Centros de rehabilitacion publicos operan sin licencia desde agosto de 2018

Agosto de 2018. Desde esa fecha, las tres únicas clínicas públicas para rehabilitar adictos a las drogas funcionan en Guayaquil sin licencias. Es decir que estos lugares regulados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) están en iguales condiciones legales que las más de 73 clínicas de rehabilitación privadas que, desde enero pasado, están tratando de conseguir su licenciamiento. Pero según sus propietarios les ha resultado “imposible”.

En Guayaquil, a pesar de la demanda de pacientes con adicciones, solo hay tres Centros Especializados en Consumo Problemático en Alcohol y otras Drogas (cetads) privados que tienen la licencia. El resto está sujeto a clausuras.

Jorge Sempértegui, delegado Provincial de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) Guayas Zona 8, confirmó a EXPRESO que los directivos de dichos cetads estatales “no han realizado la solicitud (de renovación) en el sistema”, sin explicar por qué no lo han hecho.

Al preguntarle por qué estos no han sido clausurados si, en teoría, estarían funcionando sin permisos, el funcionario explicó que la falta de permiso de funcionamiento no es motivo para el cierre, de acuerdo a los artículos 130 y 254 de la Ley Orgánica de Salud. La multa son cinco salarios básicos unificados ($ 394).

Sin embargo, Cinthia Intriago, presidenta de la Asociación de Centros Especializados en el Tratamiento de Alcohol y Drogas (Acetade), denuncia que el Acess continúa cerrando centros privados en vías de licenciamiento.

De hecho, detalla que el viernes pasado enviaron un oficio en el que manifestaban su preocupación respecto a la clausura de varios centros de rehabilitación, luego de un incendio en una clínica clandestina ocurrido el pasado 12 de octubre en el sur de la ciudad, en el que fallecieron 10 internos.

“Cada vez que hay una tragedia intensifican los operativos y nos cierran. Nosotros (los centros en vías de licenciamiento) nunca nos hemos escondido y queremos licenciarnos, pero tenemos trabas en el proceso”, cuestiona Intriago.

Sempértegui aclara que los operativos que realiza la institución son perennes y no motivados por ninguna eventualidad. Detalla que hay dos irregularidades específicas por las cuales el Acess puede proceder a la clausura temporal o específica de los centros.

La primera, que está estipulada en los artículos 97 y 242 de la Ley Orgánica de Salud, es el mal manejo de desechos. Si se encuentra esta irregularidad en un centro, se procede al cierre y el cobro de una multa que corresponde a un salario básico unificado.

La segunda, que se especifica en el 194 y el 244 de la misma normativa, corresponde al ejercicio como profesional de la salud sin tener el título registrado. Si los trabajadores de un centro no tienen estudios médicos que avalen su labor, además de la clausura, tendrán una multa de cinco salarios básicos unificados.

Intriago también reitera que deberían debatir sobre la matriz que deben cumplir para licenciarse pues, para los centros que acogen a pacientes con baja situación económica los estándares son ‘inalcanzables’.

“La matriz nos obliga a hacer una inversión de más de 80 mil dólares, lo cual se desencadena en mensualidades que sobrepasan lo 800 y muchos de nuestros pacientes no pueden pagar eso”, comenta, como ya lo ha explicado EXPRESO en publicaciones anteriores.

Sempértegui indicó que ellos reciben lineamientos del MSP, y reconoce que los estándares que deben cumplir son estrictos, pero están direccionados a la salud de las personas y que se les brinde una atención de calidad. “A futuro puede haber una necesidad de bajar esos estándares, sin desmerecer que cumplan el objetivo primordial”, indica.

Anunció que han conversado con delegados del MSP para buscar una especie de ‘servicio intermedio’ de rehabilitación que permita bajar los requerimientos en cuanto a infraestructura en el proceso de licenciamiento, pero “lo indispensable es la actuación de los profesionales de la salud”.