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Así lo indicó a EXPRESO Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha (Fettepi), este 21 de abril. “Esperamos reunirnos con la ministra entre mañana o pasado”, indicó.

El pasado lunes, en una entrevista televisiva, la ministra Morillo mencionó que el Gobierno Nacional está analizando ampliar las compensaciones para el transporte intra e interprovincial, para uno o dos meses más, después de abril. Esto, como ayuda para paliar el costo adicional que ha traído el alza del precio del diésel.

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Desde septiembre de 2025, cuando el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, el precio de este combustible ha venido experimentando un incremento. Pasó de costar $1,80 a $2,80 por galón. Este es el tipo de hidrocarburo que usa el transporte pesado.

No obstante, a partir del 12 de abril pasado cuando se actualizaron los precios de los combustibles, de acuerdo con un sistema de bandas, este derivado pasó de costar $2,828 a $2,962 por galón. Es decir, hubo en este mes un incremento de 0,13 centavos, impulsado por la subida del precio internacional del petróleo, a causa de la guerra de Irán.

Continúa la propuesta de una subida de tarifa

Brunis indicó a EXPRESO que el transporte urbano no solo pide subsidio al Gobierno, sino que también pide que las ampliaciones de las compensaciones se hagan no por dos sino por cuatro meses. “Ya hemos solicitado al Viceministerio de Transporte los cuatro meses, porque así lo establece un Decreto Ejecutivo en el que se detalla que la Comisión Energética debe evaluar esa posibilidad”, añade el vocero del gremio.

De no ser incluidos, Brunis indica que el transporte urbano seguirá evaluando y proponiendo la idea de un alza en la tarifa del transporte público en Pichincha. Una propuesta que incluso los conductores están analizando con el Municipio de Quito.

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¿De cuánto ha sido la compensación del Estado a los transportistas?

La compensación que da el Gobierno a los transportistas por el diésel es básicamente un bono mensual en efectivo, cuyo monto depende del tipo de transporte y del consumo estimado de combustible.

Para el transporte urbano (buses de ciudad, rural, combinado): entre $400 y $700 al mes; para el transporte intraprovincial e interprovincial, alrededor de $1.000.

Las claves del caso

• La incautación ocurrió tras detectar fallas en los reportes tributarios.
• El lote llegó desde China con miles de réplicas de marcas internacionales.
• La mercancía ilegal pretendía comercializarse sin pagar aranceles.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) decomisó 4.700 réplicas de relojes de alta gama que intentaban ingresar al país de forma irregular a través de uno de los puertos marítimos de Guayaquil.

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Todo tipo de marcas

La intervención se ejecutó tras detectar inconsistencias en la declaración aduanera de un contenedor proveniente de China. Según el reporte oficial, la mercancía vulneraba los derechos de propiedad intelectual al tratarse de imitaciones de reconocidas marcas internacionales, entre ellas Cartier, Rolex, Patek Philippe, Fossil y Omega.

Personal de la Dirección de Intervención de la Aduana ejecutó la aprehensión de los artículos luego de que el sistema generara una alerta sobre el cargamento asiático.

El lote incautado no había sido declarado por los importadores al momento de su arribo a la terminal portuaria, lo que constituye un intento de evasión tributaria y comercialización fraudulenta en el mercado nacional. Las autoridades mantienen bajo custodia el contenedor mientras avanzan los procesos administrativos correspondientes por la infracción marcaria y aduanera.

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Lo que debes saber

• Los hogares residenciales de la Costa que consuman hasta 180 kWh en abril no pagarán la planilla de luz, un alivio equivalente a unos $23 que el Estado asume por cada familia beneficiada.
  
• El sector eléctrico ya arrastra un déficit de $621,87 millones en 2026, y el nuevo subsidio lo profundizará en un contexto donde los usuarios pagan $0,1061 por kWh cuando el costo real es de $0,1283.
  
• Analistas advierten que los cortes no se explican por una "tormenta solar" sino por la falta de inversión en transmisión y distribución, un problema estructural que las compensaciones no resuelven.
  
  

Los hogares residenciales de la Costa ecuatoriana que consuman hasta 180 kWh en abril de 2026 no pagarán la planilla de luz. 

El presidente Daniel Noboa ordenó el 20 de abril este alivio para las familias afectadas por la ola de calor. Quienes superen ese umbral pagarán solo el excedente. Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), 180 kWh equivalen a unos $23 al mes.

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¿Por qué se anunció el subsidio?

El anuncio se produjo en medio de una ola de calor de magnitud inusual. Desde el 13 de abril, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) registró temperaturas de entre 33 y 35 °C en el Litoral, con sensaciones térmicas de hasta 40 °C. 

El domingo 19 de abril, la entidad alertó que las condiciones podrían mantenerse varios días más. 

Abril de 2026 acumula al menos siete días con máximas iguales o superiores a 34 °C en Guayaquil y Portoviejo, con temperaturas 2 °C por encima del promedio histórico, según el Inamhi.

Las provincias más afectadas por la ola de calor son:

Guayas es la que más energía demanda: al 20 de abril consumía 1.265 megavatios (MW), de acuerdo con el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). 

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A nivel nacional, la demanda bordeó los 5.300 MW durante la ola de calor, cuando el consumo medio normal oscila entre 4.200 y 4.400 MW. Los datos mensuales marcan récords históricos:

¿Quiénes aplican para el descuento?

El subsidio aplica para usuarios residenciales de las zonas afectadas. Los 180 kWh representan el consumo mensual típico de un hogar de entre dos y cuatro personas sin aire acondicionado permanente.

¿Cuánto ahorran los hogares beneficiados?

En términos económicos, el beneficio es concreto: la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) fijó para 2026 un costo medio nacional del servicio de 12,83 centavos de dólar por kWh. 

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Esa cifra multiplicada por 180 equivale a unos $23 al mes, monto que el Estado asume por cada hogar. 

Para quienes consumen más, esos $23 quedan cubiertos y se paga solo la diferencia.

No es la primera vez

No es la primera vez que el Gobierno aplica esta fórmula. Ya lo hizo para diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025, como compensación por los cortes de luz registrados desde septiembre de ese año. En aquella ocasión, el beneficio llegó a más de cinco millones de usuarios residenciales en todo el país. 

La Arconel calculó que los tres meses de alivio costaron $131,20 millones al Estado.

El subsidio llega a un sector que ya opera en déficit

El nuevo subsidio, sin embargo, llega a un sector eléctrico que ya operaba en déficit antes del anuncio. 

Para 2026, la Arconel estableció costos reales de $0,1283 por kWh, mientras los usuarios pagan $0,1061. 

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Esa brecha de $0,0222 por cada kWh genera un hueco de $598,3 millones en el servicio eléctrico. 

Sumado el déficit del alumbrado público, la cuenta total asciende a $621,87 millones que el presupuesto general del Estado debe cubrir, $18,77 millones más que en 2025.

¿Son sostenibles estas compensaciones?

El analista energético Darío Dávalos advirtió que el nuevo subsidio profundizará ese desequilibrio.

Cuestionó además el término "tormenta solar" que el mandatario usó para explicar los cortes. Según Dávalos, el Cenace emitió en marzo un informe que alertaba sobre interrupciones por falta de un plan de inversión en transmisión y distribución. 

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"Si hace falta, es una cuestión de gestión del sector, no de una tormenta solar", dijo a EXPRESO.

Otros expertos consultados coinciden en que este tipo de medidas no puede repetirse indefinidamente.

Junto al anuncio del subsidio, Noboa adelantó también que el Ministerio de Ambiente y Energía tendrá un nuevo titular a partir del 30 de abril. 

El cambio llega tras meses de presión ciudadana por los apagones y en medio de un sector que, según los reguladores, opera con pérdidas estructurales desde hace años.

Los puntos claves

• La devolución del IVA puede alcanzar hasta U$ 144 mensuales, dependiendo del consumo y los límites fijados por el Servicio de Rentas Internas.
  
• Solo aplican compras con facturas a nombre del beneficiario, un requisito clave que suele dejar fuera muchas solicitudes.
• El IVA puede reclamarse hasta cinco años después de la compra, lo que permite recuperar dinero de consumos pasados.

En Ecuador, recuperar el IVA pagado en compras no es un beneficio automático para todos, pero sí un derecho vigente para ciertos grupos. El trámite lo gestiona el Servicio de Rentas Internas (SRI) y, bien aplicado, puede significar un ingreso mensual adicional.

La clave está en saber si calificas y cómo hacer el proceso sin errores.

¿Quiénes pueden pedir la devolución?

El beneficio está dirigido principalmente a:

En el caso de los adultos mayores, aplica tanto para ecuatorianos como extranjeros residentes en el país.

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¿Cuánto dinero se puede recuperar?

El monto no es ilimitado. En 2026, el tope mensual puede llegar a $ 144,60, dependiendo del salario básico y la tarifa del IVA vigente.

Este valor se calcula en función del consumo y tiene un techo basado en dos salarios básicos unificados.

(Le puede interesar leer: IVA en Ecuador: cómo declarar y pagar en un solo paso desde junio de 2026) 

Qué compras aplican

No todo gasto entra en el beneficio. Para que el IVA sea reembolsable, las compras deben:

Para iniciar el trámite necesitas:

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Un detalle clave: si las facturas no están a tu nombre, el SRI no las reconoce.

Paso a paso: cómo hacer el trámite

El proceso es principalmente digital y se realiza así:

Si tienes facturas físicas, también puedes hacer el trámite de forma presencial.

Un dato clave que muchos desconocen

El IVA se puede reclamar hasta cinco años después de la compra, siempre que cumplas los requisitos.

Lo que debes saber 

• El plan contempla sumar 920 MW en 2026 mediante dos ejes: arrendamiento de 525 MW y compra/reposición de 395 MW en infraestructura propia.
  
• La estrategia busca disminuir la dependencia de importaciones eléctricas, principalmente desde Colombia, y fortalecer la soberanía energética.
  
• Expertos advierten que la implementación de los proyectos tomará tiempo y cuestionan antecedentes como el bajo rendimiento esperado en Esmeraldas III.

Tras dos años y cinco meses de gestión y en medio de nuevos cortes de energía, en las últimas semanas, en Quito, Guayaquil, Manta y otras ciudades, el gobierno del presidente Daniel Noboa anuncia el inicio del proceso de contratación de 920 megavatios (MW) de generación térmica.

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Esta iniciativa, según un comunicado de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), apunta a fortalecer el sistema eléctrico nacional, garantizar la estabilidad del suministro frente al crecimiento de la demanda y dejar de depender de las importaciones de electricidad. Aunque estas compras son clave -sobre todo de Colombia- para abastecer a los consumidores de este servicio público.

La medida, ejecutada a través del Ministerio de Ambiente y Energía y la Celec, contempla la incorporación de nueva capacidad durante 2026 mediante arrendamiento y la compra de infraestructura propia.

El objetivo, según la entidad, es aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir la dependencia de factores climáticos y limitar la necesidad de importaciones de energía, pese que el país cuenta con la red e incluso hay un proyecto para ampliar estos intercambios.

Ecuador importa electricidad de Colombia y Perú

Ecuador importa principalmente energía de Colombia (450 MW) y de Perú (hasta 50 MW). Además, con este último país vecino se busca fortalecer el intercambio del suministro para aumentar la capacidad hasta 500 MW.

Pese a esta realidad, la Celec refiere que “con esta estrategia, Ecuador apunta a su soberanía energética, en la que las importaciones de electricidad sean exclusivamente una oportunidad comercial para reducir costos, pero nunca una necesidad crítica para el abastecimiento nacional”.

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La intención de limitar las importaciones de energía coincide con la suspensión de ventas de electricidad desde el 22 de enero de 2026 a Ecuador, por parte de Colombia. Esta decisión fue tomada en respuesta a la tasa de seguridad impuesta por el presidente Daniel Noboa a las importaciones colombianas.

Inicialmente, esta tasa era del 30 %, luego ascendió al 50 % y ahora se aumentará hasta el 100 % a partir del 1 de mayo de 2026. Colombia, en cambio, aplica un arancel del 30 % a Ecuador y evalúa incrementarlo hasta el 35 %.

Dos ejes para ampliar la generación

El plan para aumentar la generación se divide en dos componentes. El primero es el arrendamiento de generación de rápida instalación, que sumará 525 MW con una inversión de $315,54 millones. Esta capacidad se integrará a centrales existentes para atender necesidades inmediatas del sistema.

Entre los proyectos en arrendamiento se encuentran:

Mientras tanto, el segundo eje contempla la compra de equipos propios y la reposición de maquinaria que cumplió su vida útil. Para este componente se destinarán $381,30 millones y se incorporarán 395 MW adicionales.

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Estas inversiones de compra y reposición se realizarán en centrales:

La implementación de centrales térmicas toma tiempo

Para Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, la nueva iniciativa que presenta el gobierno a casi tres años de estar en el poder llama la atención porque, entre otros, se considera el proyecto fallido de ATM, Esmeraldas III contratado en agosto de 2024.

Esta central térmica recuerda que debía aportar 90 MW y ahora “parece que el gobierno se conformará con sumar 30 MW”, pese a que se tratan de equipos antiguos.

Además, refiere que si bien el gobierno busca sumar 920 MW de energía térmica en 2026, la implementación toma más tiempo. “Los que están en contratación podrían estar en al menos un año, y los que están en proyectos pueden tardar más”.

Estrategia para reducir dependencia externa

El gobierno prevé que la generación arrendada funcione como una solución “temporal”. A medida que entre en operación la nueva infraestructura propia, esta capacidad será reducida progresivamente hasta eliminarse, refiere la Celec.

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Desde 2024, en que la crisis energética causó apagones de hasta 14 horas en el país, Ecuador ha arrendado barcazas (300 MW) y otras centrales térmicas El Descanso y Vesubio (34 MW, en total).

En el caso de las barcazas, entre agosto y abril de 2026, se ha realizado al menos cinco contratos. Además, los últimos convenios renegociados o en proceso de renegociación (dos) apuntan a mantener está generación hasta 2028.

El gobierno justifica que su estrategia responde al crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, que en Ecuador aumenta entre 4 % y 5 % al año, impulsada por factores como la expansión de centros de datos, el desarrollo tecnológico y la electrificación de sectores productivos.

Lo que debes saber

• Los aportes mensuales al IESS permiten acceder a prestaciones como atención médica, subsidios, pensiones, cesantía, montepío e invalidez.
• El historial laboral es un documento donde constan los empleadores, los sueldos reportados y los meses aportados.
• El afiliado puede obtener el historial laboral desde el portal del IESS ingresando con su cédula y clave.

Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son los valores mensuales que se descuentan del sueldo de una persona afiliada (y que también paga su empleador) para financiar la seguridad social en Ecuador. Es decir, son contribuciones obligatorias que van a un fondo común que administra el IESS.

Con esos aportes se cubren prestaciones como atención médica, subsidios por enfermedad o maternidad, pensiones de jubilación, montepío, invalidez, riesgos del trabajo y otras prestaciones económicas y de salud. Es parte de un sistema solidario donde los aportes de los afiliados activos ayudan a financiar las prestaciones de quienes hoy reciben beneficios.

En el caso de un trabajador en relación de dependencia, el aporte se compone de una parte que paga el trabajador (se descuenta de su sueldo) y otra que paga el empleador. En el caso de afiliados voluntarios o por cuenta propia, la persona asume el 100 % del aporte. El porcentaje se calcula sobre la remuneración declarada.

Esos aportes quedan registrados, mes a mes, en el historial laboral, que es el documento donde se ve para qué empleador se trabaja, cuánto se gana y qué meses se aportó.

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¿Por qué es importante consultar tus aportes al IESS?

Consultar los aportes al IESS es importante porque permite verificar que el empleador está cumpliendo con sus obligaciones y que el historial laboral del empleado está correcto. Es la única forma de asegurarse de que cada mes trabajado realmente cuenta para sus futuros beneficios de seguridad social.

También es clave porque los aportes determinan derechos como atención médica, subsidios por enfermedad o maternidad, pensión de jubilación, cesantía y montepío. Si hay errores o meses faltantes, esos beneficios pueden retrasarse o incluso negarse. 

¿Cómo descargar el historial laboral del IESS?

Descargar el historial laboral del IESS es un trámite sencillo y totalmente en línea, que pone a disposición el instituto:

Lo que debe saber

• Preocupación por impacto económico: El sector bananero y platanero advierte que el nuevo toque de queda, del 3 al 18 de mayo, podría generar pérdidas significativas, afectar la calidad del producto y comprometer contratos de exportación.
• Caída previa de operaciones: Durante la última restricción (15 al 30 de marzo de 2026), las operaciones se redujeron en un 32 %, dejando un precedente negativo para una industria altamente dependiente de tiempos logísticos.
• Riesgo para empleo y divisas: El gremio pide excepciones para garantizar la continuidad de la cadena productiva, de la que dependen cerca de 250.000 empleos y una parte clave del ingreso de divisas para el país.

El anuncio de un nuevo toque de queda en Ecuador, previsto del 3 al 18 de mayo, encendió las alertas en uno de los pilares de la economía nacional. El Clúster Bananero y Platanero se sumó a la preocupación ya expresada por otros gremios productivos, advirtiendo que las restricciones de movilidad podrían traducirse en fuertes pérdidas económicas, afectaciones a la calidad del producto y riesgos en el cumplimiento de contratos internacionales.

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Aunque el sector respalda las acciones del Gobierno para combatir la inseguridad y el crimen organizado, insiste en que estas medidas deben considerar el impacto sobre la cadena productiva. “La seguridad es un objetivo común”, señalan, recordando que las empresas exportadoras no solo invierten en proteger a su personal y mercancías, sino que además enfrentan directamente los embates de redes delictivas.

El gremio recordó que durante el último toque de queda, aplicado entre el 15 y el 30 de marzo, las operaciones se redujeron en un 32 %, lo que provocó pérdidas significativas. En una industria donde el tiempo es clave para garantizar la calidad del producto, cualquier retraso puede traducirse en fruta desperdiciada y mercados perdidos. En el 2025 el sector exportó al mundo 4.262,4 millones de dólares de bananos y plátanos. 

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El sector solicita excepciones

Por ello, el Clúster plantea que la nueva restricción incluya excepciones claras que permitan sostener las actividades de exportación y la cadena logística. Advierten que alrededor de 250.000 empleos dependen directamente de este sector, además de su aporte fundamental en la generación de divisas para la economía nacional.

Finalmente, hacen un llamado a las autoridades para trabajar de manera conjunta en el diseño de las medidas, buscando un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la continuidad de las actividades productivas. La preocupación no es menor: el banano y el plátano no solo representan un motor económico, sino también una fuente de estabilidad para miles de familias ecuatorianas.

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La entidad tributaria informó que, hasta el momento, más de un millón de personas naturales del Régimen General ya presentaron su declaración de IR correspondiente al período fiscal 2025. Sin embargo, indicó que 283.413 contribuyentes aún no han cumplido con esta obligación.

Uno de los principales retrasos de los contribuyentes para cumplir con esta obligación tributaria es el desconocimiento del proceso. Para cumplir con la declaración y pago de este impuesto, los contribuyentes deben entregar ante el SRI, el Anexo de Gastos Personales y la Proyección de Gastos Personales.

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Pero, ¿a qué se refieren estos trámites y cuál es la diferencia entre ellos?

La proyección de gastos personales es un documento que el trabajador entrega a su empleador al inicio del año (o cuando inicia una relación laboral). En esta proyección, la persona estima cuánto gastará durante el año en las cinco categorías permitidas por el SRI: vivienda, salud, educación, alimentación y vestimenta.

El objetivo de esta proyección es calcular correctamente la retención mensual del impuesto a la renta. Si el trabajador proyecta gastos altos dentro de los límites legales, su empleador le retendrá menos impuesto cada mes. Si proyecta poco, la retención será mayor. En 2026, esta proyección sigue siendo un cálculo anticipado, no una declaración real de gastos.

En cambio, el Anexo de Gastos Personales es un documento que el contribuyente presenta al SRI al año siguiente, donde reporta los gastos reales efectuados durante el año fiscal. Aquí ya no se proyecta: se declara lo que efectivamente se gastó, con facturas electrónicas que respalden cada rubro. Este anexo sirve para que el SRI verifique si el contribuyente tiene derecho a una devolución de impuesto a la renta o si, por el contrario, debe pagar una diferencia. Es un proceso de conciliación entre lo que se proyectó y lo que realmente ocurrió.

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¿Cuál es la diferencia?

La diferencia fundamental es que la proyección es un cálculo anticipado que afecta la retención mensual, mientras que el anexo es una declaración real que determina si el contribuyente pagó lo justo. Si la persona proyectó más de lo que gastó, es posible que el SRI determine que hubo retención insuficiente y que deba pagar un valor adicional. Si la persona gastó más de lo proyectado, podría recibir una devolución si sus gastos reales reducen su base imponible.

Lo que debes saber

• El Gobierno de Ecuador está analizando ampliar el subsidio o compensación al diésel por uno o dos meses más después de abril de 2026, como medida temporal ante la presión del sector transportista.
• Desde la eliminación del subsidio en 2025, el precio del diésel subió de $1,80 a casi $3,00 por galón, lo que ha incrementado fuertemente los costos operativos, reduciendo ganancias e incluso generando pérdidas en el sector.
• Los gremios advierten que podrían paralizar actividades si no hay soluciones y exigen medidas como frenar el alza del combustible, ajustar tarifas y recibir beneficios fiscales, dando un plazo al Gobierno para responder.
  
  

El Gobierno Nacional está analizando ampliar el subsidio al diésel, para uno o dos meses más, para el transporte pesado de Ecuador, una vez que concluya ese alivio en este mes de abril. Así lo mencionó la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en una entrevista en Teleamazonas, el pasado 20 de abril.

Este planteamiento desde el Gobierno llega después de múltiples quejas, en los últimos días, desde los gremios del transporte pesado del país que aseguran que el alza del combustible ha triplicado sus costos de operación y que aquello podría empujarlos a tomar medidas como la paralización de sus motores, tal como lo indicó también ayer en rueda de prensa la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape).

Desde septiembre de 2025, cuando el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, el precio de este combustible ha venido experimentado una subida. Pasó de costar $1,80 a $2,80 por galón. Este es el tipo de hidrocarburo que usa el transporte pesado.

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Alza del precio del diésel

No obstante, a partir del 12 de abril pasado cuando se actualizaron los precios de los combustibles en el país, de acuerdo con un sistema de bandas, este derivado pasó de costar $2,828 a $2,962 por galón. Es decir, hubo en este mes un incremento de 0,13 centavos, impulsado por la subida del precio internacional del petróleo a causa de la guerra de Irán.

“La eliminación del precio de los combustibles ha situado al transporte pesado ecuatoriano, eje fundamental de la economía del país, en el más absoluto colapso”, indicó en las declaraciones a la prensa Fernando Ortiz, presidente de la Confetrape.

El gremio detalló que el incremento del precio del diésel de más de un dólar, desde 2025, ha golpeado directamente su estructura de costo, reduciendo drásticamente su margen de utilidad y hasta causando pérdidas constantes, por lo que aseguraron que no pueden asumir un nuevo incremento.

Para mayo, los transportistas ya no contarían con el subsidio del Gobierno y a la par, prevén una nueva alza en el combustible por la volatilidad del petróleo, a nivel internacional.

“Los transportistas no podemos seguir absorbiendo el incremento del costo del diésel y no estamos en capacidad de subsistir ante un incremento más, por lo que la suspensión del alza debe ser inmediata”, añadió el vocero de los transportistas, quien además aseguró que aún no han tenido respuesta desde el Gobierno sobre sus pedidos.

Por otro lado, la ministra de Gobierno en su entrevista indicó que, desde que se quitó el subsidio al diésel, el Estado ha entregado $177,5 millones a 57.000 transportistas del país y que actualmente están analizando si pueden extender la compensación por uno o dos meses más después de abril.

“Estamos analizando el tema de las compensaciones, por uno o dos meses más”. Además, aseguró que se ha reunido con más de 235 organizaciones del sector transportista.

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Los pedidos de los transportistas: entre frenar el alza mensual al diésel y un ajuste de tarifas

En la rueda de prensa, los transportistas especificaron los pedidos que, ya han venido haciendo, pero que enviarán por escrito de manera oficial al Gobierno, este 21 de abril. Entre esos pedidos está: la focalización del sector organizado, un ajuste dinámico de tarifas, la devolución del IVA de los productos y servicios de la canasta básica de los transportistas y la paralización del alza mensual de los combustibles.

Los transportistas aseguraron que no están en capacidad de realizar una paralización, pero que tampoco tienen las condiciones que garanticen sus actividades. “Si es que, en algún momento, no muy lejos, el Gobierno Nacional no responde a la petición de los transportistas, no seremos nosotros los que paralicemos nuestra actividad, será el Gobierno quien nos está induciendo a que tengamos que apagar nuestros motores”, indicó Ortiz, quien además advirtió que la espera por respuesta a sus solicitudes no pasará de un máximo de 15 días.

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Subida de las tarifas en Pichincha

La situación del incremento del diésel también levanta la protesta desde el transporte urbano y rural. El transporte intraprovincial e interprovincial de la provincia de Pichincha incluso asegura que está evaluando subir el precio del pasaje.

Ante ello, Morillo aseguró que el cambio en las tarifas para el transporte urbano, los conductores deberán conversarlo con los GADs municipales y que el tema no le compete al Gobierno central. “Estamos analizando una ampliación del subsidio para el transporte intra e interprovincial”, especificó.

¿De cuánto ha sido la compensación del Estado a los transportistas?

La compensación que da el Gobierno a los transportistas por el diésel es básicamente un bono mensual en efectivo, cuyo monto depende del tipo de transporte y del consumo estimado de combustible.

Para el transporte urbano (buses de ciudad, rural, combinado): entre $400 y $700 al mes; para el transporte intraprovincial e interprovincial alrededor de $1.000.

Lo que debes saber

• Ultimátum al Gobierno: Los transportistas advierten que van a "apagar motores" en quince días si no se frena el alza del diésel y se establece una focalización efectiva.
  
• Colapso financiero: Con el precio del galón a 2,96 dólares, el sector denuncia que la eliminación del subsidio ha licuado sus utilidades, provocando pérdidas constantes.
  
• Inseguridad y aranceles: El gremio exige garantías ante la ola de asaltos y extorsiones en vías, además de revisar aranceles que afectan el empleo en la frontera norte.

Los gremios de transporte pesado de Ecuador comunicaron este lunes 20 de abril, que el sector se encuentra en una situación crítica que podría obligarlos a "apagar motores". Esta advertencia surge como respuesta a la falta de medidas por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa ante el incremento progresivo del precio del diésel, cuyo subsidio fue suprimido por la administración el pasado mes de septiembre.

Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, manifestó en una conferencia de prensa que los transportistas no pueden continuar absorbiendo los costos del incremento del combustible. El dirigente enfatizó que la suspensión del alza debe ser inmediata, puesto que los pequeños y medianos propietarios de unidades no cuentan con la capacidad económica para subsistir ante nuevos ajustes.

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Incumplimiento en las políticas de compensación

El sector del transporte recordó que la eliminación del subsidio fue aceptada el año anterior bajo la condición de que el Gobierno implementara políticas públicas destinadas a equilibrar el sistema de bandas. Este mecanismo, que determina el valor del combustible según los precios internacionales, no ha contado con las medidas de mitigación prometidas, según denuncian los representantes gremiales.

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Tras la decisión adoptada por el presidente Noboa, el precio del diésel experimentó un ascenso desde $1,80 hasta $2,80 por galón. Este incremento inicial generó una serie de movilizaciones sociales que se extendieron por un mes y dejaron un saldo de personas fallecidas y cientos de heridos, de acuerdo con los registros de las organizaciones civiles.

Quince días para evitar el apagón logístico

La hoja de ruta está trazada: este martes 21 de abril se presentará el reclamo formal ante Carondelet y el gremio esperará una respuesta en un plazo máximo de quince días. Entre las propuestas destaca la focalización del beneficio para el sector productivo.

Ortiz aclaró que, de no haber acuerdo, la paralización será una consecuencia inevitable de la crisis: "No seremos nosotros los que paralicemos; será el Gobierno quien nos está induciendo a apagar nuestros motores porque ya no tenemos cómo cubrir el costo operativo".

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Inseguridad y aranceles: el golpe final

A la crisis del combustible se suma el factor miedo. El gremio denunció que las carreteras se han vuelto zonas de guerra donde imperan el asalto, la extorsión y el secuestro. Pese a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, critican que la justicia se convierta en una "puerta giratoria" para los delincuentes.

Finalmente, exigieron revisar los aranceles a las exportaciones colombianas que subirán al 100 % en mayo. Para los transportistas de la frontera norte, esta medida es el tiro de gracia que generará más desempleo y precarización en un sector que ya no aguanta más presión.

Lo que debes saber 

• El conflicto en Irán eleva el precio del petróleo y beneficia parcialmente a Ecuador como exportador, pero incrementa los costos de combustibles importados, presionando la inflación.
  
• La dependencia de importación de derivados (70 %–80 %) reduce el beneficio por la venta de crudo.
  
• La tensión comercial con Colombia, con aranceles de hasta 100 %, suma presión sobre precios, consumo y crecimiento, especialmente en sectores vulnerables y pequeñas empresas.
  

La guerra en Irán y la tensión comercial con Colombia, a propósito de la tasa de seguridad, genera un panorama desafiante para Ecuador en 2026. 

Esta nación, considerada un exportador neto de energía, tendrá mayores ingresos por la venta de petróleo, pero a la vez deberá asumir el alza de precios de productos, que elevarán la inflación, refiere el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El Fondo señala que el conflicto en Irán, que está en pausa tras un cese al fuego acordado con Estados Unidos, cambió el panorama estimado para América. 

El organismo refiere que a pesar de que el continente inició 2026 con un crecimiento estable e inflación bajo control, la guerra en Medio Oriente introduce volatilidad en los mercados, presiona los precios al alza y aumenta los riesgos económicos.

Esta información es parte del blog titulado “La guerra en Medio Oriente tendrá un impacto desigual en el hemisferio occidental”. 

Este documento fue difundido el 17 de abril de 2026, a propósito de las reuniones de Primavera, que se realizan en Washington D.C.

Los efectos serán desiguales 

En este documento, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, reitera que los efectos serán desiguales entre países, dependiendo de su estructura productiva, su exposición a los mercados internacionales y de cuánto dure la guerra.

En este sentido, el Fondo considera que países exportadores de petróleo -como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela- serán, en parte, beneficiados por el alza en los precios de la energía.

La mejora en los precios de esta materia prima responde al bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial. 

Por ese paso circula aproximadamente el 20 % del petróleo del planeta, además de 27 % del gas natural y 33 % de fertilizantes y combustibles refinados.

El FMI señala que este shock, que elevó hasta $110 el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para Ecuador, incide en la mejora de la balanza de pagos, impulsa el crecimiento y fortalece las finanzas públicas.

Aunque la producción petrolera de Ecuador está contraída. En 2026 está previsto exportar 165,5 millones de barriles. 

Esta cifra es menor en un 2,6 % a la prevista en el 2025 (169,9 millones), según el Presupuesto General del Estado.

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La inflación al alza, otro efecto del conflicto 

Pero no todos los efectos son positivos para Ecuador. La razón es que ese mismo incremento en los precios internacionales también se traduce en mayores costos de combustibles que se evidencian ya desde el 12 de marzo, de la energía, de transporte y hasta de alimentos -por un alza el valor de los fertilizantes-, lo que impacta directamente a los consumidores, sobre todo a aquellos de hogares vulnerables, advierte el organismo internacional.

Así, aunque Ecuador es catalogado como un exportador neto, depende también de la importación de combustibles entre un 70 % y 80 %.

El Banco Central del Ecuador (BCE) confirma esta realidad. 

Durante el primer bimestre de 2026 se exportaron 18,5 millones de barriles de crudo. Las importaciones de derivados, en cambio, alcanzaron los 10,8 millones de barriles.

Mientras tanto, en valor la relación es $1.016,4 millones en exportaciones de petróleo, frente a $860 millones en importaciones realizadas por el Estado. La cifra no detalla las compras que realizan empresas privadas que participan también de este mercado, precisa Oswaldo Erazo, analista petrolero.

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En función de las cifras del BCE la diferencia entre exportaciones de crudo e importaciones de derivados fue de $156,4 millones en los primeros dos meses de 2026. Se trata de un monto menor en 37,7 % frente al registrado en el mismo periodo en 2025 ($251,2 millones).

Erazo considera que si el conflicto con Irán se mantiene esta diferencia entre exportaciones de petróleo e importaciones de combustibles, se podría reducir aún más debido al alto costo de los combustibles importados (el barril de diésel superó semanas atrás los $200).

Alza en el el precio de los combustibles 

Además, ante el aumento en los precios de los combustibles, el gobierno del presidente Daniel Noboa se ha visto obligado a asumir nuevamente el pago de subvenciones de entre $0,39 y $1,60 por galón de extra, ecopaís y diésel, que se emplea en el sector automotor. 

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Aparte, están las ayudas que se otorgan a conductores de taxis, camionetas de uso comercial, tricimotos y de unidades de transporte de pasajeros (buses).

Ante esta realidad, Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, estima que si el conflicto se extiende los ingresos que reciba Ecuador por las ventas de crudo se diluirán en la compra de combustibles importados. Pero, si termina entre abril y mayo, al final el país tendrá un balance favorable.

Este aumento en el alza de los combustibles, gas natural, transporte, fertilizantes que se usan para la producción de alimentos, sin embargo, impactará de manera general en todo el continente americano.

El FMI prevé que todos los países de la región enfrentarán un aumento en los precios, debido al encarecimiento de insumos clave como energía, transporte y alimentos.

En el caso de Ecuador, según las proyecciones incluidas en el informe del Fondo, la inflación cerraría 2026 en torno al 3 %, tras ubicarse en 1,9 % en 2025 (ver gráfico)

El impacto de la tasa de seguridad 

Para Santiago García, docente de Economía de la Universidad Central del Ecuador, en estas previsiones se debe considerar también los efectos que deja la tensión comercial con Colombia, que se originó en febrero de 2026 tras la imposición de una tasa de seguridad para las importaciones colombianas.

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Actualmente, esta imposición es del 50 %. Sin embargo, el presidente Noboa anunció que desde el 1 de mayo se elevará hasta el 100 %.

Colombia, en cambio, aplica por ahora una tarifa para los bienes de Ecuador del 30 % y evalúa aumentarlo al 75 % para ciertos bienes.

Para Ortiz, en parte, los costos adicionales que han recaído en productos como café, medicamentos, materias primas pueden ser, en ciertos casos, asumidos o reemplazados por proveedores de otros destinos por los productores macros para mantener las ventas. 

Sin embargo, reconoce que en las pequeñas empresas puede afectar incluso al empleo.

En este sentido, García considera que si se mantienen los altos precios de los combustibles y los aranceles para los precios de los productos de Colombia se podría advertir una reducción del consumo, que podría afectar incluso a las previsiones de crecimiento de la economía nacional.

Por esta razón, dice que es clave “convocar a un dialogo social” y mantener los subsidios focalizados para evitar un mayor impacto en los precios.

Sin embargo, existe una confusión común entre los usuarios: creer que el cumplimiento tardío borra el pasado. Al adquirir una obligación, cada movimiento —desde la puntualidad hasta el día exacto de retraso— queda sellado en una base de datos. Por ello, liquidar una deuda vencida no es el fin del camino, sino apenas el inicio de una rehabilitación financiera que demanda paciencia.

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El rastro de la mora persiste por tres años

De acuerdo con la normativa vigente de la Superintendencia de Bancos, los registros de pagos atrasados o incumplimientos no se evaporan de forma inmediata tras el pago. La ley es clara: estos datos deben permanecer visibles en el historial durante un periodo de tres años.

Este cronómetro empieza a correr exactamente desde el día en que se liquida la totalidad de la obligación. Así, aunque su estado cambie a "cancelado", las huellas de la morosidad seguirán expuestas ante cualquier entidad que consulte su perfil durante los siguientes 36 meses. Es un recordatorio de que, en el sistema financiero, el tiempo es el único agente capaz de sanar un puntaje afectado.

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Rectificaciones: ¿Cuándo se puede limpiar el historial?

La eliminación anticipada de datos solo es viable si existe un error administrativo por parte de la entidad financiera. La ley protege al usuario frente a información inexacta, pero es tajante al no permitir el borrado de una mora que efectivamente ocurrió.

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Si usted detecta inconsistencias o si, tras haber cancelado la deuda, la información no se refleja en el sistema, las instituciones tienen un plazo máximo de 15 días para resolver las solicitudes de rectificación y actualizar su estatus.

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¿Cuántos días ha pasado Ecuador en toque de queda desde que Noboa es presidente?

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José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura y de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), señaló en su cuenta de X: “Es indispensable que este nuevo toque de queda incorpore excepciones claras y operativas. Las exportaciones no pueden parar”.

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El pedido fue respaldado por José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), quien afirmó que, aunque apoyan las acciones para enfrentar la inseguridad, estas no deben afectar a los sectores productivos que generan empleo y divisas. 

Hidalgo recordó que la última restricción de movilidad, aplicada entre el 15 y 30 de marzo, tuvo graves impactos: reducción del 32 % en operaciones, pérdidas logísticas, deterioro de carga perecedera y cancelación de contratos internacionales.

El clúster bananero, que agrupa a productores y exportadores, advirtió que alrededor de 250.000 empleos dependen de la continuidad de estas operaciones, fundamentales para el sostenimiento de la economía nacional.

Provincias bajo restricción

El toque de queda se aplicará desde el 3 hasta el  18 de mayo, desde las 23:00 hasta las 05:00 en territorios con altos índices de violencia y rutas clave del narcotráfico. Entre ellos figuran Guayas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos y El Oro. También se incluyen los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).

En marzo de este año, el Gobierno solo permitió la circulación de policías, militares y trabajadores sanitarios. Sin embargo, la Corte Constitucional ordenó después que también se garantice la labor de la prensa y organizaciones internacionales durante esas horas.

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, catalogadas como terroristas. Pese a ello, el país cerró 2025 como el año más violento de su historia, con un récord de 9.269 homicidios.

Lo que debes saber

• El presidente informó que habrá un subsidio para los hogares que consuman hasta 180 kWh.
• Analistas señalan que los cortes eléctricos se deben a falta de inversión en transmisión y distribución, no a un fenómeno solar.
• Analistas alertan que el subsidio profundizará el déficit del sector eléctrico, estimado en unos 598 millones de dólares.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció el 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, indicó el mandatario como parte de un anuncio de medidas que incluyó, en medio de un cambio de liderazgo en el ámbito energético. 

La tormenta solar a la que Noboa se refirió es a las altas temperaturas que azota a la costa ecuatoriana y que comenzaron el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

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Altas temperaturas elevaron el consumo de electricidad

Según las declaraciones en los últimos días del presidente, así como de la ministra de Energía, Inés Manzanos, las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz.

No obstante, este subsidio es anunciado después de cientos de quejas ciudadanas por frecuentes apagones en ciudades como Guayaquil, Manta y Santa Elena.

Más gasto para el Estado

El analista experto en energía, Darío Dávalos, menciona a EXPRESO que este nuevo subsidio (si bien beneficia a la ciudadanía), ahondará también el hueco financiero para el sector eléctrico, ya que según lo estableció la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) el año pasado, el déficit para este 2026 es de alrededor de 598 millones de dólares. “Eso debe cubrir el presupuesto general del Estado”.

Y es que el experto indica que, si bien hay una ola de calor, no existe una “tormenta solar”, como lo indica el presidente y a la que ha señalado como una de las culpables de los últimos cortes eléctricos.

“Hay un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) del mes de marzo de este año, advirtiendo de estos eventos (cortes de energía) por la falta de un plan de inversión agresivo en la expansión de la transmisión y distribución. Si hace falta, es una cuestión de gestión del sector, no de una tormenta solar”, indica.

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes. 

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Consumo típico de un hogar

Esta cantidad de energía al mes es el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con este nuevo alivio financiero, quienes consuman hasta los 180 kWh no pagarán por la planilla, y quienes consuman más, pagarán el excedente.

Para el analista económico, Jorge Calderón, el alza de las planillas por aumento de consumo en los aires acondicionado, es un nuevo indicador que le grita al Estado que avance en la diversificación de la matriz energética, para que pueda evitarse este tipo de compensaciones porque, coincide, se genera una presión en el gasto público.

“Este tipo de eventos climáticos se volverán más recurrentes, por lo que estas compensaciones no serán medidas que se puedan aplicar a cada rato”, añade el analista.

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025, asimismo con una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

En este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la Arconel, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.

En un país con 18 millones de habitantes, la Asamblea Nacional aprobó promover la enseñanza de la educación financiera a los ciudadanos ecuatorianos. Tenemos entendido que existe solo el 20 % de afiliados al IESS, es decir, 3’600.000 trabajadores entre nacionales y extranjeros.

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Rol del IESS y del sistema financiero en la formación ciudadana

En este caso, el IESS debe dar instrucciones financieras a los deudores de préstamos quirografarios e hipotecarios por viviendas, como entidad que los otorga a sus afiliados (podrían hacerlo en sus propias oficinas de instrucción financiera) o, caso contrario, en el Secap, donde se pretende reducir en un 5 % los ingresos de los jubilados del IESS.

Se conoce que el índice de desempleo de la población económicamente activa es del 3 % de acuerdo con el INEC, pero la realidad no refleja las necesidades de los ciudadanos que carecen de empleo.

Por lo tanto, se estima que este índice bordea el 16 %, es decir, población lista para laborar que no encuentra trabajo en el Ecuador, situándose en un porcentaje poco favorable para las pretensiones gubernamentales. Además, enseñar educación financiera en este contexto resulta cuestionable.

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Pretender dar educación financiera no está realmente amparado por el Estado; esto es una falacia, pues el índice de pobreza bordea el 21 % de los habitantes, lo que equivale a 3’800.000 personas de escasos recursos.

De igual manera, la pobreza extrema alcanza el 8 %, es decir, 1’500.000 habitantes. En estas condiciones, la educación financiera resulta incongruente para sectores que no disponen de recursos y requieren cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y seguridad.

Bancos y sector privado como posibles actores en la educación financiera

Para la población económicamente activa, este proceso podría impulsarse en instituciones financieras como bancos privados y públicos, donde se generan préstamos para movilizar el capital. En este sentido, correspondería a bancos, casas de cambio, casas de valores, financieras y bolsas de valores asumir este rol, sin comprometer recursos del Estado en esfuerzos poco efectivos.

José Arrobo Reyes

Política

IESS en riesgo: Henry Llanes pide auditorías y cuestiona designación en Consejo

Marco Rivera

Con una tasa de informalidad que supera el 50 % en 2026 y una desinversión anual de 1.500 millones de dólares de sus reservas, la sostenibilidad del fondo de jubilación depende de reformas que prioricen la transparencia técnica y el ordenamiento de las competencias institucionales.

Auditoría de fondos y rentabilidad financiera

La crisis se agrava por el incumplimiento estatal en la transferencia del 40 % legal y el desvío de recursos para financiar prestaciones no contributivas. Ante este escenario, voces técnicas coinciden en que la solución inmediata no reside en el ajuste de beneficios, sino en la fiscalización de los fondos y la reestructuración del modelo de ahorro.

Henry Llanes, experto en seguridad social, formalizó este 20 de abril una solicitud ante la Superintendencia de Bancos para ejecutar auditorías integrales a los fondos de salud y pensiones. El requerimiento se centra en verificar la sostenibilidad financiera y fiscalizar las inversiones en bonos y fideicomisos.

Un punto crítico identificado es la tasa de interés del 2,99 % aplicada a préstamos hipotecarios para vivienda. Para Llanes, este porcentaje carece de rentabilidad financiera y responde a una "intromisión demagógica" del Gobierno que afecta el giro del negocio. La auditoría busca determinar el costo financiero real de cada operación y la utilidad que ha dejado de percibir el seguro social por estas políticas.

Traslado de carga médica y capitalización individual

Por su parte, el abogado y columnista de EXPRESO, Modesto Apolo, advierte que los beneficios actuales equivalen a cinco veces los aportes realizados, lo que viola principios actuariales básicos. Entre sus planteamientos figura la transición hacia un modelo de capitalización individual, donde cada trabajador acumule sus propios fondos, rompiendo el esquema actual de prima media que se considera deficitario.

Opinión

Sistema de pensión colapsado

Modesto Apolo

Apolo enfatiza la necesidad de un pacto político en 2026 que prohíba desvíos extrapresupuestarios y foque los subsidios únicamente en pensiones mínimas para sectores vulnerables. Esta postura coincide con la urgencia de auditar las reservas con transparencia pública anual para evitar la erosión de los fondos remanentes.

Reformas al marco legal y autonomía

La hoja de ruta técnica sugiere que el IESS debe retomar su autonomía operativa. Llanes propone una reforma para que las prestaciones médicas de personas no afiliadas —que en 2024 superaron los 2,6 millones de usuarios— sean transferidas presupuestariamente al Ministerio de Salud Pública (MSP). Solo la atención a hijos de afiliados demanda un gasto estimado de 300 millones de dólares anuales, recursos que han sido extraídos del bolsillo de los aportantes desde 2010.

Finalmente, la reestructuración del Consejo Directivo asoma como el mecanismo para garantizar la gobernanza. La propuesta técnica apunta a que el directorio cuente con mayoría de representantes de afiliados y jubilados elegidos mediante sufragio, reduciendo la injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones financieras sobre los ahorros de los trabajadores ecuatorianos.

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La comunicación del Gobierno está perdida en un jardín de infantes

Carlos Isaac Pino

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El Servicio de Aduanas estadounidense pondrá en marcha la primera fase de los pagos para una gran parte de las empresas estadounidenses afectadas, a las que espera devolver un monto inicial de 127.000 millones de dólares.

Según el Gobierno, el portal que activará hoy servirá a aproximadamente el 63 % de las compañías elegibles, que podrán presentar la documentación necesaria para el reembolso de cobros por los aranceles anunciados hace poco más de un año por Trump bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

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Devolución en etapas

Esta primera etapa se centrará en los pagos arancelarios que técnicamente continúan bajo revisión federal y por lo tanto, aún no han sido liquidados de forma definitiva.

Una vez aceptadas las solicitudes de los importadores, el Servicio de Aduanas estima un plazo de entre 60 y 90 días para emitir los reembolsos.

El sistema, denominado CAPE, se ampliará luego para incluir pagos más antiguos que ya fueron liquidados.

Más de 3.000 empresas, entre ellas los gigantes Costco y FedEx, ya han demandado a la Administración republicana para asegurar esos reembolsos. Varios de estos procesos iniciaron antes del fallo de la Corte.

Desde la aplicación de los gravámenes, estas compañías tuvieron que decidir entre absorber las subida de los costes, recortar las compras o pasar la diferencia a los consumidores, que según expertos, no está previsto que reciban de vuelta la diferencia que pagaron por los productos gravados con estos gravámenes anulados.

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Camaroneros piden reglas claras ante nuevo toque de queda

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Reacción de Trump

En una clara mayoría de 6-3, la Corte Suprema decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la IEEPA. El presidente criticó duramente la sentencia del Supremo e impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal.

El dictamen del Supremo afecta a los llamados gravámenes "recíprocos" impuestos por el republicano a los socios comerciales de la mayor economía del mundo con el objetivo de "reducir el déficit comercial", además de los aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de fentanilo.

El actual arancel del 10 % se aplica desde el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que deberá expirar el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Congreso.

Lo que debes saber 

• La Corec alerta que el nuevo toque de queda impactará la actividad nocturna, clave para restaurantes, turismo y servicios.
• El gremio recuerda que medidas similares en marzo ya provocaron caída en ventas, sin evidencias claras de su efectividad.
• Los restauranteros piden al Gobierno alternativas que garanticen seguridad sin afectar el empleo y el derecho al trabajo.

El nuevo toque de queda anunciado por el gobierno presidente Daniel Noboa para nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador afecta a la actividad productiva, que se realiza en la noche. La Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec) y sus gremios aliados expresaron este 20 de abril de 2026 su preocupación por la nueva medida anunciada del 3 al 18 de mayo.

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“Nuestro sector ya evidenció en marzo una caída en ventas producto de restricciones similares, sin que se hayan presentado resultados claros sobre su efectividad”, refieren la Corec en un comunicado.

Noboa dispuso que este toque de queda, en el segundo en 2026, se aplicará entre las 23:00 y las 05:00, desde el 3 hasta el 18 de mayo. La medida se aplicará en las provincias de:

Además de los cantones:

El Ejecutivo sostuvo que la decisión se basa en los resultados obtenidos por las fuerzas del orden durante el reciente estado de emergencia, sin precisar cifras de los resultados. El toque de queda anterior fue del 15 al 30 de marzo de 23:00 a 05:00 y se aplicó en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

Efectos negativos en la economía local

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Así, ante esta nueva limitación en el libre tránsito de los ciudadano por la noche. Este gremio alertó que este tipo de medidas, aunque buscan mejorar la seguridad, están generando efectos negativos en la economía local.

En una carta abierta a la opinión pública, el sector reconoce la importancia de las acciones orientadas a garantizar la seguridad. Sin embargo, advierte que la aplicación recurrente de restricciones está afectando directamente a actividades como la gastronomía, el turismo y los servicios.

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El gremio señala que “la seguridad no puede construirse a costa de paralizar la economía”. Recuerda que en marzo ya se registraron caídas en ventas tras la implementación de medidas similares, especialmente en horarios nocturnos, cuando se concentra gran parte de la actividad comercial en restaurantes, eventos y celebraciones. Y ahora en mayo deberán afrontar nuevas restricciones.

“Hoy, nuevamente, se limita la actividad en un mes clave como mayo, con el Día de la Madre, varios conciertos y eventos ya programados, y en fechas clásicas de nuestro país para celebraciones de primeras comuniones y matrimonios, todo lo que en conjunto dinamiza el empleo y el consumo”, señalan.

Impacto en negocios y empleo

Corec advierte que cada restricción impacta a miles de negocios y familias que dependen de estas actividades. Además, cuestiona que se destaquen indicadores como las exportaciones, mientras se minimiza el rol de la economía interna, que sostiene el ingreso diario de miles de ecuatorianos.

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El sector insiste en que la economía local también es un motor de desarrollo y generación de empleo, por lo que pide que las decisiones públicas consideren sus efectos y se acompañen de medidas que permitan mantener la actividad económica.

Pedido al Gobierno

Ante este escenario, el gremio de restauranteros hace un llamado al gobierno Nacional, encabezado por el presidente Daniel Noboa, a evaluar alternativas que garanticen la seguridad sin afectar de forma desproporcionada el libre tránsito y el derecho al trabajo.

Finalmente, la organización recuerda que estos derechos están consagrados en la Constitución y cuya protección corresponde al Estado.

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La aclaración viene después de anuncios oficiales sobre el cierre de cuatro cooperativas en estos últimos dos años, debido a por problemas de gestión o solvencia: Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, Cooperativa CREA, Cooperativa Incoop y Cooperativa Cariamanga. 

SEPS: liquidaciones son casos puntuales

La SEPS enfatizó que las liquidaciones recientes derivan de fallas propias de cada entidad, "derivados de una corresponsabilidad directa de sus gobernanzas" y de la incapacidad de superar procesos de supervisión. "Estas entidades fueron liquidadas, tras no superar todos los recursos técnicos de remediación y acompañamiento desplegados por la SEPS, incluyendo rigurosos Programas de Supervisión Intensiva (PSI)", dijo el organismo. 

De acuerdo con la Superintendencia, estas decisiones buscan “salvaguardar los fondos de los socios” y evitar impactos mayores en el sistema. "La SEPS actúa estrictamente bajo parámetros técnicos y marcos legales. Nuestra misión es la protección de los recursos de los ciudadanos; por ello, cada proceso de control se ejecuta con el único objetivo de precautelar los ahorros de las familias ecuatorianas y seguir fortaleciendo la integridad de las cooperativas y mutualistas", agregó. 

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Un sector con cifras robustas

Como respaldo, la entidad puso sobre la mesa los números del sistema financiero popular y solidario. En la actualidad, dijo, este sector, suma un total de $ 32.675 millones en activos, tiene un índice de solvencia de 16,32% y una liquidez del 38,16%. 

Estos indicadores, según la SEPS, superan los mínimos legales y reflejan una estructura “sólida y sostenible”.   

Coincide con cambios en la Cosede

La aclaración se da el mismo día en que, públicamente, se dieron a conocer los cambios clave en el uso de la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede), definidos por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

La nueva normativa convierte al seguro de depósitos en un mecanismo de “última instancia”. Es decir, antes de usar esos recursos, se prioriza trasladar activos y pasivos de una entidad en crisis a otra operativa.

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Advertencia sobre “pánico financiero”

La SEPS hizo un llamado a frenar las declaraciones, sin fundamento, que afecten contra el sistema. Señaló que difundirá ante las autoridades competentes cualquier declaración que busque desestabilizar al sector, recordando que esto podría configurar el delito de pánico financiero.

"Recordamos que estas conductas podrían incurrir en el delito de Pánico Financiero, tipificado en el Artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cualquier intento de desestabilización atenta contra el patrimonio de más de 7,5 millones de socios y clientes que pertenecen y confían en el sector, mismos que podrían resultar directamente afectados por acciones de irresponsabilidad social". 

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa informó que los hogares que consuman hasta 180 kWh al mes no pagarán por la electricidad.
• Las altas temperaturas desde finales de marzo obligaron a usar más aires acondicionados, aumentando el consumo y provocando reclamos por interrupciones inesperadas del servicio.
• ARCONEL estima que 180 kWh cuestan alrededor de USD 23, monto que ahora será cubierto por el Estado. Una medida similar benefició a más de 5 millones de usuarios en meses anteriores.

Este 20 de abril, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció a través de su cuenta de X que ha ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la ola de calor, presente en la costa ecuatoriana. El subsidio del Gobierno, indicó el mandatario, sería de hasta 180 kWh por hogar.

Es decir, los hogares que consuman hasta esta cantidad de energía al mes no pagarán por la planilla de luz. Los que pasen de esta cantidad, pagarán solo el excedente.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, mencionó el mandatario en sus redes sociales, sin detallar qué meses exactamente cubrirá el nuevo subsidio.

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El Gobierno subsidiará la planilla de luz hasta 180 kWh por hogar, para afectados por ola de calor

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La ola de calor ha afectado a los hogares de la costa ecuatoriana desde finales de marzo y se ha intensificado desde el pasado 13 de abril. Lo que ha provocado que los ciudadanos usen con más frecuencia los aires acondicionados, elevando el consumo de energía. Además, en las últimas semanas ha habido cientos de quejas por cortes inesperados de energía.

Pero, ¿cuánto dinero equivale 180 kWh?

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes.

Los 180 kWh al mes son el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con el nuevo subsidio, para muchos hogares, esos 23 dólares quedan cubiertos por el Estado y la planilla les llegará con valor reducido o en cero.

Una receta que ya se aplicó en 2024

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025. Asimismo, una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

Ante este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la ARCONEL, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.

Las claves del caso

• La incautación ocurrió tras detectar fallas en los reportes tributarios.
• El lote llegó desde China con miles de réplicas de marcas internacionales.
• La mercancía ilegal pretendía comercializarse sin pagar aranceles.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) decomisó 4.700 réplicas de relojes de alta gama que intentaban ingresar al país de forma irregular a través de uno de los puertos marítimos de Guayaquil.

Guayaquil

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Todo tipo de marcas

La intervención se ejecutó tras detectar inconsistencias en la declaración aduanera de un contenedor proveniente de China. Según el reporte oficial, la mercancía vulneraba los derechos de propiedad intelectual al tratarse de imitaciones de reconocidas marcas internacionales, entre ellas Cartier, Rolex, Patek Philippe, Fossil y Omega.

Personal de la Dirección de Intervención de la Aduana ejecutó la aprehensión de los artículos luego de que el sistema generara una alerta sobre el cargamento asiático.

El lote incautado no había sido declarado por los importadores al momento de su arribo a la terminal portuaria, lo que constituye un intento de evasión tributaria y comercialización fraudulenta en el mercado nacional. Las autoridades mantienen bajo custodia el contenedor mientras avanzan los procesos administrativos correspondientes por la infracción marcaria y aduanera.

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Lo que debes saber

• Los hogares residenciales de la Costa que consuman hasta 180 kWh en abril no pagarán la planilla de luz, un alivio equivalente a unos $23 que el Estado asume por cada familia beneficiada.
  
• El sector eléctrico ya arrastra un déficit de $621,87 millones en 2026, y el nuevo subsidio lo profundizará en un contexto donde los usuarios pagan $0,1061 por kWh cuando el costo real es de $0,1283.
  
• Analistas advierten que los cortes no se explican por una "tormenta solar" sino por la falta de inversión en transmisión y distribución, un problema estructural que las compensaciones no resuelven.
  
  

Los hogares residenciales de la Costa ecuatoriana que consuman hasta 180 kWh en abril de 2026 no pagarán la planilla de luz. 

El presidente Daniel Noboa ordenó el 20 de abril este alivio para las familias afectadas por la ola de calor. Quienes superen ese umbral pagarán solo el excedente. Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), 180 kWh equivalen a unos $23 al mes.

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¿Por qué se anunció el subsidio?

El anuncio se produjo en medio de una ola de calor de magnitud inusual. Desde el 13 de abril, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) registró temperaturas de entre 33 y 35 °C en el Litoral, con sensaciones térmicas de hasta 40 °C. 

El domingo 19 de abril, la entidad alertó que las condiciones podrían mantenerse varios días más. 

Abril de 2026 acumula al menos siete días con máximas iguales o superiores a 34 °C en Guayaquil y Portoviejo, con temperaturas 2 °C por encima del promedio histórico, según el Inamhi.

Las provincias más afectadas por la ola de calor son:

Guayas es la que más energía demanda: al 20 de abril consumía 1.265 megavatios (MW), de acuerdo con el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). 

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A nivel nacional, la demanda bordeó los 5.300 MW durante la ola de calor, cuando el consumo medio normal oscila entre 4.200 y 4.400 MW. Los datos mensuales marcan récords históricos:

¿Quiénes aplican para el descuento?

El subsidio aplica para usuarios residenciales de las zonas afectadas. Los 180 kWh representan el consumo mensual típico de un hogar de entre dos y cuatro personas sin aire acondicionado permanente.

¿Cuánto ahorran los hogares beneficiados?

En términos económicos, el beneficio es concreto: la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) fijó para 2026 un costo medio nacional del servicio de 12,83 centavos de dólar por kWh. 

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Esa cifra multiplicada por 180 equivale a unos $23 al mes, monto que el Estado asume por cada hogar. 

Para quienes consumen más, esos $23 quedan cubiertos y se paga solo la diferencia.

No es la primera vez

No es la primera vez que el Gobierno aplica esta fórmula. Ya lo hizo para diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025, como compensación por los cortes de luz registrados desde septiembre de ese año. En aquella ocasión, el beneficio llegó a más de cinco millones de usuarios residenciales en todo el país. 

La Arconel calculó que los tres meses de alivio costaron $131,20 millones al Estado.

El subsidio llega a un sector que ya opera en déficit

El nuevo subsidio, sin embargo, llega a un sector eléctrico que ya operaba en déficit antes del anuncio. 

Para 2026, la Arconel estableció costos reales de $0,1283 por kWh, mientras los usuarios pagan $0,1061. 

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Esa brecha de $0,0222 por cada kWh genera un hueco de $598,3 millones en el servicio eléctrico. 

Sumado el déficit del alumbrado público, la cuenta total asciende a $621,87 millones que el presupuesto general del Estado debe cubrir, $18,77 millones más que en 2025.

¿Son sostenibles estas compensaciones?

El analista energético Darío Dávalos advirtió que el nuevo subsidio profundizará ese desequilibrio.

Cuestionó además el término "tormenta solar" que el mandatario usó para explicar los cortes. Según Dávalos, el Cenace emitió en marzo un informe que alertaba sobre interrupciones por falta de un plan de inversión en transmisión y distribución. 

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"Si hace falta, es una cuestión de gestión del sector, no de una tormenta solar", dijo a EXPRESO.

Otros expertos consultados coinciden en que este tipo de medidas no puede repetirse indefinidamente.

Junto al anuncio del subsidio, Noboa adelantó también que el Ministerio de Ambiente y Energía tendrá un nuevo titular a partir del 30 de abril. 

El cambio llega tras meses de presión ciudadana por los apagones y en medio de un sector que, según los reguladores, opera con pérdidas estructurales desde hace años.

Lo que debes saber 

• El plan contempla sumar 920 MW en 2026 mediante dos ejes: arrendamiento de 525 MW y compra/reposición de 395 MW en infraestructura propia.
  
• La estrategia busca disminuir la dependencia de importaciones eléctricas, principalmente desde Colombia, y fortalecer la soberanía energética.
  
• Expertos advierten que la implementación de los proyectos tomará tiempo y cuestionan antecedentes como el bajo rendimiento esperado en Esmeraldas III.

Tras dos años y cinco meses de gestión y en medio de nuevos cortes de energía, en las últimas semanas, en Quito, Guayaquil, Manta y otras ciudades, el gobierno del presidente Daniel Noboa anuncia el inicio del proceso de contratación de 920 megavatios (MW) de generación térmica.

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Esta iniciativa, según un comunicado de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), apunta a fortalecer el sistema eléctrico nacional, garantizar la estabilidad del suministro frente al crecimiento de la demanda y dejar de depender de las importaciones de electricidad. Aunque estas compras son clave -sobre todo de Colombia- para abastecer a los consumidores de este servicio público.

La medida, ejecutada a través del Ministerio de Ambiente y Energía y la Celec, contempla la incorporación de nueva capacidad durante 2026 mediante arrendamiento y la compra de infraestructura propia.

El objetivo, según la entidad, es aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir la dependencia de factores climáticos y limitar la necesidad de importaciones de energía, pese que el país cuenta con la red e incluso hay un proyecto para ampliar estos intercambios.

Ecuador importa electricidad de Colombia y Perú

Ecuador importa principalmente energía de Colombia (450 MW) y de Perú (hasta 50 MW). Además, con este último país vecino se busca fortalecer el intercambio del suministro para aumentar la capacidad hasta 500 MW.

Pese a esta realidad, la Celec refiere que “con esta estrategia, Ecuador apunta a su soberanía energética, en la que las importaciones de electricidad sean exclusivamente una oportunidad comercial para reducir costos, pero nunca una necesidad crítica para el abastecimiento nacional”.

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La intención de limitar las importaciones de energía coincide con la suspensión de ventas de electricidad desde el 22 de enero de 2026 a Ecuador, por parte de Colombia. Esta decisión fue tomada en respuesta a la tasa de seguridad impuesta por el presidente Daniel Noboa a las importaciones colombianas.

Inicialmente, esta tasa era del 30 %, luego ascendió al 50 % y ahora se aumentará hasta el 100 % a partir del 1 de mayo de 2026. Colombia, en cambio, aplica un arancel del 30 % a Ecuador y evalúa incrementarlo hasta el 35 %.

Dos ejes para ampliar la generación

El plan para aumentar la generación se divide en dos componentes. El primero es el arrendamiento de generación de rápida instalación, que sumará 525 MW con una inversión de $315,54 millones. Esta capacidad se integrará a centrales existentes para atender necesidades inmediatas del sistema.

Entre los proyectos en arrendamiento se encuentran:

Mientras tanto, el segundo eje contempla la compra de equipos propios y la reposición de maquinaria que cumplió su vida útil. Para este componente se destinarán $381,30 millones y se incorporarán 395 MW adicionales.

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Estas inversiones de compra y reposición se realizarán en centrales:

La implementación de centrales térmicas toma tiempo

Para Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, la nueva iniciativa que presenta el gobierno a casi tres años de estar en el poder llama la atención porque, entre otros, se considera el proyecto fallido de ATM, Esmeraldas III contratado en agosto de 2024.

Esta central térmica recuerda que debía aportar 90 MW y ahora “parece que el gobierno se conformará con sumar 30 MW”, pese a que se tratan de equipos antiguos.

Además, refiere que si bien el gobierno busca sumar 920 MW de energía térmica en 2026, la implementación toma más tiempo. “Los que están en contratación podrían estar en al menos un año, y los que están en proyectos pueden tardar más”.

Estrategia para reducir dependencia externa

El gobierno prevé que la generación arrendada funcione como una solución “temporal”. A medida que entre en operación la nueva infraestructura propia, esta capacidad será reducida progresivamente hasta eliminarse, refiere la Celec.

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Desde 2024, en que la crisis energética causó apagones de hasta 14 horas en el país, Ecuador ha arrendado barcazas (300 MW) y otras centrales térmicas El Descanso y Vesubio (34 MW, en total).

En el caso de las barcazas, entre agosto y abril de 2026, se ha realizado al menos cinco contratos. Además, los últimos convenios renegociados o en proceso de renegociación (dos) apuntan a mantener está generación hasta 2028.

El gobierno justifica que su estrategia responde al crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, que en Ecuador aumenta entre 4 % y 5 % al año, impulsada por factores como la expansión de centros de datos, el desarrollo tecnológico y la electrificación de sectores productivos.

Lo que debe saber

• Preocupación por impacto económico: El sector bananero y platanero advierte que el nuevo toque de queda, del 3 al 18 de mayo, podría generar pérdidas significativas, afectar la calidad del producto y comprometer contratos de exportación.
• Caída previa de operaciones: Durante la última restricción (15 al 30 de marzo de 2026), las operaciones se redujeron en un 32 %, dejando un precedente negativo para una industria altamente dependiente de tiempos logísticos.
• Riesgo para empleo y divisas: El gremio pide excepciones para garantizar la continuidad de la cadena productiva, de la que dependen cerca de 250.000 empleos y una parte clave del ingreso de divisas para el país.

El anuncio de un nuevo toque de queda en Ecuador, previsto del 3 al 18 de mayo, encendió las alertas en uno de los pilares de la economía nacional. El Clúster Bananero y Platanero se sumó a la preocupación ya expresada por otros gremios productivos, advirtiendo que las restricciones de movilidad podrían traducirse en fuertes pérdidas económicas, afectaciones a la calidad del producto y riesgos en el cumplimiento de contratos internacionales.

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Aunque el sector respalda las acciones del Gobierno para combatir la inseguridad y el crimen organizado, insiste en que estas medidas deben considerar el impacto sobre la cadena productiva. “La seguridad es un objetivo común”, señalan, recordando que las empresas exportadoras no solo invierten en proteger a su personal y mercancías, sino que además enfrentan directamente los embates de redes delictivas.

El gremio recordó que durante el último toque de queda, aplicado entre el 15 y el 30 de marzo, las operaciones se redujeron en un 32 %, lo que provocó pérdidas significativas. En una industria donde el tiempo es clave para garantizar la calidad del producto, cualquier retraso puede traducirse en fruta desperdiciada y mercados perdidos. En el 2025 el sector exportó al mundo 4.262,4 millones de dólares de bananos y plátanos. 

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El sector solicita excepciones

Por ello, el Clúster plantea que la nueva restricción incluya excepciones claras que permitan sostener las actividades de exportación y la cadena logística. Advierten que alrededor de 250.000 empleos dependen directamente de este sector, además de su aporte fundamental en la generación de divisas para la economía nacional.

Finalmente, hacen un llamado a las autoridades para trabajar de manera conjunta en el diseño de las medidas, buscando un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la continuidad de las actividades productivas. La preocupación no es menor: el banano y el plátano no solo representan un motor económico, sino también una fuente de estabilidad para miles de familias ecuatorianas.

Lo que debes saber

• El Gobierno de Ecuador está analizando ampliar el subsidio o compensación al diésel por uno o dos meses más después de abril de 2026, como medida temporal ante la presión del sector transportista.
• Desde la eliminación del subsidio en 2025, el precio del diésel subió de $1,80 a casi $3,00 por galón, lo que ha incrementado fuertemente los costos operativos, reduciendo ganancias e incluso generando pérdidas en el sector.
• Los gremios advierten que podrían paralizar actividades si no hay soluciones y exigen medidas como frenar el alza del combustible, ajustar tarifas y recibir beneficios fiscales, dando un plazo al Gobierno para responder.
  
  

El Gobierno Nacional está analizando ampliar el subsidio al diésel, para uno o dos meses más, para el transporte pesado de Ecuador, una vez que concluya ese alivio en este mes de abril. Así lo mencionó la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en una entrevista en Teleamazonas, el pasado 20 de abril.

Este planteamiento desde el Gobierno llega después de múltiples quejas, en los últimos días, desde los gremios del transporte pesado del país que aseguran que el alza del combustible ha triplicado sus costos de operación y que aquello podría empujarlos a tomar medidas como la paralización de sus motores, tal como lo indicó también ayer en rueda de prensa la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape).

Desde septiembre de 2025, cuando el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, el precio de este combustible ha venido experimentado una subida. Pasó de costar $1,80 a $2,80 por galón. Este es el tipo de hidrocarburo que usa el transporte pesado.

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Alza del precio del diésel

No obstante, a partir del 12 de abril pasado cuando se actualizaron los precios de los combustibles en el país, de acuerdo con un sistema de bandas, este derivado pasó de costar $2,828 a $2,962 por galón. Es decir, hubo en este mes un incremento de 0,13 centavos, impulsado por la subida del precio internacional del petróleo a causa de la guerra de Irán.

“La eliminación del precio de los combustibles ha situado al transporte pesado ecuatoriano, eje fundamental de la economía del país, en el más absoluto colapso”, indicó en las declaraciones a la prensa Fernando Ortiz, presidente de la Confetrape.

El gremio detalló que el incremento del precio del diésel de más de un dólar, desde 2025, ha golpeado directamente su estructura de costo, reduciendo drásticamente su margen de utilidad y hasta causando pérdidas constantes, por lo que aseguraron que no pueden asumir un nuevo incremento.

Para mayo, los transportistas ya no contarían con el subsidio del Gobierno y a la par, prevén una nueva alza en el combustible por la volatilidad del petróleo, a nivel internacional.

“Los transportistas no podemos seguir absorbiendo el incremento del costo del diésel y no estamos en capacidad de subsistir ante un incremento más, por lo que la suspensión del alza debe ser inmediata”, añadió el vocero de los transportistas, quien además aseguró que aún no han tenido respuesta desde el Gobierno sobre sus pedidos.

Por otro lado, la ministra de Gobierno en su entrevista indicó que, desde que se quitó el subsidio al diésel, el Estado ha entregado $177,5 millones a 57.000 transportistas del país y que actualmente están analizando si pueden extender la compensación por uno o dos meses más después de abril.

“Estamos analizando el tema de las compensaciones, por uno o dos meses más”. Además, aseguró que se ha reunido con más de 235 organizaciones del sector transportista.

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Los pedidos de los transportistas: entre frenar el alza mensual al diésel y un ajuste de tarifas

En la rueda de prensa, los transportistas especificaron los pedidos que, ya han venido haciendo, pero que enviarán por escrito de manera oficial al Gobierno, este 21 de abril. Entre esos pedidos está: la focalización del sector organizado, un ajuste dinámico de tarifas, la devolución del IVA de los productos y servicios de la canasta básica de los transportistas y la paralización del alza mensual de los combustibles.

Los transportistas aseguraron que no están en capacidad de realizar una paralización, pero que tampoco tienen las condiciones que garanticen sus actividades. “Si es que, en algún momento, no muy lejos, el Gobierno Nacional no responde a la petición de los transportistas, no seremos nosotros los que paralicemos nuestra actividad, será el Gobierno quien nos está induciendo a que tengamos que apagar nuestros motores”, indicó Ortiz, quien además advirtió que la espera por respuesta a sus solicitudes no pasará de un máximo de 15 días.

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Subida de las tarifas en Pichincha

La situación del incremento del diésel también levanta la protesta desde el transporte urbano y rural. El transporte intraprovincial e interprovincial de la provincia de Pichincha incluso asegura que está evaluando subir el precio del pasaje.

Ante ello, Morillo aseguró que el cambio en las tarifas para el transporte urbano, los conductores deberán conversarlo con los GADs municipales y que el tema no le compete al Gobierno central. “Estamos analizando una ampliación del subsidio para el transporte intra e interprovincial”, especificó.

¿De cuánto ha sido la compensación del Estado a los transportistas?

La compensación que da el Gobierno a los transportistas por el diésel es básicamente un bono mensual en efectivo, cuyo monto depende del tipo de transporte y del consumo estimado de combustible.

Para el transporte urbano (buses de ciudad, rural, combinado): entre $400 y $700 al mes; para el transporte intraprovincial e interprovincial alrededor de $1.000.

Política

IESS en riesgo: Henry Llanes pide auditorías y cuestiona designación en Consejo

Marco Rivera

Con una tasa de informalidad que supera el 50 % en 2026 y una desinversión anual de 1.500 millones de dólares de sus reservas, la sostenibilidad del fondo de jubilación depende de reformas que prioricen la transparencia técnica y el ordenamiento de las competencias institucionales.

Auditoría de fondos y rentabilidad financiera

La crisis se agrava por el incumplimiento estatal en la transferencia del 40 % legal y el desvío de recursos para financiar prestaciones no contributivas. Ante este escenario, voces técnicas coinciden en que la solución inmediata no reside en el ajuste de beneficios, sino en la fiscalización de los fondos y la reestructuración del modelo de ahorro.

Henry Llanes, experto en seguridad social, formalizó este 20 de abril una solicitud ante la Superintendencia de Bancos para ejecutar auditorías integrales a los fondos de salud y pensiones. El requerimiento se centra en verificar la sostenibilidad financiera y fiscalizar las inversiones en bonos y fideicomisos.

Un punto crítico identificado es la tasa de interés del 2,99 % aplicada a préstamos hipotecarios para vivienda. Para Llanes, este porcentaje carece de rentabilidad financiera y responde a una "intromisión demagógica" del Gobierno que afecta el giro del negocio. La auditoría busca determinar el costo financiero real de cada operación y la utilidad que ha dejado de percibir el seguro social por estas políticas.

Traslado de carga médica y capitalización individual

Por su parte, el abogado y columnista de EXPRESO, Modesto Apolo, advierte que los beneficios actuales equivalen a cinco veces los aportes realizados, lo que viola principios actuariales básicos. Entre sus planteamientos figura la transición hacia un modelo de capitalización individual, donde cada trabajador acumule sus propios fondos, rompiendo el esquema actual de prima media que se considera deficitario.

Opinión

Sistema de pensión colapsado

Modesto Apolo

Apolo enfatiza la necesidad de un pacto político en 2026 que prohíba desvíos extrapresupuestarios y foque los subsidios únicamente en pensiones mínimas para sectores vulnerables. Esta postura coincide con la urgencia de auditar las reservas con transparencia pública anual para evitar la erosión de los fondos remanentes.

Reformas al marco legal y autonomía

La hoja de ruta técnica sugiere que el IESS debe retomar su autonomía operativa. Llanes propone una reforma para que las prestaciones médicas de personas no afiliadas —que en 2024 superaron los 2,6 millones de usuarios— sean transferidas presupuestariamente al Ministerio de Salud Pública (MSP). Solo la atención a hijos de afiliados demanda un gasto estimado de 300 millones de dólares anuales, recursos que han sido extraídos del bolsillo de los aportantes desde 2010.

Finalmente, la reestructuración del Consejo Directivo asoma como el mecanismo para garantizar la gobernanza. La propuesta técnica apunta a que el directorio cuente con mayoría de representantes de afiliados y jubilados elegidos mediante sufragio, reduciendo la injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones financieras sobre los ahorros de los trabajadores ecuatorianos.

Política

La comunicación del Gobierno está perdida en un jardín de infantes

Carlos Isaac Pino

Lo que debes saber

• El presidente informó que habrá un subsidio para los hogares que consuman hasta 180 kWh.
• Analistas señalan que los cortes eléctricos se deben a falta de inversión en transmisión y distribución, no a un fenómeno solar.
• Analistas alertan que el subsidio profundizará el déficit del sector eléctrico, estimado en unos 598 millones de dólares.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció el 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, indicó el mandatario como parte de un anuncio de medidas que incluyó, en medio de un cambio de liderazgo en el ámbito energético. 

La tormenta solar a la que Noboa se refirió es a las altas temperaturas que azota a la costa ecuatoriana y que comenzaron el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

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Altas temperaturas elevaron el consumo de electricidad

Según las declaraciones en los últimos días del presidente, así como de la ministra de Energía, Inés Manzanos, las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz.

No obstante, este subsidio es anunciado después de cientos de quejas ciudadanas por frecuentes apagones en ciudades como Guayaquil, Manta y Santa Elena.

Más gasto para el Estado

El analista experto en energía, Darío Dávalos, menciona a EXPRESO que este nuevo subsidio (si bien beneficia a la ciudadanía), ahondará también el hueco financiero para el sector eléctrico, ya que según lo estableció la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) el año pasado, el déficit para este 2026 es de alrededor de 598 millones de dólares. “Eso debe cubrir el presupuesto general del Estado”.

Y es que el experto indica que, si bien hay una ola de calor, no existe una “tormenta solar”, como lo indica el presidente y a la que ha señalado como una de las culpables de los últimos cortes eléctricos.

“Hay un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) del mes de marzo de este año, advirtiendo de estos eventos (cortes de energía) por la falta de un plan de inversión agresivo en la expansión de la transmisión y distribución. Si hace falta, es una cuestión de gestión del sector, no de una tormenta solar”, indica.

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes. 

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Consumo típico de un hogar

Esta cantidad de energía al mes es el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con este nuevo alivio financiero, quienes consuman hasta los 180 kWh no pagarán por la planilla, y quienes consuman más, pagarán el excedente.

Para el analista económico, Jorge Calderón, el alza de las planillas por aumento de consumo en los aires acondicionado, es un nuevo indicador que le grita al Estado que avance en la diversificación de la matriz energética, para que pueda evitarse este tipo de compensaciones porque, coincide, se genera una presión en el gasto público.

“Este tipo de eventos climáticos se volverán más recurrentes, por lo que estas compensaciones no serán medidas que se puedan aplicar a cada rato”, añade el analista.

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025, asimismo con una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

En este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la Arconel, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.

Lo que debe saber

• Salida en medio de la crisis eléctrica: Inés Manzano dejará el cargo el 30 de abril de 2026, en un contexto marcado por apagones y cuestionamientos a la gestión del sistema eléctrico.
• Cambios para corregir fallas: El gobierno de Daniel Noboa impulsa un nuevo liderazgo en el sector y ya ejecutó ajustes como el relevo en el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).
• Apagones por problemas operativos: Las interrupciones en ciudades como Guayaquil y Quito se atribuyen a mantenimientos y fallas de comunicación, no a falta de generación eléctrica.

El remezón en el sector energético ya tiene fecha. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, permanecerá en funciones hasta el 30 de abril de 2026, según anunció el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X. El cambio, enmarcado dentro de una reconfiguración del gabinete, ocurre en medio de cuestionamientos por los recientes cortes de energía registrados en varias ciudades del país.

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“El país necesita acelerar lo que funciona y corregir lo que no”, señaló el mandatario al confirmar que habrá nuevas autoridades tanto en el área energética como en salud. Mientras en esta última cartera el relevo es inmediato, en el sector eléctrico se ha previsto una transición de varios días para garantizar la continuidad operativa y fortalecer la red nacional.

La salida de Manzano se da en una coyuntura incómoda. Aunque desde el Gobierno se insistió en que no habría apagones, en la práctica sí se reportaron interrupciones en sectores de ciudades como Guayaquil y Quito. La explicación oficial apuntó a trabajos técnicos no informados a tiempo y descartó una relación directa con la falta de lluvias o problemas estructurales en la generación hidroeléctrica.

Justicia

Indicios penales recaen sobre exfuncionario por el caso Progen

Sara Ortiz

Antes se hizo cambio en Cenace

Sin embargo, la presión creció y derivó en ajustes dentro del sistema. El 17 de abril, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) nombró como nuevo director ejecutivo a César Alfredo Aguilar Alvarado, en un movimiento que la propia entidad vinculó a los apagones de las últimas semanas.

Días antes, el 13 de abril, Manzano ya había anticipado una renovación en la cúpula tanto del Cenace como de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). “Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción”, dijo entonces, al justificar los cambios tras fallas en la comunicación y coordinación de trabajos técnicos.

El detonante fue la reconexión de las torres de Dos Cerritos, en la Costa, que se realizó sin aviso previo a los usuarios afectados. Ese episodio evidenció fallas operativas y de comunicación que terminaron por acelerar decisiones en el sector.

Ahora, con la salida de Manzano en el horizonte, el Gobierno apuesta por un nuevo liderazgo que estabilice el sistema y recupere la confianza ciudadana. El reto no es menor: garantizar el suministro eléctrico en medio de tensiones internas y con un país que, tras los apagones, permanece en alerta.

Economía y negocios

Nueva norma redefine el rol de la COSEDE y el orden de pagos por cierre de entidades financieras

Lisbeth Zumba

La aclaración viene después de anuncios oficiales sobre el cierre de cuatro cooperativas en estos últimos dos años, debido a por problemas de gestión o solvencia: Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, Cooperativa CREA, Cooperativa Incoop y Cooperativa Cariamanga. 

SEPS: liquidaciones son casos puntuales

La SEPS enfatizó que las liquidaciones recientes derivan de fallas propias de cada entidad, "derivados de una corresponsabilidad directa de sus gobernanzas" y de la incapacidad de superar procesos de supervisión. "Estas entidades fueron liquidadas, tras no superar todos los recursos técnicos de remediación y acompañamiento desplegados por la SEPS, incluyendo rigurosos Programas de Supervisión Intensiva (PSI)", dijo el organismo. 

De acuerdo con la Superintendencia, estas decisiones buscan “salvaguardar los fondos de los socios” y evitar impactos mayores en el sistema. "La SEPS actúa estrictamente bajo parámetros técnicos y marcos legales. Nuestra misión es la protección de los recursos de los ciudadanos; por ello, cada proceso de control se ejecuta con el único objetivo de precautelar los ahorros de las familias ecuatorianas y seguir fortaleciendo la integridad de las cooperativas y mutualistas", agregó. 

Economía y negocios

Liquidación de Incoop en Ecuador: pasos para recuperar ahorros

Liz Briceño

Un sector con cifras robustas

Como respaldo, la entidad puso sobre la mesa los números del sistema financiero popular y solidario. En la actualidad, dijo, este sector, suma un total de $ 32.675 millones en activos, tiene un índice de solvencia de 16,32% y una liquidez del 38,16%. 

Estos indicadores, según la SEPS, superan los mínimos legales y reflejan una estructura “sólida y sostenible”.   

Coincide con cambios en la Cosede

La aclaración se da el mismo día en que, públicamente, se dieron a conocer los cambios clave en el uso de la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede), definidos por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

La nueva normativa convierte al seguro de depósitos en un mecanismo de “última instancia”. Es decir, antes de usar esos recursos, se prioriza trasladar activos y pasivos de una entidad en crisis a otra operativa.

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Advertencia sobre “pánico financiero”

La SEPS hizo un llamado a frenar las declaraciones, sin fundamento, que afecten contra el sistema. Señaló que difundirá ante las autoridades competentes cualquier declaración que busque desestabilizar al sector, recordando que esto podría configurar el delito de pánico financiero.

"Recordamos que estas conductas podrían incurrir en el delito de Pánico Financiero, tipificado en el Artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cualquier intento de desestabilización atenta contra el patrimonio de más de 7,5 millones de socios y clientes que pertenecen y confían en el sector, mismos que podrían resultar directamente afectados por acciones de irresponsabilidad social". 

Lo que debes saber

• El presidente informó que el Estado cubrirá el consumo eléctrico básico de las familias impactadas por las altas temperaturas, como medida de emergencia.
• Las temperaturas extremas en la Costa desde el 13 de abril de 2026 aumentaron el uso de aires acondicionados y provocaron interrupciones frecuentes del servicio, lo que elevó las planillas y generó malestar ciudadano.
• El mandatario también anuncia cambios en el Ministerio de Ambiente y Energía.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció este 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, mencionó el mandatario en sus redes sociales. 

La tormenta solar

La tormenta solar a la que Noboa se refiere es a la ola de calor que azota a la costa ecuatoriana y que comenzó el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

Las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz. No obstante, esto estuvo acompañado de frecuentes cortes de energía eléctrica (hasta tres veces al día), que levantaron cientos de quejas ciudadanas en las redes sociales.

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Un mes de alta demanda de energía

Según el Ministerio de Energía, durante la ola de calor, el consumo de energía al día en abril, ha bordeado los 5.300 MW, cuando la demanda media normal es entre 4.200 y 4.400 MW.

De acuerdo con los registros oficiales, abril habría traído picos de consumo de electricidad, desde finales del mes de marzo. Por ejemplo, el 18 de marzo la demanda de energía llegó a 5.274 MW; el 10 de abril llegó a 5.305 MW y el 13 de abril a 5.314,7 MW. Valores que muestran que este mes ha sido el de mayor consumo eléctrico en la historia del país.

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Cambios en el Ministerio de Energía

En el mismo anuncio, el mandatario señaló que en esta semana habrá cambios en varios ministerios, entre esos en el de Ambiente y Energía, del que señaló habrá un nuevo líder a partir del 30 de abril. Es decir, la ministra actual, Inés Manzano, ya no estaría a cargo.