Lo que debes saber

• Los gremios del Carchi estiman que el comercio fronterizo cayó un 95% con la tasa del 50%. Con el salto al 100%, el dirigente Carlos Bastidas advierte que la actividad queda "en cero" y que el contrabando se triplicará.
• El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, desde Ipiales, responsabilizó a ambos gobiernos por la crisis y cuestionó la inacción de la CAN. Más de 5.600 familias y hasta 6.513 empleos están en riesgo en la zona fronteriza.

El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera,  emitió un comunicado en el que expresó su "rechazo total y categórico" a la decisión de Ecuador de elevar al 100% la tasa de seguridad a las importaciones colombianas. El gremio advirtió que la medida golpea de manera directa a miles de comerciantes, transportadores y familias que dependen del intercambio binacional.

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"Este tipo de decisiones están llevando a la frontera a una situación crítica, poniendo en riesgo la supervivencia de cientos de negocios y empleos", señaló el comité en el documento.

En el mismo comunicado, el gremio responsabilizó tanto al Gobierno de Ecuador como al de Colombia por la falta de acuerdos y diálogo efectivo. También cuestionó la inacción de la Comunidad Andina (CAN), que "pese a existir para resolver conflictos comerciales entre países miembros, ha demostrado una preocupante incapacidad para evitar que esta crisis se profundice".

"La frontera no puede seguir siendo la víctima de decisiones políticas y comerciales tomadas lejos de nuestra realidad", concluye el pronunciamiento.

¿Qué dicen los transportistas del Carchi sobre la tasa del 100% a Colombia?

Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, calificó el anuncio como un golpe definitivo. "Es como botarle el puente, crear un muro en medio puente. No tiene sentido. Nosotros luchando para que eliminen esa tasa y ahora proyectan el 50% más para ponerlo al 100%. Es una locura", dijo indignado.

Con la tasa del 50%, el comercio fronterizo ya operaba en mínimos. "Si estábamos al 95% sin trabajo, apenas fluyendo un 5%, ahorita queda paralizado. Cero bajo cero", afirmó Bastidas. 

Según el dirigente, incluso antes del incremento los comerciantes reducían operaciones drásticamente. "Y si le ponen el 100%, eso ya no va a ser posible", advirtió.

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El dirigente también cuestionó las mesas técnicas convocadas por el Gobierno. Relató que las autoridades ofrecieron crear una zona franca y un polo de desarrollo, propuestas que considera insuficientes. "Eso lleva tiempo y no hay seguridad jurídica. Con toda esta inestabilidad, ¿quién va a venir a invertir?", reclamó.

Bastidas contó que confrontó al viceministro de Producción, Andrés Robalino, durante una de esas reuniones y le dijo que "Son tan ágiles para aplicar y aplicar, pero por otras cosas ahí sí se olvidan y no dan marcha atrás". No recibió rrespuesta.

Recordó que ni el ministro Jaramillo, que visitó Tulcán, ni el viceministro en Quito ofrecieron respuestas concretas. "Simplemente nos alargan la muerte. Muerte lenta, muerte con anestesia", resumió.

Las autoridades, según Bastidas, sugirieron esperar hasta el cambio de gobierno en Colombia, cuyas elecciones serían en mayo con posible segunda vuelta en julio o agosto. "Usted vaya sumando meses", cuestionó.

Para el dirigente, el principal efecto de la medida será el fortalecimiento del comercio ilegal. "La gente dedicada a eso escucha esto y para ellos es una fiesta, porque se va a triplicar su negocio", sostuvo.

Bastidas alertó que la crisis no se limita al transporte. "Aquí se afecta toda la población y el país. Toda esa mercadería va para el interior", dijo.

Advirtió también que la escalada no se detendrá: "El otro lado va a responder de la misma manera".

¿Cuánto ha perdido la frontera por la guerra comercial Ecuador-Colombia?

Los gremios del Carchi estiman que las exportaciones por la frontera norte se desplomaron un 95%. La Cámara de Comercio de Tulcán calcula que entre 4.847 y 6.513 empleos están amenazados y más de 5.600 familias dependen de esa actividad. De los 1.300 estibadores que operan en la zona, cerca del 80% está desempleado.

El comercio total entre ambos países pasó de $430 millones en febrero y marzo de 2025 a $313 millones en el mismo período de 2026, una caída de $117 millones en apenas dos meses. Los transportistas del Carchi —unos 2.000— han advertido que podrían migrar sus rutas hacia Perú.

¿Cómo escaló el cruce entre Petro y Noboa tras la tasa del 100%?

Mientras los gremios fronterizos piden soluciones, la confrontación entre ambos presidentes se agudizó en las últimas horas.

Petro calificó la tasa como "una monstruosidad", declaró el fin del Pacto Andino para Colombia y ordenó avanzar hacia el Mercosur.

Noboa respondió que "no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo" y destacó que las muertes violentas en la frontera norte se redujeron un 33% desde la aplicación de la tasa.

Petro contraatacó: defendió su trayectoria en la lucha antinarcóticos, ordenó a su embajadora en Quito regresar "de inmediato" y anunció que el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador.

La escalada diplomática se suma a las medidas comerciales ya vigentes: Ecuador aplica la tasa del 50% —que subirá al 100% en mayo—, Colombia responde con aranceles del 30%, suspendió la venta de energía eléctrica y ambos países tienen reclamos cruzados ante la CAN.

Lo que debe saber

• Ruptura: La decisión del Gobierno de Ecuador de elevar la tasa de seguridad al 100 % detonó la amenaza de Gustavo Petro de retirar a Colombia de la CAN para buscar una alianza plena con el Mercosur.
• Alerta: Expertos y gremios industriales califican la medida de Noboa como una "aberración" que pone en riesgo 2.000 millones de dólares en comercio, lo cual anticipa escasez y el fin de los beneficios arancelarios históricos.

La decisión del Gobierno de Ecuador de duplicar la tasa de seguridad a las importaciones colombianas provocó una fuerte reacción del sector productivo y exautoridades económicas. El exministro de Producción, Julio José Prado, calificó la medida como una “aberración comercial nunca antes vista”, mientras que la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), María Paz Jervis, tildó de “retroceso imperdonable” la posible ruptura de la Comunidad Andina (CAN). Ambos coinciden en que la falta de diálogo real entre Quito y Bogotá conduce a la crisis comercial más profunda de la historia reciente.

Impacto en el abastecimiento y precios

Para el exministro Prado, elevar los aranceles al 100 % equivale a un cierre de fronteras que pone en riesgo el ingreso de mercancías valoradas en casi 2.000 millones de dólares anuales. El experto señaló que esta medida forzará a los empresarios a buscar nuevos proveedores de manera abrupta, lo cual derivará en escasez de productos y un alza generalizada de precios para el consumidor ecuatoriano. Prado enfatizó que ni gremios ni empresarios pueden justificar una retaliación de esta magnitud que destruye los beneficios de la zona de libre comercio.

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El riesgo de desaparecer la CAN

La Presidenta de la CIP, María Paz Jervis, centró su preocupación en el debilitamiento institucional del bloque andino. Según la dirigente, la CAN es una plataforma que garantiza movilidad, cooperación y desarrollo conjunto que no debe sacrificarse por diferencias políticas. Jervis sostuvo que la integración se defiende y se fortalece, pues representa el sustento de miles de familias ecuatorianas que dependen del comercio regional. La advertencia surge ante la amenaza directa del presidente Gustavo Petro de retirar a Colombia del pacto.

Ausencia de diplomacia y soluciones

La crisis escaló desde una tasa inicial del 30 % hasta el actual 100 % sin que existan canales de comunicación efectivos entre las administraciones de Daniel Noboa y Gustavo Petro. El sector industrial lamentó que una protesta diplomática legítima por la inseguridad fronteriza derive en una destrucción de comercio sin precedentes. Según los especialistas, el "fantasma" de perder el arancel 0 % y salir de la CAN dejaría a Ecuador en una posición de vulnerabilidad frente a sus principales socios estratégicos en la región.

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Lo que debes saber

• Ecuador elevará al 100% el arancel a productos colombianos desde mayo de 2026.
• La pugna arancelaria, en medio de una nueva crisis diplomática, ya ha generado pérdidas superiores a $800 millones en casi tres meses.

Como una medida "absurda y desproporcionada", así calificó la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, la decisión de Ecuador, de elevar al 100% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de mayo de 2026. 

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Oliva Diazgranados, directora del gremio, cuestionó que la medida no cumpla el principio de proporcionalidad. Toda norma, dijo, "debe tener la compatibilidad constitucional y en Ecuador no la tiene, debe respetar principios superiores al debido proceso, debería ver las implicaciones jurídicas, sociales, económicas y eso no se está viendo", señaló la dirigente quien advirtió que elevar el arancel al 100 % solo busca frenar una  relación comercial de más de 60 años y ahondar las pérdidas económicas bilaterales, que en casi tres meses de disputa arancelaria, ya suman más de $ 800 millones.  

La decisión de seguir elevando la tasa - esta arrancó con el 30 % en febrero y aumentó al 50% desde marzo de este año-, responde a la falta de acciones "concretas y efectivas" en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, según comunicó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP). 

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Para los empresarios, el alza responde a temas políticos

No obstante, Diazgranados relaciona al tema con factores políticos. El anuncio llega tras una nueva crisis bilateral que comenzó el 6 de abril, cuando el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al exvicepresidente Jorge Glas como un "preso político". Estas declaraciones fueron interpretadas por Ecuador como injerencia en asuntos internos.

"Estamos de acuerdo con que el presidente Petro no puede estar pidiendo la liberación de Jorge Glas, pero tampoco el presidente Noboa no puede estar tomando retaliaciones por temas que son políticos y específicamente de relacionamiento entre un presidente de derecha y un presidente de izquierda". 

Las pérdidas económicas se ahondarán y el contrabando se fortalecerá

Ecuador compra anualmente cerca de $ 1.900 millones de productos colombianos y vende a ese país, cerca de $ 900 millones. Una tasa del 100 %, dice Freddy Cevallos Bustamante, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana (Camecol), hará que el comercio entre ambas naciones se deteriore, poniendo en riesgo a miles de empleos. 

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Lo que se espera es que productos como medicinas, carros y artículos de aseo y cosméticos que llegan de ese país sean "comercialmente inválidos, que Colombia aplique un arancel igual y que por ende se deje de exportar e importar, porque con precios tan elevados nadie los va a comprar". 

Cevallos sostiene que este escenario obligará a importadores a buscar otros países. En eso coincide Diazgranados quien lamenta que esas alternativas estén vinculadas al producto que viene de China, un país que, dice, poca producción y empleo genera en ambas economías. 

"Lo que se está haciendo es dar mayor espacio a China que no produce en Ecuador y que va en detrimento del mismo empleo y capacidad productiva del país. Hay que recordar que el 60 % de las exportaciones de Colombia a Ecuador es materia prima para el desarrollo de productos manufacturados para Ecuador", dice la representante gremial colombiana, quien añade además que una medida como esta seguirá fortaleciendo el contrabando.

Lo que debes saber

• El Estado prevé recibir Coca Codo Sinclair el 17 de abril tras un acuerdo con Power China, pero los términos clave siguen sin transparentarse.
• Operación por 25 años a $60 millones anuales busca corregir 17.000 fisuras. Hay otros riesgos que quedan fuera. 
• Expertos  advierten que una mala negociación podría afectar hasta el 30% de la energía del país.

En ocho días, la mayor central hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair (CCS), abrirá un nuevo capítulo en una historia que ha ‘navegado’ entre polémicas y fallas estructurales. Tras una década de operación en Ecuador, el Estado prevé recibir la obra, formalmente,    el próximo 17 de abril de 2026, con ayuda de un nuevo contrato que cierra cerca de 5 años de disputa arbitral, pero del que se conocen escasos detalles.

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La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) explicó el  miércoles que el traspaso final se hará tras el nuevo acuerdo alcanzado con Power China (casa matriz de Sinohydro, encargada de construir y poner en marcha la hidroeléctrica), respaldado por un laudo arbitral, emitido el pasado 30 de marzo de 2026 por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), “que se encuentra en firme bajo autoridad de cosa juzgada; y que por ende, es de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano y la contraparte”, dijo el ente en un comunicado.

Xavier Medina, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, en un evento realizado este 9 de abril, en Quito, añadió que con este contrato de operación y mantenimiento, que tendrá un periodo de 25 años y que se ejecutará a un costo promedio de $ 60 millones anuales, se espera que se resuelvan los problemas estructurales que la central viene arrastrando.

Estos problemas incluyen también las más de 17.000 fisuras que ponen en riesgo la operación de la central, hoy capaz de generar hasta el 30 % de la energía que requiere el sistema nacional interconectado.

“En el momento en que tú trasladas la operación y mantenimiento de la central, todo lo asociado a la obra pasa a manos de PowerChina. Todos los elementos, incluso rodetes, distribuidores, todo lo que tengan que hacer para mantener operativa la central durante 25 años”, dijo.

Coca Codo Sinclair: PowerChina no cubrirá todos los riesgos

Pero en realidad hay excepciones. Medina aclaró que hay un factor que no estará cubierto, y este es el alto riesgo que genera la erosión regresiva del río Coca. “Al ser un tema externo de la central, un fenómeno natural único en el mundo, será responsabilidad de Celec, que deberá continuar con los informes, con los diques permeables y vertederos escalonados que el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. recomendó”.

Desde el sector eléctrico, expertos como Ricardo Buitrón, consultor sobre proyectos hidroeléctricos, esperan que el Gobierno difunda y transparente el real alcance de los compromisos firmados con la empresa asiática.

Para el experto, lo que se está haciendo supera el marco legal e institucional en el que se desarrollan los contratos públicos, puesto que el Estado no puede recibir una obra con aspectos pendientes importantes.

“PowerChina puede comprometerse y luego decir que, si no asume todos los riesgos, ya no cobra los 60 millones, pero el país ¿cuánto pierde?”. No asegurar un real cumplimiento, dice, podría comprometer la generación eléctrica y afectar a todo un país. “Entre el 25 y 30 % de la energía que provee Coca Codo en estos momentos    no podría entregarse”, advierte.

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Acuerdo con PowerChina: se pide aclarar alcance del acuerdo 

Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, recuerda que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) fijó en $ 580 millones los daños estructurales de la obra. Y, si bien hoy se habla de subsanar fallas, no se ha detallado la forma en cómo se lo haría. La recomendación de Contraloría, en el 2018, fue no recibir la obra si no se han reemplazado equipos claves de la central.

Estos montos, señala Santos, además estarían por debajo aún de los $ 400 millones que Celec dijo se obtendrían como compensación con el nuevo acuerdo con PowerChina. Según la corporación, $200 millones de ellos se ofrecerían en efectivo por el retiro del arbitraje y otros $200 millones se destinarán a proyectos de energía renovable en Ecuador.

Pero Buitrón se pregunta ¿cómo llegó a fijarse el primer monto y sobre qué bases técnicas se hizo? “Eso es algo que también tiene que ser evaluado. ¿Por qué 200? ¿Por qué no 300, 400 o 500?”, dice.

Según la autoridad, ha dicho que dejar esta operación en manos de Celec hubiese resultado más costoso para el Estado. No obstante, los expertos esperan ver los estudios técnicos y económicos que expliquen por qué era más beneficioso para el país darle la operación a Power China. “Este gobierno y todos los demás gobiernos deben ser transparentes con estos temas y no manejar esto en la opacidad más grande, de tal manera que el país entero pueda conocer los términos en que se ha negociado”, dijo Buitrón.

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La decisión duplica el recargo vigente —que estaba en 50%— y, de acuerdo con la entidad, responde a la falta de acciones “concretas y efectivas” en materia de seguridad fronteriza. 

El Gobierno sostiene que la medida se adopta en el marco de la defensa de la soberanía nacional y busca enfrentar amenazas como el narcotráfico en la zona limítrofe, bajo un principio de corresponsabilidad entre ambos países.

Un conflicto en escala

El anuncio llega tras una nueva escalada diplomática registrada el 7 de abril. Ese día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la situación del exvicepresidente Jorge Glas, lo que fue interpretado por el Gobierno ecuatoriano como una injerencia en asuntos internos.

En respuesta, Ecuador envió una nota de protesta formal y llamó a consultas a su embajador en Bogotá. La canciller Gabriela Sommerfeld sostuvo que el país está en la obligación de defender su soberanía y su dignidad, en un contexto en el que la relación con Colombia se ha vuelto más tensa.

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Este episodio se suma a fricciones previas vinculadas a la seguridad en la frontera norte. El Gobierno ecuatoriano ha insistido en que no puede existir una relación comercial normal mientras no haya resultados concretos en el control de actividades ilícitas, como el narcotráfico.

En ese marco, la política comercial se ha alineado con las prioridades de seguridad. El incremento del arancel se presenta como una medida soberana frente a lo que el Ejecutivo considera una falta de cooperación efectiva del lado colombiano.

La decisión también se produce en un momento en que el comercio bilateral ya muestra señales de debilitamiento. En las últimas semanas, el flujo de mercancías en la frontera ha disminuido, con impacto directo en transportistas, comerciantes y servicios logísticos.

En desarrollo...

Lo que debes saber

• Organizaciones como el Frente Popular del Guayas y el FUT evaluarán nuevas acciones legales y políticas —incluida una posible denuncia al SRI y pedidos a la Asamblea— en rechazo al cobro del 15 % de IVA a alimentos procesados.
• Las movilizaciones en Guayaquil reflejan el malestar ciudadano por el alza de precios en productos básicos, con sindicatos que advierten una pérdida del poder adquisitivo y anuncian más jornadas de protesta.

Grupos de organizaciones sindicales y sociales de la provincia de Guayas tendrán una reunión el próximo sábado 18 de abril, para determinar que otras medidas van a tomar en rechazo a que alimentos como la leche deslactosada, ciertos tipos de panes y atunes paguen el 15 % del impuesto del valor agregado (IVA).

TE INVITAMOS A LEER: Nueva proyección del Banco Mundial: ¿Cuánto crecerá la economía de Ecuador en este 2026?

“Tenemos que definir si mandamos una carta o ponemos una denuncia contra el Servicio de Rentas Internas, ente que no puede interpretar una ley para extender el cobro de los impuestos”, indicó a Diario EXPRESO Juan Cervantes, presidente del Frente Popular del Guayas.

Cervantes agregó que van a analizar si se hace un pedido a la Asamblea Nacional. “Son varios puntos que vamos a conversar en esta reunión, como la marcha del 1 de Mayo, por el Día del Trabajador y la atención de la salud de los niños del oriente”, remarcó.

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Plantón y marcha en Guayaquil

Un grupo de ciudadanos se reunió la tarde del pasado miércoles 8 de abril de 2026, desde las 16:00, para expresar su inconformidad por la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a productos que anteriormente estaban exentos.

El punto de concentración fue el Parque Centenario, ubicado en la avenida 9 de Octubre y Lorenzo de Garaicoa, en el centro de Guayaquil. En los primeros minutos del plantón, la presencia de policías y agentes de tránsito superaban al número de loa manifestantes. Sin embargo, una hora después, la concurrencia aumentó hasta ocupar aproximadamente media cuadra.

Los asistentes avanzaron desde Lorenzo de Garaicoa en marcha hasta la calle Boyacá, donde fueron interceptados por las fuerzas del orden, que impidieron su paso con el objetivo de evitar complicaciones en el tránsito durante la hora pico.

La convocatoria estuvo a cargo del Frente Popular del Guayas, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Parlamento Intercultural de los Pueblos, organizaciones que desde hace varios meses han impulsado acciones de protesta frente a las medidas económicas del Gobierno.

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Fabián Macías, presidente del FUT en Guayas, explicó que esta movilización forma parte de una serie de acciones sostenidas por organizaciones sociales y sindicales. Señaló que los trabajadores se fueron sumando al plantón tras cumplir sus jornadas laborales y reiteró que las demandas se mantienen desde el inicio de la actual administración.

Según Macías, las políticas económicas y sociales implementadas han tenido un impacto negativo en la población. “No es posible que se apliquen medidas que afectan directamente el bolsillo de la ciudadanía, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo”, manifestó, al tiempo que cuestionó la falta de coherencia en los mensajes oficiales sobre qué productos están gravados con IVA.

Durante la jornada también participó Virginia Pinela, vicepresidenta nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y presidenta de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, quien aseguró que el incremento de precios ha golpeado con fuerza a las familias ecuatorianas.

Pinela detalló que productos básicos como la leche, el atún y otros alimentos han registrado aumentos significativos. Indicó, por ejemplo, que la leche en funda pasó de costar entre 0,75 y 0,78 dólares a cerca de 0,97 dólares, mientras que el atún subió de 0,99 a 1,27 dólares. “Hoy compramos menos y gastamos más”, afirmó.

Lo que debes saber

• Alerta inflacionaria global: La posible escalada del conflicto podría afectar la oferta de hidrocarburos, elevando precios y obligando a endurecer políticas monetarias.
• Crecimiento más débil: El FMI anticipa una revisión a la baja en las proyecciones económicas, incluso en un escenario de estabilización del conflicto.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este jueves 9 de abril de 2026 de que los bancos centrales "deben estar preparados" para subir los tipos de interés y endurecer sus políticas si la guerra contra Irán deriva en importantes presiones inflacionarias.

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"Los bancos centrales deben estar preparados para endurecer (sus políticas monetarias), y es fundamental reconocerlo. No pueden permitirse que la inflación se descontrole", aseguró Georgieva en su discurso que sirve de inauguración a las reuniones de primavera que el FMI y el Grupo del Banco Mundial (BM) inician la próxima semana en Washington en un panorama marcado por el conflicto en Oriente Medio.

A su vez, Georgieva instó a analizar con detenimiento una situación muy cambiante y marcada por el golpe que está recibiendo la oferta global de hidrocarburos y pidió no precipitarse.

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La economista búlgara instó a no precipitarse ahora a aquellos bancos centrales que actuaron con lentitud en la pandemia y pagaron luego las consecuencias.

"Deben mantenerse alerta y centrarse en las condiciones (globales), porque un endurecimiento prematuro e innecesario arroja un jarro de agua fría sobre el crecimiento", recalcó.

Las palabras de la máxima responsable del FMI llegan tras haber afirmado en una entrevista que el organismo rebajará su previsión de crecimiento global debido al conflicto en Oriente Medio.

La directora gerente del FMI apuntó que antes del estallido de la guerra, el pasado 28 de febrero, la economía global venía de mostrarse muy resistente al embate de la agresiva política comercial estadounidense y que venía respaldada por el impulso de la fuerte inversión en el sector de la inteligencia artificial (IA).

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Impacto macroeconómico

Pese a las rebajas en perspectivas de crecimiento que el FMI dará a conocer el martes en su nuevo Informe de Perspectiva Global, Georgieva afirmó que la profundidad del impacto macroeconómico de la guerra dependerá de la solidez del aparentemente endeble alto el fuego que acordaron esta semana Washington y Teherán, aunque admitió que no se podrá superar un escenario como este "sin sufrir algún daño".

"Lo que sí sabemos es que el crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera", admitió Georgieva.

La economista búlgara anunció que en el mencionado Informe Global de Perspectivas se plantearán tres posibles escenarios; uno que contempla un retorno relativamente rápido a la normalidad; uno intermedio, y un tercero en el que los precios del petróleo y el gas se mantienen en cotas altas durante mucho más tiempo.

"Incluso nuestro escenario más optimista contempla una revisión a la baja del crecimiento", admitió la directora gerente del FMI. 

Lo que debes saber

• Según el Gobierno, las ventas de construcción en Ecuador crecieron un 20,5 % en el primer trimestre de 2026, reflejando una bonanza que genera $6.500 millones en promesas de compraventa.
  
• 
  El presidente atribuye este crecimiento a los programas hipotecarios como Tu Casa Miti Miti, Credicasa y Casa 100 % subsidiada
• 
  La reforma que permite a las empresas pagar hasta el 30 % del impuesto a la renta con donación de casas ha levantado críticas porque reduce la liquidez

De enero a marzo de este año 2026, las ventas de construcción en el país han crecido un 20,5 % en comparación con igual periodo, pero del año pasado. Asimismo, las inmobiliarias reflejan un incremento de 17,8 %. Así lo aseguró el presidente del país, Daniel Noboa, durante una entrevista radial en Manabí, este 9 de abril.

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“Estamos hablando de una bonanza en el área de la construcción y eso va a traer muchísimo empleo en todo el país”, aseguró.

Basado en las facturaciones de venta del Servicio de Rentas Internas (SRI), el presidente indicó que el sector inmobiliario del país ha registrado $6.500 millones en promesas de compraventa, en lo que va del año. “Nunca en la historia de Ecuador ha existido esa situación de que los mismos promotores inmobiliarios ya no tienen que vender”, expresó.

Con esa cantidad ya vendida, según el presidente, el sector inmobiliario ha informado al Gobierno que ya no necesita vender más viviendas hasta 2028, por lo que Noboa insistió en la entrevista en que este 2026 “es el año de la construcción”.

Noboa correlaciona esta supuesta bonanza en la construcción con la creación de los programas hipotecarios, impulsados desde su Gobierno para reducir el déficit de vivienda en el país: Tu Casa Miti Miti que tiene una tasa de interés de hasta 4,99 %; Credicasa con una tasa de interés de hasta el 2,99 %; y el proyecto de Casa 100 % subsidiada.

Según el Gobierno, estos proyectos se han podido llevar a cabo tras el permiso de que las empresas puedan pagar hasta el 30 % del Impuesto a la Renta que deben, en donación de casas.

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Mazar no está en estado crítico, asegura Daniel Noboa y descarta cortes de luz

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Se reduciría la recaudación líquida del Estado

La Asamblea Nacional aprobó a finales de marzo una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que permite a las empresas que donen viviendas de interés social obtener este incentivo tributario.

No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra de esta reforma argumentando que la misma termina beneficiando en realidad a sectores económicos adinerados, así como a las grandes constructoras y no prioriza adecuadamente a las familias que más necesitan una casa. Además de que, de esa manera, se reducía la recaudación líquida del Estado.

Según señaló el presidente en la entrevista radial, para este año y bajo dichos programas, se entregarían al menos 5.000 viviendas.

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Mazar no está en estado crítico, asegura Daniel Noboa y descarta cortes de luz

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Manzano cuestionó lo que denominó un "periodismo de alerta" que, según ella, genera daño a la ciudadanía al anticipar apagones que no se han materializado. "Este es el gobierno que decidió terminar con una mala administración en temas eléctricos. Este es el gobierno que está sembrando para el futuro", afirmó la titular de la cartera de Estado.

Sus declaraciones se dieron horas después de que el presidente Daniel Noboa descartara cortes de luz durante abril, en una entrevista radial en Manabí. El mandatario aseguró que el embalse de Mazar no se encuentra en niveles críticos y que su comportamiento es consistente con los registros históricos de la última década. Según Noboa, el sistema eléctrico puede cubrir la demanda máxima proyectada para este mes, estimada en hasta 5.600 megavatios (MW), sin restricciones.

No obstante, el contexto en el que se dieron estas declaraciones no es menor. Desde el 22 de enero de 2026, Colombia suspendió las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador, en respuesta a la tasa de seguridad del 30 % que el presidente Noboa impuso a las importaciones colombianas. Esa decisión privó al país de hasta 450 MW que recibía del vecino del norte, un recurso que había sido clave para sostener el suministro durante los apagones de 2024, cuando los cortes llegaron a ser de hasta 14 horas diarias.

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Ecuador busca activar la interconexión con Perú

Durante su presentación, Manzano adelantó que esta semana comenzaría la interconexión eléctrica con Perú, una operación anhelada durante años que cobra urgencia ante la suspensión de la venta de electricidad desde Colombia.

En la rueda de prensa posterior, el viceministro Medina amplió los detalles. Confirmó que se podría habilitar la transferencia de energía con Perú a nivel de 130 kV, con una capacidad de 50 MW en ambas direcciones. La demora, explicó, respondía a una reconfiguración en las redes tras el ingreso de una subestación en la zona de La Avanzada. Como en el lado peruano opera un concesionario privado, se requería un documento del ministerio de energía de ese país para cubrir costos no previstos. "Ese documento está por salir hoy", precisó.

Consultado sobre si esos 50 MW compensarían la ausencia de la energía colombiana, Medina reconoció que no tienen la misma magnitud, pero que el intercambio es beneficioso para ambos países. "Hace poco Perú tuvo algunos problemas de abastecimiento de gas, entonces va a ser beneficioso para ambos países retomar", dijo, y agregó que los precios de la energía peruana son "bastante atractivos".

A mediano plazo, el Gobierno apuesta por una interconexión mayor. Celec EP, a través de Transelectric, mantiene abierta una licitación internacional por $270,9 millones para construir la interconexión Ecuador-Perú a 500 kV, cuyo plazo de recepción de ofertas vence el 17 de abril. Ese proyecto, financiado por el BID y el BEI, permitiría intercambiar hasta 500 MW y se proyecta para 2028.

El acuerdo por Coca Codo Sinclair

Otro eje de la rendición de cuentas fue el cierre del diferendo en torno a Coca Codo Sinclair, la central de 1.500 MW construida por Sinohydro. La ministra Manzano lo presentó como una victoria: "Por fin dimos abajo un proceso arbitral a favor del Estado ecuatoriano, no en contra. A favor, con $400 millones".

El viceministro Medina detalló los términos: Power China desembolsará $200 millones en efectivo a Celec EP y destinará otros $200 millones a proyectos de generación con energías renovables no convencionales. Además, la empresa china asumirá la administración, operación y mantenimiento de la central por 25 años, mediante una posible alianza estratégica con Celec EP.

Medina explicó que el costo actual de operación a cargo de Celec resulta más elevado que lo que representaría trasladarlo a Power China, y que al beneficio económico se suma el tecnológico, al ser la misma empresa que fabricó los equipos de la central. Power China se hará cargo también de las fisuras y los componentes internos como rodetes y distribuidores.

La erosión regresiva del río Coca, un fenómeno geológico externo considerado único en el mundo, seguirá siendo responsabilidad de Celec EP. La entidad continuará con los diques permeables y el vertedero escalonado recomendado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

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Vanessa López

Más megavatios privados en camino

Manzano destacó que los cambios regulatorios impulsados desde 2024 —cuando se fijaron por primera vez tarifas para la generación privada de energía no convencional, incluyendo solar, eólica, geotermia, biomasa e hidroeléctrica de hasta 10 MW— comienzan a dar resultados concretos.

Para 2026 se espera la incorporación de 209,8 MW de origen privado: 110 MW del proyecto eólico Villonaco III, en Loja, que según Manzano aspira a convertirse en el parque eólico más alto del mundo al operar a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar; 90 MW de una nueva central hidráulica; y 9,8 MW de generación fotovoltaica.

Las proyecciones para los próximos años son más ambiciosas: 511,86 MW en 2027, 832 MW en 2028 y 296 MW en 2029. La ministra señaló que hay más de 900 MW adicionales en proceso de obtención de títulos habilitantes, aunque reconoció demoras en esos trámites.

En paralelo, Manzano anunció que el programa nuclear nacional avanza de la mano de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), con sede en Viena, y que un proyecto de ley se encuentra en revisión en la Presidencia. Se contempla a mediano plazo la instalación de módulos de entre 350 y 400 MW, que la ministra calificó como generación "limpia y firme".

Las pérdidas, un pendiente por resolver

Consultado sobre las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema de distribución, que en 2025 alcanzaron el 15,8 %, el viceministro Medina reconoció que el tema representa un reto. Indicó que se ha instruido a todas las distribuidoras para que destinen la mayor cantidad de recursos a reducirlas, y que se gestionan créditos con organismos multilaterales para financiar las inversiones necesarias.

La meta para 2026, dijo, es bajar al menos un par de puntos porcentuales, aunque reconoció que para una reducción significativa se requiere una inversión "bien agresiva".

Lo que debes saber

• Noboa afirma que Mazar no está crítico en abril en Ecuador por niveles históricos normales.
  
  
• Gobierno descarta apagones en abril por mayor generación eléctrica y menor uso de embalses.
  
  
• Ecuador cubrirá demanda de hasta 5.600 MW en abril, según balance del Ejecutivo.

El nivel del embalse de Mazar, pieza clave del sistema hidroeléctrico del complejo Paute, no se encuentra en niveles críticos, según el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. 

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El mandatario sostuvo que el comportamiento del reservorio es consistente con los registros históricos de la última década para esta época del año, pese a las alertas sobre una posible crisis energética.

Durante una entrevista en una emisora de Manabí, en la que participó también el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, Noboa aseguró que el país no enfrentará apagones en abril, aun con condiciones de sequía y un incremento en la demanda eléctrica.

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Nuevo sistema de generación

El jefe de Estado atribuyó la estabilidad del sistema a la incorporación de nueva capacidad de generación. Entre las acciones mencionó la culminación del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, trabajos de mantenimiento en Daule-Peripa y la operación de centrales termoeléctricas en Esmeraldas y Quevedo, así como proyectos en desarrollo como Pascuales.

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A esto, agregó, se suma la generación eólica sostenida y el refuerzo de plantas como Termogas Machala, lo que —según dijo— ha permitido reducir la presión sobre los embalses y evitar un consumo intensivo de sus reservas, a diferencia de años anteriores.

Noboa indicó que el sistema eléctrico está en capacidad de cubrir la demanda máxima proyectada para abril, que podría alcanzar los 5.600 megavatios, sin restricciones. Además, señaló que para mayo se espera un escenario más estable con la recuperación de las lluvias.

En sus declaraciones, el mandatario también cuestionó a sectores de la oposición y a algunos medios por advertir posibles racionamientos, y sostuvo que la actual gestión ha evitado apagones que, en su criterio, habrían ocurrido de mantenerse las políticas de administraciones anteriores.

Lo que debes saber

• La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, inaugurada en 2016, ha tenido retrasos, fallas técnicas y conflictos con la constructora. Esto ha impedido que el Estado la reciba oficialmente durante varios años.
  
  
• El Gobierno decidió recibir la obra por un fallo de arbitraje internacional obligatorio. Además, obtendrá beneficios económicos por unos 400 millones de dólares.
• 
  La recepción permitirá cerrar el conflicto y establecer un nuevo modelo de operación con PowerChina. La central es clave porque genera hasta el 30% de la electricidad del país.

Aunque la central hidroeléctrica más grande de Ecuador, Coca Codo Sinclair, fue inaugurada en el año 2016, no ha sido recibida plenamente por el Gobierno Nacional hasta ahora, por presentar múltiples fallas. En la práctica, esto significa que el proyecto arrastra años de conflictos.

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De acuerdo con el contrato original, la obra debía completarse hacia el año 2015, pero fue inaugurada en noviembre de 2016, ya con retraso; y desde entonces se han presentado fallas técnicas, disputas con la constructora Sinohydro, y obras complementarias inconclusas o tardías.

Por ejemplo, el sistema de transmisión clave tardó más de 3 años adicionales (hasta el año 2019) en completarse y obras de protección contra la erosión siguen en ejecución con retrasos de al menos 2 años. Además, entre las fallas técnicas, se han detectado más de 17.000 fisuras en los distribuidores.

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El Gobierno recibirá la obra

El Gobierno Nacional se presta a recibir, hasta el 17 de abril, la obra y cerrar el conflicto. Esto, porque así lo demanda un arbitraje internacional, cuyo fallo es definitivo y obligatorio: el laudo respalda que el Estado ecuatoriano reciba oficialmente la central.

Además, al aceptar la obra, Ecuador obtiene beneficios económicos como $200 millones como compensación directa y otros $200 millones adicionales vía financiamiento para proyectos energéticos.

La recepción definitiva cierra el litigio iniciado en 2021 y luego de eso, se implementa un nuevo esquema en donde la empresa china PowerChina operará y dará mantenimiento a la central, asumiendo el manejo técnico y los riesgos.

Este paso se logra luego del acuerdo alcanzado en junio de 2025 entre el presidente Daniel Noboa y su homólogo de China, Xi Jinping.

La central hidroeléctrica CCS tiene una capacidad para aportar hasta 1.500 megavatios (MW) y que aporta hasta el 30 % de la energía del país. Por su contribución al sector es considerada un activo estratégico.

Lo que debes saber

• En cinco años, el programa RECOIL ha gestionado más de 28,3 millones de galones de aceite usado y miles de toneladas de envases, evitando una contaminación equivalente a decenas de piscinas olímpicas.
• El programa se sostiene en la coordinación entre empresas, gestores ambientales y el Estado, lo que ha permitido cumplir la normativa y expandirse incluso a zonas sensibles como Galápagos.

A cinco años de su puesta en marcha, la iniciativa RECOIL comienza a mostrar que la economía circular en Ecuador ya no es solo un discurso técnico, sino una práctica que gana terreno en la industria. Impulsado por la Asociación Ecuatoriana de Lubricantes (APEL), el programa ha logrado convertir un residuo altamente contaminante en un caso concreto de gestión responsable.

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Desde 2021 hasta 2025, RECOIL ha gestionado más de 28,3 millones de galones de aceite lubricante usado y 2.763 toneladas de envases. La dimensión del impacto se vuelve más clara al traducir las cifras: ese volumen equivale a unas 43 piscinas olímpicas de aceite que no terminaron contaminando suelos o fuentes de agua, mientras que los envases recuperados pesan tanto como más de 1.900 vehículos.

Un modelo que crece con la conciencia ambiental

Detrás de estos resultados hay dos factores que avanzan en paralelo: un sistema de gestión que ha logrado consolidarse y una mayor conciencia ambiental en sectores clave como el automotriz e industrial.

El programa articula a empresas, gestores ambientales y autoridades, lo que ha permitido no solo cumplir con la normativa vigente, sino también ampliar su alcance a zonas especialmente sensibles. En territorios como Galápagos, por ejemplo, RECOIL se ha convertido en una herramienta clave para evitar la disposición inadecuada de residuos peligrosos y proteger ecosistemas únicos.

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“La gestión adecuada de aceites lubricantes usados y sus envases es un desafío ambiental prioritario. Cada avance demuestra que la acción coordinada entre industria, gestores y reguladores puede generar impactos concretos en la protección de los recursos naturales”, señaló Valeria Naveda, directora ejecutiva de APEL.

El funcionamiento del modelo depende, además, de una red de empresas autorizadas por el Ministerio del Ambiente, encargadas del tratamiento y disposición final de estos residuos. Entre ellas están firmas como Unacem, A.D.S. del Ecuador, Hazwat, Ecuacombustibles, Redescombal y Fundametz, que han permitido estructurar un sistema formal que reduce riesgos ambientales y promueve prácticas responsables.

Con este balance, APEL apunta ahora a ampliar la cobertura del programa. El reto es escalar el modelo para que más actores se integren y así fortalecer una economía circular que, en el país, todavía tiene espacio para crecer, pero que ya empieza a mostrar resultados tangibles en la protección del ambiente y la salud pública.

Lo que debes saber

• Celec intenta incorporar 30 MW de Austral sin contar con la recepción provisional de la obra o la terminación unilateral del contrato.
• Las actas firmadas en 2025 permitieron realizar pagos tras la presentación de facturas o verificación visual.
• La generación sigue en pruebas, con riesgos técnicos, legales y sin garantías claras. Hay un arbitraje en curso.

El afán del Gobierno por incorporar megavatios (MW) al sistema eléctrico de Ecuador para cubrir parte del déficit de casi 900 MW no advierte límites. Tras el fracaso de los proyectos Progen y Austral Technical Management (ATM), que debían aportar 241 MW entre finales de 2024 e inicios de 2025, la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) busca sumar al menos 30 MW, de Esmeraldas III, a cargo de Austral, sin contar con respaldos formales.

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Los equipos que aportarán este suministro son parte de la isla 3, conformada por 16 de 42 motores de Austral. Estos componentes y otros elementos de esta central térmica, fueron recibidos “a entera satisfacción” en 2025 mediante actas de entrega - recepción provisional, firmadas por José María Estupiñan Zambrano, administrador del contrato, y Nicolás Maurice Pic, en representación de ATM. Aunque estos procedimientos de verificación no exigían mayor rigor.

Según tres documentos de febrero, marzo y mayo de 2025, a los que accedió Diario EXPRESO, la validación de los motores, transformadores, sistemas de protección y otros -que constan en actas- son un recurso para habilitar el pago, según hitos establecidos en una reforma modificatoria del contrato, acordada mutuamente.

Recepción parcial permitió pagos sin validar operación de la planta

En este convenio se plantea que los desembolsos se realizarán:

En total, el contrato con Austral asciende a $89,9 millones, de este monto se han cancelado ya $71,4 millones (ver gráfico).

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Por estas razones, Gabriel Secaira, consultor energético, precisa que, según los documentos, no existe una recepción provisional de la obra contratada (central de generación térmica de 91 MW). Tampoco se ha declarado al contratista incumplido, pese a que el proyecto no cumple con lo requisitos técnicos, según reveló en julio de 2025 la Contraloría General del Estado y lo ratificó meses después la Celec mediante un informe notarizado.

No hay recepción de la obra ni terminación del contrato

En el sector eléctrico tampoco se conoce sobre la terminación unilateral del contrato. De hecho, el arbitro de emergencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito dispuso a la Celec en agosto de 2025, entre otros, suspender la pretensión de terminar de manera unilateral el contrato con Austral, mientras no se resuelva este proceso de fondo.

Estos elementos (recepción provisional, terminación del contrato) son claves para justificar, según la norma, la participación del Estados ecuatoriano, a través de la Celec, en las instalaciones de Esmeraldas III.

La “desesperación” por incorporar un megavatio al sistema eléctrico no es suficiente argumento para intervenir en proyectos, que tienen litigios en curso, refiere Luis Alberto Andrade, especialista en Contratación Pública. 

Y agrega que si bien se debe priorizar el interés general de los ciudadanos eso “no significa pasarse la ley, para cumplir. Las soluciones se buscan dentro del marco legal” porque las consecuencias de no hacerlo pueden tener un efecto negativo para el Estado ecuatoriano.

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Esta realidad no es ajena para el gobierno. Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, reconoció el 25 de marzo pasado que “aunque aún estamos en litigio, los generadores de ATM inician su entrada al SNI (Sistema Nacional Interconectado) para las pruebas técnicas”. 

La Celec agregó el 25 de marzo que las maniobras no implican aceptación de los equipos ni renuncia de derechos del Estado. Tampoco generan obligaciones ni cambian la posición jurídica de esta empresa pública, en este caso.

La meta de la entidad era incorporar 30 MW al sistema nacional hasta el 31 de marzo de 2026, aunque en diciembre de 2025 la Celec reconoció que los motores de ATM no ofrecían esas garantías. Esta intención, sin embargo, aún no ha sido confirmada de manera oficial.

Dos de tres especialistas consultados este 8 de abril de 2026 por EXPRESO señalaron que la incorporación de esa generación aún no ha tenido éxito porque no pueden permanecer conectados de manera establece. Aunque se conoce que los 16 equipos que están a prueba sí son compatibles con la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano (60 Hertz), 32 no tienen esas condiciones (50 Hertz).

Pruebas sin respaldo y riesgos técnicos en la operación

Además, la puesta en marcha de una central de generación debe cumplir etapas antes de entrar en una operación comercial. Las fases son:

En procesos, que no están en litigios, a partir de la última etapa recién se puede hacer una recepción provisional del contrato, que en este caso es la incorporación de 91 MW. Y luego se hace la definitiva, si no existen novedades. A partir de allí, una obra está formalmente en manos del Estado.

Riesgos legales y falta de garantías marcan la operación

Ante esta realidad, “la Celec se está atribuyendo responsabilidades que le pueden dejar sin piso. Se podría perder hasta la garantía técnica por intervenir equipos que no han sido recibidos”, precisa una fuente próxima a esta entidad estatal, que pidió la reserva de su identidad.

La garantía en equipos de generación tiene un plazo de alrededor de un año para generadores nuevos, pero en este caso por tratarse de motores que datan de 2019, Secaira duda que se cuente aún con esos respaldos.

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Para garantizar la operación de bienes públicos como los de una central térmica se requiere también contar con un seguro, refiere Fernando Salinas, presidente del Foro Energético de Ecuador. Sin embargo, el especialista considera que ante la controversia que ha generado la contratación de estos equipos será difícil contratar una póliza, en el caso que el gobierno logre sumar los 30 MW.

En este escenario, Salinas refiere que al no cumplir con los procedimientos técnico, legales ni seguros, la puesta en marcha de esta planta térmica resulta incierta. “¿Quién va a ofrecer seguros para esa chatarra?”.

Lo que debes saber

• Celec traspasa a PowerChina la operación y riesgo técnico de Coca Codo Sinclair, informó la estatal el 8 de abril.
• La decisión sigue al fallo de la Corte de Arbitraje y a la recepción definitiva, pese a las fisuras existentes.
• El traspaso busca la continuidad operativa de la central. Se establece una compensación de 400 millones de dólares acordada con Sinohydro.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó este 8 de abril de 2026 que "traspasará" a la empresa Power Construction Corporation of China (PowerChina) la operación, el mantenimiento y, riesgo total de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una vez que concluya la recepción definitiva de la central que entregará la empresa Sinohydro.

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En un comunicado, la estatal explicó que la recepción definitiva del proyecto se realizará luego de que Ecuador fue notificado el pasado 3 de abril sobre el fallo emitido por la Corte Internacional de Arbitraje (CCI) de la Cámara de Comercio Internacional de París. Esta sentencia obligó a ambas partes a finiquitar un proceso que permanecía estancado desde 2016 debido a los informes de Contraloría que alertaban sobre miles de fisuras en la infraestructura de 1.500 megavatios (MW).

De acuerdo con el comunicado, la decisión de entregar la operación y riesgo de Coca Codo a Power China tiene como objetivo delegar a una empresa de "talla mundial los defectos constructivos que fueron señalados en su momento" por el ente de control.

Si bien el Gobierno señaló que el traspaso liberaría a Celec de la carga técnica y financiera que conllevaría reparar una obra que presenta problemas estructurales, con más de 17.000 fisuras, no ahonda en cómo se desarrollará el proceso para entregar la operación y más bien hizo el anuncio de forma general.

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Corre el plazo para la recepción de la central

La entrega de la operación de la central a la empresa china se dio a conocer en un contexto en el que corre el plazo para que la Corporación Eléctrica suscriba el acta de recepción definitiva de la central, el cual vence el próximo 17 de abril. Esta fecha se fijó como límite, después de la notificación del laudo.

La asignación a la firma china es una medida que se toma para avanzar "con la fase final del proceso para la recepción", sin embargo, distintos especialistas han señalado que el régimen no debería aceptar la obra sin subsanar los problemas en la infraestructura que aporta con hasta el 30% de la energía eléctrica que consume el país.

Expertos cuestionan la decisión

Ricardo Butrión, consultor en proyectos hidroeléctricos sugirió separar dos temas para concluir el proceso. 

"El uno, la recepción de la obra, y la otra es este posible acuerdo para operación de la central. Dos aspectos diferentes que tienen que ser resueltos, a mi criterio, en forma diferente o al menos al unísono... De tal manera que el Gobierno y Celec puedan demostrar que estos acuerdos son legales y luego que son de beneficio para el país, algo que no se ha hecho", manifestó.

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Pese a ese tipo de operaciones, desde el Gobierno se ha destacado que el proceso planteado permitirá mantener "la continuidad operativa de la central" y que parte de los acuerdos con Sinohydro "contemplan una compensación total de 400 millones de dólares" divididos en dos partes: 200 millones equivalentes al monto de la transacción (efectivo) y otros 200 millones que serán destinados para la inversión en proyectos renovables.

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Lo que debes saber

• Celec justifica la recepción definitiva en un laudo arbitral internacional obligatorio.
  
• El acuerdo incluye $400 millones en compensaciones entre pago e inversión. Pero Celec debe devolver $200 millones en garantías.
  
• La operación pasará a PowerChina, que asumirá riesgos y defectos de la obra, según la Celec.

A dos días de la notificación de Sinohydro para que se reciba formalmente Coca Codo Sinclair, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) justifica el avance hacia la recepción definitiva de la hidroeléctrica más grande de Ecuador tras un laudo arbitral aprobado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

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Asi lo informó este 8 de abril de 2026 la Celec en su portal web.

Según la empresa pública, el laudo -notificado el 3 de abril- es de cumplimiento obligatorio y permite cerrar un proceso pendiente por más de una década con la constructora china Sinohydro, en medio de fallas detectadas desde la etapa de construcción. Según las últimas valoraciones eran más de 17.000 fisuras en los distribuidores, piezas claves de esta hidroeléctrica.

Celec sostiene que este paso forma parte de una hoja de ruta que busca “fortalecer la operación de la mayor hidroeléctrica del país y prolongar la vida útil de sus activos estratégicos”, aunque no detalla cómo.

Sinohydro señala que la Celec debe suscribir el acta de recepción definitiva dentro de los 15 días posteriores a la emisión del laudo, lo que fija como fecha límite el 17 de abril de 2026.

Compensación y nuevo modelo de operación

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La entidad señala que como parte del acuerdo con Sinohydro, que es parte de PowerChina, se estableció una compensación total de $400 millones: $200 millones en efectivo por el retiro del arbitraje y otros $200 millones destinados a proyectos de energía renovable en Ecuador.

La empresa pública insiste en que este esquema no implica la cesión de la propiedad ni del control estratégico de la central. Sin embargo, señala que se implementará un nuevo modelo de operación y mantenimiento a cargo de PowerChina, del que no se conocen los pormenores.

En ese contexto, Celec sostiene que la operación de Coca Codo Sinclair será encargada a Power Construction Corporation of China (PowerChina), que asumirá la gestión de los defectos constructivos y los riesgos operativos. Sin embargo, la notificación de Sinohydro precisa que en la recepción definitiva de la obra no se considerarán los defectos que fueron parte del proceso de arbitraje.

Cierre de un proceso de más de una década

El gobierno recuerda que esta central hidroeléctrica, la más grande de Ecuador, ya fue entregada de forma provisional en 2016. Sin embargo, la recepción definitiva permanecía pendiente porque aparte de las fisuras que en los distribuidores había procesos pendientes.

Sin embargo, ahora la Celec argumenta que el laudo arbitral permite ahora cerrar este proceso pendiente desde 2016. Este paso se logra luego del acuerdo alcanzado en junio de 2025 entre el presidente Daniel Noboa y su homologo de China, Xi Jinping.

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“Ecuador apunta a finiquitar este proceso, vigente por más de una década, marcado por fallas originadas desde la etapa de construcción. Asimismo, se busca fortalecer la operación de la mayor hidroeléctrica del país y prolongar la vida útil de sus activos estratégicos”, dice la entidad.

Entrega de garantías está por definirse

Además, asegura que Celec se reserva el derecho de ejecutar las garantías que cubren la ausencia de defectos y riesgos de construcción de la infraestructura hidroeléctrica, a más de la garantía de sustitución de retención. Aunque, Sinohydro notificó que se deberán devolver esos respaldos económicos que suman alrededor de $200 millones.

La central hidroeléctrica CCS tiene una capacidad para aportar hasta 1.500 megavatios (MW) y que aporta hasta el 30 % de la energía del país. Por su contribución al sector es considerada un activo estratégico.

Lo que debe saber

• Protesta en Guayaquil por el IVA a alimentos básicos refleja el malestar por el aumento del costo de vida. La leche deslactosada ahora tienen que pagar 15 % del tributo, cuando antes era 0 %.
• Organizaciones sociales anuncian nuevas movilizaciones rumbo al 1 de mayo. En la marcha también se solidarizaron con las familias de los niños que han fallecido por falta de atención médica.

Un grupo de ciudadanos se reunió la tarde del miércoles 8 de abril de 2026, desde las 16:00, para expresar su inconformidad por la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a productos que anteriormente estaban exentos, como parte de las recientes disposiciones económicas del Servicio de Rentas Internas, "que mediante circulares interpreta la ley, para extender la lista de productos a los que se pueda cobrar el tributo", reclamaron dirigentes sociales.

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El punto de concentración fue el Parque Centenario, ubicado en la avenida 9 de Octubre y Lorenzo de Garaicoa, en el centro de Guayaquil. En los primeros minutos del plantón, la presencia de policías y agentes de control superaba a la de manifestantes. Sin embargo, una hora después, la concurrencia aumentó hasta ocupar aproximadamente media cuadra.

Los asistentes avanzaron en marcha hasta la calle Boyacá, donde fueron interceptados por las fuerzas del orden, que impidieron su paso con el objetivo de evitar complicaciones en el tránsito durante la hora pico.

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La falta de coherencia en los mensajes oficiales

La convocatoria estuvo a cargo del Frente Popular del Guayas, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Parlamento Intercultural de los Pueblos, organizaciones que desde hace varios meses han impulsado acciones de protesta frente a las medidas económicas del Gobierno.

Fabián Macías, presidente del FUT en Guayas, explicó que esta movilización forma parte de una serie de acciones sostenidas por organizaciones sociales y sindicales. Señaló que los trabajadores se fueron sumando al plantón tras cumplir sus jornadas laborales y reiteró que las demandas se mantienen desde el inicio de la actual administración.

Según Macías, las políticas económicas y sociales implementadas han tenido un impacto negativo en la población. “No es posible que se apliquen medidas que afectan directamente el bolsillo de la ciudadanía, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo”, manifestó, al tiempo que cuestionó la falta de coherencia en los mensajes oficiales sobre qué productos están gravados con IVA.

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“Hoy compramos menos y gastamos más”

Durante la jornada también participó Virginia Pinela, vicepresidenta nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y presidenta de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, quien aseguró que el incremento de precios ha golpeado con fuerza a las familias ecuatorianas.

Pinela detalló que productos básicos como la leche, el arroz, la papa y el atún han registrado aumentos significativos. Indicó, por ejemplo, que la leche en funda pasó de costar entre 0,75 y 0,78 dólares a cerca de 0,97 dólares, mientras que el atún subió de 0,99 a 1,27 dólares. “Hoy compramos menos y gastamos más”, afirmó.

Además, cuestionó las cifras oficiales de inflación, señalando que no reflejan la realidad que enfrentan los ciudadanos en su vida diaria. “El ecuatoriano no se guía por estadísticas, sino por lo que le alcanza en el bolsillo”, sostuvo.

Durante las intervenciones, los manifestantes solicitaron al Gobierno que se elimine el IVA en productos esenciales como la leche deslactosada y otros alimentos de consumo básico. También expresaron su preocupación por la situación del sistema de salud y pidieron atención digna para todos los ecuatorianos, especialmente en zonas vulnerables del país.

Finalmente, las organizaciones anunciaron que el próximo 18 de abril de 2026 se reunirán para definir nuevas acciones de protesta en el marco del Día del Trabajador, que se conmemora el 1 de mayo.

Lo que debe saber

• El Banco Mundial mejora el panorama de Ecuador: sube su previsión de crecimiento al 2,5 % para 2026, superando el cálculo del Banco Central del Ecuador (1,8 %). 
• El informe destaca avances en ajuste fiscal, reforma de subsidios y mayor estabilidad financiera. ¿Se consolida la recuperación o es un rebote temporal?

El Banco Mundial elevó la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador para este 2026. El organismo multilateral prevé que, este año, la economía del país crecerá un 2, 5 %, por encima del 2 % que había fijado en enero pasado. 

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Al menos cinco factores desafiarán el crecimiento económico de Ecuador en este 2026

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Así lo dio a conocer este miércoles 8 de abril de 2026, tras difundir una nueva edición de su informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe, en el que destaca la consolidación fiscal del país. 

La proyección es superior a la del Banco Central del Ecuador (BCE), que a inicios de este año, estimó una expansión económica moderada para el país, de 1,8%, reflejando con ello una desaceleración tras el crecimiento del 2025 (3,7 %). 

¿Por qué el Banco Mundial eleva la proyección econónica de Ecuador?

El organismo internacional destaca en su informe el avance que ha tenido el país en materia de "consolidación fiscal plurianual centrada en políticas recaudatorias, reforma de los subsidios al combustible y recomposición de los colchones de liquidez, acompañada de un progreso sostenido en el cumplimiento de las metas del programa y una reducción de los spreads soberanos". 

Los próximos pasos, para consolidar la sostenibilidad fiscal y preservar las condiciones financieras favorables, agrega, deben seguir la ruta "del fortalecimiento de los ingresos no petroleros y los colchones de liquidez, en mantener la calidad del gasto público y en lograr avances adicionales en gobernanza y reformas para la inversión privada, bajo el programa de las autoridades", cita el organismo. 

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Un 2027 sin mayor cambio

Para el próximo año, el 2027, la previsión de 2,5 % se mantiene, manteniendo un crecimiento mediano dentro de la región. Según el reporte del Banco Mundial, los países que mayor crecimiento podrían tener este año son: Guayana 16,3 %; Paraguaya, 4, 4 %; Surinam, 4 %; Panamá, 3,9 %y Guatemala, 3,7 %. Mientras que países como Bolivia (-3,2%), Jamaica (-1%) o México (1,2 %) tendrían los peores resultados. 

Lo que debes saber

• El Ministerio del Trabajo firmó el acuerdo 046 que plantea jornadas laborales flexibles. Y luego publicó el 059 en el Registro Oficial.
  
• El Observatorio de la Política Laboral presentó una acción de inconstitucionalidad contra esa norma.
  
• La Corte Constitucional pidió aclarar si el acuerdo está vigente y dio al Ministerio de Trabajo cinco días de plazo para hacerlo.

La Corte Constitucional de Ecuador conocerá la acción pública de inconstitucionalidad presentada contra el Acuerdo Ministerial MDT-2026-046 del Ministerio del Trabajo, que regula los turnos y horarios especiales en Ecuador, y que generó rechazo en ciertos sectores.

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Esta acción fue presentada el 21 de febrero de 2026 por Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral. El jurista refiere que tomó está acción debido a que la modificación de las jornadas de hasta 12 horas y otros ajustes se deben realizar de forma consensuada y mediante reformas legales, debatidas en la Asamblea Nacional.

Contradicciones sobre la vigencia del acuerdo generan dudas

Esta reforma laboral es parte del acuerdo MDT-2026-046, que fue modificado días después por el 059. Este ajuste ocurrió pese a que insumo inicial (046) establece que entra en vigor desde su suscripción sin perjuicio de la su publicación en el Registro Oficial. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, señaló públicamente que no está vigente.

Ante esta contradicción, antes de decidir si se admite o no la demanda, la jueza Claudia Salgado solicitó al Ministerio del Trabajo que confirme si el Acuerdo Ministerial MDT-2026-046, emitido el 18 de febrero de 2026, existe y está en vigencia. O en su defecto, certificar si existe un acuerdo ministerial que actualmente regule estos aspectos.

Corte da cinco días al Ministerio para aclarar el estatus de la norma

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Jornada laboral en Ecuador: Trabajo emite nueva norma tras polémico acuerdo 046

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Para cumplir con este procedimiento, el máximo órgano de protección de derechos de Ecuador dio cinco días al Ministerio de Trabajo para que certifique si el acuerdo regula actualmente aspectos como los turnos especiales, la distribución de la jornada laboral y otros esquemas de trabajo.

El organismo, sin embargo, no admitió las medidas cautelares que buscaban suspender la aplicación de esta norma o su equivalente hasta que se resuelva este caso.

Por ahora, este proceso está en una etapa inicial. La Corte Constitucional aún no decide si tramitará el caso, pero el pedido de información marca el inicio de la revisión de una norma que ha generado dudas sobre su aplicación.

Acuerdo 059 introduce jornadas flexibles y cambios en turnos laborales

El acuerdo 059 se publicó el 10 de marzo de 2026 en el Registro Oficial, aunque el documento fue firmado el 27 de febrero por el ministro de Trabajo, Harold Burbano.

La firma de este acuerdo se realizó días después de la firma del polémico acuerdo ministerial MDT-2026-046, que planteaba una jornada laboral flexible y la posibilidad de trabajar hasta 12 horas en Ecuador. Además, este documento tomó como base el contenido del insumo anterior (acuerdo 046).

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Así, el acuerdo 059 regula cómo las empresas pueden aplicar turnos y horarios especiales de trabajo, así como la distribución de la jornada flexible, que permite trabajar hasta 10 horas al día con tres días de descanso.

La norma define el procedimiento para que los empleadores soliciten y obtengan la autorización de estos esquemas, incluyendo nuevas formas de distribución de horas. Y también incorpora modalidades orientadas a facilitar el acceso de jóvenes al mercado laboral.

Lo que debe saber

• El crudo estadounidense cae por debajo de los 100 dólares tras pico impulsado por tensiones geopolíticas.
• 
  EE.UU. e Irán anuncian tregua, pero difieren sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.
  
  
• Reportes cruzados sobre el tráfico marítimo generan incertidumbre en el mercado energético.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este miércoles hasta los 94,41 dólares el barril, tras restar un 16,41 % respecto al cierre anterior, en la primera jornada del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pese a las informaciones contradictorias entre ambos países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Al término de la sesión, los contratos de futuros para mayo retrocedieron 18,54 dólares, después de que el martes las amenazas de Trump a Teherán dispararan el precio del crudo hasta los 112,95 dólares.

¿Qué factor fue determinante para la caída del precio?

El WTI bajó de la barrera de los 100 dólares el barril, en la que se había instalado los últimos días, poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que aceptaba un alto el fuego de dos semanas si Irán aprobaba la reapertura inmediata y total del estrecho de Ormuz, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

Además, el mandatario aseguró que las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo en Irán y en la región se encontraban "muy avanzadas".

Poco después, el ministro iraní de Exteriores confirmó el pacto y dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante este periodo.

El tráfico en el paso, que mantenía bloqueado de facto la Guardia Revolucionaria iraní, se reanudó con cautela este miércoles.

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"Se observan los primeros indicios de actividad marítima en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego, que incluye la reapertura temporal de esta vía marítima estratégica para facilitar las negociaciones", dijo en un comunicado publicado este miércoles la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic.

Sin embargo, Irán anunció después que había interrumpido la navegación de los buques petroleros por la vía marítima de crudo y mercancías como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó hoy contra el Líbano, según reportes de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

La portavoz de la Casa Blanca calificó de "falsas" las informaciones y afirmó que habían observado "un repunte en el tráfico en el estrecho".

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El pago del tributo corresponde al ejercicio fiscal del año 2025 y se debe realizar conforme al noveno dígito de su RUC, según ha publicado el calendario la entidad tributaria. Es así que cuando el noveno dígito del RUC de la sociedad sea el número 1, éste deberá cumplir con la declaración y pago del IR el 10 de abril. Cuando sea el número 2, deberá hacerlo dos días después, es decir, el 12 de abril y así sucesivamente, concluyendo con el noveno dígito de 0, que deberá declarar el 28 de abril.

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¿Qué pasa con los contribuyentes especiales?

En el caso de los contribuyentes especiales, los mismos deberán presentar sus declaraciones hasta el 11 de abril, mientras que las instituciones del Estado y las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas podrán hacerlo hasta el 20 de abril.

El SRI además indica que los contribuyentes que tengan su domicilio principal en la provincia de Galápagos podrán presentar sus declaraciones hasta el 28 de abril, sin calendarización.

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La entidad añade, en su comunicado que, para el ejercicio fiscal 2025, la tarifa general del Impuesto a la Renta para sociedades es del 25 % sobre la base imponible, aplicable a las sociedades en el régimen general. Adicionalmente, se contemplan reducciones o incrementos de la tarifa conforme a los casos establecidos en la normativa. Por su parte, las sociedades sujetas al Régimen RIMPE Emprendedores pagarán el Impuesto a la Renta conforme a la tabla progresiva establecida en la ley.

Sobre el proceso de la declaración, el SRI recuerda que cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos de dicho traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento.

Lo que debe saber

• Ruptura: La decisión del Gobierno de Ecuador de elevar la tasa de seguridad al 100 % detonó la amenaza de Gustavo Petro de retirar a Colombia de la CAN para buscar una alianza plena con el Mercosur.
• Alerta: Expertos y gremios industriales califican la medida de Noboa como una "aberración" que pone en riesgo 2.000 millones de dólares en comercio, lo cual anticipa escasez y el fin de los beneficios arancelarios históricos.

La decisión del Gobierno de Ecuador de duplicar la tasa de seguridad a las importaciones colombianas provocó una fuerte reacción del sector productivo y exautoridades económicas. El exministro de Producción, Julio José Prado, calificó la medida como una “aberración comercial nunca antes vista”, mientras que la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), María Paz Jervis, tildó de “retroceso imperdonable” la posible ruptura de la Comunidad Andina (CAN). Ambos coinciden en que la falta de diálogo real entre Quito y Bogotá conduce a la crisis comercial más profunda de la historia reciente.

Impacto en el abastecimiento y precios

Para el exministro Prado, elevar los aranceles al 100 % equivale a un cierre de fronteras que pone en riesgo el ingreso de mercancías valoradas en casi 2.000 millones de dólares anuales. El experto señaló que esta medida forzará a los empresarios a buscar nuevos proveedores de manera abrupta, lo cual derivará en escasez de productos y un alza generalizada de precios para el consumidor ecuatoriano. Prado enfatizó que ni gremios ni empresarios pueden justificar una retaliación de esta magnitud que destruye los beneficios de la zona de libre comercio.

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La Presidenta de la CIP, María Paz Jervis, centró su preocupación en el debilitamiento institucional del bloque andino. Según la dirigente, la CAN es una plataforma que garantiza movilidad, cooperación y desarrollo conjunto que no debe sacrificarse por diferencias políticas. Jervis sostuvo que la integración se defiende y se fortalece, pues representa el sustento de miles de familias ecuatorianas que dependen del comercio regional. La advertencia surge ante la amenaza directa del presidente Gustavo Petro de retirar a Colombia del pacto.

Ausencia de diplomacia y soluciones

La crisis escaló desde una tasa inicial del 30 % hasta el actual 100 % sin que existan canales de comunicación efectivos entre las administraciones de Daniel Noboa y Gustavo Petro. El sector industrial lamentó que una protesta diplomática legítima por la inseguridad fronteriza derive en una destrucción de comercio sin precedentes. Según los especialistas, el "fantasma" de perder el arancel 0 % y salir de la CAN dejaría a Ecuador en una posición de vulnerabilidad frente a sus principales socios estratégicos en la región.

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Lo que debes saber

• Ecuador elevará al 100% el arancel a productos colombianos desde mayo de 2026.
• La pugna arancelaria, en medio de una nueva crisis diplomática, ya ha generado pérdidas superiores a $800 millones en casi tres meses.

Como una medida "absurda y desproporcionada", así calificó la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, la decisión de Ecuador, de elevar al 100% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de mayo de 2026. 

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Oliva Diazgranados, directora del gremio, cuestionó que la medida no cumpla el principio de proporcionalidad. Toda norma, dijo, "debe tener la compatibilidad constitucional y en Ecuador no la tiene, debe respetar principios superiores al debido proceso, debería ver las implicaciones jurídicas, sociales, económicas y eso no se está viendo", señaló la dirigente quien advirtió que elevar el arancel al 100 % solo busca frenar una  relación comercial de más de 60 años y ahondar las pérdidas económicas bilaterales, que en casi tres meses de disputa arancelaria, ya suman más de $ 800 millones.  

La decisión de seguir elevando la tasa - esta arrancó con el 30 % en febrero y aumentó al 50% desde marzo de este año-, responde a la falta de acciones "concretas y efectivas" en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, según comunicó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP). 

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Para los empresarios, el alza responde a temas políticos

No obstante, Diazgranados relaciona al tema con factores políticos. El anuncio llega tras una nueva crisis bilateral que comenzó el 6 de abril, cuando el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al exvicepresidente Jorge Glas como un "preso político". Estas declaraciones fueron interpretadas por Ecuador como injerencia en asuntos internos.

"Estamos de acuerdo con que el presidente Petro no puede estar pidiendo la liberación de Jorge Glas, pero tampoco el presidente Noboa no puede estar tomando retaliaciones por temas que son políticos y específicamente de relacionamiento entre un presidente de derecha y un presidente de izquierda". 

Las pérdidas económicas se ahondarán y el contrabando se fortalecerá

Ecuador compra anualmente cerca de $ 1.900 millones de productos colombianos y vende a ese país, cerca de $ 900 millones. Una tasa del 100 %, dice Freddy Cevallos Bustamante, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana (Camecol), hará que el comercio entre ambas naciones se deteriore, poniendo en riesgo a miles de empleos. 

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Lo que se espera es que productos como medicinas, carros y artículos de aseo y cosméticos que llegan de ese país sean "comercialmente inválidos, que Colombia aplique un arancel igual y que por ende se deje de exportar e importar, porque con precios tan elevados nadie los va a comprar". 

Cevallos sostiene que este escenario obligará a importadores a buscar otros países. En eso coincide Diazgranados quien lamenta que esas alternativas estén vinculadas al producto que viene de China, un país que, dice, poca producción y empleo genera en ambas economías. 

"Lo que se está haciendo es dar mayor espacio a China que no produce en Ecuador y que va en detrimento del mismo empleo y capacidad productiva del país. Hay que recordar que el 60 % de las exportaciones de Colombia a Ecuador es materia prima para el desarrollo de productos manufacturados para Ecuador", dice la representante gremial colombiana, quien añade además que una medida como esta seguirá fortaleciendo el contrabando.

Lo que debes saber

• El Estado prevé recibir Coca Codo Sinclair el 17 de abril tras un acuerdo con Power China, pero los términos clave siguen sin transparentarse.
• Operación por 25 años a $60 millones anuales busca corregir 17.000 fisuras. Hay otros riesgos que quedan fuera. 
• Expertos  advierten que una mala negociación podría afectar hasta el 30% de la energía del país.

En ocho días, la mayor central hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair (CCS), abrirá un nuevo capítulo en una historia que ha ‘navegado’ entre polémicas y fallas estructurales. Tras una década de operación en Ecuador, el Estado prevé recibir la obra, formalmente,    el próximo 17 de abril de 2026, con ayuda de un nuevo contrato que cierra cerca de 5 años de disputa arbitral, pero del que se conocen escasos detalles.

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La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) explicó el  miércoles que el traspaso final se hará tras el nuevo acuerdo alcanzado con Power China (casa matriz de Sinohydro, encargada de construir y poner en marcha la hidroeléctrica), respaldado por un laudo arbitral, emitido el pasado 30 de marzo de 2026 por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), “que se encuentra en firme bajo autoridad de cosa juzgada; y que por ende, es de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano y la contraparte”, dijo el ente en un comunicado.

Xavier Medina, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, en un evento realizado este 9 de abril, en Quito, añadió que con este contrato de operación y mantenimiento, que tendrá un periodo de 25 años y que se ejecutará a un costo promedio de $ 60 millones anuales, se espera que se resuelvan los problemas estructurales que la central viene arrastrando.

Estos problemas incluyen también las más de 17.000 fisuras que ponen en riesgo la operación de la central, hoy capaz de generar hasta el 30 % de la energía que requiere el sistema nacional interconectado.

“En el momento en que tú trasladas la operación y mantenimiento de la central, todo lo asociado a la obra pasa a manos de PowerChina. Todos los elementos, incluso rodetes, distribuidores, todo lo que tengan que hacer para mantener operativa la central durante 25 años”, dijo.

Coca Codo Sinclair: PowerChina no cubrirá todos los riesgos

Pero en realidad hay excepciones. Medina aclaró que hay un factor que no estará cubierto, y este es el alto riesgo que genera la erosión regresiva del río Coca. “Al ser un tema externo de la central, un fenómeno natural único en el mundo, será responsabilidad de Celec, que deberá continuar con los informes, con los diques permeables y vertederos escalonados que el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. recomendó”.

Desde el sector eléctrico, expertos como Ricardo Buitrón, consultor sobre proyectos hidroeléctricos, esperan que el Gobierno difunda y transparente el real alcance de los compromisos firmados con la empresa asiática.

Para el experto, lo que se está haciendo supera el marco legal e institucional en el que se desarrollan los contratos públicos, puesto que el Estado no puede recibir una obra con aspectos pendientes importantes.

“PowerChina puede comprometerse y luego decir que, si no asume todos los riesgos, ya no cobra los 60 millones, pero el país ¿cuánto pierde?”. No asegurar un real cumplimiento, dice, podría comprometer la generación eléctrica y afectar a todo un país. “Entre el 25 y 30 % de la energía que provee Coca Codo en estos momentos    no podría entregarse”, advierte.

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Acuerdo con PowerChina: se pide aclarar alcance del acuerdo 

Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, recuerda que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) fijó en $ 580 millones los daños estructurales de la obra. Y, si bien hoy se habla de subsanar fallas, no se ha detallado la forma en cómo se lo haría. La recomendación de Contraloría, en el 2018, fue no recibir la obra si no se han reemplazado equipos claves de la central.

Estos montos, señala Santos, además estarían por debajo aún de los $ 400 millones que Celec dijo se obtendrían como compensación con el nuevo acuerdo con PowerChina. Según la corporación, $200 millones de ellos se ofrecerían en efectivo por el retiro del arbitraje y otros $200 millones se destinarán a proyectos de energía renovable en Ecuador.

Pero Buitrón se pregunta ¿cómo llegó a fijarse el primer monto y sobre qué bases técnicas se hizo? “Eso es algo que también tiene que ser evaluado. ¿Por qué 200? ¿Por qué no 300, 400 o 500?”, dice.

Según la autoridad, ha dicho que dejar esta operación en manos de Celec hubiese resultado más costoso para el Estado. No obstante, los expertos esperan ver los estudios técnicos y económicos que expliquen por qué era más beneficioso para el país darle la operación a Power China. “Este gobierno y todos los demás gobiernos deben ser transparentes con estos temas y no manejar esto en la opacidad más grande, de tal manera que el país entero pueda conocer los términos en que se ha negociado”, dijo Buitrón.

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La decisión duplica el recargo vigente —que estaba en 50%— y, de acuerdo con la entidad, responde a la falta de acciones “concretas y efectivas” en materia de seguridad fronteriza. 

El Gobierno sostiene que la medida se adopta en el marco de la defensa de la soberanía nacional y busca enfrentar amenazas como el narcotráfico en la zona limítrofe, bajo un principio de corresponsabilidad entre ambos países.

Un conflicto en escala

El anuncio llega tras una nueva escalada diplomática registrada el 7 de abril. Ese día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la situación del exvicepresidente Jorge Glas, lo que fue interpretado por el Gobierno ecuatoriano como una injerencia en asuntos internos.

En respuesta, Ecuador envió una nota de protesta formal y llamó a consultas a su embajador en Bogotá. La canciller Gabriela Sommerfeld sostuvo que el país está en la obligación de defender su soberanía y su dignidad, en un contexto en el que la relación con Colombia se ha vuelto más tensa.

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Gobierno: “Estamos trabajando para de esta crisis generar una oportunidad”

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Este episodio se suma a fricciones previas vinculadas a la seguridad en la frontera norte. El Gobierno ecuatoriano ha insistido en que no puede existir una relación comercial normal mientras no haya resultados concretos en el control de actividades ilícitas, como el narcotráfico.

En ese marco, la política comercial se ha alineado con las prioridades de seguridad. El incremento del arancel se presenta como una medida soberana frente a lo que el Ejecutivo considera una falta de cooperación efectiva del lado colombiano.

La decisión también se produce en un momento en que el comercio bilateral ya muestra señales de debilitamiento. En las últimas semanas, el flujo de mercancías en la frontera ha disminuido, con impacto directo en transportistas, comerciantes y servicios logísticos.

En desarrollo...

Lo que debes saber

• Organizaciones como el Frente Popular del Guayas y el FUT evaluarán nuevas acciones legales y políticas —incluida una posible denuncia al SRI y pedidos a la Asamblea— en rechazo al cobro del 15 % de IVA a alimentos procesados.
• Las movilizaciones en Guayaquil reflejan el malestar ciudadano por el alza de precios en productos básicos, con sindicatos que advierten una pérdida del poder adquisitivo y anuncian más jornadas de protesta.

Grupos de organizaciones sindicales y sociales de la provincia de Guayas tendrán una reunión el próximo sábado 18 de abril, para determinar que otras medidas van a tomar en rechazo a que alimentos como la leche deslactosada, ciertos tipos de panes y atunes paguen el 15 % del impuesto del valor agregado (IVA).

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“Tenemos que definir si mandamos una carta o ponemos una denuncia contra el Servicio de Rentas Internas, ente que no puede interpretar una ley para extender el cobro de los impuestos”, indicó a Diario EXPRESO Juan Cervantes, presidente del Frente Popular del Guayas.

Cervantes agregó que van a analizar si se hace un pedido a la Asamblea Nacional. “Son varios puntos que vamos a conversar en esta reunión, como la marcha del 1 de Mayo, por el Día del Trabajador y la atención de la salud de los niños del oriente”, remarcó.

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Plantón y marcha en Guayaquil

Un grupo de ciudadanos se reunió la tarde del pasado miércoles 8 de abril de 2026, desde las 16:00, para expresar su inconformidad por la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a productos que anteriormente estaban exentos.

El punto de concentración fue el Parque Centenario, ubicado en la avenida 9 de Octubre y Lorenzo de Garaicoa, en el centro de Guayaquil. En los primeros minutos del plantón, la presencia de policías y agentes de tránsito superaban al número de loa manifestantes. Sin embargo, una hora después, la concurrencia aumentó hasta ocupar aproximadamente media cuadra.

Los asistentes avanzaron desde Lorenzo de Garaicoa en marcha hasta la calle Boyacá, donde fueron interceptados por las fuerzas del orden, que impidieron su paso con el objetivo de evitar complicaciones en el tránsito durante la hora pico.

La convocatoria estuvo a cargo del Frente Popular del Guayas, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Parlamento Intercultural de los Pueblos, organizaciones que desde hace varios meses han impulsado acciones de protesta frente a las medidas económicas del Gobierno.

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Fabián Macías, presidente del FUT en Guayas, explicó que esta movilización forma parte de una serie de acciones sostenidas por organizaciones sociales y sindicales. Señaló que los trabajadores se fueron sumando al plantón tras cumplir sus jornadas laborales y reiteró que las demandas se mantienen desde el inicio de la actual administración.

Según Macías, las políticas económicas y sociales implementadas han tenido un impacto negativo en la población. “No es posible que se apliquen medidas que afectan directamente el bolsillo de la ciudadanía, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo”, manifestó, al tiempo que cuestionó la falta de coherencia en los mensajes oficiales sobre qué productos están gravados con IVA.

Durante la jornada también participó Virginia Pinela, vicepresidenta nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y presidenta de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, quien aseguró que el incremento de precios ha golpeado con fuerza a las familias ecuatorianas.

Pinela detalló que productos básicos como la leche, el atún y otros alimentos han registrado aumentos significativos. Indicó, por ejemplo, que la leche en funda pasó de costar entre 0,75 y 0,78 dólares a cerca de 0,97 dólares, mientras que el atún subió de 0,99 a 1,27 dólares. “Hoy compramos menos y gastamos más”, afirmó.

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La decisión duplica el recargo vigente —que estaba en 50%— y, de acuerdo con la entidad, responde a la falta de acciones “concretas y efectivas” en materia de seguridad fronteriza. 

El Gobierno sostiene que la medida se adopta en el marco de la defensa de la soberanía nacional y busca enfrentar amenazas como el narcotráfico en la zona limítrofe, bajo un principio de corresponsabilidad entre ambos países.

Un conflicto en escala

El anuncio llega tras una nueva escalada diplomática registrada el 7 de abril. Ese día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la situación del exvicepresidente Jorge Glas, lo que fue interpretado por el Gobierno ecuatoriano como una injerencia en asuntos internos.

En respuesta, Ecuador envió una nota de protesta formal y llamó a consultas a su embajador en Bogotá. La canciller Gabriela Sommerfeld sostuvo que el país está en la obligación de defender su soberanía y su dignidad, en un contexto en el que la relación con Colombia se ha vuelto más tensa.

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Este episodio se suma a fricciones previas vinculadas a la seguridad en la frontera norte. El Gobierno ecuatoriano ha insistido en que no puede existir una relación comercial normal mientras no haya resultados concretos en el control de actividades ilícitas, como el narcotráfico.

En ese marco, la política comercial se ha alineado con las prioridades de seguridad. El incremento del arancel se presenta como una medida soberana frente a lo que el Ejecutivo considera una falta de cooperación efectiva del lado colombiano.

La decisión también se produce en un momento en que el comercio bilateral ya muestra señales de debilitamiento. En las últimas semanas, el flujo de mercancías en la frontera ha disminuido, con impacto directo en transportistas, comerciantes y servicios logísticos.

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TE INVITAMOS A LEER: El SRI rectifica su circular: leches descremadas y semidescremadas pagarán 0 % de IVA

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una nueva circular en la que aclara que productos como la leche normal, semidescremada, descremada y el pan no estarán gravados con el 15 % de IVA, corrigiendo así lo señalado días atrás. Sin embargo, la medida no despeja completamente las dudas, ya que otros productos como la leche deslactosada, los edulcorantes y ciertos tipos de fideos sí estarían sujetos al tributo.

En el caso de los edulcorantes son consumidos por muchas personas que prefieren no comprar la azúcar de la caña, entre esos compradores estarían más de 700 000 personas con diabetes que hay en Ecuador. Además que en América Latina entre el 50 % y el 70 % de los ciudadanos tienen intolerancia a la lactosa, por lo tanto optan por la leche deslactosada.

Cervantes cuestionó duramente la medida al considerar que afecta directamente a los sectores más vulnerables. Según indicó a Diario EXPRESO, gravar productos consumidos por personas con condiciones de salud específicas, como diabéticos o intolerantes a la lactosa, “somete a mayor hambre a la mayoría del pueblo”. Además, criticó que mientras se reducen impuestos a grandes empresas, se pretenda ampliar la carga tributaria sobre alimentos básicos.

En esa línea, denunció que el SRI estaría excediendo sus competencias. “Establecer IVA a alimentos sin atribuciones es arbitrario, ilegal e inconstitucional, ya que esa potestad corresponde a la Asamblea Nacional”, afirmó, exigiendo la derogatoria inmediata de la medida y sanciones contra las autoridades responsables.

¿Puede el SRI mediante circular puede ampliar el alcance de la ley?

Desde el ámbito jurídico, especialistas también han encendido las alertas. El tributarista Víctor Serrano explicó que, de acuerdo con el Código Tributario, las circulares emitidas por la administración no pueden modificar ni ampliar el alcance de la ley. Recordó además que la Corte Constitucional, en la sentencia 2-21-IN/24 de febrero de 2024, estableció que este tipo de disposiciones no pueden contravenir el principio de legalidad ni de reserva de ley.

Cuenta bancaria de Progen que recibió $110 millones de Celec registra 0 dólares

Las críticas también provienen del sector empresarial. Marcia Yazbek, exvicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, señaló en una entrevista en Ecuavisa que la rápida rectificación del SRI evidencia una falta de evaluación previa de los impactos sociales, políticos y económicos. “Lo primero que necesita el país es seguridad jurídica. No se pueden cambiar las reglas de un momento a otro”, advirtió.

Asimismo, alertó sobre los efectos en la cadena productiva y el consumidor final. Según explicó, entre el 25 % y el 35 % del gasto de los hogares ecuatorianos se destina a alimentación, por lo que cualquier incremento impacta directamente en los sectores más vulnerables.

¿Habrá cobro retroactivo?

Otra de las principales preocupaciones es el posible cobro retroactivo del IVA hasta por cuatro años, incluyendo intereses y multas, a empresas que aplicaron tarifa cero en determinados productos. Para los expertos, esta posibilidad no solo carece de sustento legal, sino que podría generar graves consecuencias económicas.

“Es un absurdo legal intentar cobrar impuestos de forma retroactiva. Esto pone en riesgo la estabilidad de las empresas y la credibilidad del Estado”, se advirtió Yazbek desde el análisis empresarial.

Finalmente, se cuestiona el trasfondo de la medida. Analistas consideran que podría tratarse de un intento de ampliar la base tributaria para incrementar la recaudación fiscal, en medio de presiones económicas y compromisos internacionales. No obstante, advierten que hacerlo a costa de productos básicos podría profundizar las desigualdades y afectar la calidad de vida de la población.

Mientras tanto, la controversia sigue abierta y podría trasladarse a instancias judiciales, en un contexto marcado por la incertidumbre y el creciente malestar social.

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Para el exministro Prado, elevar los aranceles al 100 % equivale a un cierre de fronteras que pone en riesgo el ingreso de mercancías valoradas en casi 2.000 millones de dólares anuales. El experto señaló que esta medida forzará a los empresarios a buscar nuevos proveedores de manera abrupta, lo cual derivará en escasez de productos y un alza generalizada de precios para el consumidor ecuatoriano. Prado enfatizó que ni gremios ni empresarios pueden justificar una retaliación de esta magnitud que destruye los beneficios de la zona de libre comercio.

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Economía y negocios

Mazar no está en estado crítico, asegura Daniel Noboa y descarta cortes de luz

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Manzano cuestionó lo que denominó un "periodismo de alerta" que, según ella, genera daño a la ciudadanía al anticipar apagones que no se han materializado. "Este es el gobierno que decidió terminar con una mala administración en temas eléctricos. Este es el gobierno que está sembrando para el futuro", afirmó la titular de la cartera de Estado.

Sus declaraciones se dieron horas después de que el presidente Daniel Noboa descartara cortes de luz durante abril, en una entrevista radial en Manabí. El mandatario aseguró que el embalse de Mazar no se encuentra en niveles críticos y que su comportamiento es consistente con los registros históricos de la última década. Según Noboa, el sistema eléctrico puede cubrir la demanda máxima proyectada para este mes, estimada en hasta 5.600 megavatios (MW), sin restricciones.

No obstante, el contexto en el que se dieron estas declaraciones no es menor. Desde el 22 de enero de 2026, Colombia suspendió las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador, en respuesta a la tasa de seguridad del 30 % que el presidente Noboa impuso a las importaciones colombianas. Esa decisión privó al país de hasta 450 MW que recibía del vecino del norte, un recurso que había sido clave para sostener el suministro durante los apagones de 2024, cuando los cortes llegaron a ser de hasta 14 horas diarias.

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Recibir Coca Codo Sinclair con miles de fisuras sería "ilegal y perjudicial" para Ecuador

Lisbeth Zumba

Ecuador busca activar la interconexión con Perú

Durante su presentación, Manzano adelantó que esta semana comenzaría la interconexión eléctrica con Perú, una operación anhelada durante años que cobra urgencia ante la suspensión de la venta de electricidad desde Colombia.

En la rueda de prensa posterior, el viceministro Medina amplió los detalles. Confirmó que se podría habilitar la transferencia de energía con Perú a nivel de 130 kV, con una capacidad de 50 MW en ambas direcciones. La demora, explicó, respondía a una reconfiguración en las redes tras el ingreso de una subestación en la zona de La Avanzada. Como en el lado peruano opera un concesionario privado, se requería un documento del ministerio de energía de ese país para cubrir costos no previstos. "Ese documento está por salir hoy", precisó.

Consultado sobre si esos 50 MW compensarían la ausencia de la energía colombiana, Medina reconoció que no tienen la misma magnitud, pero que el intercambio es beneficioso para ambos países. "Hace poco Perú tuvo algunos problemas de abastecimiento de gas, entonces va a ser beneficioso para ambos países retomar", dijo, y agregó que los precios de la energía peruana son "bastante atractivos".

A mediano plazo, el Gobierno apuesta por una interconexión mayor. Celec EP, a través de Transelectric, mantiene abierta una licitación internacional por $270,9 millones para construir la interconexión Ecuador-Perú a 500 kV, cuyo plazo de recepción de ofertas vence el 17 de abril. Ese proyecto, financiado por el BID y el BEI, permitiría intercambiar hasta 500 MW y se proyecta para 2028.

El acuerdo por Coca Codo Sinclair

Otro eje de la rendición de cuentas fue el cierre del diferendo en torno a Coca Codo Sinclair, la central de 1.500 MW construida por Sinohydro. La ministra Manzano lo presentó como una victoria: "Por fin dimos abajo un proceso arbitral a favor del Estado ecuatoriano, no en contra. A favor, con $400 millones".

El viceministro Medina detalló los términos: Power China desembolsará $200 millones en efectivo a Celec EP y destinará otros $200 millones a proyectos de generación con energías renovables no convencionales. Además, la empresa china asumirá la administración, operación y mantenimiento de la central por 25 años, mediante una posible alianza estratégica con Celec EP.

Medina explicó que el costo actual de operación a cargo de Celec resulta más elevado que lo que representaría trasladarlo a Power China, y que al beneficio económico se suma el tecnológico, al ser la misma empresa que fabricó los equipos de la central. Power China se hará cargo también de las fisuras y los componentes internos como rodetes y distribuidores.

La erosión regresiva del río Coca, un fenómeno geológico externo considerado único en el mundo, seguirá siendo responsabilidad de Celec EP. La entidad continuará con los diques permeables y el vertedero escalonado recomendado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

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Más megavatios privados en camino

Manzano destacó que los cambios regulatorios impulsados desde 2024 —cuando se fijaron por primera vez tarifas para la generación privada de energía no convencional, incluyendo solar, eólica, geotermia, biomasa e hidroeléctrica de hasta 10 MW— comienzan a dar resultados concretos.

Para 2026 se espera la incorporación de 209,8 MW de origen privado: 110 MW del proyecto eólico Villonaco III, en Loja, que según Manzano aspira a convertirse en el parque eólico más alto del mundo al operar a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar; 90 MW de una nueva central hidráulica; y 9,8 MW de generación fotovoltaica.

Las proyecciones para los próximos años son más ambiciosas: 511,86 MW en 2027, 832 MW en 2028 y 296 MW en 2029. La ministra señaló que hay más de 900 MW adicionales en proceso de obtención de títulos habilitantes, aunque reconoció demoras en esos trámites.

En paralelo, Manzano anunció que el programa nuclear nacional avanza de la mano de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), con sede en Viena, y que un proyecto de ley se encuentra en revisión en la Presidencia. Se contempla a mediano plazo la instalación de módulos de entre 350 y 400 MW, que la ministra calificó como generación "limpia y firme".

Las pérdidas, un pendiente por resolver

Consultado sobre las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema de distribución, que en 2025 alcanzaron el 15,8 %, el viceministro Medina reconoció que el tema representa un reto. Indicó que se ha instruido a todas las distribuidoras para que destinen la mayor cantidad de recursos a reducirlas, y que se gestionan créditos con organismos multilaterales para financiar las inversiones necesarias.

La meta para 2026, dijo, es bajar al menos un par de puntos porcentuales, aunque reconoció que para una reducción significativa se requiere una inversión "bien agresiva".

No basta con haber cobrado antes. No basta con estar en el Registro Social. Hay que revisar.

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Cómo consultar con cédula si recibes el bono

La consulta es el punto de partida. Es gratuita, se hace en línea y toma pocos minutos. Y, sobre todo, evita ir a cobrar sin tener el pago habilitado.

Paso a paso para verificar el Bono de Desarrollo Humano

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Qué indica la plataforma

La respuesta que entrega el sistema no es solo una confirmación. Es un estado actualizado. Ahí se puede ver si la persona es beneficiaria, si el pago de abril está activo y en qué lugar puede retirarlo.

Abril no es automático: así funciona el pago

El Bono de Desarrollo Humano no se paga en una sola fecha. Se distribuye durante el mes con base en el último dígito de la cédula.

Este mecanismo se mantiene para evitar concentraciones en los puntos de pago. Los primeros días corresponden a ciertos dígitos; los siguientes, a otros.

Pero hay una constante: el calendario puede ajustarse. Por eso, la recomendación es la misma cada mes: consultar antes.

Cuánto se paga y por qué varía

El monto base del bono es de 55 dólares mensuales, pero no todos reciben ese valor. El sistema contempla un componente variable que puede elevar el pago hasta 150 dólares, dependiendo de la situación del hogar.

Factores que influyen en el monto

El valor puede cambiar si en la familia hay:

Estas condiciones forman parte del enfoque de protección social que aplica el Estado.

Dónde se cobra el Bono de Desarrollo Humano

Cuando el sistema confirma que el pago está habilitado, el siguiente paso es acudir a un punto autorizado.

El dinero puede cobrarse en:

En todos los casos, es necesario presentar la cédula original.

Lo que debes tener en cuenta antes de ir a cobrar

El proceso tiene una lógica simple, pero estricta: primero verificar, después cobrar.

El servicio es gratuito y personal. Cualquier cobro por “ayuda” es una señal de alerta.

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