Economía y negocios

Ecuador exportará 30.000 toneladas de arroz a Colombia: ¿cuándo comenzarán los envíos?

Marco Rivera

Esta previsto que este viernes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anuncie un nuevo esquema de aranceles de carácter permanente, basado en investigaciones sobre prevención y combate al trabajo forzoso. La medida busca evitar un vacío legal mientras Washington redefine su política comercial y mantendrá presión sobre decenas de socios comerciales, entre ellos Ecuador.

Según explicó el exministro de Producción y experto en comercio exterior, Daniel Legarda, el escenario más probable es que Ecuador permanezca dentro del grupo de países sujetos a una tarifa del 10 %, una condición más favorable que la que enfrentarían otras economías.

Ecuador se mantendría en el grupo con menor carga arancelaria

La investigación estadounidense sobre trabajo forzoso abarca a más de 60 países. Con base en los resultados preliminares conocidos hasta ahora, se prevé la creación de dos niveles de sobretasas:

El primer grupo estaría conformado por países que han incorporado medidas, compromisos o acuerdos relacionados con la prevención del trabajo forzoso. Estos mantendrían una tarifa del 10 %. El segundo incluiría a naciones que no han realizado esos esfuerzos, las cuales enfrentarían un arancel del 12,5 %.

Legarda considera que Ecuador estaría dentro del primer bloque debido a los acuerdos de cooperación y compromisos asumidos con Estados Unidos en materia laboral y comercial.

Sin embargo, el especialista aclara que la noticia no implica una eliminación de barreras. “Nadie se libera, lo único que pasa es que tienes dos niveles diferentes, un nivel con menos carga y otro nivel con más carga”, señala.

Para el experto, la competitividad de los exportadores ecuatorianos dependerá ahora de cómo queden ubicados otros países dentro del nuevo esquema arancelario estadounidense. 

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Aunque varios productos estratégicos continúan amparados por regímenes de excepción, algunos sectores ya muestran señales de afectación. “Las afectaciones tal vez ya se pueden empezar a ver en algunos productos específicos de los no tradicionales”, advierte el experto.

Legarda menciona que ciertas exportaciones no tradicionales, especialmente transformadores, generadores y equipos eléctricos, podrían estar ya enfrentando dificultades por la ausencia de preferencias comerciales específicas frente a otros competidores.

La preocupación cobra relevancia porque Estados Unidos sigue siendo el principal destino individual para una parte importante de la oferta exportable ecuatoriana.

De acuerdo con datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), entre enero y mayo de 2026 Ecuador exportó 9.996 millones de dólares en productos no petroleros y no mineros, un 5 % menos que en el mismo período del año anterior. De ese total, 2.610 millones de dólares tuvieron como destino Estados Unidos, equivalente al 26 % de participación.

Productos como cacao, flores, frutas, atún, pescado y elaborados de banano dependen en gran medida de la demanda estadounidense.

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La incertidumbre comercial continuará

Más allá del anuncio de este 24 de julio, Legarda considera que la volatilidad seguirá marcando la relación comercial con Estados Unidos.

A su criterio, la administración Trump continuará ajustando instrumentos comerciales y arancelarios conforme avance su agenda económica, lo que mantendrá la incertidumbre para exportadores e inversionistas.

Además, las nuevas medidas podrían enfrentar cuestionamientos legales, revisiones administrativas o modificaciones futuras, lo que dificulta prever un escenario estable a largo plazo. 

Lo que debes saber

• Las empresas de alto voltaje tienen hasta el 15 de diciembre de 2026 para implementar sistemas de generación eléctrica propia.
  
• Las distribuidoras deberán notificar a los clientes, actualizar el catastro y reportar mensualmente el avance de los proyectos.
  
• Representantes del sector advierten que los costos y tiempos de ejecución pueden dificultar el cumplimiento del plazo.

A menos de cinco meses de que venza el plazo fijado en el Decreto Ejecutivo 32, las empresas e industrias consideradas grandes consumidores (clientes regulados de alto voltaje) deberán acelerar la implementación de sus sistemas de generación eléctrica propia. El Gobierno informó que la fecha límite para cumplir esta obligación es el 15 de diciembre de 2026 y dispuso un seguimiento mensual.

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El Viceministerio de Electricidad, que es parte del Ministerio de Ambiente y Energía, emitió los nuevos lineamientos para controlar el cumplimiento de esta disposición, incluida en el Decreto Ejecutivo 32, publicado en el Registro Oficial el 15 de junio de 2025.

Esta normativa otorgó un plazo de 18 meses para que los clientes de tarifa de alto voltaje que no cuentan con sistemas de generación puedan implementar alternativas destinadas a abastecer su propia demanda de electricidad.

Gobierno fija plazo y activa seguimiento

A través de un oficio Nro. MAE-VEER-2026-0255-OF, firmado el 7 de julio de 2026 por Javier Medina, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, se dispuso que las empresas eléctricas distribuidoras notifiquen formalmente a todos los clientes regulados de alto voltaje sobre la obligatoriedad de implementar estos sistemas.

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De acuerdo con este documento, al que accedió Diario EXPRESO las empresas distribuidoras tendrán un plazo máximo de 15 días para comunicar a los usuarios sobre la obligación y recordarles que el periodo para cumplirla finalizará el 15 de diciembre de este año.

La disposición fue dirigida a las empresas eléctricas de Azogues, Centro Sur, Galápagos, Quito, Riobamba, Regional del Sur, Regional Norte, Ambato, Cotopaxi y CNEL.

¿Hay dificultades para cumplir el plazo?

Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, mencionó este 22 de julio de 2026 que las empresas distribuidoras han empezado a notificar ya a las industrias sobre este asunto. 

Sin embargo, subrayó que la implementación de estos proyectos significa un “esfuerzo económico para las empresas”. Por ello, sostuvo que cada una ha avanzado en función de sus posibilidades.

A esto se suma, que la puesta en marcha de estos proyectos no es sencilla. Un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo, puede tomar entre tres y cuatro años, desde sus estudios hasta su operación, refiere Ricardo Buitrón, consultor hidroeléctrico. “Si las firmas optaron por estos equipamientos no es posible realizarlos en 18 meses”.

Además, recordó que si bien una solución fotovoltaica podría ser más rápida se debe considerar también el tiempo que toma los estudios, construcción y sistemas de evacuación de este tipo de energía, que no es firme.

Los costos que demandan estos proyectos también son altos. Por ejemplo, la instalación de un MW de energía hídrica requiere de una inversión de alrededor de $1 o $1,5 millones. En cambio, en fotovoltaica esta potencia equivale a aproximadamente $600.000.

Por su parte, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) tiene previsto reunirse en los próximos días para tratar este tema, según conoció Diario EXPRESO.

Distribuidoras deberán reportar avances cada mes

Para conocer el avance de estos proyectos, las empresas distribuidoras deberán entregar, en el mismo plazo de 15 días, al Viceministerio un catastro actualizado y detallado de los clientes regulados de alto voltaje. 

El registro deberá identificar cuáles industrias ya cuentan con sistemas de autogeneración, cuáles se encuentran implementándolos y cuáles aún están en planificación.

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Las empresas distribuidoras deberán también exigir a cada cliente de alto voltaje la presentación de “un cronograma detallado de los hitos más relevantes para la implementación de sus sistemas de autogeneración”, precisa el oficio.

Estos cronogramas deberán ser remitidos mensualmente al Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable para verificar el avance de los proyectos y asegurar el cumplimiento de la fecha límite.

La medida busca reducir el déficit eléctrico

La implementación de sistemas de autogeneración por parte de los grandes consumidores forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado, que mantiene un déficit de generación eléctrica desde 2023. Actualmente, esa brecha bordea los 1.300 megavatios (MW).

Ante este escenario, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto 32 que dio a las empresas de alto voltaje (AV1 y AV2), consideradas como grandes consumidores, un plazo de 18 meses para cubrir su propia demanda y así reducir la presión sobre el sistema eléctrico.

Mientras el pago llega, hay sueldos y material que no esperan. Por eso marca el mismo número: el de un prestamista informal.

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El 71,8 % de los créditos del chulco corresponde a préstamos de menos de $ 500

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Como ella, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos acceden a financiamiento formal, según el Banco Central. El resto se financia fuera del sistema.

Mariana ni tuvo que buscarlo. En calles y mercados, los prestamistas dejan tarjetas en las puertas de los locales: un celular y dinero en el día, sin buró. Después llega la visita, con vendedores que recorren los negocios, explicó Joaquín Dávalos, CEO de PayJoy en Ecuador.

El costo de la rapidez: cuatro veces más caro

Ella pide al menos $100.000, a un interés de entre 2% y 4% mensual. La tasa depende de quién presta, porque familiares y conocidos cobran menos, y del monto: mientras más alta es la cifra, más baja es.

Al 4%, ese piso genera $4.000 al mes. Como cancela al terminar la obra, tres o cuatro meses después, paga entre $12.000 y $16.000 solo de intereses.

En un banco le tocaría crédito productivo para pymes, con un techo de 11,83% anual: esos $100.000 a cuatro meses le costarían unos $3.943. En el chulco paga cuatro veces más.

Lo sabe y aun así llama. "Primero voy al banco, pero como no tengo respuesta, aparte de que se demora", explicó. 

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Su resumen de la banca es más duro: "Cuando usted tiene dinero, usted es importante para ellos; pero cuando no tiene dinero, no le paran bola".

Del microempresario a la tienda de barrio

Un caso así habría sido raro hace unos años. Fidel Durán, presidente del directorio de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), afirmó que el principal cliente del chulco es el microempresario.

El catedrático de la Universidad Andina David Castellanos fue más lejos: el chulco ya no golpea solo a las personas, sino a negocios formalizados que venden menos de $100.000 al año. Tiendas, llanteras, vulcanizadoras.

Y los montos crecieron. Cuando se hizo el estudio el promedio era $500; hoy ronda los $700 o $1.000, y en algunos casos llega a $200.000, precisó.

¿Por qué el banco no les presta?

Durán explicó que fallan tres cosas: 

Esa barrera es el techo a las tasas vigente desde 2007. Al impedir que la tasa refleje el riesgo de cada cliente, sostiene la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), la regulación terminó dejando gente fuera en lugar de abaratar el crédito.

"Sí existen más préstamos, pero menos personas", afirmó Durán. A eso se suma un filtro que expulsa a los pequeños: sin balances al día, el banco evalúa a la empresa como si fuera una persona, explicó Castellanos.

Su conclusión del estudio del chulco fue que la gente busca acceso más que precio: "No hay crédito más caro que el que no existe". 

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La ilusión de la cuenta bancaria

Mariana está convencida de que su préstamo es lícito: "Con las personas que yo me manejo, ellos sí hacen transferencias, porque sí es dinero lícito", explicó.

Los expertos dicen lo contrario. El economista Santiago García Álvarez, profesor de la Universidad Central, recordó que solo bancos, cooperativas, mutualistas y ONG calificadas pueden prestar. "No existe otra opción".

Castellanos fue tajante: que el dinero pase por el banco no lo vuelve lícito, porque hay que probar el origen de los fondos. 

Sin esa verificación, advirtió, quien recibe puede terminar sin saberlo en el lavado.

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El rostro femenino de la exclusión

Si las empresas pequeñas son el nuevo objetivo del chulco, las mujeres son su víctima histórica: el 52,7% de quienes recurren al préstamo informal son mujeres, según el estudio de Castellanos.

La exclusión que las empuja ahí también tiene rostro femenino. Asobanca calcula que son el 58,2% de la población bancarizable que queda fuera del crédito de consumo: unos 4,2 millones.

Bajo esa cifra caben mundos distintos. En un extremo, empresarias como Mariana, que mueven cifras de seis dígitos y aun así no consiguen que un banco les responda a tiempo.

En el otro está Rosa (nombre protegido), dueña de una verdulería en el sur de Quito, que una vez estuvo a punto de cerrar porque no tenía ni $500 para reponer la mercadería.

A las dos les dijeron que no en el banco, aunque pedían cosas muy distintas. Y encontraron obstáculos que los hombres no tienen: "Los bienes están a nombre del marido, pese a que son de los dos", explicó Durán.

Las entidades exigen además la firma del cónyuge, que muchas no quieren pedir. 

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) mide el resultado: el 28% de ellas tiene crédito, frente al 30% de los hombres.

Aun así pagan mejor. En PayJoy, el 56% de las clientas son madres solteras y el 84% trabaja en la economía informal, pero su mora es más baja que la de los hombres, precisó Dávalos.

La emergencia que empuja al poste

En el caso de Rosa fue una emergencia doméstica. Su hija se enfermó, los exámenes médicos consumieron el dinero del negocio y para el martes ya no tenía con qué comprar verduras en el Mercado Mayorista.

"Pedí prestado a amigos, a familiares, pero nadie podía ayudarme", contó. El chulco no fue su primera opción, sino la última. 

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Ese orden se repite: el préstamo informal se destina sobre todo a mercadería, un 41,84%, y a gastos básicos del hogar, un 30,93%.

Rosa tampoco salió a buscarlo. Vio un papel pegado en un poste con un número de teléfono, llamó y esa misma noche tenía el dinero.

Al banco nunca fue. "No entiendo bien cómo se hace. Dicen que piden un montón de papeles y yo ni sé dónde conseguir todo eso", explicó. No comparó tasas, comparó trámites.

$15 diarios: el costo que no se ve

Rosa,por precaución pidió solo $300. El prestamista le puso una condición sencilla: $15 diarios durante 30 días.

Esa cuota suma $450 en el mes. Es decir, devolvió los $300 y pagó $150 de interés: la mitad de lo que pidió. Por ese mismo préstamo, un microcrédito minorista le habría costado unos $7.

El mecanismo es el mismo en todas partes. "Te dicen: págame cinco diarios hasta finales de mes, y terminan pagando 150", describió Dávalos. El cobro diario disuelve el interés hasta volverlo invisible.

Por eso el 64,56% de los usuarios cree pagar 20% mensual, cuando el promedio real es 103%. Rosa sigue llamando al mismo número: "Ya nos conocemos".

Y el riesgo ya no es solo económico. "Los principales usureros son las propias mafias", advirtió Durán, que se estima que la usura dejaría $3.000 millones al año, sin embargo no es una cifra exacta que se pueda calcular.

¿La reforma puede alejarlas del chulco?

La Asamblea debate una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) que encarga a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria crear un régimen especial de tasas para quienes no tienen historial.

Asobanca respalda esa vía: un segmento de inclusión que incorpore temporalmente a quienes no califican, para que construyan historial y accedan después a mejores condiciones.

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El proyecto no fija ese nivel ni elimina los techos: deja la decisión en la Junta y limita esos créditos a 36 meses. 

La RFD cuenta 1,26 millones de personas ya expulsadas del sistema. Durán va más lejos y pide eliminar los techos.

Castellanos advierte el reverso: sin educación financiera, abrir crédito a quien nunca lo tuvo puede terminar en una nueva ola de morosidad.

Nadie sabe aún a qué tasa se prestará ni cuándo. Mientras se decide, Mariana seguirá llamando al mismo número, y Rosa también: el banco tarda tres meses; el chulco, un día

Lo que debes saber 

• Ecuador reactivará el envío de arroz al mercado colombiano con una operación de 30.000 toneladas métricas.
• Conozca desde cuándo comenzarán los despachos y qué implica este acuerdo para el sector arrocero nacional.

El Gobierno de Ecuador confirmó una negociación para colocar 30.000 toneladas métricas de arroz en el mercado colombiano, una operación que busca reactivar el comercio del cereal entre ambos países. La información fue difundida este 22 de julio de 2026 por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

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El ingreso del producto ecuatoriano está previsto a partir del 25 de julio de 2026, una vez que entren en funcionamiento las operaciones de importación por el paso fronterizo de Rumichaca. Con ello, los exportadores podrán retomar el envío del grano hacia Colombia tras concretarse el acuerdo comercial.

Según el comunicado oficial, esta negociación representa un avance para el sector arrocero nacional y responde a un trabajo conjunto entre las autoridades y los actores de la cadena exportadora. La medida también busca recuperar la presencia del arroz ecuatoriano en uno de sus principales mercados regionales.

El comunicado también señala que esta operación constituye una señal favorable para la recuperación del comercio del arroz entre Ecuador y Colombia. Además, destaca que el proceso fue posible gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el sector exportador y los actores comerciales de ambos países.

Gestiones para ampliar el mercado del arroz ecuatoriano

Las autoridades indicaron que continuarán las gestiones técnicas y comerciales para fortalecer la presencia del arroz ecuatoriano en Colombia. Entre las acciones previstas constan reuniones con autoridades, gremios e importadores para facilitar nuevas oportunidades de negocio.

La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Colombia participará en estas acciones con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la recuperación de los niveles de exportación registrados en años anteriores. El trabajo se enfocará en consolidar el acceso del producto ecuatoriano a ese mercado.

Lo que debes saber

• Los controles detectaron 272.845 litros leche transportada sin cumplir normas de inocuidad. El volumen fue decomisado.
• De los 305.000 productores de leche, hasta el 85% son pequeños y medianos, el segmento al cual le urge capacitación y tecnología.
• Estudios académicos advierten riesgos en la leche informal, tras detectar incumplimientos de calidad en entre el 80% y 100% de las muestras analizadas.

El decomiso de 272.845 litros de leche realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) durante el primer semestre de 2026 evidencia un doble escenario: mientras las acciones de control buscan proteger a los consumidores, también ponen de manifiesto un problema estructural del sector, pues una parte importante de la leche que se produce en el país continúa al margen de la formalidad.

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El boletín oficial, difundido el 21 de julio, detalla que entre enero y junio se ejecutaron 360 operativos en 23 provincias, en los que se inspeccionaron 3,8 millones de litros de leche cruda y se decomisó cerca de 273 mil litros, principalmente por transportarse en tanques inadecuados e incumplir parámetros de inocuidad.

Para entender la dimensión del reto hay que mirar la producción total. Ecuador produce alrededor de 5,2 millones de litros de leche cruda al día, según cifras del Centro de la Industria Láctea (CIL), levantadas a partir de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria del 2025.

Luis López, presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador (Fenaprole), sitúa el problema en la base de la cadena productiva. Según el censo de 2023, el país registra 305.000 productores de leche, de los cuales entre el 80 % y el 85 % son pequeños y medianos. Desde la perspectiva del dirigente, la mayoría de ellos desconocen los estándares de producción y observan la venta diaria de leche “caja chica” con la que pueden obtener liquidez inmediata.

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Esa base atomizada explica, en parte, por qué la informalidad —la leche que se produce y comercializa sin registro— sigue siendo alta, aunque ha ido cediendo terreno. Según el CIL la tasa promedio de leche no registrada entre 2020 y 2025 es de 54%.

Byron Puga, docente e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, precisa que la cifra corresponde a un promedio nacional. En provincias con mayor producción, como Pichincha o Guayas, la informalidad podría ser menor; mientras que en zonas más alejadas de los centros de acopio, como Zamora Chinchipe, Napo o Sucumbíos, estima que "el porcentaje es muchísimo más alto".

Diferencias en producción y riesgo

El investigador también marca una distinción que considera clave para no generar alarma: la leche que llega envasada desde la industria, con registro sanitario, "es totalmente apta para el consumo humano", porque pasa por controles de calidad obligatorios. 

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El riesgo real esta en el segmento que vende leche en camionetas, motos, mercados y puestos de calle, sin ningún tipo de garantía. 

Es importante también considerar que muchos pequeños ganaderos comercializan su leche a través de intermediarios que se encargan de recoger la producción y, en muchos casos, la transportan en tanques plásticos abiertos en lugar de recipientes autorizados de acero inoxidable o aluminio. Según López, el cambio implica costos de entre $50 y $700, dependiendo del tipo y tamaño del tanque, por lo que el sector pide apoyo estatal para facilitar la formalización.

Puga ha recolectado muestras de leche informal en las 24 provincias del país como parte de sus investigaciones —algunas ya publicadas, otras en proceso— y encontró que, en la mayoría de los casos, la leche informal "incumple con al menos uno de los parámetros establecidos por la norma técnica ecuatoriana", en una proporción que va del 80% al 100% de las muestras analizadas.

Un problema de salud pública

La leche sin el tramiento óptimo que garatince su inocuidad y calidad puede representar riesgos de dos tipos, explica Puga: biológicos, por la presencia de patógenos como salmonella, listeria o E. coli, capaces de causar desde problemas gastrointestinales hasta la muerte en poblaciones vulnerables; y químicos, por residuos de antibióticos o metales pesados. 

En sus estudios encontró niveles de plomo por encima de lo permitido en algunas muestras, aunque los niveles de micotoxinas se mantuvieron, en general, dentro de los límites aceptados.

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Sobre la ley que regula al sector

En parte para atender este tipo de vulnerabilidades, la Ley Orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados definió las sanciones y los parámetros de calidad exigibles para toda la cadena productiva.

Esos parámetros se basan en el Código Alimentario, el estándar internacional de buenas prácticas. Ahí se fijan, por ejemplo, los porcentajes mínimos de grasa (3%) y proteína (2,9%) que debe tener la leche cruda, además del límite de 180.000 células somáticas y 250.000 unidades formadoras de colonias.

Sin embargo, fuera de la incautación, la norma prácticamente no contempla sanciones económicas fuertes, según López, aquello fue una decisión deliberada: "se pensó mucho para poder hacer una sanción más allá de la leve", porque cerrar un centro de acopio golpearía a decenas de productores que requieren el sustento diario.

López plantea, además, que la leche decomisada podría tener un mejor destino que el desecho, por ejemplo como abono, algo que Puga confirma como técnicamente viable, aunque ninguno de los dos sabe con certeza qué hace hoy el Estado con esos volúmenes (tampoco aparece en el comunicado oficial).

Ante esta y otras inquietudes, este diario elevó un pedido de información al MAGP, como ente rector, para conocer que provincias concentran la informalidad y la estrategia detrás de estos operativos. Hasta el cierre de esta nota, la cartera de Estado no había respondido.

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Capacitar para frenar la informalidad

Para Puga, la evidencia es clara: los estudios de informalidad de la CIL, los operativos de Agrocalidad y los volúmenes decomisados confirman que existe un problema que aún no ha sido controlado de manera suficiente. 

Ante ello, sostiene que la respuesta no puede limitarse a los controles, sino que requiere una acción coordinada entre el sector público, privado y la academia para "buscar alternativas que permitan garantizar que se siga produciendo leche en el mismo volumen".

En ese contexto, el investigador considera que invertir en la formación de los productores permitiría mejorar el manejo y la salud del ganado, reducir el impacto ambiental e incrementar la producción y los ingresos, tanto para los productores como para el Estado. "Es una ganancia de absolutamente todos", resume.

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López plantea algo similar desde otro ángulo: el país necesita invertir en tecnología para toda la cadena, desde el transporte hasta la comercialización, para no quedarse atrás frente a estándares que cambian constantemente. 

"El código alimentario está modernizando todo el tiempo", advierte, y considera que Ecuador todavía arrastra prácticas y equipamiento rezagados frente a esa evolución.

A pesar de esos factores, el sector lechero genera, según cifras de la CIL, alrededor de 1,5 millones de empleos directos e indirectos y cerca de 2.000 millones de dólares en ingresos anuales. Esa magnitud explica porque actores del sector buscan visibilizar el problema de fondo aún por resolver en la base productiva.

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Lo que se sabe

• El Ministerio de Producción culminó las negociaciones para iniciar los envíos de arroz ecuatoriano a Colombia desde el 25 de julio.
• El sector agroexportador prevé que el flujo de exportaciones será gradual.
• Ecuador busca recuperar espacio en Colombia con 30000 toneladas tras varios meses de restricciones y una mayor presencia de otros proveedores.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció este 22 de julio que se concretó una negociación para exportar 30.000 toneladas métricas de arroz ecuatoriano a Colombia. Según el boletín oficial, el ingreso del producto arrancará el 25 de julio, fecha prevista para habilitar las operaciones de importación por el paso fronterizo de Rumichaca.

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El comunicado calificó la operación como “una señal positiva” para la recuperación de las exportaciones hacia ese mercado.

El anuncio llega apenas dos días después de que venciera el plazo de 45 días fijado en el Decreto 0583 para levantar la restricción terrestre al arroz ecuatoriano.

Ese volumen, equivale a poco más de la mitad de lo que el gremio industrial arrocero exportaba anualmente al mercado colombiano. Sobre esa base, el sector proyecta enviar entre 50.000 y 60.000 toneladas en el segundo semestre, el remanente que no pudo colocarse en Colombia durante los primeros seis meses de 2026 debido al bloqueo.

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No obstante, hay un comportamiento intermitente que ya lo había anticipado a EXPRESO Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom): el flujo de las exportaciones de arroz ecuatoriano hacia Colombia no sería sostenido, puesto que julio mostraría movimiento, pero en agosto se frenaría porque el país vecino entra en su propia cosecha, y las negociaciones recién se reactivarían con fuerza entre septiembre y diciembre.

La venta a Colombia tenía restricciones

La cartera de Producción, Comercio Exterior e Inversiones señaló que, junto a la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Colombia, continuará las gestiones para ampliar oportunidades comerciales y recuperar "los niveles de exportación de años anteriores". 

La meta cobra relevancia luego de que el mercado colombiano permaneciera cerrado y posteriormente restringido entre marzo y gran parte de julio de 2026, un periodo que coincidió con la cosecha de invierno y limitó la colocación de excedentes en ese destino, lo que presionó los precios internos a la baja y afectó los ingresos de los productores.

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Además, el mercado colombiano presenta una reconfiguración cuyo impacto en la competitividad aún está por verse. Entre enero y abril de 2026, las exportaciones de arroz de Estados Unidos hacia ese país aumentaron en 101 millones de kilogramos frente al mismo período de 2025, según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia. 

Los envíos desde Perú crecieron

Los envíos desde Perú también crecieron en 0,35 millones de kilogramos, mientras que Ecuador sostuvo un volumen similar al del año anterior debido a a los despachos realizados antes de que se endurecieran las restricciones comerciales.

En ese contexto, la reanudación de los despachos es el primer paso ante el reto de recuperar la participación del arroz ecuatoriano en el mercado colombiano y restablecer gradualmente los volúmenes de exportación.

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Sin embargo, la marca no desaparecerá del todo. Según el comunicado local, 85 estaciones afiliadas seguirán operando bajo el nombre de Terpel. 

La comercialización de lubricantes de la marca Mobil tampoco se verá afectada, al tratarse de una unidad de negocio independiente.

¿Qué dijo Terpel ante el regulador colombiano?

Tres días antes, el 18 de julio, Organización Terpel S.A. había presentado un comunicado de "Información Relevante" ante la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Ese documento, de carácter regulatorio y obligatorio, describe el proceso de forma diferente.

El texto colombiano también distingue entre los dos tipos de estaciones: las de propiedad de Terpel saldrán este año y las afiliadas, de forma gradual hasta finales de 2030. 

Sin embargo, no precisa cuántas son de cada tipo.

La diferencia está en el alcance. En Colombia, Terpel informa que desinvertirá también las afiliadas. 

En Ecuador, dice que 85 afiliadas seguirán operando bajo su marca. El comunicado colombiano no da cifras; el ecuatoriano sí.

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¿Cuántas estaciones tiene Terpel en Ecuador?

El comunicado ecuatoriano habla de 20 propias y 85 afiliadas, lo que suma 105. 

La memoria integrada 2025 de Empresas Copec, que controla a Terpel, registra 110 estaciones al cierre de ese año. 

El comunicado ecuatoriano suma 105 estaciones; la memoria de Copec registra 110. Terpel no aclaró la diferencia en ninguno de los dos documentos.

¿Es la primera vez que Terpel intenta vender?

No. En junio de 2024, la empresa acordó vender toda su operación en Ecuador y Perú a Primax por $ 64 millones. 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) excluyó estaciones por razones de competencia y Primax terminó el contrato.

En Perú sí se concretó: en septiembre de 2025, Terpel traspasó sus 34 estaciones a Primax y Coesti. En Ecuador no se conoce un nuevo comprador.

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¿Qué dice el sector?

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe), afirmó que la salida de Terpel es un llamado de atención. 

"Se está yendo una importante empresa del país por la escasa rentabilidad, por márgenes congelados, algunos más de 10 años", dijo.

De las 1.200 estaciones que operan en Ecuador, unas 700 trabajan a punto de equilibrio.

 El margen por la venta de diésel es de $ 0,12 por galón, frente a $ 0,33 en Colombia y $ 0,28 en Perú.

Terpel ingresó a Ecuador en 2006 con la compra de la red de Texaco. En 2018 adquirió la red de Mobil, lo que duplicó su tamaño. En 2025, sus dos filiales en el país facturaron $ 693,1 millones, según la Superintendencia de Compañías.

Lo que debes saber

• La venta de electricidad de Colombia a Ecuador continúa suspendida, según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia.
  
• La Resolución 40306 permite contratos bilaterales entre agentes privados, pero no dispone la reactivación de las Transacciones Internacionales de Energía.
  
• Andeg sostiene que aún falta una regulación específica para ejecutar los contratos privados y una resolución que levante la suspensión de las TIE.

La venta de electricidad de Colombia a Ecuador no se reanudará automáticamente con la resolución expedida el 10 de julio de 2026 por el Ministerio de Minas y Energía colombiano, según Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (Andeg).

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El dirigente gremial explicó a EXPRESO que la normativa establece lineamientos para que agentes privados de ambos países puedan comprar y vender electricidad mediante contratos bilaterales de largo plazo. Sin embargo, sostuvo que actualmente no existe un marco regulatorio que permita ejecutar esas operaciones.

“Desde el lado nuestro no vemos viable ese mecanismo porque no está regulado en ninguna parte. Está diciendo que se permite, pero no existe la regulación para que yo, como agente colombiano, pueda venderle un contrato a Ecuador”, afirmó Castañeda.

Su posición contrasta con el anuncio realizado este 22 de julio por Edwin Palma Egea, ministro de Energía de Colombia, quien señaló en su cuenta de X que la resolución ya estaba en firme y que en los próximos días se restablecerían las Transacciones Internacionales de Energía (TIE) entre Colombia y Ecuador.

Palma afirmó que la normativa habilita nuevamente la comercialización de electricidad entre agentes privados y que el restablecimiento de las TIE fortalecerá la seguridad energética de ambos países.

No obstante, Castañeda sostiene que la nueva resolución no habilita el intercambio de energía entre Colombia y Ecuador, que se ha empleado en los últimos 20 años.

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El presidente de Andeg explicó que las TIE constituyen el mecanismo reconocido dentro del marco de la Comunidad Andina y regulado para realizar intercambios entre los sistemas eléctricos de Colombia y Ecuador.

Según Castañeda, para que estas operaciones -que se realizan desde hace más de 20 años- vuelvan a ejecutarse se requiere una resolución específica que levante la suspensión del 22 de enero de 2026 y disponga que las Transacciones Internacionales de Energía vuelvan a estar vigentes.

“Ese intercambio es el de las TIE. Es el único mecanismo que está aprobado en el marco de la CAN y que existe regulatoriamente. Para eso no han expedido todavía la resolución que diga que se reactiva”, señaló.

Por esta razón, aseguró que las ventas de electricidad hacia Ecuador continúan suspendidas.

¿Que establece la nueva resolución de Colombia?

La Resolución 40306, expedida el 10 de julio de 2026, habilita que agentes privados del mercado eléctrico de Colombia y participantes de Ecuador puedan celebrar contratos bilaterales de compra y venta de electricidad.

Este documento, al que accedió Diario EXPRESO, precisa que estos contratos tienen únicamente un carácter comercial y no modifican la operación de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE). El uso de la interconexión continuará dependiendo del despacho económico coordinado entre ambos sistemas, mientras que las reglas sobre garantías, liquidación, facturación y administración de las TIE permanecen sin cambios.

Asimismo, la resolución dispone que los contratos deberán registrarse ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), que definirá los procedimientos para ese registro y elaborará reportes para las autoridades y el público.

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Para Castañeda, estas disposiciones no son suficientes para poner en funcionamiento los contratos privados planteados por el Ministerio.

“La resolución carece de un marco regulatorio suficiente para que pueda ser aplicada. No está definido quién producirá la energía, cómo se venderá ni cuál será el procedimiento para ejecutar esos contratos”, afirmó.

La resolución carece de un marco regulatorio suficiente para que pueda ser aplicada. No está definido quién producirá la energía, cómo se venderá ni cuál será el procedimiento para ejecutar esos contratos”.Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (Andeg).

El dirigente también cuestionó que no se haya determinado con claridad cuáles serían los agentes privados que participarían en Ecuador y en Colombia.

Previo a esta resolución, los intercambios de energía eran coordinados por XM de Colombia y el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) de Ecuador.

Exportaciones están suspendidas desde enero

Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador el 22 de enero de 2026, en medio de la disputa comercial originada por la tasa de seguridad aplicada por el Gobierno de Daniel Noboa a las importaciones procedentes del país vecino.

Esta restricción se produjo pese a que el suministro colombiano es estratégico para Ecuador. Las importaciones pueden alcanzar hasta 450 megavatios (MW), equivalentes a entre el 8 % y el 11 % de la demanda promedio nacional, que bordea los 4.250 MW, según el consultor energético Ricardo Buitrón.

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Además, la disponibilidad de electricidad importada permite reducir el uso de las centrales hidroeléctricas ecuatorianas y conservar agua en el embalse de Mazar antes del estiaje, periodo que se extiende entre octubre y marzo.

“En Ecuador no somos autosuficientes frente a la ocurrencia de un periodo de estiaje que puede reducir la generación hidroeléctrica”, señaló Buitrón.

Con ese peso en la economía, Banco Pichincha y Rabobank —cooperativo neerlandés líder mundial en financiamiento agroalimentario— renovaron hasta octubre de 2028 la alianza que mantienen desde 2019 para impulsar el crédito, la asistencia técnica y la sostenibilidad del campo ecuatoriano.

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La cartera de créditos agrícolas de Pichincha pasó de $ 980 millones en 2019 a $ 2.434 millones al cierre de 2025. 

A mayo de 2026 alcanzó $ 2.636 millones y la meta de diciembre es $ 2.700 millones.

¿Qué cambió en la inclusión financiera del campo?

Víctor Peñaherrera, gerente comercial agrícola de Banco Pichincha, explicó que el banco pasó de 225.000 clientes agrícolas a más de 520.000 con cuenta activa. Unos 700.000 microproductores ya están bancarizados.

Solo en desembolsos a productores primarios se superaron los $ 1.500 millones. La cartera destinada exclusivamente a producción en campo alcanza los $ 885 millones y el segmento rural creció 150 %.

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"No solamente se trata de colocar créditos, sino de monitorear de punta a punta cada operación, con visitas en campo y asistencias técnicas", dijo Peñaherrera.

El crédito agroindustrial del sistema financiero supera los $ 12.000 millones. La participación de Pichincha en ese total pasó del 15 % al 29,8 % en cinco años.

¿Qué aporta Rabobank a Ecuador?

Rabobank nació hace casi 130 años en Holanda, fundado por productores sin acceso al crédito urbano. Hoy atiende al 85 % de la cadena agroalimentaria holandesa y opera a escala global.

Joris Timmers, exdirector de programas de Rabo Partnerships, afirmó que en Ecuador encontró "un socio con apetito de contribuir al desarrollo del país, no solo atender a grandes empresas, sino también a los pequeños productores".

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"No solamente falta acceso al financiamiento. Falta también acceso al conocimiento, a la tecnología y a una cadena formalizada", aseguró Timmers. Rabobank comparte esa experiencia acumulada con Pichincha para que la traslade a sus clientes.

Federico Rossi, advisory program manager de Rabo Partnerships, precisó que la alianza abarca cinco pilares: 

"Creemos fuertemente en lograr la resiliencia a largo plazo", afirmó Rossi. El objetivo es incorporar el cambio climático en el manejo del portafolio de Banco Pichincha.

Clientes corporativos de Rabobank compran cacao, camarón y banano ecuatoriano, lo que conecta a pequeños agricultores con compradores internacionales.

Solo en empleo, banano genera más de 250.000 puestos directos, camarón supera los 245.000 y cacao involucra a unas 400.000 personas. A eso se suman 100.000 empleos en flores y más de 120.000 en pesca y atún.

¿Cómo se preparan para El Niño?

Banco Pichincha diseñó un plan por fases.

En la etapa previa, que ya está en marcha, financia tecnificación, muros, canales y drenajes con un costo estimado por hectárea para cada subsector.

Los cultivos más vulnerables son maíz y arroz en Guayas y Los Ríos. Daule, Palestina y Santa Lucía concentran el 75 % de las hectáreas de maíz; Vinces, Ventanas y Pueblo Viejo abarcan el 68 % de la superficie arrocera.

"Estos son sectores de subsistencia. Cuando se dan estos fenómenos, los productores lo que deciden es no sembrar", advirtió Peñaherrera. Para evitarlo, el banco aplica alivios financieros y refinanciamientos diferenciados por segmento.

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El antecedente es 2023: el sector pesquero fue afectado y los días de captura pasaron de 45 a 92, pero las líneas de crédito no se suspendieron.

"Lejos de frenar, el banco estuvo siempre predispuesto a seguir financiando al sector y a darles medidas de oxigenación a los clientes complicados", aseguró Peñaherrera.

Timmers agregó que el riesgo climático exige una visión de largo plazo. "Es importante anticipar El Niño, pero también fortalecer la resiliencia de los productores agrícolas", dijo.

¿Qué herramientas técnicas reciben los productores?

El equipo agrícola del banco desarrolló un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas con medidas preventivas por sector, que incluye sostenibilidad, manejo del agua y cuidado de las personas.

Entre las herramientas creadas con asesoría de Rabobank figuran un seguro agropecuario para cultivos de ciclo corto y productos de tecnificación para cacao, banano, palma y caña de azúcar.

En cacao, el desafío es doble: en 2026 vence el plazo para la certificación europea contra la deforestación (EUDR), que afecta al 60 % de las exportaciones cacaoteras dirigidas a Europa.

El banco trabaja con empresas ancla para que los microempresarios georreferencien sus haciendas y apliquen la certificación progresivamente. Timmers afirmó que existen agtech capaces de apoyar con imágenes de satélite para predecir sequías o plagas.

La alianza también impulsa la educación financiera rural. En 2025, el banco impactó a más de 1.000 clientes del agro con talleres, mentorías y la plataforma Aprendamos de Dinero. En 2026, la meta es superar esa cifra en 22 %.

Rossi destacó lo que considera un diferenciador de Pichincha: "Es de los bancos que se quedan a largo plazo, a pesar de que pase el chaparrón. Eso no es algo que normalmente vemos en otros países", afirmó.

Lo que debes saber

• Colombia reanudará en los próximos días la venta de electricidad a Ecuador mediante contratos entre agentes privados.
  
• Las Transacciones Internacionales de Energía estuvieron suspendidas desde el 22 de enero de 2026, tras la aplicación de la tasa de seguridad del 30 %.
  
• El aporte colombiano puede alcanzar los 450 megavatios y representa entre el 8 % y el 11 % de la demanda promedio de Ecuador.

A seis meses de la suspensión de la venta de energía eléctrica de Colombia a Ecuador -en medio de la pugna por la tasa de seguridad- el país vecino anunció que en los próximos días se reanudará la comercialización de electricidad con Ecuador mediante contratos entre agentes privados, según anunció este 22 de julio de 2026 el ministro de Minas y Energía de ese país, Edwin Palma Egea.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario de Colombia informó que "ya quedó en firme la resolución que habilita nuevamente la comercialización de energía entre agentes privados de ambos países" y señaló que en los próximos días se restablecerán las Transacciones Internacionales de Energía (TIE).

"Los pueblos recuerdan lo que algunos gobiernos olvidan: cuando llegan las sequías y el Fenómeno de El Niño, Colombia y Ecuador siempre han tendido la mano del otro lado de la frontera", escribió Palma. Añadió que la cooperación energética "ha protegido hogares y, en muchos casos, ha salvado vidas".

El ministro aseguró que el restablecimiento de las TIE fortalecerá "un mecanismo histórico que contribuye a la seguridad energética de nuestras naciones", aunque enfatizó que se garantizarán "la soberanía energética y el interés nacional de Colombia".

Además, sostuvo que, por instrucción del presidente Gustavo Petro, "la energía no puede ser rehén de las diferencias políticas" y debe servir como un instrumento de integración entre los países de América Latina.

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¿La venta de electricidad tendrá condiciones?

El anuncio se produce a tres semanas del cambio de mando en Colombia, que será el 7 de agosto de 2026.

Además, ocurre días después de que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia pusiera en consulta pública un proyecto de resolución para restablecer las exportaciones de electricidad hacia Ecuador mediante contratos bilaterales entre agentes privados.

Esta propuesta mantenía como condición que cualquier exportación estuviera subordinada al abastecimiento de la demanda interna colombiana y a la disponibilidad del sistema eléctrico.

Las exportaciones de electricidad desde Colombia permanecían suspendidas desde el 22 de enero de 2026. En ese momento, el Gobierno colombiano interrumpió las ventas hacia Ecuador tras el anuncio de la tasa de seguridad del 30 % aplicada por el Gobierno de Daniel Noboa a las importaciones provenientes del vecino país.

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¿Por que es importante el aporte de Colombia?

La suspensión de la venta de electricidad de Colombia para Ecuador ocurrió pese a que este suministro es estratégico para Ecuador, ya que el aporte colombiano, de hasta 450 megavatios (MW), equivale a entre el 8 % y el 11 % de la demanda promedio del país (4.250 MW), señala Ricardo Buitrón, consultor energético.

Además, este aporte permite que Ecuador mantenga su principal embalse (Mazar) en niveles altos para así contar con reservas, previo a la llegada del estiaje, que va de octubre a marzo.

“En Ecuador no somos autosuficientes frente a la ocurrencia de un periodo de estiaje que puede reducir la generación hidroeléctrica”, enfatizó Buitrón.

Lo que debes saber

• El plazo para que los clientes regulados de alto voltaje implementen sistemas de autogeneración vence el 15 de diciembre de 2026, según el Decreto Ejecutivo 32.
  
• El Viceministerio de Electricidad ordenó a las empresas distribuidoras notificar a los usuarios, levantar un catastro actualizado y remitir informes mensuales sobre el avance de los proyectos.
  
• La medida busca impulsar la incorporación de generación propia en grandes consumidores como mineras, acereras y otras industrias, en medio del déficit eléctrico cercano a 1.300 MW que tiene Ecuador.

A menos de cinco meses de que venza el plazo fijado en el Decreto Ejecutivo 32, las empresas e industrias consideradas clientes regulados de alto voltaje deberán acelerar la implementación de sus sistemas de autogeneración eléctrica. El Gobierno informó que la fecha límite para cumplir esta obligación es el 15 de diciembre de 2026 y dispuso un seguimiento mensual de los proyectos.

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El Viceministerio de Electricidad, que es parte del Ministerio de Ambiente y Energía, emitió nuevos lineamientos para controlar el cumplimiento de esta disposición, incluida en el Decreto Ejecutivo 32, publicado en el Registro Oficial el 15 de junio de 2025.

Esta normativa otorgó un plazo de 18 meses para que los clientes de tarifa de alto voltaje que no cuentan con sistemas de generación puedan implementar alternativas destinadas a abastecer su propia demanda de electricidad.

Distribuidoras deberán notificar a los clientes

A través del oficio Nro. MAE-VEER-2026-0255-OF, firmado el 7 de julio de 2026 por Javier Medina, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, se dispuso que las empresas eléctricas distribuidoras notifiquen formalmente a todos los clientes regulados de alto voltaje sobre la obligatoriedad de implementar estos sistemas.

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De acuerdo con este documento, al que accedió Diario EXPRESO las distribuidoras tendrán un plazo máximo de 15 días para comunicar a los usuarios sobre la obligación y recordarles que el periodo para cumplirla finalizará el 15 de diciembre de este año.

La disposición fue dirigida a las empresas eléctricas de Azogues, Centro Sur, Galápagos, Quito, Riobamba, Regional del Sur, Regional Norte, Ambato, Cotopaxi y CNEL.

El Viceministerio pide un catastro actualizado

En el mismo plazo de 15 días, las empresas distribuidoras deberán entregar al viceministerio un catastro actualizado y detallado de los clientes regulados de alto voltaje.

El registro deberá identificar cuáles empresas ya cuentan con sistemas de autogeneración, cuáles se encuentran implementándolos y cuáles todavía están en la etapa de planificación.

Habrá seguimiento mensual

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Las empresas distribuidoras también deberán exigir a cada cliente de alto voltaje la presentación de “un cronograma detallado de los hitos más relevantes para la implementación de sus sistemas de autogeneración”.

Estos cronogramas deberán ser remitidos mensualmente al Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable para verificar el avance de los proyectos y asegurar el cumplimiento de la fecha límite.

¿Por qué las empresas deben generar su energía propia en Ecuador?

La implementación de sistemas de autogeneración por parte de los grandes consumidores forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado, que mantiene un déficit de generación eléctrica desde 2023. Actualmente, esa brecha bordea los 1.300 megavatios (MW).

Ante este escenario, el presidente Daniel Noboa emitió en junio de 2025 el Decreto Ejecutivo 32 que dio a las empresas de alto voltaje (AV1 y AV2), consideradas como grandes consumidores, un plazo de 18 meses (hasta diciembre de 2026) para cubrir su propia demanda y así reducir la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

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Los consumidores de alto voltaje en Ecuador se clasifican en dos grupos: AV1 y AV2. 

Dentro de este último grupo (AV2) se encuentran, las mineras Lundin Gold, Ecuacorriente, las acereras Novacero y Adelca, que en conjunto demandan alrededor de 250 MW, que equivale al 6 % de la demanda promedio nacional (4.200 MW). Además, consta también Petroecuador.

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Las opciones de Ecuador contra Chevron: salidas para no pagar millonaria deuda

Vanessa López

¿Por qué pierden millones mientras los gigantes crecen?

El contraste se explica por la capacidad que tienen las grandes compañías para acceder a financiamiento, tecnología, mercados internacionales y economías de escala. Empresas de sectores como minería, comercio, alimentos y exportaciones han incrementado sus ventas y mejorado su posición competitiva, mientras que los pequeños negocios enfrentan costos más altos, menor acceso al crédito y una limitada capacidad para absorber golpes económicos, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías (Supercías).

Según un estudio elaborado por la Universidad Politécnica Salesiana, las pymes también cargan con problemas estructurales que reducen sus posibilidades de crecimiento. La inseguridad, las extorsiones y la caída del consumo han golpeado especialmente a emprendimientos y negocios familiares, que cuentan con menos recursos para invertir en seguridad, innovación o expansión.

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El sector bananero fortalece una alianza para impulsar la innovación y la competitividad

Vanessa López

El desafío para Ecuador es evitar que la recuperación económica beneficie únicamente a los grandes grupos empresariales. Expertos y gremios empresariales plantean que las pymes necesitan mejores condiciones de financiamiento, reducción de costos, seguridad y políticas que impulsen su productividad. Sin estas medidas, la brecha entre los gigantes económicos y los pequeños negocios podría seguir ampliándose.

De acuerdo con la Supercías, mientras las grandes empresas elevaron sus ganancias de 6.569 millones a 8.682 millones de dólares (un aumento del 32%) y concentraron el 87% de todas las utilidades generadas en 2025, las microempresas siguieron en números rojos.

Aunque sus pérdidas se redujeron de 292 millones de dólares en 2024 a 231 millones en 2025, continúan registrando resultados negativos de manera consecutiva desde 2022.

No obstante, sectores políticos, sociales y las mismas comunidades afectadas por Chevron han dado ideas públicas al Gobierno de cómo evitar pagar la deuda millonaria.

El 17 de julio de 2026, Chevron y su filial TexPet presentaron una petición ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, con el propósito de que la justicia de ese país reconozca y ejecute el laudo arbitral emitido a su favor en La Haya el 17 de noviembre de 2025.

La acción judicial pretende que los tribunales estadounidenses obliguen al Estado ecuatoriano a cumplir con las obligaciones económicas establecidas en ese fallo arbitral. De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, el monto reclamado asciende a $224,3 millones.

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Salidas para no pagar millonaria deuda

Desde el mismo Gobierno, se ha barajado la idea de oponerse al reconocimiento del laudo arbitral ante la Corte del Distrito de Columbia, donde Chevron busca ejecutar la sentencia, utilizando las causales limitadas que permite la legislación estadounidense y la Convención de Nueva York. No implica reabrir el caso, sino cuestionar aspectos formales de la ejecución.

La Procuraduría ya obtuvo una reducción del monto inicialmente reclamado por Chevron. El laudo definitivo fijó la indemnización en $224,3 millones, frente a una pretensión superior a $ 3.300 millones. La entidad ha indicado que, si existieran nuevos errores de cálculo o aspectos técnicos, el Estado podría intentar nuevas aclaraciones, aunque el margen es reducido.

La propuesta más comentada proviene de organizaciones de afectados por la contaminación atribuida a Texaco-Chevron. Ellos sostienen que, si Ecuador debe pagar los $224 millones a Chevron, ese dinero debería ser embargado para satisfacer parcialmente la sentencia ecuatoriana de miles de millones de dólares obtenida por las comunidades amazónicas contra la petrolera.

Según el comunicado del MAGP, la alianza constituye un nuevo paso para consolidar el trabajo articulado entre el sector público, la cooperación internacional y el sector productivo, con el propósito de promover una producción bananera más competitiva, sostenible y resiliente, capaz de responder a los desafíos de los mercados internacionales y del cambio climático.

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Ecuador y Canadá firmarán un TLC: estos productos podrían beneficiarse

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Desarrollo de iniciativas que impulsen la investigación científica

El convenio establece un marco de cooperación para desarrollar iniciativas que impulsen la investigación científica, la innovación tecnológica, la capacitación de productores y técnicos, el intercambio de experiencias y la gestión de proyectos que contribuyan al fortalecimiento de toda la cadena de valor de las musáceas en el Ecuador. Asimismo, permitirá identificar nuevas oportunidades de cooperación nacional e internacional en beneficio del sector bananero y platanero.

“Estamos contentos de poder articular estas importantes alianzas que de seguro permitirán fortalecer el sector productivo del Ecuador (...) porque ese es nuestro objetivo, trabajar para mejorar la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas”, mencionó Renzo Galgani, representante del IICA en Ecuador.

Por su parte, el representante del Clúster Bananero y Platanero del Ecuador y Director Ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones. "Agradezco al Ministerio por permitirnos trabajar en esta alianza con un gran aliado como es el IICA porque con acciones conjuntas podremos seguir fortaleciendo el sector del banano llevando más Ecuador al mundo".

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Reforma aduanera en Ecuador: así cambiarán los reclamos y el abandono de mercancía

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Un pilar de la economía ecuatoriana

La firma de este convenio cobra especial relevancia al considerar la importancia estratégica que tiene el banano para el Ecuador. El país se mantiene como el principal exportador mundial de banano, mientras que AEBE agrupa a empresas que representan más del 70 % de las exportaciones nacionales de esta fruta.

"Este viernes 24 de julio, en Canadá, se realizará la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá, un hito importante para las relaciones comerciales y bilaterales con este socio estratégico", dijo el martes pasado Roger Crespo, viceministro ecuatoriano de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

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Reforma aduanera en Ecuador: así cambiarán los reclamos y el abandono de mercancía

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¿Qué productos ecuatorianos podrían beneficiarse?

Entre los productos y sectores ecuatorianos que podrían verse más beneficiados se encuentran:

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Al mismo tiempo, durante la negociación se establecieron medidas para proteger algunos sectores considerados sensibles en Ecuador, entre ellos arroz, lácteos, maíz, azúcar y carnes de cerdo, res y ave.

Además del incremento esperado en las exportaciones, el Gobierno ecuatoriano sostiene que el TLC podría favorecer la generación de empleo, fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y ampliar la participación de empresas exportadoras lideradas por mujeres. 

Se trata del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en materia aduanera, que fue aprobado con 87 votos afirmativos en el Pleno el pasado 16 de julio.

El asambleísta Sergio Peña, ponente del informe, expuso que actualmente más de 12.000 contenedores ingresan cada año al régimen de abandono, con mercancías valoradas en aproximadamente 450 millones de dólares.

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¿Cómo cambiarán los reclamos y el abandono de mercancía?

La normativa modifica los procedimientos para que los propietarios regularicen observaciones y reclamen sus mercancías en menor tiempo, con el fin de evitar que permanezcan almacenadas por largos períodos.

El tiempo para que los propietarios reclamen sus bienes almacenados bajo custodia de la Aduana se reduce de 20 a 15 días una vez cumplidos los procedimientos de notificación.

Otro de los cambios es que, cuando los bienes no sean retirados o regularizados dentro de los plazos legales, podrán ser declarados en abandono definitivo y la Aduana estará facultada para disponer de ellos mediante subastas u otros mecanismos previstos en la ley.

Asimismo, la reforma aclara qué legislación y qué impuestos aduaneros se aplican a las mercancías que ingresan o salen del país, para evitar interpretaciones ambiguas durante los procesos de importación y exportación.

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También se establece que la fecha oficial de llegada será el momento en que el barco, avión o camión arriba al distrito aduanero donde se descargará la mercancía. Esa fecha sirve para calcular plazos legales, pagos de impuestos y otros procedimientos aduaneros.

La normativa amplía las causales para el decomiso administrativo, permitiendo que la Aduana confisque los medios de transporte que ingresen al país evadiendo los controles aduaneros y que permanezcan sin ser reclamados durante 90 días.

Según los impulsores de la ley, estas modificaciones responden a la necesidad de optimizar la administración aduanera, fortalecer el control de las mercancías y facilitar el comercio exterior.

Lo que debes saber

• Las utilidades empresariales crecieron 34 % en 2025 y alcanzaron un récord de $10.017 millones, pero el 87 % se concentró en las grandes empresas.
  
• Las microempresas continuaron registrando pérdidas por cuarto año consecutivo, pese a una leve reducción de los números rojos.
  
• Analistas atribuyen esta brecha a la falta de financiamiento, la inseguridad, la competencia informal y la ausencia de una ley específica para las pymes.

El 2025 dejó una fotografía aparentemente positiva para la economía ecuatoriana. Las utilidades empresariales alcanzaron niveles récord, en medio de un año de crecimiento económico. Sin embargo, detrás de esas cifras se esconde una realidad menos alentadora: las empresas más pequeñas, que constituyen la base del tejido productivo nacional, continuaron acumulando pérdidas.

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De acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías (Supercías), de las 149.495 empresas que presentaron sus estados financieros (el último ejercicio económico del 2025) a junio de este año, solo 68.423 registraron utilidades, lo que equivale al 46% del total de empresas.

Estos valores, según un estudio elaborado por la Universidad Politécnica Salesiana, pasaron de 7.463 millones de dólares en 2024 a 10.017 millones en 2025, un incremento de 2.554 millones o del 34%.

No obstante, ese crecimiento no se distribuyó de manera uniforme.

Las grandes empresas elevaron sus ganancias

Mientras las grandes empresas elevaron sus ganancias de 6.569 millones a 8.682 millones de dólares (un aumento del 32%) y concentraron el 87% de todas las utilidades generadas en 2025, las microempresas siguieron en números rojos.

Aunque sus pérdidas se redujeron de 292 millones de dólares en 2024 a 231 millones en 2025, continúan registrando resultados negativos de manera consecutiva desde 2022.

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Más ganancias, más desigualdad

De acuerdo con este estudio, al que accedió EXPRESO, las “actividades financieras y de seguros” fueron las que concentraron las mayores utilidades el año pasado. Este sector obtuvo ganancias por 2.406 millones de dólares, equivalentes al 24,02% del total nacional, tras registrar un crecimiento del 41% respecto al año anterior.

Para Luis Bayardo, director de la carrera de Economía de la Salesiana, estos resultados son un reflejo de que el crecimiento económico no está llegando a todos los segmentos empresariales por igual. “Cada vez más gente tiene menos y menos gente tiene más”, sostiene.

El académico respalda su afirmación con datos del Banco Mundial. Según explica, el organismo divide a la población en cinco quintiles de ingreso. En 2024, el quintil más rico concentraba el 50% de todos los ingresos del país. En 2025 esa participación subió al 51%, una señal de que la distribución de la riqueza tiende a concentrarse.

Esa lógica, dice, se refleja en el sector empresarial: mientras los segmentos más grandes acumulan utilidades crecientes, miles de pequeños negocios luchan por sobrevivir.

Negocios de subsistencia

Para Christian Cisneros, representante de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador (Canape), el problema comienza incluso antes de que las empresas entren al mercado.

Explica que el 95% del tejido empresarial ecuatoriano está compuesto por microempresas, pero gran parte de ellas surgen por necesidad económica o desempleo, y no como respuesta a una demanda específica del mercado.

La consecuencia de esto, señalan los expertos, es que terminan operando en un mercado donde numerosos negocios compiten entre sí por los mismos clientes, muchas veces en condiciones de informalidad y sin planificación suficiente para crecer hacia categorías superiores.

Héctor Delgado, analista económico y expresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), dice que a ello se suman factores como la inseguridad, la falta de liquidez y las dificultades para acceder al financiamiento formal, que obligan a muchos emprendedores a recurrir al crédito informal o al denominado ‘chulco’, con tasas de interés que, según un reciente estudio de Equifax, alcanzan en promedio el 1.238% anual.

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A ese escenario “se suma la dificultad que tienen los pequeños negocios para incorporar tecnología y con ello mejorar su productividad, además de acceder a procesos de capacitación que les permitan ser más competitivos”, en un mercado donde además compiten cada vez más productos importados y la fuerte oferta de plataformas de comercio electrónico.

Según Cisneros, rubros como el textil y el calzado han registrado caídas de entre el 30% y el 40% en sus volúmenes de ventas formales desde el año 2023, debido a una mayor oferta foránea.

Los analistas coinciden en que existe una deuda histórica en materia de políticas públicas para las pequeñas empresas. “Tenemos una Ley de Economía Popular y Solidaria, pero no hay ninguna ley de pymes”, advierte Cisneros.

A su juicio, la ausencia de un marco legal específico impide desarrollar instrumentos que permitan fortalecer a un sector que representa a la inmensa mayoría del aparato productivo nacional.

El acceso a créditos es diferenciado

Entre sus propuestas figuran la incorporación de sistemas de gestión y calidad como política de Estado, mecanismos que faciliten la asociatividad empresarial para exportar de manera conjunta y, sobre todo, soluciones para el acceso al financiamiento.

Mientras las grandes compañías acceden a créditos productivos con tasas relativamente bajas, las micro y pequeñas empresas suelen enfrentar intereses de entre el 21% y el 27% en el sistema cooperativo, debido a que muchas veces son evaluadas bajo esquemas similares a los del crédito de consumo.

Por ello, Canape plantea que la banca pública implemente sistemas de garantías o fideicomisos que respalden a las pequeñas empresas cuando no cuentan con suficientes activos para cubrir las exigencias de los bancos.

Gremios más debilitados

La situación ya muestra efectos visibles. Según Canape, varias cámaras provinciales de la pequeña industria, como las de Tungurahua e Imbabura, desaparecieron tras ser absorbidas por organizaciones empresariales más grandes.

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Esto debido a un menor número de afiliados. Gremios que antes del período 2019-2021 reunían entre 2.000 y 5.000 socios, hoy apenas mantienen entre 300 y 400 miembros.

La propia Canape funciona como una cámara de gremios que agrupa a 17 organizaciones provinciales y nacionales.

Somos testigos de una evolución favorable del crédito al sector privado en Ecuador. Gracias a un manejo adecuado, la capitalización de utilidades y nuevas fuentes de fondeo externo, el crédito total en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) creció desde un 12.3% en el año 2005 al 57.3% a finales del año 2025. A pesar del progreso observado, cifras del Banco Mundial dejan al Ecuador con estos resultados en el medio de la tabla de posiciones en América Latina, liderada por Chile con un indicador de 102% del PIB, cercano a los niveles observados en países desarrollados, mientras en el otro extremo está Argentina con 18% del PIB.

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Datos más recientes confirma que la tendencia se mantiene. A mayo 2026, las últimas cifras disponibles del Banco Central del Ecuador muestran que el saldo de crédito del sistema financiero ecuatoriano alcanzó los $73.087 millones, un crecimiento del 10.7% en términos anuales, tasa relativamente alta para una economía que crece aproximadamente el 2% anual y enfrenta una tasa de inflación del 1%.

Sin embargo, no todos los segmentos de crédito avanzan a la misma velocidad. El crédito total a los hogares alcanzó los $47.267 millones en mayo 2026, con una tasa de crecimiento interanual del 7.8%. Si separamos los bancos privados de las cooperativas del segmento 1 y 2 vemos que la tasa de crecimiento en la cartera de consumo difiere significativamente. A mayo 2026, el crédito de los bancos a los hogares creció 10.0% en términos interanuales, mientras en las cooperativas creció 4.9%.

La mayor expansión se da en el sector corporativo, casi totalmente atendido por el sector bancario. El saldo de la cartera de préstamos a empresas alcanzó $28.299 millones (equivalente al 20.5% del PIB), con una expansión del 16.7% en términos anuales. Mayor optimismo en las empresas ante la relativa estabilidad económica y política, a pesar del limitado progreso en temas de seguridad y generación de empleo, ha resultado en una expansión notable en la concesión de crédito al sector. Si bien desde 2024 muchas empresas se beneficiaron de la liquidez del sistema financiero para realizar reestructuraciones de deuda en condiciones muy atractivas, los préstamos más recientes responden a necesidades de las empresas para financiar su expansión, mejorar sus niveles de productividad o requerimientos de capital de trabajo.

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El reto es sostener la calidad del crédito

El gran desafío para todas las instituciones del sistema financiero, tanto bancos como cooperativas, es el encontrar clientes con buenos perfiles crediticio, y así evitar riesgos de sobre endeudamiento con aquellos que ya han tomado créditos con varias entidades, donde un crédito adicional puede deteriorar su capacidad de pago. Si bien la calidad de los portafolios de crédito a nivel agregado se ve relativamente bien, con un índice de mora (cartera vencida/cartera total) de 4.5%, este difiere mucho entre instituciones. Además, es más fácil mostrar un buen número cuando la cartera crece, pues se diluyen los malos préstamos.

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Este es el momento en el que bancos y las cooperativas deben ser mucho más proactivos en el manejo contracíclico del riesgo, una estrategia donde las entidades financieras endurecen sus políticas de crédito y acumulan reservas durante las fases de expansión económica, para luego flexibilizar el financiamiento y liberar provisiones o capital durante las recesiones, suavizando así los ciclos económicos. Esperemos los administradores de las instituciones financieras sigan a la altura de las circunstancias.

Lo que debes saber

• Compete beneficiará a 70 pymes ecuatorianas de los sectores agroalimentario, decoración, textiles y artesanías.
  
• Las empresas recibirán asistencia técnica para cumplir requisitos del mercado canadiense y fortalecer su capacidad exportadora.
  
• La firma del TLC está prevista para el 24 de julio, pero aún debe superar trámites internos en Ecuador y Canadá antes de entrar en vigor.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) lideradas por mujeres en Ecuador contarán con un nuevo programa para fortalecer sus capacidades exportadoras y facilitar su ingreso al mercado canadiense. Así lo informó este 21 de julio de 2026 el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (Mpcei).

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Esta entidad a través de Pro Ecuador y la organización Trade Facilitation Office Canada (TFO Canadá) presentaron este martes el proyecto Compete, una iniciativa que brindará asistencia técnica especializada a empresas con potencial exportador, lideradas por mujeres.

El programa está dirigido a empresas de los sectores agroalimentario, decoración del hogar, textiles y artesanías, especialmente aquellas ubicadas en zonas con mayores desafíos de desarrollo. El objetivo es impulsar un crecimiento económico inclusivo, sostenible y resiliente mediante el fortalecimiento de sus capacidades comerciales.

Como parte del proyecto, las empresas recibirán acompañamiento para mejorar su preparación exportadora, incorporar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), fortalecer el uso de herramientas digitales y cumplir con los requisitos exigidos por el mercado canadiense.

70 empresas ecuatorianas serán beneficiadas

Compete forma parte de un programa regional que también se implementará en Bolivia, Colombia y Perú. En total beneficiará a 280 pymes lideradas por mujeres, de las cuales 70 corresponden a Ecuador.

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El proyecto prioriza el fortalecimiento de capacidades empresariales, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, la adopción de buenas prácticas ESG y el acceso a nuevos mercados internacionales.

La iniciativa da continuidad a la cooperación entre el MPCEI y TFO Canadá. En una fase anterior, ambas instituciones apoyaron a 165 pymes ecuatorianas de los sectores de frutas tropicales, alimentos procesados, cacao y derivados para fortalecer su acceso a mercados internacionales.

Como parte del lanzamiento también se desarrolló el seminario "¿Cómo exportar a Canadá?", orientado a brindar información sobre oportunidades comerciales y los requisitos para ingresar a ese mercado.

Acuerdo en la antesala del TLC

Durante este evento, realizado en Quito y Guayaquil, el Mpcei y TFO Canadá suscribieron también un memorando de entendimiento que formaliza la cooperación entre ambas instituciones para ejecutar el proyecto en Ecuador.

En el acto, el viceministro de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Roger Crespo, anunció también que este 24 de julio se firmará en Canadá el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

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Según el Ministerio de Producción, Crespo señaló que “Canadá representa un mercado clave para nuestra oferta exportable y estamos convencidos de que iniciativas como esta permitirán que más empresas lideradas por mujeres fortalezcan su competitividad, amplíen su presencia internacional y generen mayor valor agregado para el país", señaló.

Aparte de Crespo, a este evento asistieron Steve Tipman, director ejecutivo de TFO Canadá; Ysabel Blanco, cónsul de la Embajada de Canadá en Ecuador y consejera política y de Desarrollo; Marysabel González, directora de Programas TFO Canadá; Janín Mendoza, gerente de Proyectos TFO Canadá; Caleb McLean, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense; Nathaly Moya, directora ejecutiva Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense; y representantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).

¿Ecuador tendrá ya condiciones preferenciales para ingresar a Canadá?

Daniel Legarda, exministro de Producción, resalta que la firma del TCL entre Ecuador y Canadá es una "buena noticia para el país", porque este paso es clave, tras el cierre de las negociaciones que se produjo hace un año y medio, en enero de 2025.

Sin embargo, Legarda precisa que la firma no implica su implementación de manera inmediata. 

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Cumplidos estos procedimientos; el presidente Daniel Noboa deberá emitir un Decreto para formalizarlo, refiere el exministro de Producción

Además, Legarda explicó que, para que el tratado comercial entre en vigor, Canadá también debe completar sus procedimientos internos. Una vez que ambos países intercambien las notas diplomáticas que certifiquen el cumplimiento de esos requisitos, se acordará la fecha en que el acuerdo comenzará a aplicarse oficialmente.

En función del tiempo que demanda este tipo de procedimientos, Legarda estima que el TLC entre Ecuador y Canadá “no entrará en vigencia en 2026 (…) los tiempos son extensos a menos que se haga una buena gestión para acelerarlos”, mencionó y recordó que el acuerdo negociado con Corea del Sur ha tomado un tiempo considerable y aún no entra en vigor. Y el de Emiratos Árabes Unidos aún no va a la Corte Constitucional ni a la Asamblea.

Lo que se sabe

• Agroexportadores ecuatorianos aguardan expectantes los permisos de importación que debe emitir Colombia para poder retomar los envíos.
• El gremio aspira a colocar entre 50.000 y 60.000 toneladas, las cuales no se lograron colocar en el primer semestre debido al bloqueo.
• Una vez autorizados los permisos, los despachos no volverán de inmediato a los niveles habituales. Las negociaciones cobrarían mayor ritmo nuevamente desde septiembre.

El 20 de julio, se cumplió el plazo de 45 días que Colombia fijó en el Decreto 0583 para levantar la restricción terrestre al arroz ecuatoriano, pero el gremio todavía espera que el país vecino habilite los permisos de importación pendientes. Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom), explicó que el lunes 20 de julio es feriado en Colombia y que las autorizaciones, ya en trámite por parte del gobierno colombiano, se conocerían recién a partir del martes 21 de julio.

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Según Zúñiga, ya existen negociaciones avanzadas entre exportadores ecuatorianos e importadores colombianos, pero ningún contrato se cerrará hasta que las autoridades colombianas confirmen los permisos. Resuelto ese trámite, los exportadores podrán coordinar producción y logística, y el flujo debería verse “en los próximos días”.

El dirigente evitó dar una cifra para esta semana y situó la meta del semestre entre 50.000 y 60.000 toneladas, el volumen no colocado en Colombia en el primer semestre. Advirtió que el despacho será gradual: julio mostraría cierto flujo, agosto se frenará por la cosecha colombiana, y las negociaciones se reactivarán desde septiembre hasta finales de año.

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Durante el bloqueo, los envíos marítimos alternativos fueron mínimos: “El volumen que se envío en junio debe estar entre 500 y 1.000 toneladas. Es muy pequeño”, estimó Zúñiga, puesto que aún se espera agrupar las cifras completas de los exportadores.

Competitividad del arroz ecuatoriano

Sobre precios de comercialización, fue enfático: el valor de exportación depende del mercado internacional. Citó como referencia que el arroz estadounidense se cotiza entre $20 y $22 el quintal y el asiático entre $17 y $18, niveles con los que Ecuador debe

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Las cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, muestran las reconfiguración de ese mercado. Las importaciones colombianas de arroz estadounidense pasaron de 7,57 millones de kilogramos entre enero y abril de 2025 a 108,58 millones de kilogramos en igual período de 2026 —un salto de más de 100 millones de kilogramos que ocupó buena parte del espacio que dejó el arroz ecuatoriano—. 

El volumen ecuatoriano, en cambio, se mantuvo casi estable, con 11,94 millones de kilogramos en el primer cuatrimestre, sostenido por los envíos de enero y febrero antes de que se endurecieran las restricciones.