Lo que debe saber

• La gastronomía gana protagonismo en la promoción turística y se suma a los paisajes y la biodiversidad como atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.
• El Tigrillo Fest se realizará el 4 y 5 de julio de 2026 en el parque Bicentenario de Quito, con actividades centradas en el plátano verde y su aporte a la cultura ecuatoriana.
• El plátano verde es clave para la economía y la identidad nacional, al ser base de platos tradicionales y parte importante de la producción agropecuaria del país.

Ecuador busca fortalecer su oferta turística más allá de sus paisajes naturales, playas, montañas y biodiversidad. Ahora, la gastronomía se consolida como una herramienta estratégica para atraer visitantes y posicionar al país como un destino de experiencias culinarias auténticas. A partir de esta visión se prepara el Tigrillo Fest en Quito.

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En ese objetivo, el protagonista será uno de los ingredientes más emblemáticos de la cocina ecuatoriana: el plátano verde. Durante años, este producto ha estado presente en hogares, mercados, restaurantes y huecas tradicionales, convirtiéndose en la base de preparaciones icónicas como el tigrillo, bolón, majado, corviche, cazuela, tortillas y empanadas.

Los sabores que nacen del verde

Con la intención de destacar su valor cultural y gastronómico, el 4 y 5 de julio se realizará en el parque Bicentenario de Quito el Tigrillo Fest 2026, un evento que llevará el lema “Sabores que nacen del verde” y que busca abrir una conversación sobre la importancia de los ingredientes que han acompañado la historia y la alimentación de varias generaciones de ecuatorianos.

La iniciativa pretende mostrar que el atractivo turístico del país también se encuentra en su cocina. El plátano verde, tradicionalmente asociado a la Costa, ha logrado expandirse a distintas regiones y adaptarse a nuevas tendencias gastronómicas, manteniendo su esencia y protagonismo en la mesa ecuatoriana.

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Actividad económica de gran impacto

Además de su relevancia culinaria, el verde representa una actividad económica de gran impacto. Según cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el banano y el plátano aportan alrededor del 25,4 % del Valor Agregado Bruto agropecuario del Ecuador, consolidándose como una de las cadenas productivas más importantes para el país.

Su presencia en la gastronomía nacional también refleja la diversidad cultural ecuatoriana. Actualmente, chefs, emprendedores y restaurantes exploran nuevas formas de incorporar este ingrediente en propuestas innovadoras, demostrando que la tradición y la creatividad pueden convivir para responder a las nuevas tendencias de consumo.

De esta manera, el plátano verde deja de ser únicamente un alimento para convertirse en un símbolo de territorio, identidad y orgullo nacional. A través de eventos como el Tigrillo Fest, Ecuador busca proyectar sus sabores al mundo y consolidar la gastronomía como un factor clave para impulsar el turismo, fortalecer la cultura y generar nuevas oportunidades para el sector productivo.

Las consecuencias comenzaron a reflejarse rápidamente en las cifras de comercio exterior. Datos del Banco Central del Ecuador actualizados hasta el mes de marzo muestran que en enero se exportaron cerca de 6.308 toneladas métricas de arroz pilado hacia Colombia. En febrero los envíos alcanzaron unas 3.774 toneladas, un comportamiento que representantes del sector atribuyen a certificados y permisos de exportación que ya se encontraban emitidos antes del endurecimiento de las medidas comerciales. Sin embargo, para marzo los despachos cayeron a apenas 218 toneladas métricas, lo que representó una reducción interanual de 85,7%.

Aunque Ecuador eliminó la tasa de seguridad el 1 de junio, el comercio arrocero aún no recupera condiciones normales. El arroz ecuatoriano continúa enfrentando en Colombia un arancel del 75% y restricciones para su ingreso por vía terrestre, factores que, según Javier Ronquillo, presidente de la Corporación Nacional de Organizaciones de Productores Arroceros (CORPNOARROZ), vuelven "imposible" la exportación del producto.

Ronquillo además asegura que compradores colombianos han retomado consultas y pedidos de cotización, mientras el sector permanece a la espera de una apertura efectiva del mercado.

“Ya hay movimiento de comerciantes colombianos. Están consultando precios, pero se espera que Colombia baje los aranceles y permita el ingreso por vía terrestre”.Javier Ronquillo, presidente de CORPONARROZ

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En paralelo, productores y piladoras siguen lidiando con excedentes que el gremio estima oscilan entre 150.000 y 190.000 toneladas, volumen que supera ampliamente las 20.000 toneladas que el Estado anunció adquirir para mejorar los precios internos. Ante ello, Ronquillo plantea que la medida debe mantenerse en el tiempo hasta lograr una recuperación los precios.

El costo de restringir el mercado colombiano

Para Jorge Suárez, ingeniero agrónomo y vocero del Frente de Organizaciones Sociales Agrícolas de Santa Lucía y Palestina, la reducción de las exportaciones hacia Colombia agravó una crisis que el sector ya arrastraba desde 2025. Según su lectura, la pérdida de ese mercado contribuyó al sobrestock acumulado por la industria arrocera y presionó aún más los precios pagados al productor. 

El precio mínimo de sustentación (PMS) establece un valor de $36 para el arroz grano largo (cáscara) y $34 para el grano corto (cáscara), durante los últimos meses el arroz se ha comercializado entre $20 y $28 por saca, valores que, según Suárez, no alcanzan para cubrir los costos de cultivo y contribuye a que las pérdidas para el sector se acerquen a los $100 millones.

El lider gremial explica que cultivar una hectárea de arroz en Guayas (provincia que concentra la producción del grano y marca la tendencia en otras zonas productivas) pasó de costar alrededor de $2.100 en 2025 a cerca de $2.600 en la actualidad, impulsado por el encarecimiento del diésel y los fertilizantes.

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Otros problemas de fondo

Más allá del conflicto comercial con Colombia, los dirigentes consultados sostienen que la crisis actual también evidencia problemas estructurales que arrastra el sector arrocero. El presidente de CORPNOARROZ, considera que una de las tareas pendientes es avanzar hacia mecanismos que regulen el precio del arroz pilado, así como mejorar la planificación agrícola para evitar excedentes de producción. 

Ronquillo señala que una parte importante de las cosechas de invierno se concentra en Los Ríos, donde la salida simultánea de grandes volúmenes de arroz presiona los precios a la baja, por lo que plantea una mayor intervención del Ministerio de Agricultura para ordenar la producción y reducir los desequilibrios de mercado.

A este escenario se suma la incertidumbre por la posible llegada del fenómeno de El Niño. Suárez, asegura que el temor a pérdidas por inundaciones ya está influyendo en las decisiones de siembra. “La gente con esta cuestión de El Niño no quiere invertir en el arroz, ni en fertilizantes, ni en mano de obra, También por los precios bajos y el alto costo de producción”, afirma. 

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Según el dirigente, incluso si el fenómeno no llega a materializarse con la intensidad prevista, el desconcierto afectaría el volumen de producción y podría derivar en desabastecimiento en los próximos meses.

Las posturas también difieren respecto al camino para restablecer el comercio con Colombia. Mientras Suárez considera que el sector industrial debería ejercer una presión más activa para impulsar acercamientos que permitan reabrir plenamente el mercado, Ronquillo sostiene: "estamos esperando todavía que se pronuncie el presidente Petro para poder hacer alguna gestión ante la Comunidad Andina".

Pese a ello, ambos coinciden en que decisiones de carácter político terminaron afectando al sector arrocero. "Por la política nos llevan hacia esto y el que sale perdiendo siempre es el más débil, el que produce", afirma Ronquillo. Para Suárez, el deterioro de la relación comercial con Colombia alimenta a la incertidumbre y limita las posibilidades de recuperación del sector.

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La IA se ha convertido en la tecnología más influyente de nuestra época. Su potencial es indiscutible, así como la necesidad de debatir las consecuencias de su uso. El Papa León XIV lo planteó en Magnifica Humanitas, su encíclica. No la condena ni la presenta como una amenaza inevitable, la define como un talento puesto al servicio de la humanidad. Pero advierte que no puede considerarse moralmente neutra porque refleja las prioridades, intereses y valores de quienes la diseñan, financian, regulan y utilizan.

La advertencia llega en un momento oportuno. El debate ya no gira alrededor de lo que la IA podría hacer algún día, sino de lo que está ocurriendo ahora. Las discusiones sobre ética, privacidad, vigilancia, uso militar, derechos de autor, desinformación y manipulación de contenidos dejaron de ser hipótesis académicas para convertirse en problemas reales.

El caso de Anthropic, creadora de Claude, lo ilustra. La compañía intentó imponer límites sobre usos de su tecnología al Pentágono, especialmente aquellos relacionados con perfilamiento, vigilancia masiva y sistemas autónomos para eliminar personas. No pudo y le costó el contrato; pero otras empresas, como OpenAI, creadora de ChatGPT, no tuvieron reparos y lo aceptaron. Más allá de las controversias que rodean el caso, el episodio revela una pregunta clave: ¿hasta dónde debe llegar una empresa tecnológica cuando el uso de sus herramientas puede tener consecuencias humanas profundas?

La batalla legal entre CNN y Perplexity abre otro frente. El conflicto no se limita al uso ilegal de contenidos periodísticos para entrenar modelos de inteligencia artificial. También pone sobre la mesa la posibilidad de que la IA elabore información inexacta, incompleta, con la misma apariencia de legitimidad que una noticia verificada y la difunda.

Para quienes trabajamos en marketing, comunicación y reputación corporativa, este escenario merece atención. Una marca puede tardar décadas en construir credibilidad y perderla en cuestión de horas por una recomendación errónea, una respuesta alucinada de un chatbot o un contenido falso atribuido a ella. La promesa de eficiencia es enorme, pero también lo es el riesgo reputacional.

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Análisis Estratégico: La falta de creatividad ya tiene color: amarillo

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A esto se suma la creciente dificultad para distinguir entre lo auténtico y lo creado artificialmente. Fotografías, videos y testimonios generados por inteligencia artificial alcanzan niveles de realismo impensables hace pocos años. La evidencia visual, que durante décadas fue considerada una prueba confiable, ya no ofrece las mismas garantías.

Nada de esto implica frenar la innovación. Sería tan inútil como haber intentado detener internet en los años noventa. La inteligencia artificial seguirá expandiéndose porque sus beneficios son demasiado valiosos para ser ignorados. La cuestión no es si avanzará, sino bajo qué reglas lo hará.

La IA puede convertirse en una de las herramientas más extraordinarias creadas por el ser humano. Lo que todavía no está garantizado es que siempre opere en beneficio de las personas. Si seguimos utilizándola sin cuestionarla, sin exigir transparencia y sin establecer límites claros, no estaremos deslumbrados por la tecnología, habremos elegido la ceguera voluntaria.

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Guayaquil albergará congreso regional sobre relaciones públicas

El encuentro está impulsado por las agencias Dimitrakis y Santa Cruz Communications. Según la agenda oficial, el programa incluye paneles sobre el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación, el desarrollo de narrativas, la integración con la publicidad, la gestión de reputación y crisis en tiempo real, así como la medición de resultados.

Entre los expositores confirmados para la jornada figuran estrategas de firmas que operan en la región:

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Gremios agrícolas rechazan fusión ministerial y advierten riesgos para el campo ecuatoriano

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La cita profesional coincide con la semana de conmemoración del Día Interamericano de las Relaciones Públicas y cuenta con el aval académico de la Universidad Casa Grande.

• La Refinería Esmeraldas alcanzó el 3 de junio de 2026 una producción de 90.750 barriles diarios, equivalente al 82,5% de su capacidad instalada de 110.000 barriles por día.
• EP Petroecuador invirtió $15,7 millones en 92 días de trabajos de recuperación tras el incendio del 1 de marzo de 2026, el cuarto evento crítico que afectó a la planta en menos de 14 meses.
  
• Pese al avance, los datos del Banco Central del Ecuador muestran que en 2023 la refinería procesó en promedio 92.082 barriles diarios, cifra superior a la registrada esta semana.
  

La Refinería Esmeraldas alcanzó el 3 de junio una producción de 90.750 barriles diarios de crudo, equivalente al 82,5% de su capacidad instalada de 110.000 barriles por día. 

El logro cierra un plan de recuperación de 92 días que EP Petroecuador —la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador— ejecutó tras el incendio del 1 de marzo de 2026, con una inversión de $15,7 millones distribuida en seis contratos de emergencia.

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El superintendente de la refinería, Jairo Pacheco, detalló que el arranque se ejecutó en tres fases. El 16 de marzo se reactivaron las unidades Crudo 2 y Vacío 2. 

El 15 de mayo ingresaron las unidades de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC), consideradas el corazón del complejo.El 3 de junio se completó el proceso con el arranque de No Catalíticas 1, Catalíticas 2 y Catalíticas 3.

¿Cuánto produce hoy la refinería frente a antes del incendio?

La recuperación es visible derivado por derivado. Entre los 92 días de operación mínima post-incendio y el 3 de junio, los cambios son los siguientes:

Santiago Carrera, gerente de Refinación, afirmó que el complejo continuará con mantenimientos preventivos para sostener esa operatividad.

¿Qué tan lejos está el dato de hoy del nivel normal de operación?

El gobierno presenta los 90.750 barriles como el resultado de "duplicar" la producción, comparado con los 44.000 barriles diarios que procesaba la planta durante los 92 días post-incendio. 

Sin embargo, los reportes estadísticos del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran que en 2023 —el último año sin interrupciones graves— la refinería procesó en promedio 92.082 barriles diarios. La cifra de hoy está apenas 1.300 barriles por debajo de ese umbral.

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La comparación también pierde fuerza frente al propio 2026. Según datos históricos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), el 8 de enero pasado la planta operó al 86,93% de su capacidad, equivalente a cerca de 95.600 barriles diarios, nivel superior al registrado esta semana. La recuperación anunciada no supera, por ahora, el mejor dato del año.

¿Qué unidades siguen fuera de operación?

El plan de Petroecuador contempla un sexto contrato que se ejecutará hasta 2027 para la recuperación integral de la unidad Visbreaking 1, una de las instalaciones estratégicas del complejo. 

Mientras esa unidad permanezca fuera, la brecha frente a los 110.000 barriles de diseño —que hoy es de 19.250 barriles diarios— no podrá cerrarse del todo.

¿Cuánto le ha costado al país la inestabilidad de la refinería?

El incendio de marzo fue el cuarto evento crítico que afectó a Esmeraldas en menos de 14 meses: al sismo de abril de 2025, el incendio de mayo de 2025 y el incendio de enero de 2026 se sumó el siniestro más reciente. 

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El BCE registra que entre enero y septiembre de 2025, Ecuador importó 37,93 millones de barriles de derivados, un 9,3% más que en el mismo período de 2024, para compensar la caída en refinación nacional. 

El costo de esas importaciones superó los $4.700 millones en nueve meses.

¿Qué cambia para la economía si la planta se mantiene en el 90%?

Petroecuador proyecta reducir en un 24% las importaciones de diésel premium, con un ahorro estimado de $100 millones mensuales en compras externas. 

Con una proyección de procesamiento de 2,7 millones de barriles al mes —un incremento del 51,5% respecto al período post-incendio— el Ministerio de Ambiente y Energía afirma que Ecuador fortalece su seguridad energética y reduce la dependencia de combustibles importados. 

El dato real, sin embargo, dependerá de si la planta, que lleva cuatro emergencias en poco más de un año, logra esta vez mantener la continuidad operativa.

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- ¿Cómo ha reaccionado el mercado en cuanto a la demanda de crédito en este  primer semestre del año?

- Ha evolucionado bastante bien.  Creo que, a diferencia de otros años, se siente un ambiente más optimista, a pesar de los problemas que tiene el país y que no han sido solucionados. El crédito  y los depósitos han crecido, lo que ha hecho que el sistema financiero esté con bastante liquidez y que eso se esté evacuando a diferentes sectores  como el sector exportador, por ejemplo, que ha sido un ganador en estos últimos años, con crecimientos importantes en la balanza comercial, lo que ha creado oportunidad de inversión y crecimiento para ellos. Igual pasa con el sector minero, y con el crédito empresarial y de pequeñas empresas, que también han tenido su dinamismo propio.

- El 2025 atribuíamos las mejoras a un rebote económico. ¿Este año ya podemos hablar de reactivación?

- Si bien el crédito mantiene su tendencia  creciente (12 % interanual en todo el sistema)  sí tendremos que ver cómo se   comporta a finales de año. No nos olvidemos que se viene el fenómeno de El Niño y que hay que ver cómo eso nos afecta, el problema energético, también creo que será un pendiente que aún hay que atender. Todo dependerá de eso. Si no tenemos eventos muy adversos, pues deberíamos tener un año con crecimiento razonable, como se espera.

"El crédito mantiene un crecimiento del 12 %, pero el desempeño de fin de año dependerá
 de El Niño y la energía"

- Fitch acaba de elevar la calificación de Banco Pichincha llevándola a B. ¿Qué significa en la práctica esto para los clientes?

- Esta calificación no tiene un efecto automático ni inmediato en los clientes, pero sí apoyará para que el banco amplíe su plazo de fondeo a a varios años.

- ¿A qué plazos ustedes están obteniendo estos financiamientos que después se convierten en créditos?

- El plazo de captación de depósitos ecuatorianos en el país llega a un año o año y medio como máximo, el  financiamientos del exterior alcanza los 5 años.  Eventualmente con una calificación de este tipo podríamos llegar a tener financiamiento de hasta 10 años  y con ello lograr atender otro tipo de demanda de clientes, en sectores como infraestructura o  energía, donde se requiere créditos a más largo plazo. Pero eso es algo paulatino, es algo que debe ir de la mano con la inversión privada del país. En la medida que esto exista, estaremos ahí para apoyar.

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- ¿Cuál es la proyección de colocación de créditos para este año?

- De forma general se espera más o menos un crecimiento de unos 2.000 millones de dólares en crecimiento de créditos, principalmente productivo, incluyendo el microcrédito en el que, como banco, seguimos teniendo liderazgo. Si lo miras como entidad individual, dentro del sistema bancario somos la entidad que más recursos presta a las microempresas. Solo en el 2025 llegamos a colocar $ 1.400 millones en 279.000 clientes.

- Y qué desafíos siguen habiendo para seguir atendiendo a este mercado. Uno de ellos, se ha dicho, es  eliminar el techo que existe en las tasas de interés para que esta colocación se haga según el perfil de riesgo de cada cliente. ¿Hay avances en este tema?

- Eso es algo en que siguen trabajando las autoridades. Lo que se busca es, de manera técnica, demostrar que una liberación de techos o una ampliación de techos permitiría la inclusión de muchos clientes que hoy por hoy están siendo atendidos por otros sectores más caros (como el chulco).

Yo creo que la traba aún está en ese entendimiento, en convencer a las autoridades de que esto es bueno para la población. Cuando pones techos, y eso se ha demostrado con estudios, existe la tendencia de que las tasas terminen en ese techo. Entonces los clientes de menos riesgo terminan pagando los platos rotos.

Sobre este banco

La agencia Fitch Ratings elevó este año la calificación internacional de Banco Pichincha de CCC+ a B, como consecuencia de su liderazgo y su solidez en el mercado. Al cierre de marzo de 2026, la entidad superó los $ 22.300 millones en activos totales, los $ 18.500 millones en depósitos y los $ 14.100 millones en cartera bruta.

Lo que debe saber

• Temor a la pérdida de protagonismo del agro. Los gremios consideran que Agricultura quedará relegada dentro de un ministerio enfocado principalmente en temas económicos y financieros.
• Riesgos para el control sanitario y la investigación. Productores alertan sobre posibles afectaciones a Agrocalidad, al INIAP y a los programas de control fitosanitario e innovación agrícola.
• El Gobierno apuesta por la eficiencia. La administración de Daniel Noboa sostiene que la fusión busca optimizar recursos y reducir la burocracia, aunque expertos señalan que el ahorro fiscal sería limitado.

La decisión del Gobierno de reducir de 14 a 10 ministerios mediante la fusión de varias carteras de Estado ha encendido las alarmas en el sector agropecuario. La incorporación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, liderado por Sariha Moya, ha sido recibida con preocupación por representantes de agricultores y productores del país.

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Desde el Ejecutivo se argumenta que la medida busca optimizar la gestión pública, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y eliminar barreras burocráticas. Sin embargo, los gremios agrícolas consideran que la decisión envía una señal equivocada sobre la importancia estratégica del agro para la economía ecuatoriana.

Preocupa que el agro pase a segundo plano

José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, sostiene que la principal preocupación es que la agricultura pase a desempeñar un papel secundario dentro de una estructura más amplia enfocada en temas económicos y financieros.

Según el dirigente, existe incertidumbre sobre el futuro de entidades clave como Agrocalidad y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), fundamentales para el control fitosanitario, la investigación agrícola y el desarrollo de nuevas variedades de cultivos.

“El agro genera más divisas para el país que otros sectores tradicionales y estaba mostrando señales de crecimiento. Reducir su institucionalidad puede afectar la atención de las necesidades de los productores”, señaló.

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Inquietan los cambios justo cuando viene El Niño

Los temores aumentan ante la posibilidad de un eventual fenómeno de El Niño y los desafíos que enfrenta el sector por plagas y enfermedades. García advierte que una reducción de personal y recursos podría debilitar áreas sensibles como riego, drenaje y control sanitario, facilitando el ingreso de productos contaminados o el avance de enfermedades agrícolas.

La preocupación también es compartida por Rafael Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores de Plátano, quien calificó la decisión como una de las más perjudiciales para el sector en los últimos años.

Torres considera que la agricultura corre el riesgo de quedar invisibilizada dentro de un ministerio con múltiples competencias. A su criterio, esto podría traducirse en menor asistencia técnica, reducción de programas de transferencia tecnológica y un incremento del abandono rural.

“El Ministerio de Agricultura es la base de la producción de alimentos. Sin apoyo al campo habrá más precariedad, más deserción campesina y menos capacidad para enfrentar problemas sanitarios y productivos”, afirmó.

El dirigente recordó además que los productores enfrentan actualmente altos costos de insumos, bajos precios de comercialización y amenazas fitosanitarias como el Fusarium y el moko, que afectan a cultivos estratégicos para las exportaciones ecuatorianas.

¿Será significativo el ahorro fiscal?

Desde una perspectiva diferente, el exministro de Finanzas Fausto Ortiz considera que la fusión responde a un intento del Gobierno por transmitir un mensaje de eficiencia administrativa. Aunque reconoce que el ahorro fiscal no será significativo, cree que la reorganización podría generar ciertas sinergias institucionales si es acompañada por una adecuada gestión.

No obstante, Ortiz admite que existen desafíos importantes. A su juicio, el principal riesgo será garantizar que los nuevos viceministerios cuenten con suficiente autonomía y capacidad técnica para atender las necesidades específicas de cada sector.

Mientras el Gobierno defiende la medida como parte de un proceso de modernización estatal, los productores esperan conocer los detalles de la nueva estructura institucional y reclaman garantías de que la agricultura no perderá protagonismo en la agenda pública.

La discusión se produce en un momento en que el sector agropecuario continúa siendo uno de los principales generadores de empleo, exportaciones y divisas para la economía ecuatoriana.

El futuro de otros ministerios

Las fusiones ministeriales ordenadas por el presidente Daniel Noboa también alcanzan a otras carteras de Estado. Los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se unen para conformar el Ministerio de Infraestructura y Tecnología. Esta nueva entidad tendrá a su cargo la gestión de carreteras, puertos, conectividad, fibra óptica, digitalización y tecnología, áreas que, según el Gobierno, deben planificarse de manera conjunta. La integración permitirá ejecutar proyectos y obras de forma más integral. El titular de esta cartera será Roberto Luque.

Por otra parte, los ministerios de Trabajo y de Inclusión Económica y Social, junto con la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, se integran en el nuevo Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Esta entidad estará liderada por Cynthia Gellibert.

La reestructuración busca unificar bajo una sola dirección las políticas públicas relacionadas con empleo, inclusión social, desarrollo comunitario y reconocimiento de los derechos colectivos. Asimismo, el Gobierno aclaró a las comunas y comunidades que esta fusión no afectará las competencias establecidas en el Plan de Desarrollo Integral (PDI).

La transición institucional, según el Ejecutivo, garantizará la continuidad de los trámites y beneficios destinados a las organizaciones sociales.

En medio de esta coyuntura, el presidente Daniel Noboa designó a Doménica Andrea Bajaña Kittyle como nueva secretaria general de Integridad Pública, en reemplazo de José Julio Neira Hanze. Bajaña se desempeñó anteriormente en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Durante el acto oficial desarrollado en Quito, el mandatario destacó que este desembolso se suma a los más de 508 millones de dólares previamente distribuidos a 10.300 exservidores públicos en todo el territorio nacional. "Este pago no es un gasto, esto es una inversión", afirmó Noboa, al tiempo que justificó la medida como un reconocimiento a los años de servicio entregados al Estado.

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Detalles de los desembolsos y beneficiarios

Por su parte, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, precisó que algunos de los beneficiarios registraban deudas pendientes desde 2017. Explicó además que los montos asignados oscilan entre los 30.000 y 60.000 dólares por persona, y aseguró que con este fondo el Gobierno central finaliza la atención a los grupos de jubilados que se encontraban a la espera de sus haberes hasta el año 2025.

El contexto de la reforma institucional

Esta asignación presupuestaria se concretó apenas un día después de que el Ejecutivo anunciara una nueva reestructuración estatal. Pese a la relevancia de la reforma, el presidente Noboa evitó pronunciarse sobre dicho proceso durante su intervención del viernes. 

Cabe recordar que la noche anterior se confirmó la fusión de ocho ministerios y secretarías en el marco de un plan de optimización institucional, reduciendo las carteras de Estado de 14 a 10; una estrategia similar a la implementada por la administración hace casi un año.

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Lo que debes saber 

• Daniela Acevedo fue nombrada por Daniel Noboa en tres organismos clave del sector energético.
• Los decretos ejecutivos reemplazan a José Julio Neira en entidades vinculadas a electricidad e hidrocarburos.
• Conoce cuáles son los cargos y qué funciones cumplen dentro de la estructura estatal.

Daniela Magdalena Acevedo Montalvo fue designada por el presidente Daniel Noboa como su delegada en tres instancias clave del sector energético ecuatoriano. Las decisiones quedaron oficializadas este 5 de junio de 2026 mediante los decretos ejecutivos 401, 402 y 403, con los que además se removió de esas funciones a José Julio Neira Hanze.

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Los cambios se producen en organismos vinculados a la regulación eléctrica, el control hidrocarburífero y los procesos de licitación de la industria petrolera. Con estas designaciones, Acevedo concentrará representación directa del Ejecutivo en entidades que participan en la toma de decisiones sobre sectores estratégicos para el Estado.

En los tres decretos, Noboa dispuso agradecer a Neira por su gestión antes de nombrar a la nueva delegada. En uno de los documentos se señala: “Agradecer al señor José Julio Neira Hanze por los leales y valiosos servicios prestados durante el desempeño de sus funciones”.

Daniela Acevedo llega al directorio de ARCONEL

A través del Decreto Ejecutivo 401, el presidente designó a Daniela Acevedo como delegada permanente ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). La medida reemplaza una ratificación previa emitida en mayo de 2025 a favor de José Julio Neira.

ARCONEL es la entidad encargada de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el alumbrado público general. Dentro de su estructura, el delegado presidencial forma parte del directorio responsable de decisiones estratégicas para el sector.

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Nueva representante ante la Agencia de Hidrocarburos

Ese mismo día, mediante el Decreto Ejecutivo 402, Noboa también nombró a Acevedo como delegada permanente ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). La institución regula y supervisa las actividades vinculadas con la industria hidrocarburífera en Ecuador.

La designación implica un relevo directo de José Julio Neira, quien ocupaba esa representación desde julio de 2025. Con ello, la funcionaria pasa a integrar otro de los organismos técnicos que forman parte de la estructura de control del sector energético.

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Designación en el Comité de Licitación Hidrocarburífera

La tercera función fue otorgada mediante el Decreto Ejecutivo 403. En este caso, Acevedo fue nombrada delegada del Presidente de la República ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), organismo encargado de conducir procesos licitatorios relacionados con exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos.

El comité tiene un papel relevante dentro de la adjudicación de proyectos y contratos en la industria petrolera. Su integración incluye representación directa de la Presidencia de la República, además de otros actores vinculados al sector.

Lo que debe saber

• El FMI estima que la inflación en Estados Unidos regresará al objetivo del 2 % recién a finales de 2027, debido al impacto de los mayores precios del petróleo y los efectos acumulados de los aranceles comerciales.
• El conflicto en Oriente Medio ha impulsado el valor del crudo, generando nuevas presiones inflacionarias. El FMI advierte que este escenario obliga a la Reserva Federal a actuar con cautela en sus decisiones sobre tasas de interés.
• La OCDE considera que las tensiones geopolíticas están poniendo a prueba la economía mundial y podrían traducirse en un menor crecimiento económico acompañado de una inflación más elevada.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la estabilización de la inflación en Estados Unidos a un nivel en torno al 2 % no sucederá hasta final de 2027, seis meses más tarde de lo anteriormente previsto, debido a los efectos de la subida del petróleo motivada por la guerra contra Irán.

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Además de certificar que el impacto de los aranceles impuestos por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha ido materializando gradualmente en el costo de la vida en la primera economía mundial, la entidad considera que las subidas de precios en los mercados de crudo van a prolongar en suelo estadounidense los impulsos inflacionarios.

“Observamos una renovada presión sobre la inflación general debido al aumento de los precios del petróleo a causa de la guerra en Oriente Medio. Actualmente proyectamos que la inflación en Estados Unidos volverá al objetivo del 2 %, con cierto retraso, para finales de 2027”, explicó ayer en rueda de prensa la portavoz del FMI, Julie Kozack.

La Reserva Federal debe tener cautela

El horizonte que hasta ahora contemplaba el fondo para que las subidas de precios se asentaran en torno a la meta del 2 % que persigue la Reserva Federal se situaba a medidados del año que viene.

“Por lo tanto, vemos un riesgo al alza para la inflación, lo que implica que las acciones de política monetaria de la Reserva Federal deberán proceder con cautela y ajustarse cuidadosamente a los datos disponibles. Una comunicación clara por parte de la Reserva Federal seguirá siendo esencial”, añadió Kozack.

La Fed celebrará su primera reunión de política monetaria el próximo 16 y 17 de junio de 2026 tras la incoporación de Kevin Warsh como nuevo presidente del banco central estadounidense.

Warsh encara el reto de tratar de controlar una subida de precios que en abril se situó en el 3,8 % interanual, muy por encima del objetivo del 2 %, y las expectativas de una mayor flexibilización monetaria por parte de Trump, que lo nominó para el cargo por su aparente disposición a bajar los tipos de interés.

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OCDE habla de desacelaración

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también incidió en que el conflicto en Oriente Medio está poniendo a prueba la resiliencia de la economía mundial y provocará una desaceleración del crecimiento global acompañada de una inflación más elevada.

“Evidentemente, la magnitud del impacto negativo sobre el crecimiento y el alcance del aumento de la inflación dependerán en última instancia de la duración y de la intensidad de las perturbaciones”, dijo el secretario general de la organización, Mathias Cormann, al término del Consejo Ministerial de la OCDE celebrado en París.

El responsable de la OCDE recordó que, antes del estallido del conflicto, la organización estaba revisando al alza sus previsiones económicas para 2026 y 2027, tras un crecimiento mundial del 3,4 % en 2025 superior a lo esperado. 

Lo que debes saber

• Plazo para actualizar proyección de gastos personales vence el 30 de junio.
• Rebaja del 18% sobre gastos declarados o canasta básica de USD 821,80.
• Aplica a trabajadores bajo relación de dependencia | Cargas familiares: padres, cónyuge e hijos hasta 21 años

Los trabajadores bajo relación de dependencia tienen hasta el 30 de junio para presentar un nuevo formulario de proyección de gastos personales ante sus empleadores, en caso de:

El objetivo es que las empresas realicen la reliquidación correspondiente y recalculen las retenciones mensuales del Impuesto a la Renta para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2026, conforme la resolución NAC-DGERCGC23-00000020.

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¿Qué gastos se pueden proyectar?

El formulario permite deducir gastos en:

Adicionalmente, en el formulario se pueden actualizar ingresos como sueldos y beneficios sociales de empleados que no estén vinculados a las actividades económicas del contribuyente.

Cargas familiares

La normativa permite deducir los gastos de cargas familiares que comprenden padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años, o de cualquier edad si tienen discapacidad, siempre que dependan económicamente del contribuyente y no perciban ingresos gravados —o que sus ingresos gravados anuales no superen un Salario Básico Unificado. 

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La rebaja aplicable

Para el ejercicio fiscal 2026, la rebaja por gastos personales es del 18%, calculada sobre el menor valor entre los gastos declarados y el valor de la canasta básica de enero de 2026, fijada en USD 821,80. El monto varía según el número de cargas familiares.

Si el contribuyente o sus cargas tienen discapacidad o enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, la rebaja del 18% se aplicará sobre el menor valor entre los gastos declarados y la canasta básica multiplicada por 100. En Galápagos, el cálculo se ajusta con el Índice de Precios al Consumidor Especial (IPCEG) de 1,803.

Lo que debe saber

• El CyberMonday Ecuador alcanza su edición número 25, se desarrollará durante siete días consecutivos, del 8 al 14 de junio.
• Los consumidores de entre 18 y 34 años son los más activos en el comercio electrónico, mientras que el celular concentra el 78,4 % de las visitas y compras.
• Descuentos de hasta el 70 %. Empresas de tecnología, turismo, hogar, moda y servicios ofrecerán promociones especiales, envíos gratuitos y facilidades de financiamiento durante toda la campaña.

El comercio electrónico ecuatoriano se prepara para una nueva jornada de ventas masivas. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) anunció la edición número 25 del CyberMonday Ecuador, que se extenderá durante una semana completa, del 8 al 14 de junio de 2026, con la expectativa de superar las 700.000 visitas en su plataforma oficial.

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El evento, considerado el más importante del comercio electrónico nacional, reunirá a empresas de sectores como tecnología, moda, hogar, turismo, salud y servicios financieros, que ofrecerán descuentos especiales, promociones exclusivas y facilidades de pago para los consumidores.

Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, destacó que la iniciativa busca fortalecer la actividad económica y brindar confianza a los compradores en el entorno digital.

“Generamos constantemente oportunidades para que las empresas acerquen sus marcas a la ciudadanía. Nuestro aval garantiza un entorno seguro y confiable, contribuyendo a la reactivación económica del país”, señaló.

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¿Quiénes son los que más compran?

Los resultados de la última edición evidencian el crecimiento sostenido del comercio electrónico en Ecuador. El segmento de entre 25 y 34 años fue el más activo durante la campaña anterior, seguido por los consumidores de 18 a 24 años. Además, hombres y mujeres registraron una participación equilibrada en las compras en línea.

Uno de los datos más relevantes es el predominio del teléfono celular como principal herramienta de compra. El 78,4 % de las visitas y transacciones se realizaron desde dispositivos móviles, mientras que las computadoras de escritorio representaron el 18,9 % del tráfico.

¿Qué ofertas se ofrecerán?

Las empresas participantes han preparado promociones agresivas para esta edición. En el sector turístico habrá descuentos de hasta el 50 % en paquetes y hoteles, además de rebajas en boletos aéreos y financiamiento especial. En el ámbito tecnológico y de electrodomésticos se anuncian descuentos que alcanzan el 50 %, meses sin intereses y envíos gratuitos a nivel nacional.

Almacenes Estuardo Sánchez ofrecerá descuentos de hasta el 60 % y envío gratuito durante toda la campaña, mientras que Tía promocionará rebajas de hasta el 70 % en categorías seleccionadas. Artefacta y RadioShack presentarán ofertas especiales en televisores, celulares y equipos tecnológicos, en una temporada marcada por la expectativa de eventos deportivos internacionales y las compras por el Día del Padre.

Sony, por su parte, anunció descuentos de hasta el 50 % en diversas categorías, incluyendo televisores, cámaras, equipos de audio y consolas de videojuegos, junto con opciones de financiamiento y entregas rápidas en todo el país.

Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil destacaron que el CyberMonday ha acompañado el desarrollo del comercio electrónico ecuatoriano desde 2012, consolidándose como una de las principales vitrinas digitales para las empresas y una oportunidad para que los consumidores accedan a productos y servicios a precios preferenciales.

La organización invitó a la ciudadanía a ingresar a la plataforma oficial del evento entre el 8 y el 14 de junio de 2026 para aprovechar las ofertas de forma segura y comparar las promociones disponibles entre las decenas de marcas participantes.

Se trata de la octava plaza comercial de la cadena Plaza TÍA en el país y que mantendrá el formato de ser un punto de encuentro para las familias y las comunidades de la zona, según indicó en un comunicado la inmobiliaria.

Con una inversión de 2,25 millones de dólares, la plaza dispondrá de 3.567,64 metros cuadrados de construcción, incluyendo locales comerciales y áreas exteriores cubiertas. Según sus promotores, el lugar estará diseñado para integrar servicios, comercio y espacios de conveniencia en un solo lugar.

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“Con Plaza TÍA La Fuente buscamos generar un espacio que aporte a las familias, impulse la actividad comercial y contribuya al crecimiento del sector”, expresó Paúl Palacios, director de Plaza TÍA.

En total, la nueva plaza contará con 31 locales comerciales y entre las marcas confirmadas se encuentran Supermercados TÍA, Farmacias Medicity, Farmacias Económicas, Barbería Barcabi, Centro Médico, Papelería, Óptica, Domino's Pizza, Coffee Brown, Los Arbolitos y Pez Azul. La entrega de la obra está prevista para finales de este 2026.

No será la primera plaza de Tía en la zona

La Fuente no será la primera plaza de Tía en La Aurora, ya que actualmente opera Plaza Tía La Joya, por lo que la compañía apostará por tener dos complejos comerciales relativamente cerca dentro del mismo polo urbano.

Además, todas las plazas Tía están concentradas en el área metropolitana de Guayaquil, especialmente en los corredores de crecimiento como la vía a Daule, por lo que la nueva obra se suma a esta estrategia de expansión hacia La Aurora, uno de los sectores con mayor crecimiento residencial del país.

"Este proyecto representa una nueva oportunidad para seguir contribuyendo al crecimiento de las ciudades y comunidades. En Minutocorp nos enorgullece participar en el desarrollo de espacios que generan bienestar, dinamizan la economía local y crean valor para las personas", señaló David Concha Neme, director ejecutivo Minutocorp.

Lo que debes saber

• Banco Pichincha tiene 600.000 microempresarios en cartera y estima que podría llegar a 800.000 con una reforma de tasas.
  
• La metodología de cálculo de tasas de microcrédito lleva 15 años sin revisión técnica.
  
• Fitch Ratings otorgó a Banco Pichincha calificación B, un escalón sobre la nota soberana del país.
  
• El riesgo país cerró en 396 puntos el 3 de junio, el nivel más bajo desde 2014.
  

Ante más de 300 líderes de 22 países reunidos en Quito para el Business Future of the Americas (BFA) 2026 -la conferencia anual de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina (AACCLA) y la U.S. Chamber of Commerce-, Alejandro Ribadeneira Jaramillo, gerente general de Banco Pichincha, lanzó una advertencia: el mejor momento macroeconómico de Ecuador en una década no está llegando a quienes más lo necesitan.

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"En vez de tener 600.000 microempresarios, podríamos tener 800.000 y le sacamos de aprieto a un montón de gente que hoy depende de financistas poco serios", afirmó Ribadeneira durante el panel bancario del encuentro, que se realizó el pasado miércoles en Quito.

El nudo: una tasa fijada hace 15 años

El problema, según explicó, no es la voluntad del sector bancario sino una norma desactualizada. La metodología de cálculo de tasas de interés para microcrédito —que supera el 20%— lleva aproximadamente 15 años sin revisión técnica. Con ese costo, una parte importante de los microempresarios no califica para crédito formal y termina en manos de prestamistas informales.

"Tenemos que discutir técnicamente varias normas del mercado financiero ecuatoriano. Eso va a ser la forma de que el fondeo del que estamos hablando se traduzca en crédito para todos los segmentos, no solo el corporativo", precisó Ribadeneira.

El ejecutivo fue claro sobre la responsabilidad compartida: la revisión debe darse entre el sector público, el privado y la academia. No es un ajuste de mercado, es una decisión de política financiera que lleva demasiado tiempo postergada.

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El contraste: un banco que supera al soberano

El mismo día en que Ribadeneira hacía esa advertencia, el riesgo país de Ecuador perforaba los 400 puntos por primera vez desde 2014, cerrando en 396 puntos básicos según el índice EMBI de JP Morgan. El indicador ha disminuido 1.512 puntos desde la segunda vuelta electoral de abril de 2025.

En ese contexto, Ribadeneira informó que Fitch Ratings otorgó a Banco Pichincha una calificación internacional de B con perspectiva estable, un escalón por encima de la nota soberana del Estado ecuatoriano. "Es poco frecuente que una entidad financiera alcance una calificación superior a la soberana", afirmó el ejecutivo. 

Sus papeles de fondeo internacional (DPS) registran BB+, a un paso del grado de inversión.

Si el banco alcanza ese umbral, explicó, su capacidad de fondearse "crecerá exponencialmente": acceso a más financistas internacionales, plazos más largos y tasas más blandas que se trasladarían directamente a los clientes.

La IED: la otra cuenta pendiente

Ribadeneira también apuntó a otro déficit estructural. La inversión extranjera directa (IED) en Ecuador sigue siendo marginal frente a sus vecinos andinos. Aunque la IED ecuatoriana repuntó en 2025, ese nivel representaría apenas el 0,74% del producto interno bruto (PIB), frente al 3,4% de Colombia y el 2,4% de Perú.

Sin seguridad jurídica para el inversionista extranjero, advirtió, el boom del riesgo país no se convierte en capital productivo. "Ahí tenemos una oportunidad enorme para traer recursos al Ecuador", dijo.

El escenario que describió Ribadeneira en el BFA es el de un país que ha mejorado sus señales hacia afuera pero que aún tiene nudos internos sin resolver:

Lo que debes saber

• El artículo 122 del Código Tributario establece que cuando un tributo es declarado ilegal, el Estado está obligado a devolver lo cobrado más los intereses.
  
• El reclamo debe presentarse ante la Aduana —no ante el SRI— con la declaración aduanera de importación como único documento requerido.
  
• Ya existe jurisprudencia aplicable: casos similares de la tasa que rigió entre 2017 y 2018 fueron resueltos favorablemente ante los tribunales.
  

El 29 de mayo, víspera de las elecciones presidenciales en Colombia, Noboa anunció la derogación de la tasa tras una videollamada con el candidato Abelardo de la Espriella, con quien acordó cooperar en seguridad fronteriza y energía. La medida entró en vigor el 1 de junio. De la Espriella, que ganó la primera vuelta con el 43,74%, irá a balotaje.

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Tras la derogación de la tasa de control aduanero a las importaciones colombianas —que escaló del 30% al 100%—, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, descartó devolver los $121,5 millones recaudados entre febrero y mayo de 2026, argumentando que el dinero ya fue ejecutado en operativos de seguridad fronteriza. 

Para el abogado Roberto Carmigniani, esa posición carece de respaldo jurídico: el ordenamiento ecuatoriano obliga al Estado a restituir lo cobrado, más los intereses, y los importadores afectados cuentan con las herramientas legales para exigirlo ante la Aduana.

La postura del Gobierno y el error jurídico

— El ministro Jaramillo dijo que no se devolverá la tasa porque ese dinero ya fue usado en seguridad. ¿Esa posición tiene sustento legal?

No. Es una posición equivocada. La Secretaría General de la CAN ordenó el retiro de la tasa porque, desde su implementación en febrero, infringió las normas del Acuerdo de Cartagena. 

Al ser un tributo establecido ilegalmente, el artículo 122 del Código Tributario ecuatoriano activa automáticamente el derecho a reclamar la devolución por pago indebido. 

El destino que el Gobierno le haya dado a esos recursos no modifica esa obligación jurídica: lo que se cobró ilegalmente debe devolverse, sin excepción.

— ¿Por qué la CAN determinó que la tasa era ilegal desde su origen?

Por dos razones fundamentales. Primero, porque esa tasa no representaba la contraprestación de un servicio efectivamente prestado a cada importador por su importación concreta, sino que era un cobro genérico, impuesto por generalidades. 

Segundo, porque la tarifa —que escaló del 30% al 50% y luego al 100%— era desproporcionada y no tenía por objeto cubrir el costo de ningún servicio real. Por esos motivos, la Secretaría de la CAN la calificó como un gravamen al comercio, que está expresamente prohibido por el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

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El derecho a la devolución

— ¿Es necesario que la CAN ordene expresamente la devolución o ya está implícito en el fallo?

Está implícito y no hace falta un pronunciamiento adicional. El artículo 122 del Código Tributario establece que procede el pago indebido cuando el tributo ha sido establecido ilegalmente, y la resolución de la CAN es precisamente la evidencia de esa ilegalidad. 

Con ese pronunciamiento, cada importador que pagó la tasa durante su vigencia tiene derecho a solicitar la restitución de esos valores, más los intereses respectivos que el Estado deberá reconocer.

El proceso ante la Aduana

— ¿Cómo puede un importador recuperar su dinero y ante quién debe acudir?

El reclamo se presenta ante la Aduana, no ante el SRI, porque es ante la Aduana donde se realizó el pago. El procedimiento es un reclamo administrativo de pago indebido, que suele tomar entre 3 y 4 meses y culmina con una resolución administrativa. 

Si el Gobierno lo niega, el importador puede impugnar esa decisión ante un Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, donde el proceso puede tomar en promedio entre 2 y 3 años. 

Cabe aclarar que el Gobierno ya cumplió con la CAN al derogar la tasa, por lo que no hay riesgo de sanciones del bloque: la disputa queda en el ámbito de la justicia ecuatoriana.

Haber gastado esos recursos en seguridad no modifica la obligación jurídica del Estado de devolverlos

— ¿Qué documentos se necesitan y es complicado demostrarlo?

No es complicado. El importador solo necesita presentar la declaración aduanera de importación, que es el documento donde constan todos los rubros pagados al nacionalizar la mercadería, incluyendo el valor de esta tasa. 

Con esa evidencia y la resolución de la Secretaría de la CAN, la ilegalidad del cobro queda demostrada. El trámite en sí no es complicado, aunque toma tiempo si el Gobierno lo niega en sede administrativa.

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— ¿A qué tipo de importador le conviene más reclamar?

Depende de cuánto representa para cada uno lo que pagó por la tasa. Para un importador grande, con volúmenes altos de mercadería nacionalizada durante los meses que rigió el cobro, el monto a recuperar puede justificar perfectamente el proceso, incluso si llega a la vía judicial. 

Para los más pequeños, el cálculo es distinto: el trámite no es costoso económicamente, pero sí demanda tiempo, y eso es lo que deben evaluar antes de decidir si acuden a la Aduana.

Precedentes y perspectiva

— ¿Existen casos ya resueltos que respalden esta vía?

Sí, y son directamente aplicables. Ya existe jurisprudencia de la tasa de control aduanero que rigió entre 2017 y abril de 2018, que fue declarada ilegal por la misma Secretaría General de la CAN. 

En esos procesos he logrado entre 5 y 6 casos en los que se concretó el cobro de la devolución, el último de ellos en febrero de este año, tras sentencia ejecutoriada obtenida en un proceso judicial iniciado en 2023. Es decir, ya existen precedentes concretos que sostienen todo lo contrario a lo que ha afirmado el ministro.

— ¿Puede ocurrir que el Gobierno simplemente no devuelva, aunque haya una resolución favorable?

Puede ocurrir demora, sí. El proceso tiene una fase de cumplimiento de sentencia que, aunque es relativamente corta, depende de la gestión del Estado. En el caso que mencioné, entre el inicio del proceso judicial en 2023 y el cobro efectivo pasaron más de dos años. 

Por eso, más que el costo económico del trámite, lo que los importadores deben considerar es el tiempo que implica recorrer esa vía, especialmente para los más pequeños.

Con la declaración aduanera presentada ante la Aduana el pago indebido de la tasa queda demostrado

Sobre el entrevistado

Roberto Carmigniani es abogado de la Universidad Católica de Guayaquil y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo(UESS). 

Fue socio de Pérez Bustamante & Ponce y desde 2024 ejerce en Eduardo Carmigniani Estrategias Legales. Cuenta con más de 20 años en litigio civil, comercial y contencioso administrativo, The Legal 500 lo destacó como litigante de referencia del país.

Lo que debe saber

• Estados Unidos prevé concluir en cuestión de semanas una investigación comercial sobre prácticas relacionadas con el trabajo forzoso, que abarca a unas 60 economías de distintas regiones del mundo.
• Washington contempla imponer un arancel del 10 % a países que cuentan con legislación contra el trabajo forzoso pero que, a su juicio, no la aplican adecuadamente, y de 12,5 % a aquellos que carecen de normas sólidas en esta materia.
• Entre las economías bajo evaluación figuran la UE, México y varios países latinoamericanos. EE. UU. sostiene que busca proteger sus cadenas de suministro y reforzar la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso.

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, estimó este jueves que terminará "en semanas" la investigación que ha abierto para imponer nuevos aranceles a 60 economías con el argumento de no hacer lo suficiente para impedir la entrada de productos hechos con trabajo forzoso.

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"Estamos muy centrados en esta cuestión", explicó en declaraciones a la prensa Greer en París, donde participaba en la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Destacó que es "una investigación compleja" que busca analizar diferentes prácticas en numerosos países y a la pregunta de cuánto tiempo podría llevar, contestó que cree que será "cuestión de semanas".

La investigación no es nueva

En respuesta a las críticas de muchos de los socios a los que ha amenazado con estos nuevos aranceles, entre los que están los de la Unión Europea, pero también México y otros países latinoamericanos, el USTR hizo hincapié en que "nada de esto es nuevo, no es ninguna sorpresa" porque habían lanzado esta ofensiva hace ya un año con una investigación contra Brasil y hace una semana contra Vietnam.

Recordó que lo había planteado precisamente en la OCDE hace un año y que entonces ya había dicho que en su país estaban "muy preocupados" por la cuestión del trabajo forzoso, por la entrada de productos que lo utilizan en la cadena de suministros y por la incapacidad de los países para tomar medidas efectivas.

Greer repitió que es una herramienta que Estados Unidos había anunciado que iba a utilizar y forma parte de su política comercial.

Hizo una puntualización al ser preguntado sobre si estos nuevos aranceles se añadirían en el caso de la UE a los que los Veinsisiete habían aceptado en el conocido como el acuerdo de Turnberry, alcanzado el verano de 2025 entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En concreto, señaló que el compromiso del pasado año establece que la UE reconoce que Estados Unidos puede imponer aranceles hasta cierto nivel y que ofrece a Washington un margen para fijar esos aranceles.

"Por supuesto -dijo-, vamos a tener en cuenta el acuerdo de Turnberry porque creemos que aborda muchos de estos problemas si se aplica por completo, si se aborda de forma adecuada. De forma que creemos que hay margen para integrar ese acuerdo en el marco de lo que estamos haciendo ahora, siempre y cuando la UE cumpla con el acuerdo de Turnberry".

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La ley tiene 100 años

El responsable comercial de Estados Unidos indicó que su país tiene desde hace 100 años una ley que prohíbe la importación de productos fabricados total o parcialmente con trabajo forzoso, que desde hace unos 10 años ha decidido ser enérgico en su aplicación y que "en gran medida", son los "únicos" que tienen "un nivel de ambición en la aplicación" de esa regla.

Admitió que hay países como la Unión Europea, Canadá o México que tienen leyes bastante similares pero, a partir de los análisis que han llevado a cabo, no las están aplicando adecuadamente.

No obstante, explicó que a esos países contempla imponerles un arancel del 10 %, mientras que a los que carecen de una ley sólida que prohíba la importación de bienes hechos con trabajo forzoso tendrán un 12,5 %.

Sobre el caso específico de la UE, comentó que la ley existe pero no se ha puesto en práctica todavía y que conforme los países modifiquen sus prácticas, Estados Unidos analizará esos cambios: "Queremos ver pruebas reales".

Preguntado sobre si se plantea la posibilidad de trabajar en un acuerdo internacional para asentar esa cuestión de las importaciones de productos del trabajo forzoso, Greer dijo que "estaría abierto" y cuando se le sugirió si eso podría hacerse en una instancia como la OCDE, respondió que "sería un foro estupendo".

Añadió que, por el contrario no le parecería adecuado hacerlo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tiene "muchas dificultades para llevar a cabo acciones multilaterales" porque no todos sus miembros creen que sea necesaria por la misma razón.

"Es más fácil hacerlo entre un grupo más reducido de democracias de mercado, como lo es en gran medida la OCDE. Así que Estados Unidos está abierto a instrumentos que involucren el comercio en el futuro en la OCDE", comentó.

Lo que debe saber

• A partir del 6 de junio, las tarjetas internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en la isla para transacciones vinculadas a Fincimex, afectando el cobro y pago de bienes y servicios con el exterior.
• La decisión responde a una orden ejecutiva emitida el 1 de mayo por el Gobierno estadounidense, que contempla sanciones para empresas y personas con vínculos económicos, comerciales o financieros con entidades cubanas.
• La medida se suma al bloqueo petrolero y a las sanciones contra el conglomerado estatal Gaesa, provocando la salida de inversionistas y empresas extranjeras, entre ellas cadenas hoteleras y compañías mineras con presencia en la isla.

El Banco Central de Cuba (BCC) informó que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en Cuba a partir del 6 de junio para evitar sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva de 1 de mayo de EE. UU.

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El banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el exterior (cuyo nombre no fue difundido por el BCC) comunicó a la autoridad monetaria que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex (perteneciente al conglomerado empresarial del ejército, Gaesa) para evitar las sanciones.

"Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de Mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba", indicó el BCC.

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Sanciones aceleran el aislamiento financiero

La entidad agregó que a partir de esta decisión "Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard".

La salida de este banco supone cortar todas las conexiones financieras de la isla con el exterior, redoblando la presión de Washington sobre la isla, a la que el Gobierno de EE. UU. quiere forzar a adoptar profundas reformas políticas y económicas.

EE. UU. escala así la presión que venía ejercitando sobre Cuba desde enero, cuando decretó un bloqueo petrolero que ha paralizado en la práctica gran parte de la actividad económica del país, pues la isla sólo produce un 40 % de sus necesidades energéticas.

Crece el impacto sobre la economía cubana

La Orden Ejecutiva del 1 de mayo preveía por su parte sanciones para las personas y empresas que mantuviesen vínculos económicos, comerciales o financieros con el Gobierno cubano y, especialmente, en los sectores energético, financiero y de defensa.

El 7 de mayo se sancionó a Gaesa, la mayor empresa estatal de Cuba, que se estima a cargo del 40 % del producto interno bruto (PIB) de la isla. Estop ha llevado a muchas empresas a cortar sus lazos con esta entidad, con presencia en casi todos los sectores económicos.

En este ámbito se enmarca la salida total o parcial del país de las principales hoteleras extranjeras en la isla, como las españolas Meliá e Iberostar.

La minera canadiense Sherritt, la mayor inversión extranjera en Cuba, anunció hace un mes su salida inmediata de la isla a raíz de las sanciones estadounidenses.

Los tres puntos claves

• El Biess fijó en 2026 un techo máximo de hasta $38.560 para el préstamo quirografario, aunque el monto final depende de la capacidad de pago y los fondos acumulados de cada afiliado o jubilado.
• Las tasas de interés parten desde el 6,5 % anual y el desembolso puede realizarse en un plazo de 24 a 72 horas tras la aprobación.
• El acceso requiere al menos 12 aportaciones al IESS, fondos de cesantía o reserva disponibles y no tener deudas vencidas con el sistema.

El crédito quirografario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) se mantiene en 2026 como una de las alternativas más utilizadas por afiliados y jubilados que necesitan liquidez rápida para gastos personales, familiares o emergencias.

Aunque el sistema establece un límite referencial alto, el monto final no es igual para todos los solicitantes y depende de variables como los fondos acumulados, la capacidad de pago y el tiempo de aportaciones al IESS.

¿Cuánto dinero se puede solicitar en 2026?

Para este año, el Biess fijó un techo máximo de hasta $38.560, equivalente a 80 salarios básicos unificados. Sin embargo, esta cifra funciona únicamente como un límite superior, ya que el valor aprobado se calcula de manera individual.

En la práctica, los afiliados activos pueden acceder hasta el 95 % de sus fondos acumulados de cesantía y/o reserva, que funcionan como garantía del crédito. En el caso de los jubilados, el monto se determina en función de su pensión y su capacidad de pago mensual.

El cálculo también toma en cuenta el tiempo de aportación al sistema, además del nivel de endeudamiento que registre el solicitante.

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Uno de los principales atractivos del quirografario es su rapidez. El trámite es completamente digital y, una vez aprobado, el desembolso puede realizarse en un plazo de entre 24 y 72 horas.

El Biess ofrece tasas de interés desde el 6,5 % anual, lo que lo posiciona como una opción competitiva frente a otros créditos de consumo. Además, el sistema permite al usuario simular diferentes plazos y elegir el esquema de amortización, ya sea francés o alemán, según su conveniencia.

Requisitos para acceder al crédito

Para solicitar el préstamo quirografario es necesario cumplir con varias condiciones básicas:

No califican quienes no sean afiliados, quienes tengan menos de 36 aportaciones o quienes mantengan obligaciones pendientes.

Cómo se solicita

El proceso se realiza en línea a través del portal del Biess. El usuario debe ingresar con su cédula y clave del IESS, verificar sus datos, utilizar el simulador de crédito y luego seleccionar la opción de préstamo quirografario.

Tras confirmar el monto y el plazo, la solicitud se envía para aprobación automática. Si es aceptada, el dinero se acredita directamente en la cuenta registrada.

¿Qué ocurre si ya tienes un crédito vigente?

Si el afiliado mantiene un préstamo activo, el sistema puede permitir una novación, es decir, la sustitución del crédito actual por uno nuevo, siempre que la capacidad de pago lo permita.

En caso contrario, no se habilita una nueva solicitud hasta que el crédito anterior sea cancelado o reestructurado.

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Ventajas y riesgos de solicitar el préstamo

Este tipo de crédito ha ganado popularidad por su facilidad de acceso y rapidez. Según datos del Biess, su uso creció un 12 % entre enero y febrero de 2026, con más de 460.000 personas accediendo a este producto.

Entre sus ventajas destacan el trámite digital, el desembolso rápido y la posibilidad de ajustar cuotas y plazos para ordenar las finanzas personales.

Sin embargo, también implica riesgos importantes. El préstamo se respalda con los fondos de reserva o cesantía, lo que puede afectar el ahorro futuro del afiliado en caso de incumplimiento.

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Además, se exige un mínimo de 12 aportaciones, con al menos seis consecutivas, y el acceso puede bloquearse si el empleador mantiene deudas con el IESS o si el usuario tiene obligaciones pendientes.

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Según data de Dual Logistic, empresa de consultoría para los sectores de Logística y Comercio Exterior, los principales puertos del país movieron un total de 824.444 TEUs, entre enero y marzo de este año, lo que significó un incremento  de un 14 % más de carga movilizada. 

¿Qué puertos mueven más carga?

Si se revisa el volumen de carga contenerizada solo de las terminales de Guayaquil,  el primer lugar lo sigue ocupando DP World, operadora del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, con 216,731 TEUs, lo que equivale a un 26 % de participación. Muy seguido aparece Contecon, concesionaria del Puerto de Guayaquil, con 202,344 TEUs (25 % del mercado) y TPG (Terminal Portuario de Guayaquil) con 194.335 TEUs (24 %). 

Según expertos del sector, el incremento de la carga responde a una mayor dinámica del comercio exterior, movido este año por más exportaciones y un mayor consumo interno, que se refleja en un aumento de importaciones. 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), hasta marzo de este año, las exportaciones no petroleras alcanzaron los 7.306 millones (4 % más) y las importaciones los $ 7.825 millones, un incremento del 11,6 %. 

Fohodil Galeas, Director Comercial de Contecon, explica que las mayores ventas externas están motivadas, sobre todo, por los recientes acuerdos comerciales que han impulsado fuertemente las ventas de materias primas hacia el mercado asiático. Este año, cita,  productos como el banano tienen un crecimiento interanual del 10%. Algo parecido ocurre con el camarón y la madera que también han mostrado un comportamiento al alza. 

Solo este primer trimestre el volumen de Contecon se expandió un 30%. Si se excluyen los transbordos que son la misma carga que se mueve de un barco a otro, dice Galeas, la concesionaria llega a liderar con el 26% participación de mercado. 

El panorama internacional, con nuevas rutas y el posicionamiento de un megapuerto en la región, ha sido capitalizado positivamente por Contecon. Gracias a alianzas estratégica con navieras como Cosco, la firma ha podido triplicar volúmenes de carga con el puerto de Chancay, la magna obra que opera en Perú y que conecta a las navieras directamente con Shanghai.

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Mayor inversión en puertos

El mayor movimiento de carga está acompañado por la inversión que hacen las terminales de la ciudad, tanto públicas como privadas, para elevar la capacidad de sus infraestructura. 

Para este año, la Asociación de Terminales Portuarios Privados (Asotep) ha estimado una inversión de más de $ 200 millones. Uno de los planes clave es seguir trabajando en la profundización del canal de acceso a los puertos de Guayaquil, que permitirá alcanzar un calado de 14 metros y con ello el ingreso de buques de hasta 400 metros de eslora. Está previsto que la obra se concrete entre finales de 2026 e inicios de 2027.  

El Puerto de Aguas Profundas de Posorja (DP World), por su parte, ha invertido más de $140 millones en la expansión de su muelle principal a 700 metros, capacidad que se ampliará a 800 metros con una inversión adicional de $40 millones. Esta infraestructura proyecta elevar la capacidad operativa a 1,4 millones de TEUs anuales y permite la atención de buques de gran tamaño.

Contecon, en cambio, ejecuta una inversión de 20 millones de dólares operativa para septiembre de este año, y planea anunciar una inversión más fuerte en las próximas semanas para garantizar la capacidad logística del país con miras al año 2030. Su concesión está vigente hasta el 2046.

Lo que debes saber

• Reforma al reglamento: El Decreto 398 reforma el reglamento tributario en Ecuador para implementar herramientas tecnológicas de avanzada que apunten a frenar la evasión y la comercialización ilícita.
  
• Nuevos códigos obligatorios: Las empresas reguladas por el SRI deberán incorporar códigos físicos, tecnología digital y marcación química directamente en los envases o empaques de sus productos en el país.
  
• Vigilancia en tiempo real: Toda la información de producción, importación y venta se registrará en una plataforma digital integrada y controlada de forma exclusiva por la administración tributaria.

El Gobierno Nacional busca cerrarle el paso al contrabando y a la defraudación tributaria mediante una reestructuración de sus mecanismos de vigilancia. A través del Decreto Ejecutivo No. 398, suscrito el 3 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Con este cambio normativo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) queda facultado para implementar tecnologías avanzadas de identificación, autenticación y trazabilidad fiscal, poniendo la lupa directamente sobre la cadena de producción y comercialización en el país.

La nueva estrategia modifica las reglas de control previo, extendiendo la obligación a los sujetos pasivos que la administración tributaria determine. A partir de la vigencia del decreto, las empresas seleccionadas deberán incorporar obligatoriamente estos sistemas de rastreo, los cuales no solo se aplicarán a bienes físicos, sino que también podrán extenderse a la prestación de servicios, garantizando así un blindaje más amplio contra la informalidad.

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Códigos físicos, tecnología digital y marcación química

Para ejecutar esta vigilancia, la normativa establece dos categorías principales de herramientas. La primera corresponde a los Componentes Físicos de Seguridad (CFS), que consisten en códigos o dispositivos visibles que irán adheridos o impresos de forma directa en los productos, envases o empaques. Estos elementos tendrán la categoría jurídica de documentos públicos y, como novedad, el documento abre la puerta al uso de procesos de marcación química para evitar falsificaciones.

La segunda categoría abarca los Componentes Digitales de Seguridad (CDS), herramientas tecnológicas que serán normadas en detalle por el SRI. El núcleo del sistema radica en que todos estos componentes, tanto físicos como digitales, operarán interconectados a una plataforma integral única. 

Este cerebro digital registrará en tiempo real la información clave sobre la producción nacional, los procesos de nacionalización de mercancías importadas y la comercialización final de los productos.

Control exclusivo en manos del SRI

El decreto ratifica que el SRI mantendrá la responsabilidad absoluta y exclusiva de la implementación, gestión y control de todo este ecosistema de marcación fiscal. No obstante, la normativa deja abierta una estructura colaborativa, permitiendo que otras entidades del Estado con competencia en distintas áreas productivas puedan proponer técnicamente la incorporación de nuevos bienes o servicios a este riguroso régimen de control.