En arca abierta...
Viejo refrán castellano es aquel cuyas primeras palabras usamos como título del presente editorial. En efecto, la triste constatación de muchas prácticas equívocas lo prueba: en arca abierta, el justo peca.
Hasta los funcionarios tenidos como honrados entran en la tentación de apropiarse de fondos públicos si la impunidad es una certeza, y es certeza la impunidad si la fiscalización deja de ejercerse. La falta de adecuada fiscalización, la falta de control es el arca abierta del sector público. Para el caso del sector privado, también dicha ausencia contribuye a la corrupción.
Por eso, cuando el presidente de la República ordenó a sus ministros que no respondieran positivamente a los pedidos de información de los legisladores, si no eran tramitados a través de la Presidencia de la Asamblea, cualquiera haya sido la intención de ese equívoco mandato, en la práctica abrió paso al desate de todo tipo de malos manejos, que se vieron estimulados por la certeza de la falta absoluta de riesgo de ser sancionados, dado que permanecerían ocultos tras las dificultades establecidas para probar su cometimiento.
Al respecto, diario EXPRESO acaba de publicar relevante información en la cual destacados legisladores de oposición describen descarnadamente y con ejemplos esclarecedores, cuál es la real posibilidad de cumplir con las atribuciones y deberes que a la Asamblea Nacional le determina la Constitución, en cuanto a “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”.
Queda claro en el trabajo periodístico, que incluso el no contestar las solicitudes de información es un procedimiento habitual y son muchos los asuntos trascendentes sometidos a ese tipo de pedidos que han llegado casi a un año sin recibir la debida respuesta.
Siendo que los meses finales de múltiples ejercicios gubernamentales son proclives a todo género de desbarajustes, bien haría el Gobierno nacional, en defensa de su propia imagen, evitando inevitables suspicacias, en abrirle espacio a la transparencia, garantizando a los legisladores y al pueblo ecuatoriano, su derecho a conocer cómo se administran sus cada vez más escasos recursos.