Las denuncias de posibles anomalías en la aplicación de vacunas contra la COVID-19 y los sectores a los que se ha dirigido la campaña en su fase piloto, no han pasado desapercibidas ante la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).

El organismo señaló en un comunicado que mira con preocupación las circunstancias provocadas por la pandemia de COVID-19. Y señala que frente al contexto, el Plan Nacional de Vacunación debe ser orientado técnicamente, "a más de ser desarrollado con eficacia, probidad, absoluta transparencia y pensando que lo que se halla en juego es la vida de los ecuatorianos".

Para hacer un seguimiento del tema la Comisión anunció que constituyó la Plataforma de Control Social al Plan Nacional de Vacunación COVID-19. La finalidad es dar seguimiento al proceso de la vacunación que, según la Comisión, "se halla en ciernes", y que, seguramente, abarcará, por lo menos, los próximos 18 meses.

Al menos 11 agrupaciones integran la iniciativa. Ellas son: la Federación Médica Ecuatoriana, la Confederación de Jubilados del Ecuador, el Foro de la Salud Pública del Ecuador, el Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha, la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. 

También son parte el Capítulo Ecuador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, el Frente Unitario de los Trabajadores, el Cabildo Cívico de Quito, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Servidores Públicos y la Confederación de Profesionales de la Salud (obstetras, odontólogos, enfermeros y tecnólogos médicos).

Germán Rodas, coordinador general de la organización señaló que "la sociedad civil es fundamental a la hora de controlar la gestión del régimen. No forma parte del poder y su rol en este caso es para precautelar la vida de los ecuatorianos".