La injerencia de partidos políticos en la función Judicial no era cuento nuevo en el país. Las Cortes tuvieron apellido y mote. Pero ningún gobierno llegó tan lejos como el anterior: el Ejecutivo interfirió en las decisiones de los jueces, anulando la división de poderes y la democracia. Anunció que metería la mano en la justicia y así la convirtió en su más contundente herramienta de persecución. Obligó a los jueces que intentaron mantener imparcialidad a doblegarse; a través de procesos disciplinarios administrativos por “error inexcusable” se cortaron muchas cabezas. Y los medios de comunicación -incluido este Diario- soportaron continuas multas impuestas por un “tribunal del ramo”, con miras a lograr su desaparición por la vía económica.

Hoy atravesamos una “aparente” transición hacia una justicia independiente. Urge que el cambio sea real y rápido. Los procesos judiciales deben volverse confiables y transparentes. Y fiscales y jueces deben recibir remuneraciones que garanticen decisiones libres, dentro de un sistema y una institucionalidad que no dependan de la voluntad de unos pocos, de un cuerpo politizado o de la discrecionalidad. Sin ello no habrá inversión, ni local ni extranjera, ni tampoco reactivación. Los números en rojo de la economía no admiten ni un solo juicio errado más.