Para una tragedia, un culpable. El deslizamiento de tierra en Alausí, que hasta las 18:00 de ayer causó la muerte de nueve personas y sepultó en vida (desaparecidos) a otras 64, tiene muchos culpables, si se escucha las declaraciones de los funcionarios públicos que, en resumidas cuentas, aseguran haber hecho todo por evitar la tragedia que hoy enluta a esta localidad de la provincia de Chimborazo. La academia y un exdirector del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, desde su experticia, diagnostican lo contrario.

Por ejemplo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ha dicho que, luego de realizar evaluaciones y declarar alerta amarilla en el cantón, los técnicos de la entidad realizaron “trabajos en territorio” junto al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia y del cantón. Incluso, afirmó en entrevista televisiva, que realizaron trabajos de evacuaciones pero varias personas no quisieron dejar la zona hoy afectada.

Asimismo el Municipio de Alausí, que ha señalado, a través de su vicealcalde Eduardo Llerena, que desde la Alcaldía sí se realizaron todos los llamados para evacuar la zona de riesgo. Sin embargo, asegura, que se encontraron con ciudadanos que se resistieron a salir de sus viviendas por distintas razones.

Estos dos criterios se contraponen a lo que denuncian los habitantes en el lugar, que ante la tragedia ocurrida alrededor de las 22:30 del 26 de marzo de 2023, acusan a las autoridades de negligentes al no dar respuesta a las reiterativas solicitudes de ayuda. “Lastimosamente no recibimos oídos a tiempo. Desde hace meses pedíamos ayuda, pero los estudios técnicos fueron entregados los primeros días de marzo”, denunció Eduardo Llerena, habitante del cantón. Coincidiendo con la acusación pública que hizo Carlos Vallejo Zurita, habitante de Alausí: “Las autoridades cantonales hicieron un llamado a las autoridades provinciales y nacionales e hicieron caso omiso. Ahora intentan resolver”.

Para evitar esta tragedia, que ahora se tiñe de acusaciones por doquier, no se tomaron las medidas oportunas ni necesarias, según el exdirector del Servicio de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar: “El artículo 165 de la Constitución del Ecuador establece que, con un estado de excepción solo se podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, libertad de tránsito, asociación, reunión e información. Con esto, utilizando esta herramienta constitucional, se pudo haber limitado el ejercicio de ciertos derechos y con ello se ‘forzaba’ a las personas a dejar sus viviendas y reubicarlas”, explica Salazar.

Este Diario solicitó al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos una entrevista o datos para detallar si la medida pudo resolver los ‘inconvenientes’ que tuvieron las autoridades a la hora de evacuar y reubicar a los habitantes que se negaban a salir de sus viviendas, pero hasta el cierre de esta edición no se concretó la entrevista.

¿Falta de acción? El exdirector respondió que, según la normativa del manual del COE, que determina que “cuando se incremente la probabilidad de ocurrencia de un evento, esta debe asociarse a los niveles de alerta. Ya sea declarar la alerta amarilla; activación de amenaza, naranja; evento inminente o roja; evento en curso”. En ese sentido, diagnostica Salazar, Riesgos “tuvo que haber realizado las acciones técnicas preventivas para la alerta que declararon, vinculando a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados como actores directos en el territorio”.

Para Priscila González, directora de la carrera Gestión de Riesgos y Desastres, en la Universidad Técnica Particular de Loja, la tragedia que ha afectado a alrededor de 500 personas da cuenta de la irresponsabilidad de varias actores, como el Municipio local y Riesgos. “Se pudo haber evitado la pérdida de vidas humanas, porque ya había una alerta amarilla. En base a eso, se pudo haber desarrollado un sinnúmero de acciones. Tuvieron que haber trabajado en ello. Todos son responsables, no podemos señalar a una sola parte como responsable. Porque los procesos incluyen a todos los actores; porque para su óptimo desarrollo se necesita la participación de todos”.

González añadió que para que exista acciones de prevención óptimas y con resultados a largo plazo, los municipios deben contemplar, de manera primordial, los enfoques del Servicio de Gestión de Riesgos e incorporarlos dentro de la planificación y ordenamiento territorial de la localidad. Como también, explicó, se deben incluir los enfoques de Riesgos en las decisiones que toman los cantones “sobre el uso adecuado del suelo”. “Si hubieran considerado todo eso a tiempo, los riesgos hoy fueran mínimos. El escenario sería otro y no estuvieran ahora lamentándose y buscando una autoridad culpable”.

La falla no sería geológica

Para Miguel Chávez, académico en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en la carrera de Ingeniería Civil, lo que hoy sucede en Alausí es la consecuencia de la mala construcción de las vías del cantón junto a la ladera que se desmoronó el domingo 26 de marzo. Incluso, recalca que la tragedia no es producto de una falla geológica. Más bien, asegura, desde su experticia, que es una falla antrópica. “Las fallas geológicas tienen kilómetros de longitud y se van al interior del suelo. Es un deslizamiento por acción humana, por la construcción de la carretera. Si se observa, la vía 'serpentea' en varios tramos. Entonces, es notable que hicieron grandes cortes y relleno y no es lo que se debe”, explica Chávez. Esta acción, continúa con su diagnóstico el académico de la Espol, influyó en la estabilidad de la ladera que, con el transcurrir del tiempo, lluvias y sismos, se deslizó y pasó lo que hoy lamentamos”. A su criterio, Chávez añadió un llamado a los técnicos “para que no construyas vías donde sea”.