María del Carmen Maldonado se fue del Consejo de la Judicatura, pero los pedidos de la Corte Nacional y las deudas con los abogados quedaron.

El pasado 24 de enero el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, solicitó aumentar el número de jueces y conjueces por el incremento de la carga procesal, consecuencia de nuevas disposiciones de la Corte Constitucional.

Saquicela urgió al fortalecimiento de los despachos de jueces y conjueces y de la Secretaría de la sala penal en personal y equipamiento tecnológico.

Equipos para las salas de audiencias con los insumos necesarios para las diligencias telemáticas sin contratiempos. Recordó que había reducida cantidad de licencias de Zoom. Añadió la necesidad de incorporar el expediente electrónico.

Y esos dos últimos fueron también la urgencia de los abogados que han hecho reclamos desde hace más de un año. La abogada Lorena Grillo afirmó que Maldonado nunca implementó las citaciones. Por ejemplo, agregó que el sistema de acceso a expedientes y coordinación entre teletrabajo y prestación del servicio ‘fue cero’.

Antes de que Maldonado deje el cargo, la Corte Constitucional retiró de la presidencia del Consejo la facultad de dictar la medida de suspensión de los funcionarios judiciales. Y ese fue uno de los argumentos de su salida.

Judiciales como la jueza de la Corte Provincial de Guayas, Ivonne Núñez, consideran que “ninguno de los cinco ejes que sustentaban su administración los cumplió”. La funcionaria señaló que el más evidente es el administrativo reflejado en el abandono de unidades judiciales y cortes provinciales carentes de los implementos de trabajo, mantenimiento de equipos tecnológicos, afectando a funcionarios judiciales y ciudadanía en general.

Tras la salida de Maldonado en redes sociales los abogados sugirieron por dónde debería empezar a arreglarse el sistema de justicia: citaciones, expediente electrónico, reingeniería administrativa de las unidades judiciales, que cada judicatura tenga su secretario propio y que sea el responsable del archivo.

El abogado Carlos Alvear dice que hay un antes y después en la Judicatura y que Maldonado no ha dejado ningún aspecto positivo que considerar. “Hoy en día la atención al público en las unidades judiciales es de menor calidad”, según Alvear. Agrega que la falta de gestión se evidencia en el deterioro de las dependencias judiciales y sus servicios porque ni siquiera se puede decir que en el país se ha dotado al funcionario judicial de equipos y útiles de oficina suficientes para realizar su trabajo.

La catedrática universitaria Paulina Araujo cree que más allá de Maldonado y de la institución como tal, todos los problemas de antes se han agudizado. Considera que los complejos judiciales son un desastre, que el sistema Satje se presta a manipulaciones.

El jurista Felipe Rodríguez opina que ningún Consejo de la Judicatura va a cumplir las expectativas de absolutamente nadie “si es que siguen metiéndose en acciones jurisdiccionales, la capacidad para suspender jueces cuando existen casos mediáticos o la capacidad de sancionar a funcionarios judiciales cuando las decisiones no les gusta”. Insiste que mientras eso no exista no habrá ni independencia judicial ni Consejo que cumpla su trabajo. La exfuncionaria dijo a EXPRESO que han sido años difíciles y que por lo pronto “quisiera abstraerme un poquito. No es conveniente que dé ningún tipo de entrevista porque no quiero abonar en la conflictividad”.

El CONTEXTO

• En 2019 María del Carmen Maldonado fue designada como presidenta de la Judicatura. Su salida generó las dudas sobre su sucesor debido a que, según la ley, quien presida el Consejo debe provenir de la terna que envíe la Corte Nacional y el suplente proviene de la terna de la Fiscalía.