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El cabo suelto a 13 años del bombardeo de Angostura

La CIDH activó medidas en una demanda iniciada por las familias de 4 mexicanos fallecidos.  La Procuraduría dice que envió respuestas al organismo

FOTO 1 CASO ANGOSTURA
La incursión en territorio ecuatoriano acabó con la vida del numero dos de las FARC, (a) Raúl Reyes, y una veintena de guerrilleros.ARCHIVO EXPRESO

El sábado 1 de marzo de hace 13 años, Ecuador amanecía con la noticia de un brutal bombardeo ejecutado por el Ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asentado en la zona de Santa Rosa de Angostura, en la provincia de Sucumbíos.

Imagen de archivo de los integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria de Común (FARC).

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La incursión en territorio ecuatoriano, que acabó con la vida del numero dos de las FARC, (a) Raúl Reyes, y una veintena de guerrilleros, desató una crisis diplomática entre los gobiernos de Ecuador y Colombia, y una posterior demanda interestatal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla en la acción militar, que fue denominada ‘Operación Fénix’.

Aunque la CIDH archivó el caso por el desistimiento de la demanda contra Colombia por parte de Ecuador, aún queda un asunto por resolver tras los hechos ocurridos en la selva ecuatoriana en 2008.

El organismo internacional tiene en trámite, desde 2014, una denuncia contra los Estados de Ecuador, Colombia y México, presentada por familiares de Juan González, Verónica Velásquez, Soren Avilés y Fernando Franco, jóvenes mexicanos que también perecieron en el ataque militar de Angostura.

Los demandantes denunciaron en su querella contra los tres Estados una vulneración a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la protección judicial.

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“Lo que motivó a una petición internacional fue, primero, las omisiones por parte del Estado en el tema de una tutela judicial efectiva. Ecuador y Colombia tenían la responsabilidad internacional, la obligación de investigar los hechos del 1 de marzo, donde perecieron también civiles”, alega Luisa María Villacís, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), una de las dos oenegés que dan acompañamiento legal a las familias de los fallecidos en relación con esta demanda.

Sobre el estado actual de la denuncia, Villacís indica que la CIDH decidió activar medidas para reducir el atraso procesal. Menciona que recientemente el organismo acumuló las fases de admisibilidad y de fondo en relación al Estado ecuatoriano, debido a su incumplimiento sobre la presentación de respuestas. Y que en lo que respecta a Colombia y México, la demanda se encuentra en fase de admisibilidad.

De acuerdo con el trámite de una petición, la CIDH remite el expediente al Estado denunciado, y antes de pronunciarse sobre la admisibilidad, invita a las partes a hacer observaciones.

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Villacís afirma que solo Colombia entregó respuestas sobre la petición de los denunciantes. “Aquí se evidencia la falta de responsabilidad, de un silencio crudo que han tenido desde un inicio. Las familias de los fallecidos se sienten sumamente indignadas, porque acudieron a esta instancia internacional para tener justicia”, cuestiona.

Israel Avilés, hermano de uno de los jóvenes mexicanos fallecidos en el bombardeo, vía telefónica manifiesta a EXPRESO que ha sido complicado llegar a la instancia de la CIDH. “Nos motivó la búsqueda de justicia. En nuestro país y tanto en Ecuador como en Colombia, no vimos un proceso legal que sancionara ante el pedido que hicimos los familiares”. 

Consultada por este Diario, la Procuraduría General del Estado, confirma que el caso se encuentra en fase de admisibilidad ante la CIDH, pero aclara que el Estado ecuatoriano envió a ese organismo sus observaciones sobre la acogida de la demanda. “Procesalmente no corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto”, agrega la entidad.

Según la Procuraduría, Ecuador respondió oportunamente los requerimientos de la CIDH en esta etapa procesal. “La última comunicación remitida a ese organismo data del 29 de enero de 2021 y contiene la respuesta de admisibilidad enviada originalmente el 27 de febrero de 2020”, precisa.

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Acerca de la posibilidad de una reparación integral por las presuntas violaciones a los derechos humanos que alegan los peticionarios, la entidad estatal recalca que solo se pronuncia sobre hechos concretos. “Al momento no se ha admitido la demanda. Por lo tanto, no corresponde opinar al respecto”, argumenta en su pronunciamiento.

EL DETALLE

Muertes. Los estudiantes mexicanos Verónica Velásquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Avilés se hallaban en el campamento de las FARC cuando ocurrió el bombardeo.

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La operación militar desató una crisis diplomática entre los gobiernos de Ecuador y Colombia.DISEÑO EXPRESO