Los cuestionamientos a la gestión de María del Carmen Maldonado al frente del Consejo de la Judicatura no terminan con su renuncia. Todo lo contrario, su salida generó una serie de reacciones.

“La Corte Constitucional resolvió que la facultad de suspender a servidores judiciales ya no es del presidente del Consejo de la Judicatura, sino del pleno. Maldonado renuncia por esa razón. Nunca entendió la función de su cargo, y lo que quiere conservar es el poder absoluto...”, criticó el constitucionalista Ismael Quintana.

La versión oficial, la que dio Maldonado es que el fallo de la Corte Constitucional (CC) le impide luchar contra la corrupción, pues ella ya no puede suspender del cargo a jueces y funcionarios judiciales. “Por sobre un cargo o el poder, está la convicción de servicio, razón por la cual he decidido presentar mi renuncia irrevocable”.

No es la primera vez que la Corte Constitucional cuestiona la gestión de Maldonado. En diciembre sentenció al Estado a un pago compensatorio por la destitución de 26 jueces, en 2019, a cargo de la Judicatura, a quienes se les violó sus derechos.

En septiembre los mismos magistrados ordenaron que la Judicatura “adopte medidas estructurales” que permitan corregir y evitar malas prácticas dentro los sorteos de causas.

El fallo se dio, tras descubrirse que dentro del expediente de Jorge Yunda se aparentó un sorteo para que su demanda vaya a un juez, quien falló a su favor.

El órgano constitucional dio a la Judicatura un plazo de 180 días para investigar y corregir las irregularidades. El miércoles 2 de febrero, Maldonado se fue sin mencionar este caso de corrupción. Dijo que en sus tres años en el cargo dictó 16 medidas “preventivas de suspensión de servidores en casos relevantes”.

En agosto de 2021, por ejemplo, suspendió con tres meses sin sueldo a Gabriela Beltrán, auxiliar de la Unidad de la Familia de la Mariscal, en Quito.

La entonces funcionaria denunció que su clave de acceso para el sistema de sorteos fue usada de forma irregular por algún funcionario de la Unidad Judicial de Iñaquito, ubicado a cuatro kilómetros de su oficina.

A partir de allí se conoció que, así como el caso Yunda, otros procesos, entre estos el caso Bucaram, fueron asignados a jueces sin sorteos. Pero en estos casos, Maldonado no suspendió a más jueces.

“La señora Maldonado no ha luchado en contra de la corrupción. Ha impedido que se transparenten estos hechos. Toda la Judicatura debe irse”, dijo Ciro Guzmán, abogado de Gabriela Beltrán, quien prepara una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Las críticas a Maldonado también surgen en la Asamblea. La bancada de UNES presentó un pedido de juicio político en su contra. “La señora presidenta renuncia porque ya no puede suspender jueces. Que no piense que se va a salvar del juicio político”, dijo el legislador Fausto Jarrín.

El Reemplazo

Presidencia, en debate

Inmediatamente después de la renuncia de María del Carmen Maldonado, la preocupación giró sobre su reemplazo. El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, convocó a una rueda de prensa y dijo que enviaría al Consejo de Participación Ciudadana su terna de la que deberá salir el nuevo presidente de la Judicatura. Su argumento es jurídico y citó el artículo 179 de la Constitución: “La Judicatura se integrará por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional, cuyo representante lo presidirá”. Así trató de atajar el criterio de Maldonado, quien dijo que su suplente, Álvaro Román, debía tomar la posta.

• Contexto. María del Carmen Maldonado fue elegida en 2019 por el Consejo de Participación transitorio para reemplazar a Gustavo Jalkh, en la Judicatura.

• 26 JUECES de la Corte Nacional destituidos en 2019 por la Judicatura denunciaron irregularidades.