del concurso, la coordinadora de la veeduría para vigilar este concurso, Nadia Vilatuña, envió una carta a los siete integrantes del organismo en la que advierte que las personas que han sido designadas como veedoras han sido excluidas del análisis y revisión de las carpetas presentadas por los aspirantes a ser parte de la Comisión Ciudadana de Selección.

Rosero defiende al organismo tanto por los retrasos como por las acusaciones. Por lo primero asegura que prefirieron aplazar un poco la designación del defensor público y la renovación del CNE por la pandemia de COVID-19, ya que temían que las medidas restrictivas podrían mermar la participación y poner en duda la legitimidad del proceso.

“Sobre lo segundo, en democracia siempre existe el derecho al disenso, pero también parece que existe una intención de que el Consejo no haga absolutamente nada. De todas formas, vamos avanzando corrigiendo errores y escuchando la sugerencia que buscan construir”, señaló el vicepresidente del CPCCS.

Otro factor que acusan las autoridades de Participación para los retrasos es la falta de presupuesto para llevar adelante los concursos. Esto se estaría superando de a poco. El Ministerio de Finanzas entregó ya los recursos para el concurso de contralor para el que se necesitarán sobre los 300 mil dólares.

Esta cifra es menor para el concurso para elegir al titular de la Defensoría Pública y los recursos también ya fueron entregados desde el Gobierno central. Lo que todavía está pendiente es el dinero que Finanzas debe aportar para avanzar con la renovación parcial del CNE. En Participación esperan que el presupuesto llegue el primer mes de 2022.

El CPCCS también dispuso a la coordinación jurídica del organismo que elabore una propuesta de reglamento para el concurso de designación del titular de la Defensoría del Pueblo y el miércoles hizo la convocatoria para la veeduría para observar la designación del titular de la Superintendencia de Compañía, cargo que quedó vacante tras la censura y destitución de Víctor Anchundia.

Eso no es todo lo que deben evacuar. El año que se aproxima, el CPCCS debe hacer el concurso para la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para lo cual se empezó ya a elaborar un proyecto de reglamento.

Desaparecer, una posibilidad que se aleja

Actúan con cierta tranquilidad. Algunos integrantes del CPCCS, como la presidenta Sofía Almeida, se reunieron con el presidente Guillermo Lasso.

De este encuentro, pocos detalles han trascendido. El vicepresidente del organismo le dijo a EXPRESO que en el diálogo “quedó descartada la posibilidad de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana”.

Lasso había planteado como uno de los potenciales temas para una consulta popular, la desaparición de este organismo que tiene cuestionamientos.