Solo en agosto pasado las ventas de motos crecieron un 24,3 % en relación con agosto del año 2025 y se ubicó como el cuarto mes del año con más ventas de este tipo de vehículos.

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Distribuidores piden subir el margen del diésel: ¿Podría aumentar el precio para los consumidores?

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El presidente ejecutivo de la Aeade, Genaro Baldeón, explica que este incremento se debe a un cambio estructural en la forma en que los ecuatorianos se movilizan y trabajan hoy en día y que ha empujado al mercado a mantener una tendencia ascendente que se sostiene desde 2011.

“La motocicleta dejó de ser un vehículo secundario para convertirse en una herramienta cotidiana: permite desplazarse con agilidad en entornos urbanos congestionados, representa una inversión accesible para distintos niveles de ingreso y es el medio de trabajo de miles de personas vinculadas al delivery, el transporte informal y otras actividades productivas”, menciona Baldeón.

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Los avances de efectivo con tarjetas crecen un 16 % en Ecuador: ¿Cuándo son una señal de alerta?

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En Guayas se venden más motos

De acuerdo con los datos de la Aeade, a nivel geográfico, la provincia del Guayas concentra el 28 % de las ventas nacionales, seguida de Pichincha con el 11,7 % y de Los Ríos con el 9,8 %.

¿Cuáles fueron las marcas más vendidas?

Del total de motocicletas comercializadas hasta agosto, hay dos marcas que figuran como las favoritas de los clientes. Estas son Shineray, que reportó 36.847 unidades vendidas; y Daytona con 29.139 unidades vendidas.

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¿Cuándo se acaba la liquidez?

Santiago Mosquera

MotoLam, un encuentro que analizará las tendencias del mercado

Para analizar el mercado de motos en Ecuador y la región, la Aeade y la Alianza MotoLatam organizan el Encuentro MotoLatam 2026, que se realizará el 16 y 17 de septiembre en el Four Points by Sheraton de Cuenca, según informó la Asociación.

El evento reunirá a los principales actores del sector motociclista de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela para analizar las tendencias del mercado, los desafíos de la seguridad vial y el futuro de la movilidad en dos ruedas en América Latina.

Lo que debe saber

• Una operación irregular con bonos del Estado por más de $12 millones vuelve a encender las alarmas sobre los controles del mercado bursátil ecuatoriano.
• Una resolución de la Bolsa de Valores de Quito detalla transferencias no autorizadas, documentos presuntamente irregulares y sanciones a los involucrados.
• El caso ya es investigado por la Superintendencia de Compañías y la Fiscalía.

Una nueva transferencia irregular vuelve a sacar a flote la debilidad de control en el mercado bursátil ecuatoriano. Esta vez, por transferencias no autorizadas (de una casa de valores a otra) y la venta ilegal de bonos del Estado por un valor de $12’399.448,58, que estaban bajo custodia del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE).

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Las operaciones irregulares se ejecutaron el 25 de marzo de este año y el pasado 3 de septiembre de 2026 el Comité Disciplinario de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) resolvió el caso, en el marco de un proceso disciplinario que busca no dejar impune este hecho.

En una resolución de 31 páginas, a la que tuvo acceso EXPRESO, el comité disciplinario de la BVQ da pinceladas de esta nueva trama, cuya principal víctima sería la Concesionaria Norte (Conorte S.A.), propietaria de los $12,3 millones en bonos.

Estos, según se indica, habrían sido trasladados sin consentimiento ni firma formal desde la Casa de Valores Santa Fe hacia la Casa de Valores AndesCapital S.A., donde se habría habilitado una subcuenta sin la debida autorización para venderlos en el mercado y luego trasladarlos a un fondo de inversión administrado SMART-ONE, por reinversión en el mercado de valores , mediante el supuesto uso de documentación irregular y firmas electrónicas inconsistentes.

Fue un reclamo de Conorte lo que encendió las alertas e impidió que el dinero siga su curso. Y que además, obligó a AndesCapital a devolver el capital sustraído, más los intereses devengados ($12’684.356,43), el pasado 2 de abril de 2026.

La Fiscalía y la Superintendencia investigan el hecho

El hecho, que según conoció este Diario ya se investiga en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) y en la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de apropiación fraudulenta por medios electrónicos y forjamiento de documentos digitales, motivó también que el comité disciplinario de la BVQ determinara una falta grave de diligencia e inobservancia de normas, que derivaron en una serie de medidas sancionatorias.

Entre las primeras decisiones adoptadas estuvo: 

EXPRESO intentó obtener una versión de representantes de AndesCapital, el BCE y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), pero hasta el cierre de esta edición aún se esperaba respuesta.

Bonos estatales desaparecen y revive la sombra del Isspol

El episodio recuerda el polémico atraco a los fondos de la Seguridad Social de la Policía (Isspol) en 2020, como resultado de omisiones de control de los dos depósitos centralizados de valores que existen en el país (Decevale y DCV), instancias llamadas a salvaguardar los títulos que se transan en el mercado bursátil.

No obstante, el exsuperintendente de Compañías, Marco López, aclara que la comparación debe hacerse con ciertos matices. En el caso del Isspol, explica, ya quedó comprobado que fueron malos funcionarios quienes utilizaron el Decevale (el depósito de valores de las bolsas de Guayaquil y Quito) como plataforma para desaparecer millonarios recursos de la entidad policial.

En este nuevo caso, dice, las investigaciones no solo deberán detallar el nivel de responsabilidad que tuvieron el operador y las casas de valores, sino también determinar si existieron omisiones de control por parte del DCV, un organismo que, según López, debió cerciorarse de alguna manera de que existió una compraventa entre casas de valores, más aún cuando se trata de montos importantes. “No sabemos si no se hizo, pero el DCV debió certificar y revisar que hubo la transacción”, dijo.

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En eso coincide otro experto del mercado, que prefiere mantener su nombre en reserva. Él recuerda que existe un Manual de Operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, actualizado en noviembre de 2024, que prohíbe al DCV registrar transferencias sin la documentación exigida; omitir verificaciones, pues no puede dar curso a operaciones sin comprobar firmas y poderes; reconocer firmas no autorizadas; o validar documentos suscritos por personas sin facultades legales.

Por ello, añade, la Superintendencia debería revisar cualquier posible omisión, no solo del Depósito, sino también las eventuales fallas en las que pudo haber incurrido la bolsa en que se transó la operación. Para los expertos, si la transacción llegó a realizarse en bolsa, “se debe saber quién fue el operador, si estaba autorizado, a qué casa de valores pertenece y quién es el representante legal, porque las bolsas de valores son autorreguladoras de las casas de valores. Entonces, la bolsa también debió estar segura de quiénes realizaban la transacción”.

Si realmente se presentó al DCV documentos falsificados y esto nunca pasó por una bolsa de valores, las sanciones impuestas hasta ahora no son suficientes, agrega López.

Este Diario contactó a la bolsa quiteña para pedirle su versión, pero la entidad se excusó, “dado que el Comité de Vigilancia es un órgano en el que no tiene injerencia la administración de la BVQ y que dentro del proceso sancionatorio aún existen algunos puntos que faltan por definir”.

Falla estructural abona al problema

El año pasado, en el mercado bursátil se llegaron a negociar $2.376,7 millones. Eso representó un incremento del 92,5 %.

López recuerda que el Depósito Centralizado de Valores del BCE es quien tiene el monopolio de la custodia y materialización de los bonos, cuyas transacciones se hacen por fuera de las casas de valores, una condición que, dice, agrava la vulnerabilidad del sistema, sobre todo si se tratan de bonos externos. “El Estado nunca ha querido transar bonos en bolsas. No le gusta porque no le conviene la transparencia”.

Para López, el mercado tiene que repensar    el tema de si el Banco Central debe seguir teniendo un depósito centralizado, como    una simple dependencia del Banco Central del Ecuador o buscar la manera de fortalecer los controles.

La pregunta del millón en los círculos corporativos es cuándo comenzará a revertirse la acumulación de liquidez que hemos observado recientemente, y que ha dado un importante impulso a la demanda interna.

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El nuevo respiro de liquidez permitió a los hogares ecuatorianos acceder a recursos del sistema financiero para sostener un nivel de consumo superior al que sus ingresos salariales permitirían. Esto ha ocurrido en un contexto en el que los salarios no han subido en términos reales y el mercado laboral continúa caracterizado por una elevada oferta de trabajadores. Algo similar ocurrió en el sector corporativo. Las empresas aprovecharon la abundancia de recursos, primero para reestructurar sus pasivos y más recientemente, para dirigirse hacia proyectos productivos e inversión.

La liquidez, por tanto, ha cumplido un papel importante en la recuperación de la demanda doméstica. Pero este proceso no puede durar indefinidamente. La pregunta ya no es solamente cuándo veremos una reversión, sino qué tan rápido comenzará a deteriorarse el proceso que la sostuvo. Y algunas señales de alerta ya empiezan a aparecer.

Los dólares que entran al país comienzan a reducirse

La primera está en las cuentas externas. El superávit comercial acumulado en doce meses se ubicó por debajo de los $4.500 millones en julio, casi $2.000 millones menos que un año atrás. Esto ocurre a pesar de los elevados precios del crudo. De hecho, el superávit petrolero se redujo aproximadamente a la mitad durante el mismo período.

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Las remesas, afortunadamente, continúan proporcionando un importante colchón externo. Gracias a ellas, Ecuador mantiene todavía un superávit de cuenta corriente elevado, aunque también en proceso de reducción. Esto importa mucho porque en una economía dolarizada, la disponibilidad de liquidez dentro del país depende en buena medida de lo que ocurre con los flujos de dólares que entran y salen.

El crédito empieza a alcanzar el ritmo de los depósitos

La segunda señal está dentro del propio sistema financiero. El crecimiento anual de los depósitos se encuentra actualmente en niveles similares al crecimiento del crédito. Esto significa que la expansión futura de los recursos prestables dependerá cada vez más del colchón de liquidez que las instituciones financieras hayan acumulado. Si los depósitos dejan de crecer al ritmo observado recientemente, mantener una expansión acelerada del crédito será progresivamente más difícil. Para ello, los bancos mantienen más de $7.000 millones depositados en el exterior que podría regresar al país si las condiciones de liquidez lo requirieran.

El superávit comercial acumulado en doce meses se ubicó por debajo de los $4.500 millones en julio, casi $2.000 millones menos que un año atrás.

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Pero las instituciones financieras que miran más allá del siguiente trimestre ya parecen estar anticipándose a un eventual cambio de ciclo. Algunas están evaluando cómo prefinanciar sus necesidades futuras de liquidez antes de que las condiciones financieras se vuelvan menos favorables e incluso consideran mecanismos de fortalecimiento patrimonial para acompañar sus planes de crecimiento.

Los riesgos que pueden acelerar el cambio de ciclo

En circunstancias normales, este proceso podría describirse simplemente como un aterrizaje controlado de la liquidez. El problema es que el cierre de 2026 y el comienzo de 2027 tienen poco de normales.

Ecuador enfrenta la posibilidad de un nuevo episodio de crisis energética. Sus efectos no se limitarían a la generación eléctrica o a las pérdidas directas de las empresas. Una interrupción significativa de la actividad productiva puede deteriorar la capacidad de pago de los hogares y las empresas, elevar la morosidad y afectar la calidad del balance de instituciones financieras.

A ese escenario debemos añadir el riesgo de un fenómeno de El Niño. Un evento climático significativo podría golpear inicialmente al sector productivo, pero sus efectos rápidamente se trasladarían a las cuentas fiscales y externas.

El desafío para empresas, bancos y Gobierno será anticiparse al cambio de ciclo. Porque cuando la liquidez empieza a desaparecer, normalmente ya es demasiado tarde para comenzar a prepararse.

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La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe) planteó el pedido el 15 de septiembre de 2026, cuando informó que los distribuidores comenzaron a suspender la venta de diésel a crédito al transporte pesado por problemas de liquidez.

¿Cuánto pagarían los consumidores?

Con la propuesta del gremio, por cada 10 galones un conductor pagaría 10 centavos más por cada centavo que se sume al precio. "Un centavo por mes es irrelevante, ya sea para el Estado o para el consumidor", dijo Ivo Rosero, presidente de la Camddepe.

Rosero agregó que la decisión de trasladar el ajuste al precio que paga el consumidor o de asumirlo mediante otros mecanismos corresponde al Gobierno. El Ministerio de Ambiente y Energía no se ha pronunciado públicamente sobre el pedido.

¿Cuánto subsidia hoy el Estado?

Petroecuador proyecta un subsidio de $1,22 por cada galón de diésel prémium entre el 12 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, que se suma a lo que paga el conductor en la gasolinera.

El precio del diésel se fija con un mecanismo de estabilización que limita las alzas al 5 % mensual y que, desde julio de 2026, incluye una fórmula excepcional de reducción gradual. Desde entonces, el galón bajó 5, 2 y 3 centavos.

¿Por qué piden el ajuste?

Rosero explicó que el margen se reparte entre distribuidores, comercializadoras y transportistas, y que cuando Petroecuador dispone abastecerse en terminales más alejadas, el flete adicional puede llegar a 12 centavos. "Cada galón vendido es a pérdida", afirmó.

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Según la Camddepe, el margen bordea los 35 centavos en Colombia y los 28 centavos en Perú. Rosero aseguró que un estudio del Banco Mundial de 2023 recomendó un ajuste de 6 centavos por galón para los productos subsidiados.

El gremio también cuestiona que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) retengan el 100 % del impuesto al valor agregado (IVA), que se suma al IVA presuntivo retenido al adquirir el combustible.

Los distribuidores dejarán de participar en contratos con los GAD que exijan pago a crédito y harán un plantón pacífico el 6 de octubre de 2026 en la Plaza Grande de Quito para pedir la revisión del margen.

Lo que debe saber

• PIB mundial: Con mayor cooperación comercial, el PIB podría crecer 2,9 % hasta 2050; con más proteccionismo, caería 6,9 %.
• Países pobres, los más afectados: Las economías menos desarrolladas pasarían de un crecimiento de 7,7 % a una caída de 16,5 % en el escenario de menor cooperación.
• Exportaciones en riesgo: El comercio exterior mundial podría aumentar 17,9 % con mayor cooperación, pero caer 26,9 % si predominan acuerdos bilaterales y medidas proteccionistas.

El PIB mundial podría caer un 10 % de aquí a 2050 si la cooperación comercial global se viene abajo y es sustituida por un sistema de acuerdos de libre comercio, advierte un informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que reclama el mantenimiento del sistema actual, aunque con reformas, para evitar ese escenario.

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El informe contempla distintas posibilidades ante la actual tendencia de crecientes tensiones geopolíticas y comerciales, y señala que el PIB podría crecer un 2,9 %, o tres billones de dólares, en los próximos 25 años si se fortalece el multilateralismo en los intercambios.

Sin embargo, en el panorama más pesimista, dominado por acuerdos bilaterales de intercambios, la OMC apunta a un escenario en el que el PIB caería un 6,9 % respecto a las cifras actuales, o casi un 10 % con respecto a la hipótesis más optimista.

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Los países pobres, más vulnerables

Los efectos serían aún más notables en las economías menos desarrolladas, en las que de un crecimiento económico del 7,7 %, si se mantiene una alta cooperación multilateral, se podría pasar a una caída del 16,5 % en un escenario de mayor proteccionismo.

"El informe no es un alegato a favor de preservar sin cambios el sistema multilateral de comercio", sino que llama a "adaptarse, reparar lo que está roto, actualizar lo que ha quedado obsoleto y preservar lo que funciona", señaló al presentar el informe el economista jefe de la OMC, Robert Staiger.

Las exportaciones podrían verse aún más afectadas y caer un 26,9 % en un mundo dominado por acuerdos de libre comercio, mientras que podrían aumentar un 17,9 % en un esquema colaborativo, según los escenarios opuestos que maneja la OMC para mediados de siglo.

También en este caso los porcentajes serían más amplios en el caso de los países menos desarrollados, con un ascenso del 45 % en sus exportaciones o un descenso del 45,4 % si se adoptan esquemas de mayor o menor cooperación, respectivamente.

Staiger señaló al presentar el informe que el comercio mundial se ve en la actualidad sometido a muchas presiones que "en parte son consecuencia del propio éxito del sistema", que ha dado lugar a un mundo en el que la economía está menos concentrada, la producción está más interconectada y las políticas nacionales generan efectos más allá de sus fronteras.

Las economías de renta baja y media han pasado de representar un 23 % del comercio mundial en 1995 al 45 % en 2024, recordó el economista jefe, quien señaló que uno de los efectos de éste y otros cambios es el auge de la visión geopolítica a la hora de tomar decisiones económicas por parte de los gobiernos.

"Contemplan cada vez más el comercio desde la perspectiva de la seguridad nacional y económica: concentración de cadenas de suministro, acceso a tecnologías críticas, resiliencia, o dependencia de rivales geopolíticos", analizó Staiger.

El multilateralismo comercial persiste

Pese a las crecientes tensiones recordó que alrededor del 72 % del comercio mundial de mercancías sigue realizándose en el marco de acuerdos de "nación más favorecida", defendidos por el sistema multilateral de la OMC, aunque en este sentido hay un lento retroceso, pues el porcentaje era del 80 % hace sólo dos años.

El informe, que se difunde con motivo de las jornadas públicas que esta semana celebra la OMC, busca reivindicar también la importancia de una organización en un momento de dificultades por la paralización de su sistema de resolución de disputas y dificultades para alcanzar acuerdos en muchas de sus negociaciones.

"El panorama comercial ha cambiado considerablemente, pero la lógica fundacional del sistema, que todas las economías salen beneficiadas de la cooperación antes que actuando unilateralmente, sigue siendo tan válido ahora como lo ha sido siempre", defendió en un comunicado la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

De acuerdo con el informe, la pertenencia a la OMC ha incrementado el comercio entre sus miembros (166 actualmente) un 140 % en 30 años.

"La OMC sigue siendo una fuerza importante para configurar el comercio mundial, pero la economía que regula está ahora mucho más integrada, digitalizada, y es más multipolar y compleja que aquella para la que se diseñaron sus normas, por lo que hay muchas reformas a emprender", reconoció Staiger.

Lo que debes saber

• Los avances de efectivo con tarjetas de crédito crecieron 16 % en Ecuador durante el primer semestre de 2026, una señal que expertos asocian con mayores presiones financieras en los hogares.
• El uso recurrente de este mecanismo para cubrir gastos corrientes o pagar otras deudas puede ser el primer síntoma de sobreendeudamiento.
• Una especialista explica las alertas que deben vigilarse y los errores más comunes al manejar el crédito.

Cada vez más ecuatorianos usan la tarjeta de crédito no como herramienta de planificación, sino como salvavidas para llegar a fin de mes. Y es ahí cuando empiezan los problemas, advierte Sonia Zurita, profesora de Finanzas de ESPAE-ESPOL.

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Una primera señal de alarma que hay que detectar es recurrir a los avances de efectivo, una práctica que, asegura, ha crecido en el último año. Según datos de la Superintendencia de Bancos, durante el primer semestre de 2026 se registraron 4,48 millones de avances en efectivo con tarjetas de crédito, eso significó un 16 % más que en igual período del año anterior. En términos monetarios, estas operaciones sumaron 2.177 millones de dólares, lo que representó un incremento de 12,29 %.

Para Zurita, recurrir constantemente a avances de efectivo para obtener liquidez-y con ello pagar otras tarjetas o gastos básicos- es señal de    que hay que reorganizar los recursos y buscar la forma de bajar el nivel de endeudamiento”.

La experta explica que el problema no radica necesariamente en utilizar una herramienta financiera puntual para enfrentar una emergencia, sino cuando esa solución temporal se transforma en una costumbre para cubrir gastos corrientes o compromisos adquiridos previamente.

El pago mínimo también puede revelar problemas de endeudamiento

A esa señal se suma la dificultad para cubrir incluso el pago mínimo. “Cuando pagar el mínimo se convierte en un esfuerzo mes a mes, también hay que cortar gastos para destinar más a las deudas”. En el corto plazo el problema no se percibe, sostiene, pero en el mediano y largo plazo podría resultar en un sobreendeudamiento.

Para la experta, el error de fondo es no tener presupuesto donde la persona compare los ingresos que genera o recibe con relación a los gastos recurrentes y a los compromisos de pago que ya ha adquirido y que siguen vigentes.

Crédito corriente y diferido: ¿cuál es la diferencia?

A ello, dice, hay que añadir el desconocimiento sobre el funcionamiento de las modalidades de crédito disponibles en las tarjetas. Zurita insiste en la necesidad de distinguir claramente entre crédito corriente y crédito diferido.

Mientras el crédito diferido implica un compromiso formal de pago en cuotas previamente establecidas, el crédito corriente funciona bajo una lógica distinta. El usuario realiza consumos durante el mes con el compromiso de cancelar el total al recibir el estado de cuenta. El problema aparece cuando el cliente no cancela el saldo completo y decide trasladar parte de la deuda al siguiente período. “El saldo restante se acumula con nuevos consumos y genera una bola de nieve”, alerta.

La experta recuerda que los atrasos al cumplimiento de la fecha máxima de pago o los pagos incompletos generan cargos como contribuciones sobre saldos adeudados, intereses de mora y cargos por gestión de cobranza. “Un recargo de $10 por un retraso en un pago de poco más de $100 representa una penalización del 10% aproximadamente”, ejemplifica.

El error de confundir el cupo de la tarjeta con capacidad de gasto

Asumir que el límite aprobado por el banco equivale a una capacidad real de gasto, es otro error que hay que tomar en cuenta. “Lo ideal es utilizar entre el 30 % y el 40 % del cupo asignado para mantener el endeudamiento bajo control”, explica. Sin embargo, aclara que el indicador verdaderamente relevante no es el tamaño del cupo disponible.

“El elemento más importante es la capacidad de ingreso de la persona. De nada sirve tener 10.000 dólares en cupos repartidos en varias tarjetas si el ingreso mensual no permite cubrir ese nivel de endeudamiento”, enfatiza.

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¿Hasta cuántas tarjetas tener?

Otro factor que influye en el control financiero es la cantidad de tarjetas que mantiene una persona. Por ello, considera que lo recomendable es administrar un máximo de dos tarjetas de crédito. Una puede destinarse a gastos cotidianos y otra a compras específicas de mayor valor que requieran financiamiento diferido. La recomendación busca simplificar el seguimiento de consumos, fechas de corte y fechas máximas de pago. Y, ¿qué es mejor, corriente o diferido? Los dos créditos son útiles. Pero Zurita recomienda diferir bienes que tendrán una utilidad prolongada, como electrodomésticos. Y emplear el crédito corriente para gastos más cotidianos, como servicios básicos, alimentación, telefonía móvil o salidas.

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La nueva estimación consta en la actualización de la Programación Macroeconómica 2026-2030, presentada este 15 de septiembre de 2026 por la entidad. El ajuste incorpora información económica reciente y una revisión de las condiciones internas y externas que influyen sobre la actividad productiva del país.

La revisión al alza llega en un contexto en el que Ecuador busca consolidar la recuperación de varios sectores productivos, mientras enfrenta desafíos asociados a la incertidumbre internacional, los riesgos climáticos y la evolución de los mercados financieros.

El consumo de los hogares lidera el crecimiento

Según el BCE, uno de los principales motores de la economía será el gasto de las familias. Para este año, el consumo de los hogares crecería 3,3%, respaldado por una mayor disponibilidad de crédito y por el flujo de remesas que continúa llegando desde el exterior.

A ello se suma un incremento proyectado de 5,8% en la Formación Bruta de Capital Fijo, indicador que refleja las inversiones realizadas por empresas y hogares en infraestructura, maquinaria y otros activos productivos.

Las exportaciones de bienes y servicios también contribuirían al crecimiento económico. El BCE prevé una expansión de 3,8% en este rubro, impulsada por actividades no petroleras que han ganado peso en la economía ecuatoriana durante los últimos años.

Crédito, reservas e inflación bajo control

Las proyecciones del organismo muestran además una expansión del sistema financiero. El crédito al sector privado aumentaría 10,9%, mientras que las captaciones crecerían 11,5%.

En paralelo, la inflación promedio anual se mantendría en niveles moderados, con una previsión de 2,1%, en línea con el entorno de estabilidad de precios que caracteriza a la economía dolarizada.

Otro dato destacado es el fortalecimiento de la posición externa del país. El BCE estima que la cuenta corriente cerrará 2026 con un superávit de 4.587 millones de dólares y que las Reservas Internacionales alcanzarían aproximadamente 11.239 millones de dólares al finalizar el año.

El Niño aparece en los escenarios, pero no altera la previsión de 2026

Uno de los elementos novedosos de esta actualización es la incorporación de escenarios para medir el posible impacto del fenómeno de El Niño sobre la economía ecuatoriana.

El BCE analizó dos hipótesis: un evento moderado y uno fuerte. Sin embargo, los resultados muestran que los mayores efectos no se reflejarían en 2026, sino principalmente en 2027.

De acuerdo con el ejercicio técnico, un fenómeno moderado podría reducir el crecimiento económico de 2027 en 0,5 puntos porcentuales frente al escenario base. En caso de un evento fuerte, el impacto podría alcanzar 1,4 puntos porcentuales.

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Las posibles afectaciones se concentrarían en la producción, las exportaciones y el comportamiento de los precios. No obstante, el Banco Central aclara que estos escenarios no constituyen una predicción sobre la ocurrencia o intensidad de El Niño, sino una herramienta para medir la sensibilidad de la economía frente a distintos riesgos climáticos.

Crecimiento promedio de 2,5% hasta 2030

Más allá de 2026, el BCE mantiene una perspectiva de expansión moderada para la economía ecuatoriana. Entre 2027 y 2030 proyecta un crecimiento promedio anual de 2,5%.

La entidad considera que las actividades no petroleras seguirán ganando protagonismo y que el consumo, la inversión y las exportaciones continuarán siendo los principales pilares de la actividad económica.

Lo que debes saber

• Los distribuidores comenzaron a restringir la venta de diésel a crédito al transporte pesado por problemas de liquidez y dejarán de participar en contratos con GAD que exijan esta modalidad de pago.
  
• La Camddepe asegura que el margen de comercialización del diésel se mantiene en 12 centavos por galón y se reparte entre distribuidores, comercializadoras y transportistas.
  
• El gremio pide revisar gradualmente el margen y propone un ajuste de 1 centavo por galón al mes. Además, anunció un plantón para el 6 de octubre en Quito.

Los distribuidores de diésel prémium en Ecuador comenzaron a suspender la venta a crédito al transporte pesado y dejarán de participar en contratos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que exijan esta forma de pago. Esta decisión responde a los problemas de liquidez que enfrenta el sector, informó este 15 de septiembre de 2026 la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe).

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Ivo Rosero, presidente de la Camddepe, sostiene que parte de los problemas financieros responde a que el margen de comercialización de este producto es de 12 por galón y debe repartirse entre distribuidores, comercializadoras y transportistas. Además, este valor cumplirá 24 años “congelado” en diciembre. “Es el margen más bajo del mundo”.

Este monto es también menor al de los países vecinos, en Colombia bordea los 35 centavos y en Perú los 28 centavos, según la Camddepe.

El diésel subió, pero no se ajustó el margen

Mientras tanto, el precio del diésel aumentó en Ecuador en alrededor de $1,60 por galón desde septiembre de 2025, aunque en los últimos meses se registraron reducciones.

Actualmente, el galón de diésel se comercializa en $3,15 en Ecuador. En cambio, en Colombia asciende a $3,63 y en Perú a $7,44, según datos de Globalpetrolprices.com.

A ello se suma el incremento de gastos como salarios, servicios básicos, tasas fiscales y transporte de combustible.

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Rosero menciona que los problemas financieros de este gremio se agravan cuando la empresa pública Petroecuador dispone que las estaciones se abastezcan desde terminales más alejados debido a problemas operativos. En algunos casos, afirma, el flete adicional puede llegar a 12 centavos por galón, equivalente a todo el margen de comercialización. “Cada galón vendido es a pérdida”, asegura.

Se restringe la venta a crédito

Ante los problemas de liquidez que enfrenta el sector, los distribuidores comenzaron a suspender progresivamente la venta de diésel a crédito al transporte pesado y dejarán de participar en licitaciones de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que exijan esta modalidad de pago.

El dirigente señala que el transporte pesado depende del crédito porque las empresas que contratan sus servicios pueden pagarles entre 90 y 120 días después.

En el caso de los GAD, la Camddepe cuestiona además la retención del 100 % del impuesto al valor agregado (IVA), que se suma al IVA presuntivo retenido cuando se adquiere el combustible.

El gremio pide revisar el margen

Debido a este escenario, la Camddepe reclama al Gobierno continuar con la revisión del margen de comercialización. Según Rosero, un estudio del Banco Mundial realizado en 2023 recomendó un ajuste de 6 centavos por galón para los productos subsidiados, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la cadena de distribución.

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En noviembre de 2025 se aplicó un primer ajuste de 3 centavos por galón para la extra y ecopaís, pero Rosero sostiene que para los distribuidores su efecto prácticamente “desapareció” por el aumento de otros costos. “Un centavo fue destinado al transporte y medio centavo a la comercializadora, mientras el resto fue absorbido por mayores salarios y tasas”, dice.

Por esta razón, el gremio plantea ahora que la revisión continúe gradualmente, incluso con incrementos de 1 centavo por galón al mes, en el caso del diésel.

Para exponer la situación del sector, los distribuidores anunciaron un plantón pacífico para el 6 de octubre de 2026 en la Plaza Grande, en Quito. La principal demanda será que el Gobierno revise el margen con el que opera la cadena de distribución de combustibles.

¿La revisión del margen encarecería el diésel?

El presidente de la Camddepe reconoce que la decisión de trasladar ese ajuste al precio que paga consumidor o asumirlo mediante otros mecanismos corresponde al Gobierno.

En el primer caso, para mitigar el posible impacto, la Camddepe propone un ajuste de manera gradual, de 1 centavo por galón al mes. Rosero explica que el Ejecutivo podría trasladar ese valor al precio final o asumirlo por otra vía. “Un centavo por mes es irrelevante, ya sea para el Estado o para el consumidor”.

Así, como referencia, por cada 10 galones pagaría 10 centavos adicionales al mes por cada centavo que se incorpore al precio. 

Lo que debes saber

• El caudal de Coca Codo Sinclair alcanzó un pico de 755 m³/s el 14 de septiembre, frente a un promedio histórico para este mes de 278,5 m³/s
  
• Un mayor caudal puede arrastrar más sedimentos y obligar a reducir o suspender temporalmente la generación para evitar daños en la central
  
• Coca Codo Sinclair cubre alrededor del 30 % de la demanda eléctrica nacional, por lo que una eventual salida obliga a prever alternativas para reducir la presión sobre el sistema

La mayor disponibilidad de agua que llega a la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS) no siempre es una buena noticia para la generación eléctrica en Ecuador. Un aumento del caudal puede arrastrar una mayor cantidad de sedimentos y, si estos alcanzan niveles elevados, obligar a suspender temporalmente la operación de la planta.

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Durante el 14 de septiembre de 2026, por ejemplo, el caudal que alimenta Coca Codo Sinclair alcanzó a las 07:00 un pico de 755 metros cúbicos por segundo (m³/s), que estuvo acompañado de una carga importante de sedimentos. Este evento coincidió con cortes de energía en Quito y Guayaquil.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur reporta que durante el 14 de septiembre se redujo la producción en CCS entre las 05:00 y 09:00. En este periodo operó con solo tres de sus ocho unidades. Pero, luego se restablecieron las operaciones hasta volver a funcionar con ocho unidades.

¿Por qué los sedimentos pueden frenar la generación?

La salida temporal de unidades de CCS responde a que la mayor presencia de sedimentos puede provocar daños en los componentes de esta hidroeléctrica y por ello se deben suspender las operaciones, refiere Ricardo Buitrón, consultor energético.

Mientras tanto, este 15 de septiembre, entre las 00:00 y 10:00, el caudal se ubicó entre 426 m³/s y 386 m³/s. Y en lo que va del mes llega a 326 m³/s.

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El caudal supera el promedio histórico de septiembre

Estos valores se encuentran por encima del caudal de diseño (325 m³/s) y del promedio histórico que maneja para septiembre (278,5 m3/S) el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), refiere Buitrón.

“Los caudales altos en la cuenca del Coca no significan que tengamos seguridad en la generación, porque un mayor caudal puede arrastrar material sólido y obligar a suspender las operaciones de la central”, subraya Buitrón.

Por esta razón, este escenario es negativo porque se debe esperar hasta que la concentración de este material se reduzca para volver a operar.

Pero, ¿qué significa contar con los valores actuales?

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La cuenca del Coca sigue en época lluviosa

El especialista en el sector eléctrico explica también los valores reportados por la Celec Sur evidencian que la cuenca que alimenta Coca Codo Sinclair, en el Oriente, -a diferencia de la del Paute, en el Austro- no se encuentra aún en un mes seco, sino más es bien sigue en la época lluviosa.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), en su Advertencia Meteorológica 70, prevé precipitaciones en las regiones Litoral y Amazónica entre el 13 y el 16 de septiembre de 2026.

Esta realidad, según Buitrón, permite generar energía para atender la demanda nacional de energía, pero obliga también a monitorear de manera frecuente el comportamiento del caudal y contar con un plan de contingencia ante una eventual salida de Coca Codo Sinclair por un posible aumento de la presencia de sedimentos.

Una eventual salida de CCS pondría presión sobre el sistema

Esta central, considerada la más grande de Ecuador, es clave para el abastecimiento eléctrico del país, pues cubre alrededor del 30 % de la demanda nacional.

Este 15 de septiembre, por ejemplo, aportó hasta las 10:30 con una potencia promedio de 1.165 megavatios (MW), equivalente al 78 % de sus 1.500 MW de capacidad de diseño, según datos del Cenace..

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Por ello, ante la variabilidad de las condiciones climáticas y la limitación en la venta de electricidad desde Colombia, por el periodo de riesgo de desabastecimiento que atraviesa el país vecino, Buitrón enfatiza que el Gobierno debería impulsar programas de ahorro de energía para preservar las reservas de energía, caso contrario la otra alternativa será -como ha ocurrido últimamente- recurrir al sector privado para que enciendan sus generadores y reduzcan la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

No obstante, el Banco Central del Ecuador menciona que contar con una tarjeta de débito o crédito significa que el usuario tiene alguna cuenta en un banco o cooperativo y gracias a ello tiene por lo menos cinco posibilidades de pago:   

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El 43 % paga con tarjeta o transferencia

De hecho, aunque gran parte de las personas en Ecuador aún siguen optando por el efectivo, según indica la entidad financiera actualmente el 43% de los ecuatorianos prefiere realizar el pago con medios digitales.

Según datos del Banco Central del Ecuador, las transferencias electrónicas en tiempo real (TETR) han aumentado de manera acelerada en los últimos años. Así, mientras en 2019 se realizaron pagos a través de 9,69 millones de operaciones, por un monto de 3.608 millones de dólares, en 2024 el número de operaciones fue de 169,38 millones, por medio de las cuales se canalizaron 39.983,76 millones de dólares.

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¿Qué pasa cuando se paga con tarjeta de débito?

El BCE, en uno de sus últimos artículos sobre educación monetaria, indica que, si se va a pagar con tarjeta de débito, se debe considerar lo siguiente:

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En cuanto a las tarjetas de crédito, señala que:

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Finalmente, si el usuario opta por la transferencia, debe considerar que su condición de servicio es igual al de las tarjetas de débito, es decir, el monto disponible a pagar está encadenado al valor que tenga el usuario en su cuenta de ahorros. Los tiempos de acreditación de este medio dependerán de la entidad financiera. Aquí el usuario tiene el control desde el teléfono celular desde donde se realiza el pago. Además, se puede aplicar en sitios donde la única otra opción disponible es el efectivo, como las pequeñas tiendas de barrio.

Si las aguas destruyen cultivos, negocios, viviendas o infraestructura, muchas personas y empresas pueden perder ingresos. Si pierden ingresos, pueden tener dificultades para pagar sus préstamos. Eso aumenta la morosidad de los bancos y cooperativas del país. De ahí que las entidades financieras estén haciendo escenarios de estrés y preparando reservas, liquidez y mecanismos para reprogramar créditos.

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Reprogramación de deudas y alivio financiero

Recientemente, en una entrevista televisiva, el presidente de BanEcuador, Eduardo Peña, indicó que el banco público tiene $240 millones listos para reprogramar las deudas de los clientes, si el fenómeno golpea fuertemente al país.

“Las inundaciones en 2025 nos obligaron a reprogramar las deudas de arroceros y maiceros. Eso va a volver a pasar y estamos estudiando la posibilidad de, si hay mucha intensidad, proponer un alivio financiero que significaría reprogramar deudas con la condonación de intereses”, indicó Peña.

Es decir, una vez que los cultivos sean afectados, el banco esperaría que los agricultores vuelvan a sembrar y obtengan nuevas cosechas para poder retomar el pago de las cuotas.

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Las cooperativas también se preparan

En las cooperativas, el tema es especialmente relevante porque tienen una fuerte exposición al microcrédito, agricultura, comercio y pequeños negocios, sectores que pueden sufrir directamente los efectos de un evento climático severo.

La situación es especialmente relevante porque la morosidad de las cooperativas más grandes se mantiene alrededor del 8% en 2026, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

De acuerdo con el Banco Central de Ecuador, las cooperativas ecuatorianas han endurecido sus estándares y condiciones de aprobación de crédito durante 2026, especialmente en microcrédito y consumo, mientras monitorean los riesgos sobre la cartera.

LO QUE DEBES SABER

• Las transacciones no realizadas por el cliente sumaron 2.617 casos en 2025 y concentraron el 44 % de los 5.939 trámites que ingresaron a la Superintendencia de Bancos.
• Una observación presentada tras el primer debate plantea que el usuario deje de responder por los consumos hechos tras reportar su tarjeta, un principio que ya consta en la ley vigente.
• El informe de rendición de cuentas del organismo detalla cuántos reclamos ingresaron y por qué motivo, pero no cuántos terminaron a favor del usuario.

Una compra en Apple Store por más de $1.000 apareció en el celular de Diana Torres mientras estaba trabajando: no la había hecho. Llamó al banco y le dijeron que no podían ayudarla, que presentara una queja para que se investigue.

Sin respuesta de la entidad, Torres llamó al servicio al cliente de la marca, que anuló la compra hecha en línea y le recomendó cancelar la tarjeta; ocurrió hace tres años, en Ecuador.

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¿Cuántos reclamos por consumos no reconocidos recibe la Superintendencia de Bancos?

Las transacciones no realizadas por el cliente sumaron 2.617 casos en 2025: el 44 % de los 5.939 trámites que ingresaron a la Superintendencia de Bancos, según su informe de rendición de cuentas.

Un año antes fueron 2.105 casos, el 41 % de 5.110 trámites: el crecimiento es de 24 % y lo mantiene como el primer motivo. Los fraudes electrónicos pasaron de 518 a 697 casos.

¿Qué propone la Asamblea sobre las tarjetas robadas y los POS?

El alza coincide con el trámite de la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, que define quién responde por esos consumos.

El 3 de agosto de 2026, ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, la asambleísta Besibell Mendoza planteó una observación al proyecto, que pasó su primer debate el 2 de julio.

Propuso que los usuarios no sean responsables de las transacciones realizadas después de reportar oportunamente el robo, hurto o extravío de sus tarjetas de crédito o débito.

La medida no consta en el proyecto: es una observación que el equipo técnico de la comisión debe evaluar.

Planteó además verificar que los establecimientos afiliados a los dispositivos de cobro (POS) estén legalmente registrados y con registro actualizado.

En la misma sesión, el asambleísta Alfredo Serrano pidió plazos obligatorios y sanciones por incumplimiento tanto para las entidades financieras como para la Superintendencia de Bancos.

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¿Quién responde por los consumos hechos después de reportar el robo?

Frente a esa propuesta, Marco Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), precisó lo que ya dispone la ley.

Desde el momento en que el cliente reporta el robo, hurto o pérdida de su tarjeta, la responsabilidad por las transacciones posteriores pasa al banco; las nuevas propuestas, agregó, reiteran un principio que ya consta en la ley vigente.

A la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) le preocupa el cambio. “Me parece que no es necesario modificar el código como le están planteando a la Asamblea”, afirmó su directora ejecutiva, Valeria Llerena.

Lo que inquieta al sector, dijo, es el punto de partida: que el usuario tenga la razón por el solo hecho de reclamar y que sea la entidad la que deba demostrar lo contrario.

Llerena explica que la responsabilidad es compartida. El código ya obliga a la entidad a responder cuando el fraude vino de una debilidad de sus sistemas; al usuario le toca el cuidado de sus claves, sus dispositivos y su tarjeta.

César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador, calificó la propuesta como interesante, pero advirtió sobre su alcance: en la clonación de tarjetas y en el uso irregular de una tarjeta ajena resulta imposible que el usuario avise con anticipación.

Para esos casos propuso dos o tres instancias de control en las compras en línea y la firma del titular en el comprobante cuando son presenciales.

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¿Cuánto demora un reclamo por un consumo no reconocido?

El proceso de reclamo también está regulado, explicó Asobanca: la entidad financiera tiene hasta 15 días para resolver una operación originada en el país y hasta 40 si es internacional.

Si no responde, el usuario puede acudir al Defensor del Cliente. En la Superintendencia, el tiempo promedio de atención de un reclamo bajó de 154 a 121 días.

En la práctica, agregó Coronel, el reclamo termina casi siempre en la propia entidad, que “al ser juez y parte” niega la pretensión del usuario, y muy pocas personas llegan a la Superintendencia.

Ante los defensores del cliente ingresaron 7.663 casos en 2025, 8,51 % más que en 2024, y se cerraron 7.228.

¿Cuántos reclamos terminan a favor del usuario?

Lo que no aparece en las cifras oficiales es el desenlace: el informe detalla cuántos trámites ingresaron y por qué motivo, pero no cuántos terminaron a favor del usuario ni los montos restituidos.

Sobre ese punto, Rosa Matilde Guerrero, experta en regulación y supervisión financiera, afirmó: “El problema no es que no esté en la ley. La pregunta es si se está aplicando la norma adecuadamente o no”.

Guerrero recalcó que esas estadísticas no están disponibles en la página de la Superintendencia y pidió transparentar cuántos casos se resuelven a favor del usuario.

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¿Cómo se clona una tarjeta en un POS?

Sobre el control de los POS que planteó Mendoza, Francisco Borja, investigador de economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), dijo que la clonación de tarjetas busca hacer pasar una copia como si fuera física.

Eso abre la pregunta de por qué ese POS sigue activo.

La norma vigente ya obliga a que las transacciones presenciales se hagan a la vista del cliente.

Borja advirtió sobre dos efectos de una regla general: si la devolución se vuelve automática puede abrirse espacio a reclamos falsos, y si las exigencias suben el costo operativo se entregan menos tarjetas.

“Las reformas son importantes, son necesarias, pero no son suficientes”, afirmó Coronel, y agregó que la Superintendencia debe resolver estos trámites en el menor tiempo posible.

El texto que vuelva al Pleno dependerá del informe que prepara la Comisión de Régimen Económico, que recibió observaciones hasta el 21 de agosto y todavía no lo presenta.

Solo entonces se sabrá si la propuesta sobre las tarjetas reportadas y el control de los POS llegan al segundo debate.

La ruta que termina en la Fiscalía

De 570 casos que llegaron a la Fiscalía entre 2023 y 2025, solo dos tienen sentencia condenatoria y el resto sigue en proceso, explicó Rosa Matilde Guerrero, experta en regulación y supervisión financiera.

Esos casos llegan ahí tras agotar el trámite en la institución financiera y la resolución del organismo de control, de modo que la cifra mide el final de toda la cadena.

Con base en los principios de la OCDE, Guerrero enumeró lo que debería implementarse: bloqueo inmediato de cuentas, restitución de fondos en cinco días y monitoreo antifraude con inteligencia artificial.

Esos modelos, agregó, sirven también para detectar el autofraude, cuando es el usuario quien intenta defraudar a la institución.

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La noticia generó pesar entre quienes compartieron con él durante sus años de participación en el gremio. La Cámara lo recordó en sus redes sociales como un “distinguido caballero” y destacó la cercanía que mantuvo con sus directivos y con la institución.

Una amistad que dejó huella en el gremio

Para la Cámara de Industrias de Guayaquil, Lebed no fue solamente un integrante de sus espacios directivos. El gremio lo describió como un gran amigo, una persona cercana y querida por sus directivos.

Su relación con la institución estuvo marcada por el compromiso y el apoyo permanente a las actividades gremiales. Según la Cámara, su amistad, compromiso y permanente respaldo dejaron una huella imborrable en la institución.

Además de su trayectoria empresarial, Lebed se desempeñó como consultor de soluciones empresariales como profesional independiente, de acuerdo con la información sobre su experiencia profesional.

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Un vínculo familiar con el periodismo

Daniel Lebed estuvo casado con la periodista María Isabel Crespo, reconocida por su trayectoria en Ecuavisa.

Su fallecimiento también ha generado muestras de solidaridad y pesar hacia su familia y allegados, mientras desde el sector empresarial se recuerda su aporte y la relación cercana que mantuvo durante años con la Cámara de Industrias de Guayaquil.

El gremio expresó su reconocimiento a quien consideró un distinguido caballero, cuya presencia, amistad y compromiso formaron parte de la historia reciente de la institución.

Lo que debes saber

• El subsidio del diésel prémium subió de $0,86 a $1,22 por galón, un incremento de alrededor de 41,5 % frente al período anterior.
  
• Desde el 12 de septiembre, los conductores pagan $3,18 por galón de extra y ecopaís y $3,12 por diésel prémium, tras la tercera reducción consecutiva.
  
• El Estado asume un mayor subsidio mientras los derivados se encarecen en el mercado internacional, una presión adicional para las finanzas públicas.

La nueva reducción del precio de la gasolina extra, ecopaís y diésel prémium en Ecuador tiene un impacto en las finanzas públicas. Mientras los conductores pagan menos desde este 12 de septiembre de 2026, el Estado debe cubrir una mayor parte del costo de estos combustibles.

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La empresa pública Petroecuador proyecta para el período comprendido entre el 12 de septiembre y el 11 de octubre un subsidio de $1,22 por cada galón de diésel prémium destinado al sector automotriz.

Para la gasolina extra, el aporte estatal será de 20 centavos por galón, mientras que para la ecopaís llegará a 44 centavos por galón.

Estos tres montos son superiores a los registrados en el período anterior. Entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre, Petroecuador proyectó subsidios de 86 centavos para el diésel prémium, 18 centavos para la extra y 42 centavos para la ecopaís.

El subsidio del diésel aumenta 36 centavos

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Este incremento responde, entre otros factores, al encarecimiento de los derivados en el mercado internacional y a la decisión del Gobierno de reducir el precio que pagan los consumidores.

Desde el 12 de septiembre, la extra y ecopaís se comercializan en $3,18 por galón, mientras el diésel prémium cuesta $3,12. Los tres productos bajaron 3 centavos y acumulan su tercera reducción consecutiva desde julio.

Así, por ejemplo, por cada galón de diésel prémium que un conductor compra a $3,12, el Estado proyecta aportar otros $1,22 mediante el subsidio. Esto muestra que la reducción en la estación de servicio no significa necesariamente que haya disminuido el costo del combustible para el país.

El mercado internacional presiona el costo

Esta diferencia se produce en medio del encarecimiento del petróleo y de los derivados en el mercado internacional. El West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para Ecuador, cerró este 14 de septiembre en $101,39, al intensificarse la guerra en el mar Rojo tras tomar los rebeldes hutíes de Yemen el control del estrecho de Bab al Mandeb, vía marítima clave tras el bloqueo del de Ormuz.

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Pese a este panorama, el Gobierno emitió en julio y agosto de 2026 mecanismos excepcionales para amortiguar esas variaciones y reducir gradualmente los precios internos. Estas medidas constan en los Decretos Ejecutivos 444 y 468.

El Estado asume el costo de contener los precios

Estas acciones van en sentido contrario al panorama internacional. Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, refiere que mientras "Ecuador vende un barril de crudo en alrededor de $85, el barril de diésel importado se adquiere hasta en $210".

Esto implica que los derivados se encarezcan, sin embargo, en Ecuador los decretos 444 y 468 han amortiguado una posible alza. “La medida tiene un alto contenido político. Pero alguien tiene que pagar la factura y eso es asumiendo mayores subsidios, por parte del Estado”, sostiene Santos.

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Esto significa que el Estado continúa cubriendo parte del costo de estos combustibles, aunque el Presupuesto General del Estado de 2026 no contempla recursos para estas ayudas debido a la implementación del sistema de bandas en la extra y ecopaís (junio 2024) y en el diésel prémium (septiembre 2025).

A su vez, esta carga adicional puede complicar las finanzas públicas y elevar el déficit fiscal, que a la larga se podría traducir en nuevos impuestos, que finalmente “deberán pagar los ciudadanos”, advierte el exministro. 

Lo que debes saber

• El rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años alcanzó el 5 % por primera vez desde 2023, en medio de la presión del petróleo y la guerra en Oriente Medio.
  
• El bono a 10 años es una referencia para préstamos e hipotecas, por lo que un mayor rendimiento puede encarecer el financiamiento para hogares y empresas.
  
• Los mercados esperan la decisión de la Fed de este 16 de septiembre de 2026, con más de 90 % de probabilidad de un aumento de las tasas de interés, según CME FedWatch Tool.

El rendimiento del bono de deuda del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzó este 14 de septiembre de 2026 el 5 % por primera vez desde 2023, tras dispararse el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente unos días antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed).

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A las 10:15 hora local (14:15 GMT de este 14 de septiembre, el rendimiento de los títulos subía 3 puntos básicos, hasta el 5,004 %.

El rendimiento de este bono, de referencia para préstamos e hipotecas fijas, solo había superado esta barrera brevemente en octubre de 2023 y anteriormente en 2007.

El aumento de este título pone a la economía estadounidense en una situación crítica y amenaza con aumentar los costes de endeudamiento de particulares y empresas.

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¿Por qué subió el rendimiento de los bonos?

La guerra en Medio Oriente, y, especialmente, el encarecimiento del precio del petróleo, llevan meses tensionando el mercado de los bonos, cuyo rendimiento sube ante la falta de interés por parte de los inversores en la compra de los bonos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se situaba este lunes por encima de los $104 el barril tras intensificarse los combates en el mar rojo entre los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, y las fuerzas gubernamentales del país, apoyadas por Estados Unidos y Arabia Saudí.

La decisión de la Fed aumenta la presión

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Además, este 16 de septiembre de 2026 la Fed anunciará su decisión tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre el precio del dinero.

Según el CME FedWatch Tool, el barómetro que mide las probabilidades de cambios en los tipos, hay más de un 90 % de posibilidades de que el banco central apueste por subirlo a una horquilla entre el 3,75 y el 4 %.

Ante las expectativas de que la Fed aumente el precio del dinero, los inversores exigieron mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, presionando a la baja los precios de los bonos y al alza sus rendimientos.

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Por su parte, el bono a 2 años, que sirve como un termómetro de la decisión de la Fed, sumaba 2 puntos básicos, hasta el 4,666 % y el bono a 30 años, que refleja el riesgo a largo plazo, avanzaba 2,3 puntos, hasta el 5,377 %.

Lo que debe saber

• 10.000 hectáreas: Asopracort estima afectaciones parciales o totales en seis cantones de Los Ríos.
• 200.000 dólares en pérdidas para un agricultor: 100 hectáreas de maíz de Adriano Ubilla fueron derribadas por el viento.
• Diciembre, posible inicio: El oceanógrafo Franklin Ormaza prevé que las lluvias de El Niño podrían llegar con mayor continuidad hacia ese mes.

El campo de Los Ríos enfrenta un escenario incierto. Miles de hectáreas ya presentan daños por lluvias y fuertes vientos, mientras los agricultores miran con preocupación hacia diciembre de 2026, cuando se prevé que las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño puedan intensificarse. Para los productores, la prioridad ahora es saber qué hará el Gobierno antes de que llegue el invierno.

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La Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto (Asopracort) estima que unas 10.000 hectáreas de cultivos han resultado afectadas, de manera parcial o total, por las lluvias y los fuertes vientos registrados en la provincia. Entre las siembras perjudicadas están maíz, plátano, cacao, soya, maní y arroz. Solo de maíz se calcula que se han dañado unas 5.000 hectáreas, lo que puede implicar una pérdida económica de unos 10 millones de dólares.

Los daños se concentran, según los primeros reportes, en los cantones Buena Fe, Ventanas, Urdaneta, Montalvo, Pueblo Viejo y Babahoyo.

Por ahora, técnicos recorren las zonas perjudicadas para levantar información sobre las pérdidas. Los agricultores valoran esa presencia, pero reclaman una mayor participación de las autoridades.

“Reclamamos la presencia del viceministro de Agricultura en las zonas perjudicadas económicamente por las inundaciones y fuertes vientos”, señaló a Diario EXPRESO José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

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100 hectáreas de maíz quedaron en el suelo

Uno de los productores afectados es Adriano Ubilla, presidente de Asopracort. El viento derribó alrededor de 100 hectáreas de maíz que estaban próximas a la cosecha.

Este lunes 14 de septiembre de 2026, Ubilla intenta recuperar las mazorcas que todavía pueden ser aprovechadas. Sin embargo, al no poder cosecharlas en el momento previsto, anticipa que recibirá un precio menor.

El golpe económico es considerable. Según sus cálculos, en esas 100 hectáreas se han invertido alrededor de 200.000 dólares, tomando como referencia un costo aproximado de 2.000 dólares por hectárea.

Para los productores, el problema no termina en las pérdidas actuales. También existe preocupación por lo que pueda ocurrir si las lluvias asociadas a El Niño llegan con mayor intensidad.

García cuestiona que las autoridades todavía no hayan socializado con los agricultores las medidas que se aplicarían ante un escenario de lluvias fuertes.

“En asuntos del clima nadie tiene la última palabra”, advierte García. Por eso, considera necesario conocer con anticipación qué acciones se ejecutarán para proteger los cultivos, las vías y la producción agrícola.

El Niño todavía no se manifiesta en la Costa

El oceanógrafo Franklin Ormaza explicó en una entevista en Ecuavisa que las lluvias puntuales registradas en el Litoral no significan todavía que el fenómeno de El Niño se haya manifestado en Ecuador.

Según Ormaza, esas precipitaciones corresponden a anomalías locales relacionadas con condiciones meteorológicas provenientes de la cuenca del Caribe.

Para que exista un impacto de El Niño sobre Ecuador deben coincidir varias condiciones oceanográficas y meteorológicas. Entre ellas mencionó temperaturas del mar superiores a los 28 grados centígrados, una termoclina más profunda y cambios importantes en los vientos alisios y en la posición de la zona de convergencia intertropical.

El especialista señaló que actualmente las condiciones todavía no alcanzan esos parámetros en la Costa ecuatoriana.

Por eso, estima que el invierno asociado al fenómeno podría comenzar de manera más clara hacia diciembre de 2026, aunque las condiciones pueden variar.

A diferencia de un invierno normal, explicó, durante un Niño las lluvias pueden mantenerse durante varios meses sin los llamados “veranillos” que caracterizan al invierno habitual de la Costa.

La preocupación está en la intensidad

Ormaza también llamó a dimensionar el posible impacto de las lluvias. Tomando como referencia a Guayaquil, explicó que un invierno normal acumula aproximadamente 1.000 a 1.200 milímetros de lluvia entre enero y abril.

Un escenario de lluvias fuertes podría elevar ese acumulado a entre 1.500 y 2.000 milímetros. Con un Niño moderado podría llegar a unos 3.000 milímetros, mientras que un Niño fuerte podría superar los 4.000 milímetros.

El oceanógrafo insistió en que todavía existe incertidumbre sobre la magnitud final del fenómeno y pidió tomar con cautela los pronósticos de largo plazo.

No obstante, recordó los efectos que puede generar un periodo prolongado de precipitaciones. Señaló que durante episodios anteriores de El Niño se registraron acumulados extraordinarios en la Costa ecuatoriana.

Por eso, para los agricultores de Los Ríos, la preocupación no se limita a las 10.000 hectáreas que ya presentan daños. El temor es que esas pérdidas sean apenas el comienzo si las condiciones climáticas se intensifican.

Agricultores piden prepararse antes de que llegue el invierno

Mientras esperan una evaluación completa de los daños, los productores reclaman que el Gobierno acelere las acciones de prevención.

Para ellos, la pregunta ya no es únicamente cuándo llegará El Niño, sino qué tan preparados estarán los territorios agrícolas cuando lleguen las lluvias continuas.

La experiencia reciente demuestra que incluso periodos relativamente cortos de precipitaciones pueden provocar inundaciones, daños en carreteras y pérdidas de cultivos.

Por eso, García insiste en que las autoridades deben acudir directamente a las zonas afectadas y explicar a los agricultores qué obras, ayudas y mecanismos de respuesta están previstos.

En Los Ríos, mientras tanto, el conteo de pérdidas continúa en las parcelas. Y el maíz que debía representar el resultado de meses de trabajo ahora yace sobre el suelo, antes de que llegue el invierno que más preocupa a los productores.

Lo que debes saber

• El WTI sube a $103 por tensiones en Medio Oriente, pero Ecuador no recibe ese beneficio porque vende su crudo con un descuento de $15–18 por su calidad y condiciones comerciales.
• El país perdió 24.000 barriles diarios por fallas operativas, lo que impide aprovechar los precios altos y afecta su confiabilidad como proveedor internacional.
• Ecuador importa combustibles más costosos, especialmente diésel, lo que presiona la inflación y obliga al Estado a sostener subsidios que elevan el gasto público y la vulnerabilidad económica.

El precio del petróleo WTI, que sirve de referencia para Ecuador, está subiendo con fuerza y se ubica en alrededor de $103 por barril, según el CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group), uno de los mayores operadores mundiales de mercados de derivados.

En general y sin problemas geopolíticos de por medio, el precio del WTI se ubica entre los $65 a $80 dólares el barril.

El principal motivo de esta nueva subida es el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Los ataques contra infraestructura petrolera de Arabia Saudita provocaron el cierre temporal del oleoducto East-West, mientras que la situación alrededor del estrecho de Ormuz y el mar Rojo está aumentando el temor a interrupciones en el suministro mundial.

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¿Cuáles son los efectos para Ecuador?

Ecuador es un país exportador de petróleo, por lo que la subida del precio del barril de WTI debería ser beneficiosa para el país. Pero en realidad no es tan así, según explica el experto en petróleo, Nelson Baldeón.

“El WTI a $103 ofrece un alivio, pero Ecuador debe mirar el precio que efectivamente recibe y los barriles que logra producir”, menciona.

Y es que Baldeón explica que pese a que el WTI subió a $103, aproximadamente, Ecuador no puede vender su crudo a ese precio, porque siempre lo exporta con un descuento de castigo por barril que se ubica entre los 15 y 18 dólares por barril. Es decir, mientras el WTI se vende a $103, Ecuador deberá vender su petróleo a solo unos $85 por barril.

Esto se debe, detalla el experto, a que sus crudos son más pesados y contienen más azufre y convertirlos en combustibles de alto valor cuesta más. Además, el tamaño del descuento también depende del mercado.

Hay tres razones principales: densidad, azufre y condiciones comerciales. “En resumen el llamado castigo es un diferencial comercial. Nuestro petróleo requiere más procesamiento que el WTI y eso reduce lo que paga el comprador. Pero la calidad no explica por sí sola cualquier descuento: también debemos evaluar transporte, competencia entre compradores y condiciones de venta. Una parte responde a las características del crudo; otra depende de cómo y en qué mercado lo comercializamos”, indica Baldeón.

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Sin tanto para vender

Otro punto importante que evita que Ecuador aproveche esta subida del precio del petróleo, añade el especialista, es que el país ha dejado de producir 24.000 barriles diarios abruptamente porque falla un fusible en la zona petrolera del ITT.

Es decir, no basta con que el petróleo esté caro, sino que también hay que tener petróleo para vender. La declinación y las interrupciones operativas reducen la capacidad del país de aprovechar los precios altos y cuando son recurrentes, también debilitan la confianza en las metas de producción, lo que afecta la confiabilidad de Ecuador como proveedor.

“Recuperar el bombeo no significa recuperar los ingresos que no llegaron. El precio internacional nos ofrece una oportunidad; la capacidad de producir y entregar determina cuánto aprovechamos”, añade el experto.

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Un mayor costo para importar combustibles

Pero Ecuador también importa derivados. Al tener que vender petróleo con descuento se suma el mayor costo de compra combustibles. Es decir, además de tener la oportunidad de vender más caro, a la par el país debe comprar a mayor precio.

Ecuador importa una gran parte del diésel que consume y este producto, en particular, es peligroso para la inflación porque atraviesa prácticamente toda la economía: transporte de alimentos, agricultura, minería, construcción, industria y generación eléctrica. Su encarecimiento se incorpora sucesivamente al precio final de cada producto y reduce el ingreso real de las familias, añade Baldeón.

Además, Ecuador enfrenta este desafío con una vulnerabilidad: entre enero y julio de 2026, las importaciones de combustibles y lubricantes alcanzaron $5.372,7 millones, un crecimiento del 35,3%. Aunque el país conserva un superávit comercial de $2.843,1 millones, este es aproximadamente $1.067 millones inferior al del mismo período de 2025.

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Un alivio a corto plazo que no elimina el costo

Actualmente, el Gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene contenidos los precios internos para proteger a las familias y dinamizar la economía, según ha mencionado.

No obstante, dice el experto, la medida ofrece un alivio real de corto plazo, pero no elimina el costo, sino que más bien lo traslada al presupuesto público. Lo que quiere decir que, si los precios internacionales permanecen elevados, Ecuador deberá financiar mayores subsidios, incrementar deuda, elevar ingresos tributarios o permitir ajustes futuros.

“La solución estructural no consiste en celebrar combustibles artificialmente baratos mientras cae la producción nacional. Ecuador necesita atraer inversión, recuperar producción petrolera, ampliar almacenamiento, mejorar su capacidad de refinación y proteger su balanza energética”, concluye. 

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¿Qué está pasando en el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es el paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico. Es fundamental para el petróleo mundial: antes de la guerra pasaban por allí alrededor de 125 buques al día, y aproximadamente 20% del petróleo crudo y del GNL mundial transitaba por esa zona.

Lo que debes saber

• El WTI superó los $104 por barril este 14 de septiembre, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y los riesgos para el transporte de petróleo.
  
• El precio estimado del crudo ecuatoriano llegó a $90,17 por barril al 10 de septiembre, mientras el Oriente se ubicó en $94,56 y el Napo en $85,78.
  
• El crudo ecuatoriano está 68,5 % por encima del monto previstos en el Presupuesto General del Estado 2026.

El petróleo volvió a tomar impulso este 14 de septiembre de 2026. El West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para Ecuador, superó los $104 por barril, presionado por una nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente y los riesgos para el transporte de crudo por rutas estratégicas.

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A las 09:00 de Nueva York (08:00 de Ecuador), el WTI subía 4,23 %, hasta $104,28 por barril, según informó la agencia EFE. Los contratos de futuros para octubre sumaban $4,23 frente al cierre anterior y alcanzaban niveles no vistos desde mediados de mayo de 2026.

Entonces, el WTI cotizó por encima de los $108 por barril. Este nivel, sin embargo, no es el más alto de este 2026, pues en abril llegó hasta los $112, debido al conflicto entre Irán y Estados Unidos. Pero ¿cómo impacta esta nueva alza del WTI en Ecuador?

¿A cuánto está el crudo ecuatoriano?

La escalada del petróleo internacional se refleja también en el crudo ecuatoriano, aunque estas se mantienen por debajo del WTI debido a que recibe un castigo debido a su calidad.

Según el último reporte de la empresa pública Petroecuador, el precio estimado del barril de crudo ecuatoriano se ubicó en $90,17 por barril, con información al 10 de septiembre. En esa fecha, el WTI se cotizó en $100,05.

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Mientras tanto, el crudo Oriente registró un precio de $94,56 y el Napo llegó a $85,78 por barril.

Además, el precio estimado del crudo ecuatoriano se encuentra muy por encima del estimado en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026. En este insumo se previó un precio de $53,50 por barril para el crudo ecuatoriano de exportación.

De esta manera, los $90,17 registrados al 10 de septiembre representan $36,67 más por barril, o 68,5 % por encima de la previsión presupuestaria.

¿Por qué el WTI superó los $104?

La nueva escalada se produce mientras aumentan los riesgos para el suministro y transporte de petróleo en Oriente Medio.

Según EFE, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, tomaron el control del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. Esta ruta ha ganado más importancia después del bloqueo del estrecho de Ormuz.

A ello se suma que Arabia Saudí anunció el cierre preventivo de su oleoducto Este-Oeste tras varios ataques. Esta infraestructura tiene capacidad para transportar aproximadamente 7 millones de barriles diarios.

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Mientras tanto, Irán y Omán pospusieron indefinidamente la reunión prevista para este 14 de septiembre con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en la que se esperaba abordar una reapertura parcial y provisional del estrecho de Ormuz.

Este escenario mantiene la presión sobre las cotizaciones internacionales y, por su relación con el WTI, también sobre los precios de referencia de los crudos que exporta Ecuador.

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El índice de semiconductores de Filadelfia se desplomó 6%, con retrocesos de Nvidia (−3,5%), AMD (−5,6%) y Micron (−6,7%). En Europa, el sector tecnológico retrocedió 2,3%, con ASML cayendo 6,7% y pérdidas adicionales en Infineon y Siemens Energy.

El impacto se extendió a los mercados asiáticos. SoftBank, uno de los principales inversionistas en inteligencia artificial, se desplomó hasta 13,2%, mientras que TSMC y SK Hynix también registraron retrocesos. 

Riesgos “inaceptables” y debate político

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que instó a las compañías a frenar la velocidad de avance de sus modelos. Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, respaldaron la propuesta. 

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Altman incluso anunció que OpenAI no avanzará con una oferta pública inicial este año por motivos de seguridad. Amodei advirtió que en seis a doce meses los agentes de IA podrían “tomar el control de internet”, causando daños de cientos de miles de millones de dólares.

Mientras tanto, algunos legisladores estadounidenses han pedido nuevas regulaciones, aunque el presidente Donald Trump calificó a los críticos de la IA como “fuerzas negativas” y reafirmó su intención de mantener a EE. UU. como líder en el sector.

Inversores divididos sobre el futuro

No todos comparten las advertencias. Michael Burry, conocido por anticipar la crisis hipotecaria de 2008, calificó los mensajes de “exageración” y “cobertura para un crecimiento desacelerado”. 

En contraste, Morgan Stanley proyecta que el gasto en IA superará los 1,2 billones de dólares en 2027, mientras Deutsche Bank considera improbable que las empresas reduzcan voluntariamente sus inversiones en medio de una competencia global intensa.

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Con esta decisión, Restaunsa asumirá el control de una unidad de negocio que incluye la producción, distribución y comercialización de donas, productos de panadería y bebidas bajo la marca Dunkin Donuts.

La autorización fue emitida tras un análisis de concentración económica realizado por la autoridad de competencia y fue difundida por la entidad, este 14 de septiembre de 2026. La SCE dice haber evaluado los posibles efectos de la transacción en varios mercados relacionados con la preparación y venta de alimentos y bebidas en cafeterías, los servicios de entrega a domicilio mediante plataformas digitales, la comercialización minorista en supermercados y tiendas de descuento, así como la distribución de productos de panadería y pastelería.

¿Por qué se aprobó la operación?

Según la resolución, la revisión se concentró especialmente en las relaciones verticales que podrían generarse entre Dunkin Donuts y las empresas del Grupo El Rosado, conglomerado al que pertenece Restaunsa.

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La entidad concluyó que estas vinculaciones no representan riesgos significativos para la competencia. Entre las razones expuestas está la existencia de proveedores alternativos y la ausencia de incentivos suficientes para restringir el acceso de otros operadores a los mercados involucrados.

Además, en el segmento de panadería y pastelería, la SCE determinó que la relación comercial potencial tendría una escala reducida y no alteraría de manera relevante las condiciones competitivas.

La decisión permite que Grupo El Rosado fortalezca su presencia en el negocio de restaurantes, cafeterías y consumo fuera del hogar, un segmento en el que ya participa a través de diversas marcas y operaciones comerciales.