Iniciativas sin apoyo. El plan económico presentado por el Gobierno ha sido criticado desde casi todos los sectores. La idea de cobrar un aporte solidario a ciudadanos y empresas que han sido golpeados por la crisis de la pandemia de coronavirus es impopular.

El Gobierno busca recaudar $ 1.121 millones en un fondo de emergencia que sería manejado por un fideicomiso a cargo de ocho personas de la sociedad civil.

De esos $ 1.121 millones, $ 695 millones saldrán de los aportes de salarios de trabajadores privados que ganan más de $ 500 al mes. Los $ 516 millones restantes contribuirán las empresas.

El principal reclamo es que esas aportaciones saldrán de los bolsillos de ciudadanos que atraviesan un momento de incertidumbre en sus trabajos a los que, en algunos casos, ya se les ha reducido el sueldo.

En el caso de las empresas, según el mismo Gobierno, el 70 % ha debido paralizar sus actividades por el confinamiento y en muchos casos ha dejado de percibir o ya no reciben ingresos. El aporte sería golpear aún más su liquidez.

La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) realizó un estudio de cuáles serán los sectores que más aportarían al fondo planteado por el Gobierno.

Según el análisis, con base a información de la Superintendencia de Compañías, 1.323 empresas deberán pagar la contribución.

El comercio al por mayor y menor aportaría con $ 112 millones (ver gráfico), le sigue la industria manufacturera y la minería. De acuerdo a los cálculos de la CCQ, en total se lograría recaudar $ 428 millones.

Integran el sector comercial todos los establecimientos que se dedican a la vente de bienes, por ejemplo, supermercados, cadenas de electrodomésticos, tiendas de ropa, etc.

El sector empresarial apenas comenzaba a pagar una contribución “única” por $ 600 millones entre años (fuera del 25 % renta y 15 % trabajadores) y ahora se pretende aumentar impuestos por más de $ 500 millones, sin ningún compromiso ni corresponsabilidad del Estado, aseguró David López, jefe técnico de la CCQ.

Esto no abona en absoluto a contrarrestar la situación económica y mantener el empleo, Ecuador es el único que está exigiendo nuevos sacrificios a los ciudadanos y en especial a las empresas que se encuentran en modo supervivencia, debido a la paralización del 70 % del aparato productivo y con el consecuente desplome del consumo, añadió López.

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) envió una carta al Gobierno, el sábado pasado, expresando su preocupación.

Vemos con preocupación, dice el CEE, que las medidas anunciadas solo responden a la visión y a las necesidades inmediatas del Gobierno Nacional y no atienden los impactos que sufre el aparato productivo y los empleos, ni constituyen un programa económico de reactivación.

Los empresarios sostienen que de más de un centenar de países afectados por la pandemia, Ecuador es el único que está exigiendo nuevos sacrificios a los ciudadanos y en especial a las empresas que se encuentran en modo supervivencia, debido a la paralización del 70 % del aparato productivo y con el consecuente desplome del consumo.

Los gremios trabajadores también expresaron sus criterios. Uno de los planteamientos es que los trabajadores que ganan por encima del costo de la canasta básica familiar ($ 713, según el último reporte del índice de Precios al Consumidor) sean quienes contribuyan al fondo de emergencia, aseguró Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular.

Además, Erazo sostuvo que se debe pedir más contribuciones a las empresas. Según el dirigente gremial, las compañías pueden aportar con $ 1.026 millones, si se aplica una tabla de contribuciones que va desde el 5 % al 15 %, de acuerdo a las ganancias reportadas el año pasado.

Pablo Zambrano

Presidente de la Cámara de Industria

Cerca del 80 % de negocios del país están cerrados, no tienen ingresos, por lo tanto plantear una solución como la que propone el Gobierno afecta a la liquidez de las empresas, aspecto importante para poder mantener a flote un negocio. Las medidas que deberían darse son de fomento al sector productivo que es el gran generador de empleo, producción e inversiones. Nosotros hemos mantenido reuniones periódicas con el Ministerio de la Producción, pero no conocíamos de estas medidas, hasta que fueron públicas.

Larry Yumibanda

Vocero del Círculo de Economía de Guayaquil

Hay medidas planteadas por el Gobierno que van a contracorriente de lo que se necesita para reactivar la economía como la contribución que se propone que deben hacer las empresas y los trabajadores que ganan más de $ 500 que ya están pagando un impuesto escondido, porque están comprando con precios elevados los productos de la canasta básica. A las empresas se les debe ofrecer liquidez. Se habló de líneas de crédito, pero nadie ha dicho desde cuándo y en qué tiempo. Pedir dinero a las empresas es un error.

Rodrigo Gómez de la Torre

Presidente de la Cámara de Agricultura

Según datos del propio Gobierno, el 70 % del sector privado está paralizado. Si al enfermo que se encuentra en ese nivel se le pide que done sangre lo que se le está provocando es que su problema de agudice. Incluso, aquellos sectores que todavía están operando, no lo están haciendo al 100 % y la reducción del consumo afecta a todos. Cuando hubo la Ley de Solidaridad, por el terremoto, fue similar: la solidaridad del sector privado con el Gobierno, con la diferencia de que ahí había un sector privado operando.

Nelson Erazo

Presidente del Frente Popular

Los trabajadores somos los que estamos en primera línea combatiendo la pandemia del coronavirus. Somos los que estamos poniendo en riesgo nuestra vida para salvar más vidas. Somos quienes estamos dispuestos a contribuir económicamente para salir de esta situación. Pero creemos que esto debe ser para quien gana por sobre encima de la canasta básica familiar. Es necesario, señor presidente, que exija del Comité Empresarial más contribuciones para poder salir de la crisis.

Asamblea sigue a la espera

De la urgencia se pasó a la cautela. Pese a que el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, anunció que la propuesta del Gobierno sería enviada el sábado, hasta el medio de ayer a la secretaría de la Asamblea Nacional no llegó el documento.

Pese a no tener claro el contenido de fondo del proyecto que enviará el presidente Lenín Moreno, varios legisladores han mostrado su oposición a las ideas planteadas por el mandatario la noche del viernes, cuando fueron anunciadas.

Este Diario conoció que en el interior del equipo económico se afinan detalles de la propuesta justamente para evitar que genere rechazo al interior de la Asamblea, lo que podría significar que no sea aprobada tal como la plantea la Función Ejecutiva.

La asambleísta Gabriela Larreátegui, integrante de la Comisión de Régimen Económico, le dijo ayer a EXPRESO que el trámite que deberá transitar cualquier propuesta demorará unos 30 días.