Lo que debe saber

• El CyberMonday Ecuador alcanza su edición número 25, se desarrollará durante siete días consecutivos, del 8 al 14 de junio.
• Los consumidores de entre 18 y 34 años son los más activos en el comercio electrónico, mientras que el celular concentra el 78,4 % de las visitas y compras.
• Descuentos de hasta el 70 %. Empresas de tecnología, turismo, hogar, moda y servicios ofrecerán promociones especiales, envíos gratuitos y facilidades de financiamiento durante toda la campaña.

El comercio electrónico ecuatoriano se prepara para una nueva jornada de ventas masivas. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) anunció la edición número 25 del CyberMonday Ecuador, que se extenderá durante una semana completa, del 8 al 14 de junio de 2026, con la expectativa de superar las 700.000 visitas en su plataforma oficial.

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El evento, considerado el más importante del comercio electrónico nacional, reunirá a empresas de sectores como tecnología, moda, hogar, turismo, salud y servicios financieros, que ofrecerán descuentos especiales, promociones exclusivas y facilidades de pago para los consumidores.

Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, destacó que la iniciativa busca fortalecer la actividad económica y brindar confianza a los compradores en el entorno digital.

“Generamos constantemente oportunidades para que las empresas acerquen sus marcas a la ciudadanía. Nuestro aval garantiza un entorno seguro y confiable, contribuyendo a la reactivación económica del país”, señaló.

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¿Quiénes son los que más compran?

Los resultados de la última edición evidencian el crecimiento sostenido del comercio electrónico en Ecuador. El segmento de entre 25 y 34 años fue el más activo durante la campaña anterior, seguido por los consumidores de 18 a 24 años. Además, hombres y mujeres registraron una participación equilibrada en las compras en línea.

Uno de los datos más relevantes es el predominio del teléfono celular como principal herramienta de compra. El 78,4 % de las visitas y transacciones se realizaron desde dispositivos móviles, mientras que las computadoras de escritorio representaron el 18,9 % del tráfico.

¿Qué ofertas se ofrecerán?

Las empresas participantes han preparado promociones agresivas para esta edición. En el sector turístico habrá descuentos de hasta el 50 % en paquetes y hoteles, además de rebajas en boletos aéreos y financiamiento especial. En el ámbito tecnológico y de electrodomésticos se anuncian descuentos que alcanzan el 50 %, meses sin intereses y envíos gratuitos a nivel nacional.

Almacenes Estuardo Sánchez ofrecerá descuentos de hasta el 60 % y envío gratuito durante toda la campaña, mientras que Tía promocionará rebajas de hasta el 70 % en categorías seleccionadas. Artefacta y RadioShack presentarán ofertas especiales en televisores, celulares y equipos tecnológicos, en una temporada marcada por la expectativa de eventos deportivos internacionales y las compras por el Día del Padre.

Sony, por su parte, anunció descuentos de hasta el 50 % en diversas categorías, incluyendo televisores, cámaras, equipos de audio y consolas de videojuegos, junto con opciones de financiamiento y entregas rápidas en todo el país.

Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil destacaron que el CyberMonday ha acompañado el desarrollo del comercio electrónico ecuatoriano desde 2012, consolidándose como una de las principales vitrinas digitales para las empresas y una oportunidad para que los consumidores accedan a productos y servicios a precios preferenciales.

La organización invitó a la ciudadanía a ingresar a la plataforma oficial del evento entre el 8 y el 14 de junio de 2026 para aprovechar las ofertas de forma segura y comparar las promociones disponibles entre las decenas de marcas participantes.

Se trata de la octava plaza comercial de la cadena Plaza TÍA en el país y que mantendrá el formato de ser un punto de encuentro para las familias y las comunidades de la zona, según indicó en un comunicado la inmobiliaria.

Con una inversión de 2,25 millones de dólares, la plaza dispondrá de 3.567,64 metros cuadrados de construcción, incluyendo locales comerciales y áreas exteriores cubiertas. Según sus promotores, el lugar estará diseñado para integrar servicios, comercio y espacios de conveniencia en un solo lugar.

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“Con Plaza TÍA La Fuente buscamos generar un espacio que aporte a las familias, impulse la actividad comercial y contribuya al crecimiento del sector”, expresó Paúl Palacios, director de Plaza TÍA.

En total, la nueva plaza contará con 31 locales comerciales y entre las marcas confirmadas se encuentran Supermercados TÍA, Farmacias Medicity, Farmacias Económicas, Barbería Barcabi, Centro Médico, Papelería, Óptica, Domino's Pizza, Coffee Brown, Los Arbolitos y Pez Azul. La entrega de la obra está prevista para finales de este 2026.

No será la primera plaza de Tía en la zona

La Fuente no será la primera plaza de Tía en La Aurora, ya que actualmente opera Plaza Tía La Joya, por lo que la compañía apostará por tener dos complejos comerciales relativamente cerca dentro del mismo polo urbano.

Además, todas las plazas Tía están concentradas en el área metropolitana de Guayaquil, especialmente en los corredores de crecimiento como la vía a Daule, por lo que la nueva obra se suma a esta estrategia de expansión hacia La Aurora, uno de los sectores con mayor crecimiento residencial del país.

"Este proyecto representa una nueva oportunidad para seguir contribuyendo al crecimiento de las ciudades y comunidades. En Minutocorp nos enorgullece participar en el desarrollo de espacios que generan bienestar, dinamizan la economía local y crean valor para las personas", señaló David Concha Neme, director ejecutivo Minutocorp.

Lo que debes saber

• Banco Pichincha tiene 600.000 microempresarios en cartera y estima que podría llegar a 800.000 con una reforma de tasas.
  
• La metodología de cálculo de tasas de microcrédito lleva 15 años sin revisión técnica.
  
• Fitch Ratings otorgó a Banco Pichincha calificación B, un escalón sobre la nota soberana del país.
  
• El riesgo país cerró en 396 puntos el 3 de junio, el nivel más bajo desde 2014.
  

Ante más de 300 líderes de 22 países reunidos en Quito para el Business Future of the Americas (BFA) 2026 -la conferencia anual de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina (AACCLA) y la U.S. Chamber of Commerce-, Alejandro Ribadeneira Jaramillo, gerente general de Banco Pichincha, lanzó una advertencia: el mejor momento macroeconómico de Ecuador en una década no está llegando a quienes más lo necesitan.

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"En vez de tener 600.000 microempresarios, podríamos tener 800.000 y le sacamos de aprieto a un montón de gente que hoy depende de financistas poco serios", afirmó Ribadeneira durante el panel bancario del encuentro, que se realizó el pasado miércoles en Quito.

El nudo: una tasa fijada hace 15 años

El problema, según explicó, no es la voluntad del sector bancario sino una norma desactualizada. La metodología de cálculo de tasas de interés para microcrédito —que supera el 20%— lleva aproximadamente 15 años sin revisión técnica. Con ese costo, una parte importante de los microempresarios no califica para crédito formal y termina en manos de prestamistas informales.

"Tenemos que discutir técnicamente varias normas del mercado financiero ecuatoriano. Eso va a ser la forma de que el fondeo del que estamos hablando se traduzca en crédito para todos los segmentos, no solo el corporativo", precisó Ribadeneira.

El ejecutivo fue claro sobre la responsabilidad compartida: la revisión debe darse entre el sector público, el privado y la academia. No es un ajuste de mercado, es una decisión de política financiera que lleva demasiado tiempo postergada.

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El contraste: un banco que supera al soberano

El mismo día en que Ribadeneira hacía esa advertencia, el riesgo país de Ecuador perforaba los 400 puntos por primera vez desde 2014, cerrando en 396 puntos básicos según el índice EMBI de JP Morgan. El indicador ha disminuido 1.512 puntos desde la segunda vuelta electoral de abril de 2025.

En ese contexto, Ribadeneira informó que Fitch Ratings otorgó a Banco Pichincha una calificación internacional de B con perspectiva estable, un escalón por encima de la nota soberana del Estado ecuatoriano. "Es poco frecuente que una entidad financiera alcance una calificación superior a la soberana", afirmó el ejecutivo. 

Sus papeles de fondeo internacional (DPS) registran BB+, a un paso del grado de inversión.

Si el banco alcanza ese umbral, explicó, su capacidad de fondearse "crecerá exponencialmente": acceso a más financistas internacionales, plazos más largos y tasas más blandas que se trasladarían directamente a los clientes.

La IED: la otra cuenta pendiente

Ribadeneira también apuntó a otro déficit estructural. La inversión extranjera directa (IED) en Ecuador sigue siendo marginal frente a sus vecinos andinos. Aunque la IED ecuatoriana repuntó en 2025, ese nivel representaría apenas el 0,74% del producto interno bruto (PIB), frente al 3,4% de Colombia y el 2,4% de Perú.

Sin seguridad jurídica para el inversionista extranjero, advirtió, el boom del riesgo país no se convierte en capital productivo. "Ahí tenemos una oportunidad enorme para traer recursos al Ecuador", dijo.

El escenario que describió Ribadeneira en el BFA es el de un país que ha mejorado sus señales hacia afuera pero que aún tiene nudos internos sin resolver:

Lo que debes saber

• El artículo 122 del Código Tributario establece que cuando un tributo es declarado ilegal, el Estado está obligado a devolver lo cobrado más los intereses.
  
• El reclamo debe presentarse ante la Aduana —no ante el SRI— con la declaración aduanera de importación como único documento requerido.
  
• Ya existe jurisprudencia aplicable: casos similares de la tasa que rigió entre 2017 y 2018 fueron resueltos favorablemente ante los tribunales.
  

El 29 de mayo, víspera de las elecciones presidenciales en Colombia, Noboa anunció la derogación de la tasa tras una videollamada con el candidato Abelardo de la Espriella, con quien acordó cooperar en seguridad fronteriza y energía. La medida entró en vigor el 1 de junio. De la Espriella, que ganó la primera vuelta con el 43,74%, irá a balotaje.

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Tras la derogación de la tasa de control aduanero a las importaciones colombianas —que escaló del 30% al 100%—, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, descartó devolver los $121,5 millones recaudados entre febrero y mayo de 2026, argumentando que el dinero ya fue ejecutado en operativos de seguridad fronteriza. 

Para el abogado Roberto Carmigniani, esa posición carece de respaldo jurídico: el ordenamiento ecuatoriano obliga al Estado a restituir lo cobrado, más los intereses, y los importadores afectados cuentan con las herramientas legales para exigirlo ante la Aduana.

La postura del Gobierno y el error jurídico

— El ministro Jaramillo dijo que no se devolverá la tasa porque ese dinero ya fue usado en seguridad. ¿Esa posición tiene sustento legal?

No. Es una posición equivocada. La Secretaría General de la CAN ordenó el retiro de la tasa porque, desde su implementación en febrero, infringió las normas del Acuerdo de Cartagena. 

Al ser un tributo establecido ilegalmente, el artículo 122 del Código Tributario ecuatoriano activa automáticamente el derecho a reclamar la devolución por pago indebido. 

El destino que el Gobierno le haya dado a esos recursos no modifica esa obligación jurídica: lo que se cobró ilegalmente debe devolverse, sin excepción.

— ¿Por qué la CAN determinó que la tasa era ilegal desde su origen?

Por dos razones fundamentales. Primero, porque esa tasa no representaba la contraprestación de un servicio efectivamente prestado a cada importador por su importación concreta, sino que era un cobro genérico, impuesto por generalidades. 

Segundo, porque la tarifa —que escaló del 30% al 50% y luego al 100%— era desproporcionada y no tenía por objeto cubrir el costo de ningún servicio real. Por esos motivos, la Secretaría de la CAN la calificó como un gravamen al comercio, que está expresamente prohibido por el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

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El derecho a la devolución

— ¿Es necesario que la CAN ordene expresamente la devolución o ya está implícito en el fallo?

Está implícito y no hace falta un pronunciamiento adicional. El artículo 122 del Código Tributario establece que procede el pago indebido cuando el tributo ha sido establecido ilegalmente, y la resolución de la CAN es precisamente la evidencia de esa ilegalidad. 

Con ese pronunciamiento, cada importador que pagó la tasa durante su vigencia tiene derecho a solicitar la restitución de esos valores, más los intereses respectivos que el Estado deberá reconocer.

El proceso ante la Aduana

— ¿Cómo puede un importador recuperar su dinero y ante quién debe acudir?

El reclamo se presenta ante la Aduana, no ante el SRI, porque es ante la Aduana donde se realizó el pago. El procedimiento es un reclamo administrativo de pago indebido, que suele tomar entre 3 y 4 meses y culmina con una resolución administrativa. 

Si el Gobierno lo niega, el importador puede impugnar esa decisión ante un Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, donde el proceso puede tomar en promedio entre 2 y 3 años. 

Cabe aclarar que el Gobierno ya cumplió con la CAN al derogar la tasa, por lo que no hay riesgo de sanciones del bloque: la disputa queda en el ámbito de la justicia ecuatoriana.

Haber gastado esos recursos en seguridad no modifica la obligación jurídica del Estado de devolverlos

— ¿Qué documentos se necesitan y es complicado demostrarlo?

No es complicado. El importador solo necesita presentar la declaración aduanera de importación, que es el documento donde constan todos los rubros pagados al nacionalizar la mercadería, incluyendo el valor de esta tasa. 

Con esa evidencia y la resolución de la Secretaría de la CAN, la ilegalidad del cobro queda demostrada. El trámite en sí no es complicado, aunque toma tiempo si el Gobierno lo niega en sede administrativa.

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— ¿A qué tipo de importador le conviene más reclamar?

Depende de cuánto representa para cada uno lo que pagó por la tasa. Para un importador grande, con volúmenes altos de mercadería nacionalizada durante los meses que rigió el cobro, el monto a recuperar puede justificar perfectamente el proceso, incluso si llega a la vía judicial. 

Para los más pequeños, el cálculo es distinto: el trámite no es costoso económicamente, pero sí demanda tiempo, y eso es lo que deben evaluar antes de decidir si acuden a la Aduana.

Precedentes y perspectiva

— ¿Existen casos ya resueltos que respalden esta vía?

Sí, y son directamente aplicables. Ya existe jurisprudencia de la tasa de control aduanero que rigió entre 2017 y abril de 2018, que fue declarada ilegal por la misma Secretaría General de la CAN. 

En esos procesos he logrado entre 5 y 6 casos en los que se concretó el cobro de la devolución, el último de ellos en febrero de este año, tras sentencia ejecutoriada obtenida en un proceso judicial iniciado en 2023. Es decir, ya existen precedentes concretos que sostienen todo lo contrario a lo que ha afirmado el ministro.

— ¿Puede ocurrir que el Gobierno simplemente no devuelva, aunque haya una resolución favorable?

Puede ocurrir demora, sí. El proceso tiene una fase de cumplimiento de sentencia que, aunque es relativamente corta, depende de la gestión del Estado. En el caso que mencioné, entre el inicio del proceso judicial en 2023 y el cobro efectivo pasaron más de dos años. 

Por eso, más que el costo económico del trámite, lo que los importadores deben considerar es el tiempo que implica recorrer esa vía, especialmente para los más pequeños.

Con la declaración aduanera presentada ante la Aduana el pago indebido de la tasa queda demostrado

Sobre el entrevistado

Roberto Carmigniani es abogado de la Universidad Católica de Guayaquil y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo(UESS). 

Fue socio de Pérez Bustamante & Ponce y desde 2024 ejerce en Eduardo Carmigniani Estrategias Legales. Cuenta con más de 20 años en litigio civil, comercial y contencioso administrativo, The Legal 500 lo destacó como litigante de referencia del país.

Lo que debe saber

• Estados Unidos prevé concluir en cuestión de semanas una investigación comercial sobre prácticas relacionadas con el trabajo forzoso, que abarca a unas 60 economías de distintas regiones del mundo.
• Washington contempla imponer un arancel del 10 % a países que cuentan con legislación contra el trabajo forzoso pero que, a su juicio, no la aplican adecuadamente, y de 12,5 % a aquellos que carecen de normas sólidas en esta materia.
• Entre las economías bajo evaluación figuran la UE, México y varios países latinoamericanos. EE. UU. sostiene que busca proteger sus cadenas de suministro y reforzar la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso.

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, estimó este jueves que terminará "en semanas" la investigación que ha abierto para imponer nuevos aranceles a 60 economías con el argumento de no hacer lo suficiente para impedir la entrada de productos hechos con trabajo forzoso.

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"Estamos muy centrados en esta cuestión", explicó en declaraciones a la prensa Greer en París, donde participaba en la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Destacó que es "una investigación compleja" que busca analizar diferentes prácticas en numerosos países y a la pregunta de cuánto tiempo podría llevar, contestó que cree que será "cuestión de semanas".

La investigación no es nueva

En respuesta a las críticas de muchos de los socios a los que ha amenazado con estos nuevos aranceles, entre los que están los de la Unión Europea, pero también México y otros países latinoamericanos, el USTR hizo hincapié en que "nada de esto es nuevo, no es ninguna sorpresa" porque habían lanzado esta ofensiva hace ya un año con una investigación contra Brasil y hace una semana contra Vietnam.

Recordó que lo había planteado precisamente en la OCDE hace un año y que entonces ya había dicho que en su país estaban "muy preocupados" por la cuestión del trabajo forzoso, por la entrada de productos que lo utilizan en la cadena de suministros y por la incapacidad de los países para tomar medidas efectivas.

Greer repitió que es una herramienta que Estados Unidos había anunciado que iba a utilizar y forma parte de su política comercial.

Hizo una puntualización al ser preguntado sobre si estos nuevos aranceles se añadirían en el caso de la UE a los que los Veinsisiete habían aceptado en el conocido como el acuerdo de Turnberry, alcanzado el verano de 2025 entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En concreto, señaló que el compromiso del pasado año establece que la UE reconoce que Estados Unidos puede imponer aranceles hasta cierto nivel y que ofrece a Washington un margen para fijar esos aranceles.

"Por supuesto -dijo-, vamos a tener en cuenta el acuerdo de Turnberry porque creemos que aborda muchos de estos problemas si se aplica por completo, si se aborda de forma adecuada. De forma que creemos que hay margen para integrar ese acuerdo en el marco de lo que estamos haciendo ahora, siempre y cuando la UE cumpla con el acuerdo de Turnberry".

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La ley tiene 100 años

El responsable comercial de Estados Unidos indicó que su país tiene desde hace 100 años una ley que prohíbe la importación de productos fabricados total o parcialmente con trabajo forzoso, que desde hace unos 10 años ha decidido ser enérgico en su aplicación y que "en gran medida", son los "únicos" que tienen "un nivel de ambición en la aplicación" de esa regla.

Admitió que hay países como la Unión Europea, Canadá o México que tienen leyes bastante similares pero, a partir de los análisis que han llevado a cabo, no las están aplicando adecuadamente.

No obstante, explicó que a esos países contempla imponerles un arancel del 10 %, mientras que a los que carecen de una ley sólida que prohíba la importación de bienes hechos con trabajo forzoso tendrán un 12,5 %.

Sobre el caso específico de la UE, comentó que la ley existe pero no se ha puesto en práctica todavía y que conforme los países modifiquen sus prácticas, Estados Unidos analizará esos cambios: "Queremos ver pruebas reales".

Preguntado sobre si se plantea la posibilidad de trabajar en un acuerdo internacional para asentar esa cuestión de las importaciones de productos del trabajo forzoso, Greer dijo que "estaría abierto" y cuando se le sugirió si eso podría hacerse en una instancia como la OCDE, respondió que "sería un foro estupendo".

Añadió que, por el contrario no le parecería adecuado hacerlo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tiene "muchas dificultades para llevar a cabo acciones multilaterales" porque no todos sus miembros creen que sea necesaria por la misma razón.

"Es más fácil hacerlo entre un grupo más reducido de democracias de mercado, como lo es en gran medida la OCDE. Así que Estados Unidos está abierto a instrumentos que involucren el comercio en el futuro en la OCDE", comentó.

Lo que debe saber

• A partir del 6 de junio, las tarjetas internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en la isla para transacciones vinculadas a Fincimex, afectando el cobro y pago de bienes y servicios con el exterior.
• La decisión responde a una orden ejecutiva emitida el 1 de mayo por el Gobierno estadounidense, que contempla sanciones para empresas y personas con vínculos económicos, comerciales o financieros con entidades cubanas.
• La medida se suma al bloqueo petrolero y a las sanciones contra el conglomerado estatal Gaesa, provocando la salida de inversionistas y empresas extranjeras, entre ellas cadenas hoteleras y compañías mineras con presencia en la isla.

El Banco Central de Cuba (BCC) informó que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en Cuba a partir del 6 de junio para evitar sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva de 1 de mayo de EE. UU.

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El banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el exterior (cuyo nombre no fue difundido por el BCC) comunicó a la autoridad monetaria que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex (perteneciente al conglomerado empresarial del ejército, Gaesa) para evitar las sanciones.

"Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de Mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba", indicó el BCC.

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Sanciones aceleran el aislamiento financiero

La entidad agregó que a partir de esta decisión "Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard".

La salida de este banco supone cortar todas las conexiones financieras de la isla con el exterior, redoblando la presión de Washington sobre la isla, a la que el Gobierno de EE. UU. quiere forzar a adoptar profundas reformas políticas y económicas.

EE. UU. escala así la presión que venía ejercitando sobre Cuba desde enero, cuando decretó un bloqueo petrolero que ha paralizado en la práctica gran parte de la actividad económica del país, pues la isla sólo produce un 40 % de sus necesidades energéticas.

Crece el impacto sobre la economía cubana

La Orden Ejecutiva del 1 de mayo preveía por su parte sanciones para las personas y empresas que mantuviesen vínculos económicos, comerciales o financieros con el Gobierno cubano y, especialmente, en los sectores energético, financiero y de defensa.

El 7 de mayo se sancionó a Gaesa, la mayor empresa estatal de Cuba, que se estima a cargo del 40 % del producto interno bruto (PIB) de la isla. Estop ha llevado a muchas empresas a cortar sus lazos con esta entidad, con presencia en casi todos los sectores económicos.

En este ámbito se enmarca la salida total o parcial del país de las principales hoteleras extranjeras en la isla, como las españolas Meliá e Iberostar.

La minera canadiense Sherritt, la mayor inversión extranjera en Cuba, anunció hace un mes su salida inmediata de la isla a raíz de las sanciones estadounidenses.

Los tres puntos claves

• El Biess fijó en 2026 un techo máximo de hasta $38.560 para el préstamo quirografario, aunque el monto final depende de la capacidad de pago y los fondos acumulados de cada afiliado o jubilado.
• Las tasas de interés parten desde el 6,5 % anual y el desembolso puede realizarse en un plazo de 24 a 72 horas tras la aprobación.
• El acceso requiere al menos 12 aportaciones al IESS, fondos de cesantía o reserva disponibles y no tener deudas vencidas con el sistema.

El crédito quirografario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) se mantiene en 2026 como una de las alternativas más utilizadas por afiliados y jubilados que necesitan liquidez rápida para gastos personales, familiares o emergencias.

Aunque el sistema establece un límite referencial alto, el monto final no es igual para todos los solicitantes y depende de variables como los fondos acumulados, la capacidad de pago y el tiempo de aportaciones al IESS.

¿Cuánto dinero se puede solicitar en 2026?

Para este año, el Biess fijó un techo máximo de hasta $38.560, equivalente a 80 salarios básicos unificados. Sin embargo, esta cifra funciona únicamente como un límite superior, ya que el valor aprobado se calcula de manera individual.

En la práctica, los afiliados activos pueden acceder hasta el 95 % de sus fondos acumulados de cesantía y/o reserva, que funcionan como garantía del crédito. En el caso de los jubilados, el monto se determina en función de su pensión y su capacidad de pago mensual.

El cálculo también toma en cuenta el tiempo de aportación al sistema, además del nivel de endeudamiento que registre el solicitante.

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Uno de los principales atractivos del quirografario es su rapidez. El trámite es completamente digital y, una vez aprobado, el desembolso puede realizarse en un plazo de entre 24 y 72 horas.

El Biess ofrece tasas de interés desde el 6,5 % anual, lo que lo posiciona como una opción competitiva frente a otros créditos de consumo. Además, el sistema permite al usuario simular diferentes plazos y elegir el esquema de amortización, ya sea francés o alemán, según su conveniencia.

Requisitos para acceder al crédito

Para solicitar el préstamo quirografario es necesario cumplir con varias condiciones básicas:

No califican quienes no sean afiliados, quienes tengan menos de 36 aportaciones o quienes mantengan obligaciones pendientes.

Cómo se solicita

El proceso se realiza en línea a través del portal del Biess. El usuario debe ingresar con su cédula y clave del IESS, verificar sus datos, utilizar el simulador de crédito y luego seleccionar la opción de préstamo quirografario.

Tras confirmar el monto y el plazo, la solicitud se envía para aprobación automática. Si es aceptada, el dinero se acredita directamente en la cuenta registrada.

¿Qué ocurre si ya tienes un crédito vigente?

Si el afiliado mantiene un préstamo activo, el sistema puede permitir una novación, es decir, la sustitución del crédito actual por uno nuevo, siempre que la capacidad de pago lo permita.

En caso contrario, no se habilita una nueva solicitud hasta que el crédito anterior sea cancelado o reestructurado.

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Ventajas y riesgos de solicitar el préstamo

Este tipo de crédito ha ganado popularidad por su facilidad de acceso y rapidez. Según datos del Biess, su uso creció un 12 % entre enero y febrero de 2026, con más de 460.000 personas accediendo a este producto.

Entre sus ventajas destacan el trámite digital, el desembolso rápido y la posibilidad de ajustar cuotas y plazos para ordenar las finanzas personales.

Sin embargo, también implica riesgos importantes. El préstamo se respalda con los fondos de reserva o cesantía, lo que puede afectar el ahorro futuro del afiliado en caso de incumplimiento.

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Además, se exige un mínimo de 12 aportaciones, con al menos seis consecutivas, y el acceso puede bloquearse si el empleador mantiene deudas con el IESS o si el usuario tiene obligaciones pendientes.

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Según data de Dual Logistic, empresa de consultoría para los sectores de Logística y Comercio Exterior, los principales puertos del país movieron un total de 824.444 TEUs, entre enero y marzo de este año, lo que significó un incremento  de un 14 % más de carga movilizada. 

¿Qué puertos mueven más carga?

Si se revisa el volumen de carga contenerizada solo de las terminales de Guayaquil,  el primer lugar lo sigue ocupando DP World, operadora del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, con 216,731 TEUs, lo que equivale a un 26 % de participación. Muy seguido aparece Contecon, concesionaria del Puerto de Guayaquil, con 202,344 TEUs (25 % del mercado) y TPG (Terminal Portuario de Guayaquil) con 194.335 TEUs (24 %). 

Según expertos del sector, el incremento de la carga responde a una mayor dinámica del comercio exterior, movido este año por más exportaciones y un mayor consumo interno, que se refleja en un aumento de importaciones. 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), hasta marzo de este año, las exportaciones no petroleras alcanzaron los 7.306 millones (4 % más) y las importaciones los $ 7.825 millones, un incremento del 11,6 %. 

Fohodil Galeas, Director Comercial de Contecon, explica que las mayores ventas externas están motivadas, sobre todo, por los recientes acuerdos comerciales que han impulsado fuertemente las ventas de materias primas hacia el mercado asiático. Este año, cita,  productos como el banano tienen un crecimiento interanual del 10%. Algo parecido ocurre con el camarón y la madera que también han mostrado un comportamiento al alza. 

Solo este primer trimestre el volumen de Contecon se expandió un 30%. Si se excluyen los transbordos que son la misma carga que se mueve de un barco a otro, dice Galeas, la concesionaria llega a liderar con el 26% participación de mercado. 

El panorama internacional, con nuevas rutas y el posicionamiento de un megapuerto en la región, ha sido capitalizado positivamente por Contecon. Gracias a alianzas estratégica con navieras como Cosco, la firma ha podido triplicar volúmenes de carga con el puerto de Chancay, la magna obra que opera en Perú y que conecta a las navieras directamente con Shanghai.

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Mayor inversión en puertos

El mayor movimiento de carga está acompañado por la inversión que hacen las terminales de la ciudad, tanto públicas como privadas, para elevar la capacidad de sus infraestructura. 

Para este año, la Asociación de Terminales Portuarios Privados (Asotep) ha estimado una inversión de más de $ 200 millones. Uno de los planes clave es seguir trabajando en la profundización del canal de acceso a los puertos de Guayaquil, que permitirá alcanzar un calado de 14 metros y con ello el ingreso de buques de hasta 400 metros de eslora. Está previsto que la obra se concrete entre finales de 2026 e inicios de 2027.  

El Puerto de Aguas Profundas de Posorja (DP World), por su parte, ha invertido más de $140 millones en la expansión de su muelle principal a 700 metros, capacidad que se ampliará a 800 metros con una inversión adicional de $40 millones. Esta infraestructura proyecta elevar la capacidad operativa a 1,4 millones de TEUs anuales y permite la atención de buques de gran tamaño.

Contecon, en cambio, ejecuta una inversión de 20 millones de dólares operativa para septiembre de este año, y planea anunciar una inversión más fuerte en las próximas semanas para garantizar la capacidad logística del país con miras al año 2030. Su concesión está vigente hasta el 2046.

Lo que debes saber

• Reforma al reglamento: El Decreto 398 reforma el reglamento tributario en Ecuador para implementar herramientas tecnológicas de avanzada que apunten a frenar la evasión y la comercialización ilícita.
  
• Nuevos códigos obligatorios: Las empresas reguladas por el SRI deberán incorporar códigos físicos, tecnología digital y marcación química directamente en los envases o empaques de sus productos en el país.
  
• Vigilancia en tiempo real: Toda la información de producción, importación y venta se registrará en una plataforma digital integrada y controlada de forma exclusiva por la administración tributaria.

El Gobierno Nacional busca cerrarle el paso al contrabando y a la defraudación tributaria mediante una reestructuración de sus mecanismos de vigilancia. A través del Decreto Ejecutivo No. 398, suscrito el 3 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Con este cambio normativo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) queda facultado para implementar tecnologías avanzadas de identificación, autenticación y trazabilidad fiscal, poniendo la lupa directamente sobre la cadena de producción y comercialización en el país.

La nueva estrategia modifica las reglas de control previo, extendiendo la obligación a los sujetos pasivos que la administración tributaria determine. A partir de la vigencia del decreto, las empresas seleccionadas deberán incorporar obligatoriamente estos sistemas de rastreo, los cuales no solo se aplicarán a bienes físicos, sino que también podrán extenderse a la prestación de servicios, garantizando así un blindaje más amplio contra la informalidad.

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Códigos físicos, tecnología digital y marcación química

Para ejecutar esta vigilancia, la normativa establece dos categorías principales de herramientas. La primera corresponde a los Componentes Físicos de Seguridad (CFS), que consisten en códigos o dispositivos visibles que irán adheridos o impresos de forma directa en los productos, envases o empaques. Estos elementos tendrán la categoría jurídica de documentos públicos y, como novedad, el documento abre la puerta al uso de procesos de marcación química para evitar falsificaciones.

La segunda categoría abarca los Componentes Digitales de Seguridad (CDS), herramientas tecnológicas que serán normadas en detalle por el SRI. El núcleo del sistema radica en que todos estos componentes, tanto físicos como digitales, operarán interconectados a una plataforma integral única. 

Este cerebro digital registrará en tiempo real la información clave sobre la producción nacional, los procesos de nacionalización de mercancías importadas y la comercialización final de los productos.

Control exclusivo en manos del SRI

El decreto ratifica que el SRI mantendrá la responsabilidad absoluta y exclusiva de la implementación, gestión y control de todo este ecosistema de marcación fiscal. No obstante, la normativa deja abierta una estructura colaborativa, permitiendo que otras entidades del Estado con competencia en distintas áreas productivas puedan proponer técnicamente la incorporación de nuevos bienes o servicios a este riguroso régimen de control.

El Ministerio de Finanzas destacó el hecho como un nuevo “hito” logrado por “la gestión responsable de las finanzas públicas, estabilidad macroeconómica y credibilidad institucional”, según expresó la cartera de Estado en un comunicado.

La caída del Riesgo País se ha venido dando de manera sostenida desde el año pasado y cae por primera vez, desde que inició la gestión de Daniel Noboa en 2023, por debajo de los 400 puntos. Desde abril de 2025, el indicador se ha reducido en 1.512 puntos.

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¿Qué es el Riesgo País?

Es un indicador que refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad financiera y económica del país, para invertir, realizar negocios en él y concederle créditos. Mientras más baje el Riesgo País, mayor es la confianza de los inversionistas.

El riesgo país es calculado y publicado por JPMorgan a través del índice EMBI Global (Emerging Markets Bond Index Global), que mide la percepción de los inversionistas internacionales sobre la capacidad de pago, sostenibilidad fiscal y fortaleza institucional de un país.

¿Cuáles son las razones comunes que explican la caída?

Lo que debe saber

• Ecuador eliminó la tasa de seguridad. La medida fue derogada el 31 de mayo de 2026 y dejó de regir desde el 1 de junio, atendiendo las disposiciones de la Comunidad Andina.
• Trabajadores piden derogar el Decreto 455. El gremio fronterizo considera que Colombia debe eliminar de inmediato los aranceles impuestos a productos ecuatorianos.
• Advierten pérdidas económicas. Comerciantes y trabajadores señalan que la demora en normalizar el comercio afecta el empleo, las ventas y la actividad económica en la frontera.

La presión aumenta en la frontera entre Colombia y Ecuador. El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera exigió al Gobierno del presidente Gustavo Petro la derogatoria inmediata del Decreto 455 y el restablecimiento pleno del comercio binacional sin aranceles, luego de que Ecuador eliminara la tasa de seguridad que dio origen a las medidas de represalia adoptadas por Colombia.

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Según el gremio, el Gobierno ecuatoriano cumplió el pasado 31 de mayo con las disposiciones y recomendaciones de la Comunidad Andina al derogar la denominada tasa de seguridad. Desde el 1 de junio, la medida dejó de estar vigente, eliminando el argumento que justificó la imposición de aranceles a los productos ecuatorianos.

Ecuador ya cumplió

Los representantes de los trabajadores fronterizos sostienen que ahora corresponde a Colombia actuar con la misma rapidez. Recuerdan que durante varios meses el presidente Gustavo Petro señaló públicamente que una vez Ecuador eliminara las medidas cuestionadas, Colombia respondería en el mismo sentido.

Sin embargo, afirman que hasta el momento el Decreto 455 continúa vigente, situación que mantiene la incertidumbre entre comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen del intercambio comercial entre ambos países.

"Hoy la pregunta que se hacen miles de familias de la frontera es simple: ¿qué está esperando el Gobierno colombiano?", señaló el comité en un pronunciamiento público.

Impacto económico en la región

El gremio advirtió que cada día de retraso en la eliminación de los aranceles genera pérdidas económicas para la zona fronteriza. Entre las principales consecuencias mencionan la reducción de las ventas, el cierre de negocios, la disminución del empleo y una creciente incertidumbre para quienes dependen del comercio binacional.

Asimismo, consideran que la frontera no puede seguir siendo afectada por trámites administrativos o decisiones políticas que, a su juicio, se encuentran alejadas de la realidad económica que viven las poblaciones de ambos lados de la frontera.

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Llamado a respetar los acuerdos andinos

El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera también cuestionó lo que considera una falta de coherencia por parte de Colombia al mantener vigente una medida que perdió su justificación original.

A criterio de la organización, así como Ecuador atendió el mandato de la Comunidad Andina, Colombia tiene la responsabilidad política e institucional de hacer lo propio para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de integración regional.

Los trabajadores sostienen que mantener los aranceles enviaría una señal negativa sobre el respeto a los compromisos internacionales y a las promesas realizadas a los habitantes de la frontera.

Exigen restablecer el libre comercio

Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno colombiano para que elimine sin más dilaciones los aranceles recíprocos y restablezca las condiciones de libre comercio que han caracterizado la relación entre ambos países durante más de cinco décadas como miembros de la Comunidad Andina.

"La frontera ya cumplió su parte, los trabajadores ya hicieron los sacrificios, Ecuador ya cumplió; ahora le corresponde a Colombia", concluyó el pronunciamiento.

Lo que debe saber

• Agricultor presenta Amicus Curiae ante la Corte, solicita que el acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos sea revisado por la Corte Constitucional y sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional.
• El sector advierte que la eliminación progresiva de aranceles para productos agrícolas estadounidenses podría afectar a los productores ecuatorianos que no reciben subsidios equivalentes.
• El recurso sostiene que el acuerdo compromete la política económica del Estado y podría afectar principios como la soberanía alimentaria y el desarrollo productivo nacional.

El debate sobre el acuerdo de comercio recíproco entre Ecuador y Estados Unidos llegó a la Corte Constitucional. El pasado 1 de junio de 2026, representantes del sector agrícola presentaron un Amicus Curiae en el que solicitan que el instrumento internacional sea revisado y sometido al control legislativo antes de su eventual ratificación.

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José García, coordinador de Defensa de los Agricultores, explicó a Diario EXPRESO que el documento busca demostrar que el acuerdo compromete aspectos fundamentales de la política económica, productiva y alimentaria del país, por lo que, según su criterio, debe contar obligatoriamente con la aprobación de la Asamblea Nacional.

Cuestionan apertura a productos subsidiados

Uno de los principales argumentos planteados por los agricultores es que el acuerdo permite el ingreso progresivo de productos agrícolas estadounidenses con reducción o eliminación de aranceles, pese a que esos sectores reciben importantes subsidios estatales en su país de origen.

Según el documento presentado ante la Corte, productos como maíz, carne de pollo, carne de cerdo y, posteriormente, arroz, podrían ingresar al mercado ecuatoriano en condiciones que dificultarían la competencia para los productores nacionales.

García señaló que el acuerdo contempla que, en un plazo de 15 años, se eliminen los cupos y aranceles para la importación de maíz, mientras que en 20 años ocurriría lo mismo con el arroz.

A juicio del dirigente, esta situación generaría una competencia desigual debido a que los agricultores ecuatorianos no cuentan con los mismos niveles de apoyo estatal que reciben los productores estadounidenses.

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Solicitan igualdad de condiciones

El sector agrícola sostiene que, si el acuerdo se mantiene vigente, el Estado ecuatoriano debería implementar mecanismos de apoyo similares a los que existen en Estados Unidos para garantizar una competencia equilibrada.

"Tal como está firmado, deja en desventaja a los productores ecuatorianos frente a los estadounidenses, que cuentan con subsidios agrícolas. Si se mantiene, el Gobierno debería otorgar un apoyo económico similar para competir de igual a igual", argumentó García.

Los agricultores también expresaron preocupación por posibles impactos sobre los precios mínimos de sustentación, el desarrollo de semillas nacionales y la capacidad del país para impulsar tecnologías propias en el sector agropecuario.

Argumentos de inconstitucionalidad

El Amicus Curiae sostiene que el acuerdo podría incurrir en las causales previstas en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 419 de la Constitución, relacionadas con instrumentos internacionales que comprometen la política económica del Estado, establecen mecanismos de arbitraje internacional o afectan competencias reservadas a la legislación nacional.

Además, el documento plantea que existirían indicios de inconstitucionalidad material al considerar que el acuerdo podría afectar principios como la soberanía alimentaria, la supremacía constitucional, el régimen de los sectores estratégicos y el modelo de desarrollo orientado al Buen Vivir.

Los promotores del recurso sostienen que el tratado condicionaría la capacidad del Estado ecuatoriano para definir políticas públicas en materia económica, productiva y agrícola.

Piden intervención de la Asamblea

Como parte de su solicitud, los agricultores piden que la Corte Constitucional determine que el acuerdo comercial requiere obligatoriamente la aprobación previa de la Asamblea Nacional antes de cualquier ratificación por parte del Ejecutivo.

El sector considera que, debido a sus implicaciones económicas y productivas, el instrumento debe ser debatido en el Legislativo para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y evaluar sus efectos sobre la agricultura ecuatoriana.

Lo que debes saber

• Ecuador figura entre los 10 destinos mineros menos atractivos del mundo para invertir, según el Índice de Percepción de Políticas Públicas (PPI) del Índice Fraser 2025.
  
• Los problemas de seguridad, la disponibilidad de mano de obra calificada y la calidad de la información geológica fueron identificados como factores que desincentivan la inversión minera.
  
• Aunque Ecuador mejoró su puntuación en el Índice de Atractivo para la Inversión (IAI) y mantiene potencial geológico, sigue rezagado frente a Chile, Perú y Colombia.

Ecuador figura entre los 10 destinos menos atractivos del mundo para la inversión minera. El Índice Fraser 2025, uno de los principales referentes internacionales sobre competitividad minera, ubica al país entre los 10 destinos menos atractivos para la inversión minera.

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El último informe señala que, según el Índice de Percepción de Políticas Públicas (PPI), las jurisdicciones peor evaluadas comenzando desde la menos atractiva son:

El principal obstáculo es la institucionalidad

El Índice de Percepción de Políticas Públicas (PPI) evalúa factores como seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, sistema tributario, permisos, infraestructura y gobernanza.

En este indicador Ecuador obtuvo 42,19 puntos y ocupó el puesto 59 entre 68 jurisdicciones, ubicándose entre las 10 peores evaluadas del mundo.

Entre otros factores el informe destaca que todos los participantes que evaluaron a Ecuador identificaron los problemas de seguridad como un factor importante de desincentivo para la inversión minera.

Además, señala un deterioro significativo en aspectos relacionados con la disponibilidad de mano de obra calificada y la calidad de la información geológica disponible para los inversionistas.

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El potencial minero no es el problema

Mientras tanto, al evaluar el potencial mineral los resultados varían. En el Índice de Atractivo para la Inversión (IAI), otro de los indicadores elaborados por Fraser, Ecuador obtuvo 52,88 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 58 entre 68 jurisdicciones evaluadas.

El Índice de Atractivo para la Inversión (Investment Attractiveness Index, IAI) mide qué tan atractiva es una jurisdicción para recibir inversión minera, combinando dos elementos fundamentales:

Es decir, no solo evalúa si un país tiene recursos minerales atractivos, sino también si existen condiciones adecuadas para desarrollar proyectos mineros.

Este indicador si bien representa un avance frente a 2024, al pasar de 47,78 puntos a 52,88 puntos, el desempeño de Ecuador sigue siendo débil en comparación con otros países de América Latina.

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En la región, Chile -líder mundial en la producción de cobre- ocupa el puesto 26 del ranking global, Perú el 41 y Colombia el 46, mientras Ecuador se ubica en el puesto 58.

La diferencia con Chile, considerado el líder regional, alcanza las 32 posiciones.

Esto ocurre pese a que Ecuador obtuvo 60 puntos en el índice de potencial geológico y se ubicó alrededor del puesto 46 entre las jurisdicciones evaluadas.

Estos resultados, según el Índice Fraser, muestran que el país no enfrenta un problema de disponibilidad de recursos minerales, sino de competitividad frente a los países vecinos.

El potencial minero no es el problema

Además, el desempeño de Ecuador en este índice refleja un comportamiento irregular durante la última década.

Ecuador alcanzó su mejor resultado histórico en 2021, cuando obtuvo 72,79 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 24 entre 84 jurisdicciones. Ese desempeño coincidió con el crecimiento de la minería industrial y un mayor interés internacional por la exploración.

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Sin embargo, el país sufrió una fuerte caída entre 2022 y 2023. El puntaje descendió desde 68,54 puntos hasta 40,68 puntos, mientras que su posición retrocedió hasta el puesto 69 entre 86 jurisdicciones.

Mientras tanto, en 2024 el índice escaló a 47,78 puntos y en 2025 alcanzó 52,88 puntos. En esos años el país ocupó el puesto 63 de 86 y 58 de 68 respectivamente.

Lo que debes saber

• La Cámara de Minería sostiene que permitir la revisión o renegociación de contratos vigentes representa una amenaza para la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.
  
• El gremio asegura que la Ley de Minería ya contempla mecanismos como el ajuste soberano para garantizar que el Estado reciba como mínimo el 50 % de los beneficios totales de los proyectos.
• Aunque mantiene una mesa de diálogo con el Gobierno, la Cámara no descarta futuras acciones legales.

Los acuerdos 056 y 057 firmados por Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía, que dejó el cargo a finales de abril de 2026, causaron un remezón tras su publicación en el Registro Oficial el 20 de mayo. La posibilidad de revisar contratos de explotación de minerales ya firmados encendió las alertas de la industria, que advierte riesgos para la seguridad jurídica y atracción de inversiones.

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Los cuatro únicos contratos de explotación de minerales, que ha firmado Ecuador en los últimos 14 años (Mirador, Fruta del Norte, Cascabel y Cangrejos), pueden ser sujetos de revisión. Así lo establece la reciente normativa emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, que introduce cambios para el desarrollo de esta actividad, que actualmente representa el tercer rubro de exportación, está después del camarón y del petróleo.

- ¿Cómo toma la Cámara de Minería de Ecuador la publicación de estos acuerdos que permiten al Estado o la Empresa Nacional Minera (Enami) revisar o renegociar contratos cuando ellos lo consideren?

Esa disposición atenta contra la seguridad jurídica porque dice con todas las palabras que los contratos son una simple referencia. Es decir, se pueden abrir y modificar cuando el Estado lo considere conveniente. Los contratos son ley para las partes y esa es la base de cualquier inversión. Si esa base se debilita, se genera incertidumbre para todos los sectores productivos.

El sector minero apunta al diálogo

- ¿Qué implican estas disposiciones para contratos ya vigentes como los de Fruta del Norte y Mirador?

En este momento estamos en una etapa de diálogo. Creemos que el diálogo va a llegar a un buen puerto y que estas tremendas zozobras que nos generan los dos acuerdos, tal vez fueron producto de algún tipo de error. Confiamos en que la autoridad va a tener la suficiente apertura y sentido jurídico para hacer respetar el Estado de derecho.

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- El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, sostuvo que algunos contratos son desfavorables para el Estado y agregó que si no estaban de acuerdo que se podían ir. ¿Consideran qué hay apertura para el diálogo?

Esto ha generado muchísima preocupación en el sector. Estamos en conversaciones con las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía desde la semana pasada, vamos a tener un espacio para poder hablarlo en estos días. Esto no es un tema menor. Tengo esperanza en que el diálogo será fructífero porque al final el Estado y la industria queremos lo mismo, no somos antípodas somos aliados.

La seguridad jurídica preocupa

- ¿Qué puntos planteará la Cámara en el diálogo con el Gobierno?

Primero, que los contratos son ley para las partes. Esa es la esencia y la definición básica de un contrato. Entonces, si pueden ser modificados, abiertos, renegociados cuando el Estado quiera y por las circunstancias que sean, eso es una afrenta a la seguridad jurídica. Y eso tiene un efecto devastador para el país. No es problema de un concesionario, es un efecto negativo para el país.

El segundo es que ya existen mecanismos en la Ley de Minería para proteger los intereses del Estado en el caso de un incremento de precios de los minerales, como el ajuste soberano. También nos preocupa la disposición relacionada con la propiedad de la información geológica, porque desincentiva la exploración al desconocer el riesgo y la inversión que realizan las empresas para generar ese conocimiento.

Si los contratos pueden ser modificados, abiertos, renegociados cuando el Estado quiera y por las circunstancias que sean, eso es una afrenta a la seguridad jurídica. Y eso tiene un efecto devastador para el país".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.

- ¿El ajuste soberano aplica al final del proyecto?

No siempre es al final. Además, excluye los costos de exploración a través de un contrato, pese a que un proyecto grande de exploración destina alrededor de $200 millones (...) Los ecuatorianos tienen que estar absolutamente conscientes de que el Estado ecuatoriano nunca, jamás va a ganar menos de la mitad de lo que gana una compañía extranjera, porque hay un mecanismo consagrado en la Constitución y en la Ley de Minería que se llama ajuste soberano y se puede activar cuando terminas de pagar la inversión.

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¿La historia se repite?

- ¿El sector minero está viviendo lo que ocurrió con las renegociaciones petroleras durante el gobierno de Rafael Correa, que luego derivó en la presentación de arbitrajes?

No quiero comparar gobiernos. Lo que sí puedo decir es que estos acuerdos ministeriales representan una amenaza para la seguridad jurídica. En los negocios, la palabra y el cumplimiento de los contratos son fundamentales.

- Si el diálogo no prospera, como ocurrió con la tasa minera, ¿la Cámara contempla acciones legales?

En este momento nuestro mandato es dialogar. Estamos participando en conversaciones con las autoridades y esperamos que ese proceso sea fructífero. No queremos adelantar escenarios futuros.

- Luego de la tasa minera emitida en 2025 hubo mesas técnicas, diálogos y tras ello tienen ocho acciones de inconstitucionalidad en trámite.

(Silencio). Tenemos la esperanza de este canal de diálogo, la industria está actuando de buena fe. La Cámara responde también a sus socios y va a llegar un momento en que los socios posiblemente exijan cierto tipo de acciones. Por el momento es el diálogo. Pero, no descarto que más adelante el mismo socio exija algún tipo ya de una acción un poco más drástica.

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Las acciones legales no están descartadas

- ¿Esa acción drástica es un arbitraje internacional o demandas de inconstitucionalidad?

No me quiero adelantar, pero pueden ser acciones legales, no estoy amenazando por si acaso porque mi mandato ahora es dialogar.

Si es que la inversión que está aquí se va, no se va simplemente apagando la luz y cerrando la puerta, sino con acciones que finalmente nos perjudican a todos".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador

- El ministro Blum dijo que si no están de acuerdo se pueden ir. ¿Es esa la opción?

No quiero llegar a ese escenario, creemos que todavía podemos hablar con el Estado, pero obviamente esta falta de seguridad jurídica no solo repele la inversión, que no llega, sino que si es que la que está aquí se va, no se va simplemente apagando la luz y cerrando la puerta, sino con acciones que finalmente nos perjudican a todos. Ya ha sucedido en el pasado con el petróleo. No queremos seguir ese camino,

- ¿Considerarían recurrir a un arbitraje internacional?

Esperemos no llegar a eso ni a acciones de inconstitucional.

La minería tiene futuro en Ecuador

-Después de la tasa minera, ajuste de la tarifa eléctrica, obligación para autogenerar su energía y los recientes acuerdos, ¿la minería tiene futuro en Ecuador?

Tenemos recursos geológicos extraordinarios y el mundo necesita minerales. La minería puede ser una herramienta clave para reducir la pobreza y atraer inversión. Pero para lograrlo necesitamos seguridad jurídica, reglas claras y un diálogo permanente entre el Estado y la industria. En Ecuador no hay inversión fresca desde hace ocho años. Sí hay los takeovers, se compran concesiones, pero no hay proyectos de exploración nuevos desde hace ocho años.

- ¿Conocía la Cámara sobre los ajustes que el Gobierno plantea en estos acuerdos?

Hace casi dos años se nos pidió observaciones sobre un borrador muy parecido a estos acuerdos. La Cámara presentó sus comentarios y posteriormente consultamos sobre su evolución, pero nunca recibimos información. Finalmente apareció publicado en el Registro Oficial el 20 de mayo. Reconocemos que es la autoridad la que emite la norma, pero creemos que las decisiones deben tomarse de manera informada y con diálogo con los sectores involucrados.

Nosotros no pretendemos hacer la normativa, los reglamentos, porque no nos corresponde, pero si nos corresponde dar un criterio. Pero en algunas ocasiones hemos visto que la autoridad emite la norma sin socializar.

Nosotros no pretendemos hacer la normativa, los reglamentos, porque no nos corresponde, pero si nos corresponde dar un criterio. Pero en algunas ocasiones hemos visto que la autoridad emite la norma sin socializar".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador

- Los acuerdos de asociatividad con la Enami no requieren un catastro abierto. ¿Los acuerdos ministeriales permiten que este camino abra las puertas a nuevas inversiones?

Las empresas serias, grandes, estandarizadas van a preferir un camino mucho más establecido que un instructivo mediante el cual a través de Enami se puedan hacer acuerdos de cooperación.

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Los acuerdos 056 y 057 tienen sustento legal

- ¿Y estos acuerdos no brindan esa garantía?

- Estos instructivos no te dan la seguridad que te podría dar un marco regulatorio estable y profesional hecho con los mejores estándares del mundo, hecho como tienen los demás países. Eso al final se traduce en el ánimo o no de que lleguen los inversionistas.

- ¿Lo que establecen estos acuerdos tiene un respaldo legal?

Creemos que no. Hemos hecho un análisis legal técnico y creemos que es ilegal e inconstitucional. Están cambiando reglas a través de norma secundaria. Eso, es un error legal.

Lo que debe saber

• Aunque Ecuador eliminó la tasa de seguridad, la recuperación plena del intercambio comercial dependerá de que Colombia adopte medidas similares y de que ambos países restablezcan la confianza en las reglas de la Comunidad Andina.
• Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen menos capacidad para buscar nuevos proveedores o mercados, por lo que las barreras comerciales impactan directamente en sus costos, ventas y niveles de empleo.
• Los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refuerzan la prohibición de gravámenes al comercio intracomunitario y abren la posibilidad de que empresas afectadas reclamen la devolución de cobros considerados incompatibles con la normativa regional.

La eliminación de la tasa de seguridad que Ecuador aplicaba a las importaciones provenientes de Colombia abre una nueva etapa en la relación comercial entre ambos países. Sin embargo, Armando Garavito, ex consultor internacional en control aduanero, en la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), advierte a Diario Expreso que el levantamiento de la medida no implica una recuperación inmediata del comercio ni de la confianza empresarial.

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- Ecuador eliminó la tasa de seguridad que aplicaba a productos colombianos. ¿Cuánto tiempo se necesita para que el comercio bilateral vuelva a la normalidad?

- Lo importante es que Ecuador ya eliminó la medida. Sin embargo, la normalización total dependerá también de las decisiones que adopte Colombia. Desde la normativa andina, este tipo de tasas no deberían existir porque constituyen obstáculos al comercio intracomunitario. Mientras ambos países no regresen plenamente a las reglas de la Comunidad Andina, el proceso de recuperación será gradual.

Pymes e inversiones las más afectadas

-¿Por qué una medida de este tipo genera tanta preocupación?

- Porque no se trata únicamente de una decisión política, sino de una medida con consecuencias económicas y sociales. Durante 57 años, la Comunidad Andina ha construido una red de micro, pequeñas y medianas empresas que generan millones de empleos. Cuando se impone una tasa adicional, quienes terminan pagando el costo son las empresas y los trabajadores.

- ¿El daño ya está hecho, aunque se eliminen las tasas?

- En gran medida sí. Durante los cuatro meses que estuvieron vigentes estas medidas, muchas empresas pudieron haber reducido operaciones o incluso prescindido de trabajadores. Ese impacto no desaparece automáticamente cuando se elimina la tasa.

- Usted sostiene que las grandes empresas resisten mejor este tipo de conflictos comerciales. ¿Por qué?

- Porque tienen alternativas. Una gran empresa puede cambiar de proveedor o buscar otros mercados. Si comprar en Colombia se vuelve más caro, puede importar desde otro país. Las pequeñas y medianas empresas no tienen esa flexibilidad. Por eso son las más perjudicadas cuando se generan barreras al comercio.

- ¿Este tipo de conflictos afecta también la llegada de inversiones?

- Sin duda. Un inversionista extranjero analiza la estabilidad de las reglas. Si observa que los países no respetan acuerdos comunitarios que ellos mismos firmaron, puede concluir que existe incertidumbre jurídica y preferir invertir en otro lugar.

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La devolución de la tasa cobrada por Ecuador

- Ecuador ha señalado que podría devolver los valores cobrados si así lo determina la Comunidad Andina. ¿Qué dice la normativa?

- Existe una interpretación prejudicial reciente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitida el 18 de mayo, que recuerda que cuando una autoridad aduanera cobra valores que no corresponden, existe la obligación de analizar su devolución. Además, el tribunal señala que los efectos de una medida incompatible con la normativa andina se producen desde el momento en que fue aplicada y no desde cuando la Secretaría General determina su incumplimiento.

- ¿Eso significa que Ecuador está obligado a devolver el dinero?

- No automáticamente. El tribunal no resuelve el caso concreto. Lo que hace es orientar al juez nacional. Será la justicia ecuatoriana la que determine finalmente si procede o no la devolución y bajo qué condiciones.

- ¿Existe algún antecedente similar?

- Sí. Hubo casos relacionados con salvaguardias y también con una tasa aplicada en 2017. En ese momento, la Secretaría General de la Comunidad Andina concluyó que la medida no era compatible con la normativa comunitaria. Ahora corresponde a los jueces nacionales analizar las solicitudes de devolución que presenten los afectados.

- ¿Colombia también tendría que devolver recursos si se determina que actuó de manera similar?

- En principio sí. Si existe un pronunciamiento que establezca que una medida fue incompatible con la normativa andina, los afectados podrían reclamar sus derechos siguiendo los procedimientos correspondientes en cada país.

Otras restricciones comerciales

- Más allá del caso Ecuador-Colombia, ¿qué lectura hace sobre la tendencia mundial de imponer aranceles y restricciones comerciales?

- Lo que estamos observando no es el fin del libre comercio, sino un reordenamiento del comercio internacional. Los países están buscando nuevos socios y mercados. La Unión Europea, por ejemplo, está fortaleciendo relaciones con economías con las que antes tenía menos acercamiento. El comercio global no se detiene; simplemente se adapta.

- ¿Estamos frente a un nuevo mapa comercial mundial?

- Sí, de alguna manera. Los países están redefiniendo sus relaciones comerciales en función de las nuevas circunstancias. Eso no significa que desaparezca el comercio internacional, sino que se reorganizan las cadenas de suministro y las alianzas estratégicas.

-¿Cuál cree que será el futuro de los aranceles impulsados por Estados Unidos?

- Considero que tenderán a moderarse. Estados Unidos está observando que otros países están buscando alternativas y fortaleciendo relaciones con otros mercados. Al final, el comercio internacional encuentra mecanismos para adaptarse y las restricciones excesivas suelen corregirse con el tiempo.

La fortaleza de la CAN

- ¿La Comunidad Andina sale debilitada de este episodio?

- Todo lo contrario. La Comunidad Andina demuestra que cuenta con instituciones, normas y mecanismos para resolver controversias. Su fortaleza radica en que ha construido un marco jurídico sólido y ha facilitado durante décadas el comercio y la generación de empleo entre los países miembros.

- Entonces, ¿Ecuador y Colombia no deberían volver a aplicar medidas similares?

- Lo ideal es que no. Cada país tiene derecho a proteger sus intereses, pero también tiene la obligación de respetar los compromisos asumidos dentro de la Comunidad Andina. Antes de adoptar una medida de este tipo, se debe evaluar cuidadosamente el impacto que tendrá sobre las empresas, el empleo y el bienestar de la población.

Lo que debes saber 

• El Gobierno reformó el reglamento tributario e incorporó sistemas de trazabilidad para productos y servicios.
• La medida incluye códigos físicos, herramientas digitales y controles electrónicos supervisados por el SRI.
• Conozca qué cambia, quiénes deberán cumplir la norma y cómo funcionará el nuevo sistema.

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 398, con el que reforma el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno e introduce nuevos mecanismos de identificación, autenticación, rastreo y trazabilidad fiscal para productos y servicios en Ecuador.

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La modificación establece que los contribuyentes que sean determinados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) deberán aplicar herramientas de control que permitan seguir el recorrido de determinados bienes o servicios dentro de la economía formal. La medida busca fortalecer los procesos de verificación tributaria y combatir riesgos de evasión y defraudación fiscal.

La reforma también amplía el alcance de estos mecanismos al incorporar componentes físicos, digitales y tecnológicos que estarán conectados a plataformas capaces de generar información sobre producción, importación, comercialización y aspectos tributarios.

¿Qué cambia con la nueva reforma tributaria?

Uno de los cambios más relevantes es que el SRI podrá definir, mediante normativa posterior, qué sectores, productos o servicios deberán implementar estos sistemas de control fiscal.

El decreto señala que los contribuyentes obligados deberán aplicar mecanismos para la “identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal de productos, sean estos bienes y/o servicios”.

Además, la reforma incorpora herramientas tecnológicas que permitirán un seguimiento más detallado de la circulación de productos y servicios sujetos a control tributario.

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Principales cambios

Componentes físicos y digitales para controlar productos

La reforma establece la creación de los denominados Componentes Físicos de Seguridad (CFS), que podrán consistir en códigos, dispositivos visibles o elementos adheridos a envases, empaques o productos.

Según el decreto, estos mecanismos permitirán verificar la autenticidad de los bienes mediante controles físicos o electrónicos realizados por autoridades, entidades públicas, contribuyentes y consumidores.

“El componente físico de seguridad constituye un documento público y podrá consistir en un código o dispositivo físico, visible, adherido o impreso en los productos”, señala el texto.

A esto se suman los Componentes Digitales de Seguridad (CDS), definidos como herramientas tecnológicas destinadas a reforzar la identificación, autenticación, rastreo y trazabilidad fiscal.

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¿Quiénes aplicarán el nuevo sistema?

La norma establece que los sujetos pasivos que sean determinados por el Servicio de Rentas Internas deberán implementar exclusivamente los componentes de seguridad aprobados por la autoridad tributaria.

“El Servicio de Rentas Internas implementará y controlará el sistema de marcación”, dispone el decreto en sus disposiciones generales.

Además del SRI, participarán en la aplicación de la medida entidades como la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y los ministerios competentes.

Estas instituciones podrán proponer qué productos o servicios deberán ser incorporados al sistema de trazabilidad fiscal, así como emitir la normativa secundaria necesaria para su funcionamiento.

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Otro de los cambios introducidos por el Decreto Ejecutivo 398 es la posibilidad de verificar los componentes de seguridad mediante mecanismos físicos o electrónicos.

La reforma establece que estas verificaciones podrán utilizarse para procesos de incautación provisional o definitiva cuando existan irregularidades detectadas por las autoridades competentes.

Con ello, el Gobierno busca fortalecer el control tributario sobre actividades económicas consideradas relevantes para la recaudación fiscal y mejorar la capacidad estatal para detectar posibles incumplimientos.

El decreto entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial y será el SRI quien determine posteriormente los sectores económicos que deberán implementar estos nuevos mecanismos de control.

Lo que debe saber

• El Gobierno asignará USD 10,5 millones para compensar el consumo de combustible del sector pesquero industrial.
• El 81,7 % de los recursos se destinará a embarcaciones dedicadas a la pesca de pelágicos, pesca polivalente y camarón pomada.
• Solo podrán acceder al beneficio quienes cumplan requisitos tributarios, laborales, técnicos y operativos establecidos por el MAGP.

El Gobierno Nacional destinará 10,5 millones de dólares para apoyar al sector pesquero industrial del Ecuador mediante un mecanismo de compensación diseñado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP). La medida quedó establecida en el Acuerdo Ministerial No. 030, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 394.

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El incentivo beneficiará a 589 embarcaciones registradas en la Dirección de Pesca Industrial de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Sin embargo, la compensación excluye a los barcos de mayor tamaño de la flota atunera.

El apoyo se hace realidad casi dos meses después de que los pescadores hicieron una marcha pacífica en Guayaquil, por el incremento en el precio de diésel para el sector, el galón de diésel pasó de 2,75 a 4,75 dólares.. En abril de 2026 caminaron hasta la Gobernación del Guayas se reunieron con la autoridad y luego vinieron otras citas que motivan la ayuda económica que el Gobierno anuncia ahora.

Los recursos para la pesca de pelágicos y camarón

Del total de fondos asignados, 8,57 millones dólares, equivalentes al 81,7 %, serán destinados a embarcaciones dedicadas a la captura de especies pelágicas grandes, como dorado, pez espada, atún aleta amarilla, atún ojo grande, bonito barrilete, picudo y pez vela.

También se beneficiarán las embarcaciones que realizan pesca de pelágicos pequeños, entre ellos sardina, pinchagua, anchoveta y jurel, además de las dedicadas a la pesca polivalente de merluza y camarón, así como al camarón pomada.

Por su parte, el sector atunero industrial recibirá una compensación estimada de 1,92 millones de dólares, equivalente al 18,3 % del total de recursos.

En cuanto a las embarcaciones que no recibirán la ayuda económica, Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, señaló a Diario EXPRESO que no van a tomar ninguna medida, porque ya explicaron cuál es la situación del sector. "Se requiere un programa integral que abarque el arreglo de las embarcaciones", dijo.

Buscan preservar empleo y garantizar el abastecimiento

Según el MAGP, la medida tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la actividad pesquera, fortalecer la producción y la transformación agroalimentaria, y contribuir al abastecimiento regular de productos del mar para la población ecuatoriana.

La pesca es considerada una actividad estratégica por su aporte a la generación de divisas, empleo y encadenamientos productivos. Además de la captura, involucra procesos como desembarque, procesamiento, almacenamiento, refrigeración, transporte, logística, comercialización y exportación.

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Requisitos para acceder al beneficio

El Decreto Ejecutivo No. 394 y el Acuerdo Ministerial No. 030 establecen que podrán acceder a la compensación los armadores y embarcaciones que consten en el Registro Nacional de Embarcaciones Pesqueras Industriales y mantengan vigentes sus permisos de pesca y acuerdos ministeriales.

Asimismo, deberán demostrar el consumo de combustible mediante facturas válidas emitidas por Petroecuador o sus distribuidores autorizados, estar al día en sus obligaciones tributarias y patronales, acreditar actividad pesquera y desembarques verificados, y cumplir con los requisitos técnicos, operativos y administrativos definidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El 2 de junio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) determinó que 60 economías no bloquean el ingreso de bienes producidos con trabajo forzado, una práctica que distorsiona el comercio y perjudica a productores estadounidenses.

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De las 60 economías investigadas, 54 no han impuesto ni aplicado ninguna prohibición de este tipo. Las seis restantes —Canadá, Ecuador, la Unión Europea (UE), Indonesia, México y Pakistán— sí tienen una norma, pero no la ejecutan con eficacia.

Esa distinción define la tarifa. Para el grupo de los seis, el USTR fijó un arancel adicional de 10%. Para las 54 economías sin prohibición alguna, como China, Brasil o Japón, la tasa es de 12,5%.

¿Cuál es el argumento de Washington?

El organismo fundamenta su posición en cuatro puntos: 

"La omisión de nuestros socios comerciales más importantes de abordar la importación de bienes producidos con trabajo forzado es inaceptable. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses compiten en condiciones desiguales", afirmó el representante comercial Jamieson Greer.

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¿Qué sectores ecuatorianos están en riesgo?

La medida llega en un momento sensible para las exportaciones ecuatorianas. Entre los rubros señalados en investigaciones previas del USTR figuran:

Ecuador es uno de los principales exportadores mundiales de banano, camarón, flores y aceite de palma. Un arancel adicional sobre estos productos afectaría directamente su competitividad frente a otros proveedores que ya cuentan con acceso preferencial al mercado estadounidense.

¿Qué productos quedan fuera del arancel?

La resolución contempla exenciones para ciertos productos. El documento oficial excluye del arancel al café, el cacao y sus derivados, el banano, la piña, el aguacate y el mango, todos presentes en la canasta exportadora ecuatoriana. 

Sin embargo, rubros de mayor peso como el camarón y las flores cortadas no figuran entre las exclusiones, por lo que quedarían expuestos a la tarifa adicional.

¿Cuándo entra en vigor la medida?

El arancel no tiene aplicación inmediata. El público puede presentar comentarios escritos hasta el 6 de julio de 2026, y el USTR celebrará audiencias el 7 de julio antes de adoptar una decisión final.

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Si la medida se confirma, Ecuador acumularía aranceles sobre aranceles. Desde el 24 de febrero, los productos ecuatorianos ya cargan un 10% general en ese mercado, una sobretasa que pesa sobre más del 60% de las exportaciones no petroleras y no mineras del país. Las investigaciones, iniciadas el 12 de marzo, incluyeron consultas con 46 gobiernos y recibieron más de 500 comentarios públicos.

Lo que debes saber

• El ministro Juan Carlos Blum informó que la crecida del río Coca del 21 de mayo alcanzó un caudal de 4.000 m³/s durante unas 20 horas, el más alto reportado desde el inicio de la erosión regresiva en 2020.
  
• El caudal habría superado la capacidad de diseño del dique permeable, que debía soportar hasta 3.900 m³/s, lo que provocó daños en una parte de la estructura.
  
• La erosión regresiva se encuentra a 3,6 kilómetros de las obras de captación de Coca Codo Sinclair, mientras el Gobierno analiza si repara el dique o construye una nueva estructura.

La crecida del río Coca que el pasado 21 de mayo de 2026 destruyó parte del dique permeable fue causada por un caudal superior a los 4.000 metros cúbicos por segundo (m³/s), informó este 3 de junio el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum. Esta cifra supera de largo las reportadas desde el inicio de la erosión regresiva en febrero de 2020.

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Durante una entrevista este 3 de junio en Teleamazonas, el funcionario mencionó que el río mantuvo ese caudal “inusual” durante aproximadamente 20 horas. “Es un montón de agua”, enfatizó.

Este evento provocó daños en la estructura construida para mitigar el avance de la erosión regresiva y proteger la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Blum aseguró además que el Estado no asumirá el costo de las reparaciones, ya que la obra -que se terminó de construir el 10 de abril de 2026- aún no había sido recibida formalmente y “mantiene todas las pólizas vigentes del contratista”.

El caudal más alto desde el inicio de la erosión

Las declaraciones del ministro Blum sobre el caudal contrastan con información preliminar que circulaba en el sector eléctrico tras el evento del 21 de mayo.

Entonces se conocía que el caudal se habría ubicado alrededor de los 2.850 m³/s. Sin embargo, una fuente que sigue de cerca este proceso informó a EXPRESO el 30 de mayo de 2026 que la cifra que se manejaba internamente era de alrededor de 4.000 m³/s.

Aparte del pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y Energía no existen reportes oficiales. 

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Desde la última crecida del 21 de mayo de 2026 hasta este 3 de junio, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) no ha publicado el reporte de monitoreo del avance de la erosión regresiva del río Coca, pese a que la entidad subía informes diarios sobre el avance de este evento.

Además, los 4.000 m³/s referidos por el ministro Blum es el caudal más alto registrado en la zona afectada por este fenómeno desde el colapso de la cascada San Rafael en febrero de 2020.

Según reportes revisados por EXPRESO, hasta antes del 21 de mayo de 2026 el mayor registro documentado correspondía al 19 de julio de 2021, cuando el río alcanzó 3.400 m³/s. Otros eventos relevantes ocurrieron el 16 de junio de 2024, con 3.354 m³/s, y el 17 de junio de 2025, con 3.094 m³/s.

La magnitud de la última crecida también resulta significativa porque los pliegos técnicos elaborados por la extinta Comisión Ejecutora Río Coca establecían que el dique permeable debía soportar caudales de hasta 3.900 m³/s. Sin embargo, una parte de la estructura cedió durante el evento de mayo.

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Gobierno analiza si reconstruye o reemplaza la obra

El ministro Blum señaló que actualmente se evalúa si resulta más seguro reparar el dique existente o construir una nueva estructura.

Según explicó, el dique afectado es una de las tres obras previstas para reducir el avance de la erosión regresiva y proteger a Coca Codo Sinclair. Las otras dos aún no han sido inauguradas.

Para esta evaluación, la Celec cuenta con el apoyo técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que realiza un peritaje para determinar las causas del daño y definir los pasos a seguir. Por ahora no existe una fecha para la puesta en operación de una nueva estructura o de una eventual reparación.

La amenaza continúa sobre Coca Codo Sinclair

La preocupación por las crecidas del río Coca va más allá de los daños recientes al dique. Desde febrero de 2020, la erosión regresiva ha avanzado aproximadamente 15,4 kilómetros río arriba y actualmente se encuentra a apenas 3,6 kilómetros de las obras de captación de Coca Codo Sinclair.

Estas instalaciones son fundamentales para la operación de la central hidroeléctrica más grande del país, con una capacidad de 1.500 megavatios y una participación cercana al 30 % de la generación eléctrica nacional.

La docente de la Escuela Politécnica Nacional, Carolina Bernal, explicó que la última crecida pudo profundizar el lecho del río en al menos dos metros, provocando la pérdida de soporte en la base del dique permeable.

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Además, advirtió que este evento corresponde a la primera gran crecida de la temporada lluviosa de 2026, que se extendería hasta septiembre u octubre. Por ello, no se descarta que se registren aumentos de caudales durante los próximos meses.

Desde el colapso de la cascada San Rafael, la erosión regresiva ha destruido puentes, tramos de la vía E45 Quito-Lago Agrio, oleoductos, poliductos, zonas pobladas y diversas obras de mitigación. Ahora, la principal preocupación es evitar que este fenómeno alcance las obras de captación de Coca Codo Sinclair.

Los cortes se darán en sectores diferentes a los que ya fueron intervenidos el fin de semana pasado, según indicó el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, en una entrevista con Teleamazonas el 3 de junio.

“Estos mantenimientos son súper importantes para prepararnos para el fenómeno de El Niño y para incluir nueva infraestructura que estaba pendiente de conectarse”, indicó el ministro.

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Detalló además que, entre los trabajos realizados hasta ahora por los técnicos, se ha efectuado la limpieza de subestaciones que se llenan de polvo, la instalación de una nueva línea de 69 cables en la subestación de Tres Cerritos y el montaje de otra subestación en Buena Fe, Quevedo para permitir a las industrias y al sector residencial operar con mejor calidad.

“Después de estos mantenimientos vamos a sentir una mejora en el servicio de energía”, aseguró el funcionario, quien destacó que para después de la intervención de este fin de semana que viene, no se han programado nuevos cortes

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Una inversión de más de 5 millones

Únicamente para los mantenimientos, el Estado ha invertido alrededor de $1’ 500.000. En cuanto a las obras como la subestación en Quevedo, el gasto fue por $5 millones más y la línea en Buena Fe equivalió a casi $2 millones, detalló.

Los primeros cortes de energía se realizaron el 30 y 31 de mayo en 58 cantones, con duraciones de entre 4 y 7 horas, siendo la provincia del Guayas la más afectada, con 15 cantones.

Para sumar energía, el Gobierno Nacional está buscando, según dijo Blum, al menos 900 megavatios de energía termoeléctrica mediante compra y alquiler en tierra, para octubre de este año. Esta nueva capacidad serviría como respaldo ante el fenómeno de El Niño.