Luego de haber vivido una paralización de actividades durante 12 días, impulsada por diversos grupos sociales liderados especialmente por comunidades indígenas que reclamaban la derogatoria del Decreto 883, que buscaba eliminar el subsidio de los combustibles, y a la que se sumaron agitadores que pretendieron convertir dicha protesta en violenta y anárquica, buscando alterar el orden constituido para desestabilizar al gobierno, quedó claro que existen en nuestra sociedad diferencias políticas, económicas y sociales que dejaron como resultado general el lamentable fallecimiento de 7 personas, 1.152 detenidos, 1.340 heridos, la destrucción de bienes públicos y privados, generando una pérdida económica para el país de casi $ 3.000 millones.

Las partes involucradas, incluidos todos nosotros, dejamos que los ánimos lleguen a un máximo de estallido social, nunca antes vivido en democracia, considerando que las posiciones antagónicas no solo se dejaban ver en las calles, sino también en nuestros celulares, donde la tecnología como medio de información o desinformación, encendía aún más los ánimos de las partes en conflicto. Ante estos hechos vergonzosos y lamentables, los dirigentes sociales y los representantes del Estado olvidaron la obligación constitucional que tienen de mantener permanentemente el diálogo, que alcance una conciliación entre sus diferencias, demuestre madurez política y lleve a entender a las partes, sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el particular.

Las políticas públicas deben garantizar el derecho de todos, sin excepción. Es obligación del Estado alcanzar una conciliación para reformular políticas que pudieran vulnerar derechos constitucionales o buscar medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. Sería una cobardía pensar que el diálogo conciliatorio llevado públicamente entre el Ejecutivo y los dirigentes indígenas dejó un perdedor y un ganador.

Mgs. Javier Coronel Z.