El impacto no se queda en la incomodidad. Cada corte o variación de voltaje pone en riesgo equipos como refrigeradoras, televisores, computadoras o aires acondicionados, en medio de jornadas de calor extremo donde el consumo eléctrico se dispara y la red muestra sus límites.

Guayaquil

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“En la vía a Salitre ya contamos con siete cortes de energía de varios minutos en un lapso de tres horas. Ustedes no se harán cargo del daño que puedan causar estos cortes a los electrodomésticos”, reclamaba la noche del martes un usuario en X, en un mensaje dirigido a la Corporación Nacional de Electricidad.

Detrás de estos episodios hay un problema que no es nuevo, pero que se siente con más fuerza: una demanda eléctrica en niveles récord y un sistema que no logra responder con estabilidad. Y en ese escenario, cada bajón o pico termina trasladando el riesgo al usuario.

Qué hacer si un electrodoméstico se daña

Frente a este escenario, CNEL EP mantiene un procedimiento para que los usuarios puedan presentar reclamos y buscar una compensación.

El trámite puede hacerlo el titular del servicio o un tercero autorizado, y debe iniciarse en una agencia de la entidad. Estos son los requisitos básicos:

Si no se cuenta con factura, hay alternativas:

También se debe adjuntar:

Fotografía clara del artefacto (con número de serie, marca y año visibles)

Contrato de arrendamiento, en caso de no ser propietario del inmueble

Guayaquil

Apagones de más de 12 horas en Guayaquil, Daule y Samborondón: las razones que da CNEL

Edison Andrés García Yépez

Los tiempos importan

El usuario tiene hasta 30 días laborables desde que ocurrió el daño para iniciar el trámite. Pero hay dos condiciones clave que suelen pasarse por alto:

(Le puede interesar leer: CNEL-EP designa nuevo gerente general en medio de polémicos cortes de energía) 

Para que el proceso avance, estos son los pasos recomendados:

Contactar a CNEL a través de sus canales oficiales para dejar constancia del incidente.

Mientras más respaldo tenga el caso, mejor:

Fotografías o videos del daño

Factura del electrodoméstico

Informe técnico que vincule la falla con variaciones eléctricas

Completar el formulario con detalles como fecha, hora del corte y tipo de afectación.

La empresa revisará el caso para determinar si existe relación con fallas en el suministro.

Si se confirma responsabilidad, se puede acceder a compensación o reposición del equipo.

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Guayaquil tendrá cortes de agua este fin de semana: estos son los sectores afectados

Diana Sotomayor

Cortes frecuentes y reclamos en aumento

Durante abril de 2026, las interrupciones del servicio se han repetido en distintos puntos de Guayas, generando molestia no solo por la falta de electricidad, sino por la ausencia de información previa.

En la práctica, esto deja a los usuarios en una situación de incertidumbre: no saben cuándo se irá la luz, cuánto durará ni qué consecuencias puede tener en sus equipos.

(Lo invitamos a leer: Inés Manzano anuncia que cambiarán a principales funcionarios de CNEL y Cenace) 

Cómo reducir el riesgo en casa

Mientras el problema persiste, especialistas recomiendan tomar precauciones básicas:

Desde el 12 de abril de 2026, como efecto del conflicto en Medio Oriente, los combustibles se encarecieron y, por eso, el galón de diésel pasó de 2,75 a 4,75 dólares.

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De las redes a las calles: pescadores protestarán por el alto precio del diésel

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George Pinto, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros de Manta, dijo a Diario EXPRESO que a la marcha han llegado líderes de todo el perfil costero de Ecuador. “No podemos pagar un precio tan alto. Solicitamos que el Gobierno ponga al mismo precio el diésel para la pesca y para el transporte terrestre”, dijo.

Los pescadores solicitaron la presencia del ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, o de un representante. Pero, según Pinto, nadie los atendió de esta cartera de Estado.

Reunión en la Gobernación

Entonces, empezaron a caminar hasta la Gobernación del Guayas y allí un grupo de líderes de los pescadores ingresó a conversar con la autoridad.

“Queremos que el gobernador del Guayas sea el nexo para tener un diálogo directo con el presidente Daniel Noboa”, precisó Pinto.

Según los líderes presentes, las marchas y los reclamos van a continuar hasta que los precios del diésel sean iguales para todos.

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Se estima que, al pie de la Gobernación del Guayas, este viernes 17 de abril, hay más de 500 pescadores vestidos de blanco y con crespones negros. Para ellos, es un símbolo de que se está “matando” al sector pesquero con un diésel tan caro.

La marcha empezó a las 09:00 y, hasta las 10:00, todavía provoca el cierre de la avenida Simón Bolívar. La reunión con el gobernador aún continúa.

La medida se conoce después de que el presidente Gustavo Petro descartara aplicar una tarifa plana del 100% como represalia contra el Gobierno de Daniel Noboa.

El documento oficial califica la decisión de "carácter estrictamente urgente, inmediato e inaplazable". Las tarifas propuestas serán revisadas dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigencia.

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La escalada comenzó el 21 de enero de 2026, cuando Noboa impuso una tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas por falta de cooperación en el control fronterizo.

Pese a un intento de acercamiento diplomático entre cancilleres, Ecuador subió la tasa al 50% en febrero y anunció un nuevo incremento al 100% en abril, lo que precipitó la respuesta colombiana.

Noticia en desarrollo

Lo que debes saber

• Ecuador recibirá Coca Codo Sinclair con fallas pese a la existencia de al menos 30.000 fisuras en los distribuidores.
• El laudo arbitral define el proceso la decisión se sustenta en un fallo del 3 de abril de 2026 tras el acuerdo con China.
  
• El administrador del contrato de CCS será el encargado de firmar la recepción definitiva de esta hidroeléctrica.

Tras 10 años de operación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), este 17 de abril de 2026 Ecuador deberá obviar la presencia de al menos 30.000 fisuras en los distribuidores, que son piezas clave para la operación de esta infraestructura, y recibir a conformidad esta planta. El funcionario a cargo de este procedimiento deberá desconocer también lo acordado en el contrato y hasta las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

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Así, lo precisa Guido Llaguno, ingeniero mecánico y máster en Turbinas, que conoce el proyecto Coca Codo Sinclair desde hace varias décadas. “La Contraloría en un informe de 2019 recomendó a la gerencia de la Celec que se abstenga de recibir la obra si la constructora no se reemplaza los ocho distribuidores a satisfacción”.

Aunque este proceso no se ha cumplido. El Estado ecuatoriano se apresta a cumplir con la recepción a conformidad de esta hidroeléctrica, que es la más grande de Ecuador. La fecha limite para la recepción -17 de abril de 2026- fue establecida por la firma china Sinohydro, encargada de la construcción de CCS, en un oficio remitido el 6 de abril de 2026 a la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).

En este documento se precisa que la medida responde a un laudo arbitral emitido el 3 de abril de 2026. Este fallo es uno de los resultados del acuerdo alcanzado en junio de 2025 entre Ecuador y China, mediante el que se decidió retirar el arbitraje en contra de la firma asiática, con el que el Estado ecuatoriano buscaba obtener una reparación de $580 millones.

La recepción se concreta pese a las fisuras

Así, una vez que se concretó el acuerdo pactado entre el presidente Daniel Noboa y su homologo de China, Xi Jinping, Ecuador pasará de la recepción provisional -que significa que aún no está en manos del Estado- a recibir formalmente esta obra, para luego traspasar la operación y mantenimiento por 25 años a PowerChina, casa matriz de Sinohydro.

Para Llaguno, sin embargo, esta iniciativa del gobierno actual desconoce el contrato firmado entre Ecuador y Sinohydro. “En este convenio se establece que los equipos deben ser buenos, nuevos y sin fallas. Pero hay más de 30.000 fisuras y en cada inspección que se realiza el número sube”, advierte el especialista.

“En este convenio se establece que los equipos deben ser buenos, nuevos y sin fallas. Pero hay más de 30.000 fisuras y en cada inspección que se realiza el número sube”Guido Llaguno, ingeniero mecánico y máster en Turbina

Las condiciones de estos equipos llaman la atención porque el contrato establece el cumplimiento de la norma de diseño de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME, por sus siglas en inglés), que establece lo siguiente:

El laudo arbitral que obliga al Estado

Sin embargo, el gobierno decidió recibir está infraestructura. La Celec justifica esta acción porque existe un fallo (laudo) por acuerdo de las partes, aprobado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Paris. Este proceso, según la entidad, se llevó a cabo bajo el patrocinio legal de la Procuraduría General del Estado.

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“El laudo fue notificado el pasado 3 de abril y se encuentra en firme bajo autoridad de cosa juzgada, por ende, es de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano y la contraparte”, refiere la empresa pública que expuso en 2018 la situación de los distribuidores de CCS.

La Contraloría ya advirtió sobre la recepción

Llaguno, por su parte, recuerda todos los procesos de control ejecutados por el organismo que vela por el cuidado de los recursos del Estado y se pregunta: “¿Para qué existe la Contraloría si no se van respetar sus estudios?, cuestiona el ingeniero.

Diario EXPRESO consultó este 16 de abril de 2026 a la Contraloría qué rol tomará dentro de este caso (recepción a satisfacción de CCS) y está a la espera de su repuesta.

Quién asume la responsabilidad de firmar

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Ante este escenario, fuentes consultadas por EXPRESO sostienen que la responsabilidad sobre la recepción de esta hidroeléctrica recaerá sobre el funcionario de la Celec que firme la recepción a conformidad de esta planta.

Este servidor público, que actúa como administrador del contrato de CCS deberá:

EXPRESO consultó a la Celec, información sobre el funcionario que estará a cargo de este proceso y esta a la espera de sus respuestas. Sin embargo, fuentes consultadas por EXPRESO refieren que está tarea estará a cargo de Pedro Luis Rodríguez Romero, subgerente encargado del proyecto Coca Codo Sinclair, a quien Sinohydro envió el 6 de abril pasado el pedido de recepción formal de CCS.

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Este Diario conoció que este funcionario, de 31 años, ingresó a la Celec durante la administración actual. Es decir, se trata de un servidor público que aparentemente desconoce que, años atrás, uno de sus actuales compañeros -quien firmó la recepción provisional de Coca Codo Sinclair en 2016- ya fue observado (glosado) por la Contraloría por aceptar esta hidroeléctrica con fallas.

Aunque el Ministerio de Agricultura fija el PMS en $34 por saca de grano corto y $36 para grano largo, las primeras sacas se comercian hasta en $29 en el inicio de la cosecha así lo señala José Luis García, del Comité de Defensa del Agricultor, quien advierte que, pese a esta caída, existe una tendencia al alza ante una menor producción frente al 2025.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no remitió datos sobre el total de pérdidas de arroz a nivel nacional asociadas a factores climáticos. Pero según estimaciones del sector, alrededor de 95.000 toneladas de arroz se perdieron en campo en provincias como Guayas, Los Ríos y Manabí.

En Los Ríos, una de las zonas más golpeadas, la Prefectura reporta cerca de 20.000 hectáreas afectadas, de las cuales 5.000 registran pérdidas totales, con mayor impacto en cantones arroceros como Babahoyo, Montalvo y Urdaneta, sin embargo no hay una estimación específica de la pérdida de producción del arroz.

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En el cantón Vinces, el productor Gastón Mendoza resume la magnitud del impacto en cifras concretas. En años anteriores, sus dos cuadras de arroz le rendían hasta setenta quintales. Este año, tras la combinación de sequía e inundaciones, calcula que apenas podrá rescatar cuatro. “La pérdida es grande, no es solo para mí, sino para todos los moradores del sector”, afirma.

Frente a este escenario, Mendoza ha optado por no comercializar toda su cosecha. “Ese arroz lo vamos a dejar para el bienestar de la casa… Si me pongo a venderlo, voy a gastar y ganar poco, y después voy a comprar más caro”, explica.

Desde la Prefectura de Los Ríos, su titular, Johnny Terán, reconoce el impacto del invierno y sus efectos sobre la infraestructura productiva. Explica que la ubicación geográfica de la provincia —atravesada por flujos provenientes de la cordillera— intensifica las inundaciones y los daños en sistemas de riego, drenaje y vías.

Aunque se destina 2,5 millones para atender los efectos del invierno y apoyar a pequeños productores con semillas, capacitación y asistencia técnica, Terán reconoce que el alcance es limitado y apunta a que el problema de fondo es la articulación institucional: “Hay una descoordinación total con el Gobierno central; manejan una línea distinta y no comparten nada con municipios ni prefecturas. Eso tiene efectos en los presupuestos y la toma de decisiones".

En consecuencia, actualmente alrededor de 500 agricultores reciben este respaldo, en una provincia donde la afectación es significativamente mayor.

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Stock rezagado

Desde la agroindustria, Vinicio Ruiz, presidente de la Asociación de Industriales Arroceros (Asoinarro), resume el escenario: en las piladoras se arrastra producción de dos cosechas anteriores, a la espera de comercialización, mientras una nueva ya empieza a salir al mercado.

En conjunto, estima que solo en la zona de cobertura del gremio unas 80 piladoras —ubicadas en cantones como El Empalme, Daule, Santa Lucía y Samborondón— existen alrededor de 2 millones de quintales almacenados, entre arroz en cáscara y pilado.

Además, las medidas anunciadas para absorber excedentes resultan marginales frente al volumen acumulado. Sobre la compra estatal anunciada, advierte: “20 mil toneladas no es nada”.

Distorsión en la capacidad de almacenaje

El problema no se limita al volumen acumulado, sino a que predomina una dinámica de competencia agresiva entre actores del sector: “Aquí lo que existe es un canibalismo de la agroindustria hacia los productores”, asegura Jackson Coronel dueño de una apiladora ubicada en El Empalme.

Describe una práctica recurrente: se declara falta de capacidad de compra o almacenamiento para presionar a la baja los precios pagados al productor, mientras los agroindustriales compiten entre sí reduciendo valores para captar mercado.

Reconoce que también mantiene stock rezagado —unas 20.000 sacas de la cosecha pasada—, aunque asegura tener espacio para recibir al menos 20.000 sacas adicionales.

En ese contexto, Ruiz expone que operar sin un precio regulado para el arroz procesado desordena toda la estructura de pagos: “Si no hay un precio para el pilado, es imposible pagar un precio de sustentación”. Mientras que Coronel coincide en la necesidad de reglas claras, "como punto de orden para toda la cadena y estabilizar económicamente a los agricultores que son el primer eslabón".

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Colombia, de socio estable a mercado incierto

En este escenario de sobreoferta interna, Colombia ha sido históricamente el principal destino para evacuar excedentes de arroz ecuatoriano. 

De acuerdo con la ficha sectorial de 2018 de la Corporación Financiera Nacional (CFN), tras la caída productiva de 2015 —provocada por plagas— las exportaciones tocaron mínimos en 2016, con apenas 0,21 millones de toneladas. En 2017, Perú se posicionó momentáneamente como principal comprador por el nivel de ingresos que generó, pero entre 2018 y 2025 el mercado colombiano ha sostenido una concentración de más del 90% de las exportaciones de arroz según datos del Banco Central del Ecuador.

En medio de la actual tensión comercial generada por el alza de los aranceles al 100% por parte de Ecuador y el anuncio de Colombia de aplicar excepciones del 0% solo para ciertos productos considerados como "necesarios", al cierre de esta edición no existe un listado oficial que confirme si el arroz será incluido en ese esquema. Lo que agrava la incertidumbre de la cadena productiva ecuatoriana que teme quedar fuera por la competencia con la producción arrocera del propio mercado colombiano.

Sin embargo, el exviceministro de Política Comercial, Francisco Ballén, explica que este tipo de medidas suele excluir bienes sensibles: “Nosotros exportamos algunas materias primas a Colombia que las necesitan, una de ellas el arroz”.

Más allá del arancel, el principal obstáculo es logístico. Actualmente, el envío por vía terrestre —la principal ruta histórica— está restringido, lo que obliga a transportar productos solo en transporte marítimo, elevando costos y afectando contratos ya establecidos. “se pueden tomar medidas contrarias a la facilitación del comercio sin poner aranceles”, advierte Ballén.

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Aunque Colombia concentra la demanda, no es el único mercado potencial. No obstante, la diversificación no es inmediata. “no se reemplaza un producto con otro… Es todo un proceso de negociación y confianza”, señala el exviceministro.

En esa línea, un análisis de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador identifica destinos como Irán, Costa Rica y países africanos como Costa de Marfil, Sudáfrica y Togo —este último con antecedentes de compra—, pero advierte barreras logísticas, técnicas y arancelarias.

A esto se suma la limitación de la competitividad. Según Ruiz, el arroz ecuatoriano requiere alcanzar alrededor de “$580 por tonelada para sostenerse en la cadena productiva”, muy por encima de los precios internacionales, afirma, lo que reduce las opciones de inserción en nuevos mercados.

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Lo que debe saber

• Crisis sin pesca: La proliferación de la jaiba mora ha paralizado la pesca artesanal en Esmeraldas, dejando a miles de pescadores sin ingresos y con faenas que regresan en cero.
• Pérdidas millonarias: Cada embarcación deja de percibir hasta 9.000 dólares en tres meses, lo que eleva el impacto económico del sector por encima de los 27 millones.
• Golpe social y alimentario: La reducción de la oferta pesquera ya provoca alza de precios y afecta a miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad.

La pesca artesanal en la costa de Esmeraldas atraviesa una crisis sin precedentes tras más de tres meses de proliferación de la jaiba mora, una especie que invade redes, destruye equipos y ha dejado a miles de pescadores sin capturas ni ingresos. La situación mantiene paralizadas miles de embarcaciones, genera pérdidas millonarias y empieza a impactar en el abastecimiento y precio del pescado, sin que aún exista claridad sobre soluciones o ayudas para el sector.

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A las cuatro de la madrugada, cuando el cielo apenas insinúa la primera luz sobre la costa de Súa, Luis Mojarrango empuja su canoa hacia el mar con la misma rutina de siempre. Sus manos, curtidas por años de sal y sol, conocen cada nudo de la red y cada movimiento del agua. Pero hoy, como desde hace más de tres meses, no hay expectativa en su mirada, sino resignación. Lanza la red una vez más, en silencio, como quien insiste en un oficio que se le escapa. Minutos después, no hay dorado, ni sierra, ni camarón, solo una masa oscura y viva que se retuerce: jaiba mora. “Ya no hay pesca… esto se llevó todo”, murmura.

En Atacames, María Nazareno espera sentada sobre una hielera vacía. Antes, su esposo regresaba con la canoa cargada y ella limpiaba, pesaba y vendía el pescado. Hoy lo ve llegar con las manos vacías. “Solo traemos jaiba… y eso no se vende”, dice él. María hace cuentas en silencio: son meses sin ingresos ni certezas para sostener a sus hijos.

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Yadira Illescas

Se ha paralizado la pesca artesanal

La escena se repite en toda la costa de Esmeraldas. En Atacames, Colope o Tonsupa, el paisaje cambió: embarcaciones varadas, motores apagados y redes rotas. La proliferación de la jaiba mora (Euphylax dovii) ha paralizado la pesca artesanal y golpea a uno de los sectores más vulnerables.

“Es una plaga que nos ha dejado sin sustento”, resume el pescador Gerardo Álava. Al menos 5.000 pescadores enfrentan esta crisis. En Atacames, más de 1.000 embarcaciones están detenidas, y en la provincia se registran entre 3.000 y 3.100 unidades afectadas.

Las jaibas invaden y destruyen redes, devoran la carnada, ahuyentan especies y consumen el pescado. No tienen valor comercial y generan irritaciones en la piel. “En el mar solo recuperamos los cabos”, dice un pescador.

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Lisbeth Zumba

Hay miles de dólares en pérdidas

Las pérdidas son severas. Una red puede atrapar hasta 50 jaibas en minutos. Cada salida cuesta cerca de 500 dólares, pero los ingresos apenas alcanzan entre 100 y 200, cuando antes se capturaban hasta 30 dorados. Hoy, en muchos casos, es cero.

Según César Gerón, los daños por embarcación llegan a 3.000 dólares y hasta 12.000 en pesca de camarón. Reponer equipos puede costar 4.000 dólares, inaccesibles para familias sin ingresos.

Maura Oviedo, de la Cámara de Pesquería, advierte que la crisis lleva más de tres meses. A la plaga se sumaron corrientes intensas y robos en altamar. Las pérdidas alcanzan 700 dólares por salida, unos 3.000 mensuales por embarcación. En tres meses, cada unidad ha dejado de percibir cerca de 9.000 dólares. Multiplicado por 3.000 embarcaciones, el impacto supera los 27 millones.

El golpe se agravó en Semana Santa y Carnaval, cuando usualmente se recuperan ingresos. Este año, muchas faenas regresaron en cero. No solo dejaron de ganar: pagaron por pescar.

La consecuencia es inmediata: menor oferta y alza de precios. El Ipiap señala que la jaiba se extiende entre 3 y 80 millas y su proliferación responde a condiciones ambientales, aunque este año el fenómeno ha sido más prolongado de lo habitual.

El problema continúa en tierra. Muchos pescadores deben enterrar toneladas de jaibas junto con redes inutilizables. “Llegamos cargados y toca enterrarlas”, relata Sebastián Chila.

En Esmeraldas hay 53 caletas y cerca de 4.000 pescadores, pero el impacto supera los 5.000 trabajadores directos y miles de familias. Con tres pescadores por embarcación, los afectados suman decenas de miles.

La incertidumbre persiste. No hay claridad sobre cuándo disminuirá la plaga ni sobre las ayudas estatales. Se mencionan compensaciones, pero la información es limitada.

Así, cada madrugada, Luis Mojarrango vuelve al mar aferrado a una rutina que ya no garantiza nada. El océano, antes sustento, hoy devuelve redes rotas y pérdidas, confirmando que la pesca artesanal en Esmeraldas atraviesa una de sus peores crisis.

Lo que debe saber

• El diésel encarece cada salida al mar: El incremento de 2 dólares por galón elevó drásticamente los costos de operación, dejando a muchos pescadores al límite de la rentabilidad o trabajando a pérdida.
• La protesta como punto de quiebre: Gremios de varias provincias marchan en Guayaquil para exigir revisión de precios y advertir que, sin medidas, la actividad podría paralizarse.
• Piden igualdad de trato: El diésel para el transporte terrestre cuesta menos que el combustible para las embarcaciones. Los gremios piden a las autoridad igualdad en el precio.

Los pescadores saldrán a reclamar por el costo del combustible. A las nueve de la mañana de este viernes 17 de abril, el pulso de la avenida 9 de Octubre con el Malecón 2000 no será el habitual. En lugar de oficinistas apurados y turistas con cámaras, serán los pescadores quienes tomen ese punto de la ciudad. Llegarán desde distintos rincones de la costa, no para embarcarse, sino para reclamar en tierra firme lo que, dicen, ya no pueden sostener en el mar: el costo de salir a pescar, por el alto precio del diésel.

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La convocatoria, impulsada por pescadores, ha ido creciendo como una marea lenta pero constante. Desde Esmeraldas hasta Galápagos, pasando por Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Los Ríos, gremios y trabajadores independientes han confirmado su presencia. El mensaje es claro: el incremento del diésel no es un problema aislado, sino una presión que atraviesa a toda la cadena productiva.

“Es momento de unirnos y defender nuestro trabajo”, advierte Alfonso Delgado, uno de los líderes del sector, en un llamado que también se extiende a otros actores productivos y a la prensa nacional e internacional. La marcha, más que un acto puntual, busca convertirse en vitrina de una actividad que siente que ha quedado fuera de las decisiones que la afectan directamente.

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El precio alto del diésel es el detonante

El detonante es reciente. Desde el 12 de abril de 2026, el precio del diésel pesquero subió dos dólares por galón, pasando de alrededor de $2,75 a $4,75, según datos de pescadores. El ajuste contrasta con el diésel automotriz, que se mantiene en $2,80, pese a concentrar la mayor parte del consumo nacional.

Para el sector, la diferencia no es menor. La pesca representa apenas el 4 % del consumo de diésel en el país, pero el impacto del alza es desproporcionado en su estructura de costos. Solo el incremento implica un sobrecosto mensual más o menos de 9 millones de dólares, una cifra que, según los gremios, pone en riesgo la continuidad de operaciones.

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Pescados más caros en mercados

La preocupación alcanza al consumidor local. Si la presión sobre los costos se mantiene, el pescado podría encarecerse en los mercados, trasladando parte del impacto a los hogares.

Detrás de este escenario hay un factor global. El encarecimiento de los combustibles responde, en parte, a tensiones internacionales, como el conflicto en Medio Oriente, que ya empieza a reflejarse en economías como la ecuatoriana. Pero el sector insiste en que la respuesta local debe considerar las particularidades de una industria que, solo en 2025, generó 1.848 millones de dólares en exportaciones de enlatados, según cifra de la Federación Ecuatoriana de Exportadores.

Por eso, la marcha de este viernes no es solo una protesta por el diésel. Es también una advertencia. Los pescadores piden un trato similar al del transporte terrestre y una revisión de la política de precios. Sostienen que, por un impacto fiscal relativamente bajo, se podría comprometer uno de los sectores que más divisas aporta al país.

En las próximas horas, las redes no se lanzarán al agua. Se quedarán en las embarcaciones, mientras sus dueños caminan por la ciudad. Porque esta vez, la pesca no se juega en el mar, sino en las calles.

Lo que debes saber

• El incremento del IVA al 15 % se consolidó como el principal motor de la recaudación histórica en Ecuador, compensando la caída en otros tributos y asegurando el flujo de caja exigido por el acuerdo con el FMI.
• El crecimiento del 9 % en las ventas nacionales no respondió a un mayor consumo interno, sino al repunte de los precios internacionales del cacao, el oro y el camarón, que inflaron las declaraciones de ingresos.
• Mientras las provincias mineras como Zamora Chinchipe dispararon su dinamismo, el control a grandes contribuyentes mostró una alarmante ineficiencia en Guayas, cumpliendo apenas el 62 % de su meta anual.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó $21.501 millones en 2025, la cifra más alta de su historia y un 6,8% más que el año anterior. La directora de esta institución, Alexandra Navarrete, presentó el dato en la rendición de cuentas de la institución, donde también reveló que la meta fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quedó superada en 6,5%. 

El mayor impulso vino del IVA al 15%, el impuesto que más creció en el año y que paga cada ecuatoriano en cada compra.

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¿Eficiencia tributaria o efecto del IVA al 15%?

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue el principal motor de la recaudación con $11.078 millones en 2025, un crecimiento de 10,3% frente a los $10.045 millones del año anterior. Es el impuesto que más creció y el que más pesa, y también el que pagan directamente los consumidores en cada compra.

Desde abril de 2024 la tarifa escaló del 12% al 15% por decreto ejecutivo, y el presidente Daniel Noboa la mantuvo en ese nivel para 2025 mediante el Decreto Ejecutivo 470. 

Ese incremento de tres puntos porcentuales está detrás del mayor crecimiento del IVA frente a los demás impuestos.

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que grava productos como cervezas, licores, cigarrillos, vehículos y bebidas azucaradas, no modificó su tarifa en 2025 y retrocedió 1,3%, de $755 a $745 millones. 

El impuesto a la renta, que refleja la actividad empresarial, creció 6,1%. Ninguno se acerca al 10,3% del IVA. 

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Desde junio 2026: el IVA se declara y se paga en un solo paso

Lina Zambrano

El acuerdo con el FMI: El motor del ajuste fiscal

Esa decisión de subir el IVA no fue ajena al contexto financiero del país. El alza al 15% fue el primer gran paso que el gobierno de Noboa dio para acceder al acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por $5.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado en mayo de 2024. 

Como parte de ese programa, Ecuador se comprometió a movilizar recursos adicionales equivalentes al 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB), unos $1.400 millones, entre 2025 y 2027. El organismo avaló la gestión del gobierno y Ecuador recibirá $400 millones en un nuevo desembolso, condicionado al cumplimiento de esas metas fiscales.

En marzo de 2026, semanas antes de esta rendición de cuentas, el SRI emitió una circular aclarando que al menos 60 alimentos procesados que se vendían con 0% de IVA deben pagar 15%: leches deslactosadas y saborizadas, sopas instantáneas, fideos precocidos y carnes procesadas, entre otros. 

Ventas declaradas: un repunte histórico impulsado por los commodities

Más allá de los impuestos, el dato que más sorprende en la rendición de cuentas es el crecimiento de las ventas declaradas: $267.196 millones en 2025, un 9% más que el año anterior.

Para entender la magnitud, basta la serie histórica: en 2023 el crecimiento fue de 3,9% y en 2024 apenas de 2,8%. El salto de 2025 lo triplica.

El cacao, el camarón y el oro, impulsados por precios internacionales altos, fueron los motores del repunte. Los sectores con mayor volumen de ventas declaradas fueron: 

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El petróleo fue el único sector en retroceder con una caída del 7,2%, dato que contrasta con el discurso oficial que apuesta a los hidrocarburos como motor económico para 2026. 

En el otro extremo, el sector minero registró el mayor crecimiento relativo del año con 33,4%, aunque su volumen total de $5.075 millones lo ubica lejos de los sectores dominantes. 

El alza sostenida del precio internacional del oro explica buena parte del salto: cuando sube el precio del mineral, sube directamente el impuesto a la actividad minera, que agrupa regalías, patentes y utilidades que las concesionarias pagan al Estado. "Al sector minero ahora le está yendo muy bien", aclaró Navarrete.

El crecimiento llegó desde las provincias

A nivel provincial, el dato más llamativo no está en Pichincha ni en Guayas, que concentran el 80,7% del volumen total. 

En el extremo opuesto, Esmeraldas registró el menor crecimiento del país con apenas 2,8%. 

Y Pichincha, pese a liderar el volumen absoluto con $97.216 millones, solo creció 3,9%.

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El talón de Aquiles: Brechas de control en la Zona 8

Los grandes contribuyentes —720 empresas que aportan el 52% de la recaudación total— superaron su meta de recaudación en 7 puntos porcentuales en 2025. 

Navarrete lo presentó como un logro. Pero el SRI divide ese control en tres zonas geográficas: la dirección nacional, la Zona 9 que cubre Pichincha y la Zona 8 que cubre Guayas. 

Saldos pendientes: La brecha de $700 millones

El SRI procesó más de 5,5 millones de trámites de devolución con 839.275 beneficiarios. De $4.218 millones solicitados, reintegró $3.518 millones. 

La brecha de $700 millones es el dato que más afecta a empresas y contribuyentes concretos. 

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Los exportadores son quienes más lo sienten: solicitaron $1.013 millones y solo recibieron $723 millones, con $290 millones aún pendientes de reintegro. 

Navarrete anunció una revisión del gasto tributario para 2026 con el objetivo de asegurar que los beneficios lleguen solo a quienes tienen derecho legal.

Lo que viene: tecnología contra la evasión y la apuesta minera

Para 2026, la agenda del SRI apunta a cerrar las brechas que la propia rendición de cuentas dejó expuestas. 

El Sistema Orión, una nueva plataforma de analítica avanzada, buscará detectar evasión en el Impuesto a la Renta e IVA con mayor precisión. 

Un nuevo formulario para actividades mineras automatizará el control sobre el sector que más creció en 2025. 

Y la transmisión inmediata de comprobantes electrónicos apunta a resolver uno de los problemas más persistentes: las retenciones que se declaran pero no se pagan.

Lo que debes saber

• Expansión: La empresa estadounidense tuvo una red de aliados locales —como Allenergies, Inycofyi y Astrobryxa— para ingresar y operar en el mercado eléctrico ecuatoriano, incluso antes de concretar contratos millonarios con el Estado.
  
• Vínculo: Parte de esa red incluye a Inderin S.A., una empresa sancionada e inhabilitada para contratar con el Estado hasta 2029.

Los aliados y representantes de Progen en Ecuador siguen apareciendo. A esta red de contactos se suma el nombre de Juan Pablo Burgos Marengo, representante del consorcio Prime Energy Group, que actualmente vende energía termoeléctrica al Estado a través de la central El Descanso II, en Azuay. 

En diciembre de 2024, la empresa pública Elecaustro suscribió un contrato por 18,5 millones de dólares con dicho consorcio para el alquiler de 20 megavatios.

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Prime Energy Group integra a dos compañías locales: Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A. y la pyme Allenergies. Esta última es propiedad de Burgos Marengo y se dedica a la comercialización de maquinaria y suministros.

Pagos, subcontrataciones y obras sin resultados

Sobre Inycofyi, EXPRESO reveló que recibió al menos 3,5 millones de dólares de Progen entre febrero y marzo de 2025. Inycofyi alegó que Astrobryxa S.A. (otra aliada de Progen) la subcontrató para obras civiles y eléctricas en las centrales de Quevedo y Salitral, instalaciones que aún no aportan energía al país pese haberse desembolsado 104 millones de dólares.

Sin embargo, más de un año antes, Progen ya tenía contactos en Ecuador. Los documentos recientes muestran que Progen designó a sus primeros delegados en enero de 2024.

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Representación en Ecuador y vínculos empresariales

En una carta dirigida a Juan Pablo Burgos, el CEO de Progen, John Manning, le otorgó la representación para la venta de un generador móvil de 3.500 kw. Manning señaló que la experiencia de Allenergies e Inderin S.A. los convertía en el socio ideal para introducir su producto insignia en el mercado local. “Como representante autorizado de Progen en Ecuador, Allenergies & Inderin S.A. tendrá acceso a nuestra red de soporte integral, incluyendo experiencia técnica, programas de capacitación y asistencia logística”, escribió Manning, el 30 de enero.

¿Por qué la carta menciona a Inderin S.A.? Según los registros de la Superintendencia de Compañías, Juan Pablo Burgos Marengo preside esta empresa, mientras que su padre, Jorge Eduardo Burgos Venegas, ocupa la gerencia general. Ambas compañías comparten el mismo giro de negocio, oficinas, contador e incluso un mismo correo electrónico.

Sanciones, demandas y restricciones legales

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A pesar de sus vínculos, Inderin S.A. enfrenta graves impedimentos legales. La firma está prohibida de participar en contrataciones públicas hasta 2029. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) declaró a la empresa como contratista incumplida tras la terminación unilateral del contrato Nro. HNA-CON-0082-23 en la Central Marcel Laniado de Wind.

La aseguradora Seguros Confianza S.A. demandó judicialmente a la empresa y a sus directivos para recuperar más de 634.000 dólares. Este monto corresponde a las pólizas que la aseguradora pagó a Celec tras los incumplimientos contractuales de Inderin. La Compañía ha señalado que no se trata de un caso cerrado, sino que el contrato está sometido a un proceso de mediación en la Procuraduría General.

Inderin S.A. también tiene otra sanción de la Sercop, emitida el septiembre de 2025, por una declaración errónea, pues la empresa aseguró ser productora nacional sin serlo. Por esa razón se ordenó la suspensión de 120 días en el Registro Único de Proveedores (RUP).

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Nuevos procesos y aumento de costos en generación eléctrica

Con estos bloqueos, la empresa que sí contrató con el estado es Allenergies. EXPRESO buscó a sus representantes para recoger su versión sobre la relación con Progen, la vinculación institucional entre Allenergies e Inderin y sobre su interés o no de licitar para el proyecto El Descanso III. No respondieron hasta la publicación de esta nota.

Este es un nuevo proceso de Elecaustro que tiene previsto ser adjudicado hasta el 30 de abril. La empresa alquilará 20 megavatios en energía termoeléctrica por 32,6 millones de dólares (un 76 % más costoso que El Descanso II). Por ahora, las empresas que presentaron sus contizaciones son Kawsus Cia LTDA y Conspeccime Cia.

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Más de 4821 productos surcoreanos ingresarán de forma inmediata sin aranceles al mercado ecuatoriano, mientras que otros tendrán una reducción progresiva en un plazo de hasta tres años, según estimaciones de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Desde el lado ecuatoriano, se beneficiarán productos no petroleros como camarón, cacao en grano, café sin descafeinar, chocolates, panela orgánica y los tradicionales sombreros de paja toquilla, que forman parte de la oferta exportable nacional.

Tecnología y vehículos con reducción de aranceles

Uno de los sectores más destacados del acuerdo es el tecnológico. Aunque varios productos tendrán una reducción arancelaria progresiva, se prevé un impacto positivo en la importación de teléfonos, computadoras, tablets, televisores, consolas de videojuegos y cámaras. 

También se incluyen baterías, transformadores, cables eléctricos y equipos de energía, lo que podría fortalecer la disponibilidad de insumos tecnológicos en el país.

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En el ámbito automotriz, el acuerdo establece beneficios para vehículos y repuestos, aunque su aplicación dependerá del país de fabricación de cada unidad. Entre los productos contemplados se encuentran motores, sistemas de suspensión, faros, carrocerías, piezas mecánicas, bombas, compresores, filtros y sistemas eléctricos. 

Cosméticos y productos de cuidado personal

El acuerdo también incluye un segmento que ha ganado gran presencia en el mercado ecuatoriano: los productos de belleza y cuidado personal. El denominado skincare coreano se beneficiará de una reducción progresiva de aranceles, lo que ampliará su acceso y oferta en el país.

Entre los productos contemplados están cremas faciales, sérums, protectores solares, mascarillas, limpiadores faciales y tónicos. La reducción de costos permitirá que más consumidores ecuatorianos accedan a estas tendencias globales de cuidado personal.

Además, el sector de la salud también se verá beneficiado. Se incluyen equipos médicos y tecnología utilizada en hospitales, como equipos de diagnóstico, rayos X y ultrasonido. Asimismo, se contemplan medicamentos, vacunas, material quirúrgico, jeringas, guantes, equipos de laboratorio e insumos clínicos.

Próximos pasos en la implementación

El acuerdo ya fue aprobado en Ecuador y se encuentra en firme, mientras se espera su ratificación por parte de Corea del Sur. El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, informó que tiene previsto un viaje a Corea en mayo, donde mantendrá reuniones con autoridades de distintos ministerios y representantes de la banca de desarrollo para avanzar en la implementación.

Lo que debes conocer

• La crisis energética eleva el precio del petróleo, pero sus efectos no son iguales, los países importadores enfrentan mayor presión económica.
  
  
• Doble efecto en Ecuador, el país gana más por exportar crudo, pero pierde por su alta dependencia de combustibles importados, lo que presiona precios internos.
  
• El alza del petróleo encarece los combustibles y obliga al Estado a destinar más recursos a subsidios, lo que reduce el beneficio fiscal.

El alto precio que registra el petróleo a causa de la guerra en Irán tiene efectos distintos en las naciones. Así, lo refiere el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente Informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), que se discute esta semana en Washington D.C., en Estados Unidos.

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En el documento, el organismo señala que la economía mundial enfrenta una nueva prueba tras el estallido del conflicto en Medio Oriente a finales de febrero de 2026. Este escenario ha elevado los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes -clave para la producción de alimentos-, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

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En este sentido, el Fondo proyecta en un "pronóstico de referencia" que el barril de petróleo alcance un promedio de $82,22 en 2026. Sin embargo, si el conflicto se prolonga la entidad plantea un escenario adverso donde el precio promedio del crudo podrían alcanzar un promedio de $100 en 2026.

Frente a octubre de 2025, en la previsión anterior, el FMI elevó -en el pronóstico de referencia-en un 21,4 % el precio promedio del petróleo en 2026 debido a las interrupciones en el Medio Oriente Sin embargo, la entidad refiere que este choque energético no afectará a todos por igual, generando lo que el organismo denomina un impacto asimétrico.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, refiere que las cargas más pesadas recaerán sobre los países importadores de energía con espacio fiscal limitado, que suelen ser economías de bajos ingresos o frágiles.

Mientras tanto, los exportadores de energía tendrán más ingresos aunque, según su ubicación, podrían enfrentar daños en su infraestructura, contracción económica y otros. "Incluso para los países que se benefician de precios más altos por ser exportadores... el impacto negativo está ahí. Nadie se libra", advierte Georgieva.

Incluso para los países que se benefician de precios más altos por ser exportadores... el impacto negativo está ahí. Nadie se libra"Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI

¿Qué efectos tiene la crisis energética en Ecuador?

Para Ecuador los efectos de la crisis energética resultan, en parte, inciertos porque si bien es un país exportador de petróleo, a la vez depende de la importación de combustibles.

Sin embargo, uno de los efectos más evidentes es el incremento en el precio de los combustibles, que en la última revisión (12 de abril de 2026) requirió un ajuste del máximo establecido en el sistema de bandas para el diésel (5 %), y de casi el tope (4,6 %) para la extra y ecopaís.

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Mientras tanto, la súper que no se ajusta con este mecanismo tuvo un alza del 34 % a partir del 12 de abril de 2026.

Esta realidad, sin embargo, no representa la totalidad de los posibles impactos. Además, del alza en los precios de los combustibles el Fondo advierte también posibles incrementos en el precio de los alimentos si se encarecen los fertilizantes como la urea, que proviene también del crudo, precisa Oswaldo Erazo, analista petrolero.

Ingresos por la venta de petróleo

En cuanto a la exportación de crudo, el Ministerio de Economía y Finanzas prevé un aumento de ingresos petroleros por la mejora en la cotización del crudo. La razón, es que esta materia prima de exportación se estableció en $53,50 el barril en el Presupuesto General del Estado 2026.

Mientras tanto, el West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para Ecuador, cotizaba en $94,84 el barril hasta el mediodía de este 16 de abril de 2026, según información en tiempo real de OilPrices.

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¿Ecuador es un exportador o importador de energía?

Además, si bien aún no existe información disponible de marzo de 2026, el Banco Central del Ecuador (BCE) detalla que durante el primer bimestre de 2026 se exportaron 18,5 millones de barriles de crudo. Las importaciones de derivados, en cambio, alcanzaron los 10,8 millones de barriles.

Mientras tanto, en valor la relación es:

Exportación de crudo

Importación de derivados

Así, en función de las cifras del BCE la diferencia entre las exportaciones de crudo e importaciones de derivados fue de $156,4 millones durante los primeros meses de este año. Se trata de un monto menor en un 60,6 % al registrado en el mismo periodo en 2025.

¿A Ecuador le favorece la crisis energética?

Augusto De la Torres, docente de la Universidad de Columbia, en Nueva York, precisa que Ecuador tiene una diferencia (neta) positiva, aunque precisa que no es “tan grande” porque la producción está contraída debido a la falta de inversión y de eficiencia de la empresa pública Petroecuador.

Ecuador produce 456.367,95 barriles diarios de petróleo, según el reporte del 15 de abril de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

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Por esta razón, De la Torre considera que al final “Ecuador no se beneficia tanto como Colombia o Brasil, en la región”, aunque reconoce que puede haber una mejora en las cuentas fiscales, que no significa un crecimiento de la economía nacional a causa el alza del WTI.

Erazo, por su parte, menciona que si bien el BCE detalla las cifras de importación, estas no incluyen las compras que realizan las firmas privadas, que importan estos productos, lo que causa una visión parcial de las compras que se hacen de combustibles.

Además, el analista petrolero agrega que para mitigar en algo los impactos de esta crisis energética es necesario que el gobierno planifique de manera integral y se tracen objetivos para optimizar los ingresos por la venta de crudo.

Esto es clave, en su criterio, debido a que la crisis energética encontró a Ecuador con una baja producción petrolera, un aumento en el consumo nacional de los combustibles, afectaciones en el principal complejo refinador (Refinería Esmeraldas).

En este sentido, Erazo menciona que ante el aumento en la producción de gas natural en el campo Amistad, anunciada por Petroecuador, se emplee este derivado en procesos productivos y se considere incluso optimizar las mezclas de combustibles con etanol para reducir los costos de la extra, ecopaís y diésel, que en marzo requirieron otra vez de subsidios de entre $0,39 y $1,60 por galón, por parte del Estado.

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Estas subvenciones, que debe asumir el Estado, más el alza en el precio del barril de los derivados importados -que tiene una diferencia de sobre el 70 % frente al crudo- puede causar, según Erazo, que los ingresos por la venta de petróleo se reduzcan aún más para Ecuador. “Antes de la guerra la diferencia entre un barril de combustible y de petróleo era alrededor del 40 %”, puntualiza Erazo.

Lo que debes saber

• El calor dispara el consumo: Aires acondicionados y refrigeradoras trabajan más tiempo y elevan significativamente la planilla eléctrica.
• Fallas ocultas encarecen la factura: Cables deteriorados, falsos contactos y ausencia de puesta a tierra generan sobreconsumo sin que el usuario lo note.
• Malos hábitos suman gasto: Equipos en standby, uso intensivo de air fryer y electrodomésticos en mal estado pueden incrementar el consumo hasta en un 40 %.

El aumento en el valor de la planilla eléctrica no siempre responde a un solo factor. Detrás del mayor consumo hay una combinación de calor extremo, equipos exigidos al límite y, en muchos casos, fallas invisibles en las instalaciones domésticas que terminan encareciendo la factura.

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Con las altas temperaturas, el uso de aires acondicionados se dispara y se convierte en el principal responsable del gasto energético en los hogares. A esto se suma otro actor silencioso: las refrigeradoras. Cuando el ambiente está más caliente, estos equipos trabajan más tiempo para mantener el frío interno, elevando el consumo sin que el usuario lo perciba directamente. Así explicó a Diario EXPRESO, Benjamin Viteri, jefe en Viteri Solutions. 

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No todo es cuestión del clima

Viteri agregó que no todo es cuestión de clima. Problemas eléctricos como conexiones sulfatadas, cables deteriorados o falsos contactos generan los llamados “puntos calientes”. Estas fallas obligan a los equipos a demandar más corriente para compensar la pérdida de voltaje, lo que se traduce en un mayor consumo. En términos simples, el sistema intenta mantener su funcionamiento, pero lo hace gastando más energía de la necesaria.

En el día a día también hay consumos que pasan desapercibidos. Televisores, cargadores, decodificadores y otros aparatos en modo de espera continúan utilizando electricidad. Este “consumo fantasma” puede representar entre el 5 % y el 10 % del total mensual, detalló el técnico.

Otros errores comunes están en el uso de electrodomésticos. Las freidoras de aire, por ejemplo, tienen un consumo elevado que incluso puede superar al de un aire acondicionado pequeño. A esto se suman refrigeradoras con empaques dañados o mal cerrados, que generan fugas de frío y obligan al compresor a trabajar constantemente, incrementando hasta en un 40 % el consumo.

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Hay que revisar y cambiar cables

El estado del cableado también influye. Instalaciones antiguas o con conductores inadecuados para equipos de alto consumo, como microondas o air fryer pueden provocar sobrecargas y pérdidas de eficiencia. Asimismo, la ausencia de una varilla a tierra en viviendas antiguas genera inestabilidad en el voltaje y afecta tanto el consumo como la vida útil de los electrodomésticos.

Frente a este escenario, sí es posible reducir el gasto eléctrico sin dejar de usar los equipos. Ajustar el aire acondicionado entre 23 °C y 24 °C, limpiar sus filtros con frecuencia, revisar el sistema eléctrico con un técnico y reemplazar focos incandescentes por iluminación LED son medidas clave.

En muchos casos, el problema no es cuánto se usa la energía, sino cómo se está utilizando. Una vivienda con instalaciones descuidadas o equipos en mal estado puede estar pagando mucho más de lo necesario sin saberlo. A veces esto representa el 50 % del gasto, "atendimos una casa con más de 30 años de construcción, allí pagaban entre 60 y 90 dólares cada mes al cambiar los cables viejos la planilla de luz bajó a 45 dólares", contó Viteri.

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Otra solución para reducir el costo de la planilla de luz es asegurarse de que esa casa tenga puesta la varilla de cobre, que ayuda a estabilizar el voltaje de la instalación eléctrica en condiciones normales. No siempre se paga más por lo que se gasta en energía, sino porque hay que cambiar los cables que exista un consumo eficiente.

Lo que debes saber

• Los ecuatorianos que en 2025 consumieron más de $5.188,26 en el exterior o con compras internacionales deben declarar y pagar el Impuesto a la Salida de Divisas.
• También aplica para quienes excedieron esa cantidad por compras en plataformas internacionales como Netflix, Amazon, Spotify y Temu.
• La declaración se realiza entre el 10 y 28 de abril de 2026, según el número de cédula.

Los ecuatorianos que consumieron más de $5.188,26 en compras desde y hacia el exterior con tarjetas de crédito y débito durante el año 2025, deberán declarar y pagar hasta este mes de abril de 2026 el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Así lo recuerda el Servicio de Rentas Internas (SRI) en su cuenta de X, donde detalla que hacerlo en este mes de abril sería cumplir con la obligación tributaria a tiempo para evitar multas y recargos. “Abril no espera y el ISD tampoco”, posteó la entidad.

Es decir, quienes, por ejemplo, viajaron al exterior en 2025 y gastaron allá más del monto exento establecido: $5.188,26, deberán pagar el impuesto por salida de divisas. También aplica si retiraron más de esa cantidad de dinero en cajeros de otro país e incluso para quienes sin haber salido del país consumieron más de esa cantidad por compras en plataformas internacionales como Netflix, Spotify, Amazon y Temu.

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El impuesto aplica hasta el 2027

Este monto exento anual fue fijado en la Resolución NAC-DGERCGC24-00000045 publicada en diciembre de 2024, pero entró en vigencia desde el 1 de enero de 2025. Desde esa norma se fijó que consumir más de $5.188,26 en el exterior equivale a pagar ISD para los años fiscales 2025, 2026 y 2027.

¿Cuál es el plazo de pago?

El plazo general de declaración del ISD y pago de este impuesto va del 10 al 28 de abril de este 2026. La fecha exacta depende del noveno dígito de la cédula del contribuyente. Pagar después de abril significaría hacerlo con multas e intereses.

El valor a pagar dependerá de la cantidad consumida: una vez descontado el monto exento, al excedente el contribuyente deberá aplicarle la tarifa del 5 % del ISD.

¿Cómo hacer la declaración y pago de este impuesto?

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede) cubre hasta $5.000 por persona de forma automática y gratuita.

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La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) designó como liquidador a Juan Pablo Fernández, quien es el único representante legal de la entidad desde ese momento. 

Cualquier gestión debe hacerse a través de él, no de los exdirectivos de Incoop.

¿Cuáles son los pasos para recuperar el dinero en Incoop?

Para personas naturales:

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Para personas jurídicas:

Los socios tienen hasta 10 años para cobrar. Si no acuden, la Cosede puede transferir el dinero automáticamente a cuentas activas en otras entidades financieras.

¿Qué pasa si tienes más de $5.000 en Incoop?

Quienes tengan depósitos superiores a $5.000 recibirán de la Cosede únicamente los primeros $5.000. El saldo restante no desaparece: queda registrado como una acreencia pendiente dentro del proceso de liquidación.

El socio no necesita hacer ningún trámite especial para reclamar ese excedente. 

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Estas son las cooperativas en liquidación forzosa, en el último año en Ecuador

Lisbeth Zumba

Lo que sí debe hacer es estar atento a las comunicaciones oficiales del liquidador, quien irá informando las fases de pago a medida que venda activos y cobre la cartera de crédito de la cooperativa.

Esos pagos pueden demorar meses o incluso años, advierte Margarita Hernández, consultora en supervisión financiera. 

El Comyf establece que la liquidación puede durar hasta tres años, prorrogables por dos más.

¿Qué pasa si tienes un crédito en Incoop?

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La liquidación no exonera a quienes tienen deudas con la entidad. 

La SEPS informó que los socios con créditos vigentes deben continuar pagando sus cuotas para evitar caer en morosidad.

Los pagos pueden realizarse en las ventanillas del Banco Internacional, a nombre de la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inteligencia de Negocios.

¿Dónde acudir si tienes dudas sobre la liquidación de Incoop?

El liquidador Juan Pablo Fernández atiende en las oficinas de la SEPS, ubicadas en la avenida Amazonas N32-87 y La Granja, en el norte de Quito. 

También puedes consultar el estado del proceso en seps.gob.ec y cosede.gob.ec.

No están cubiertos por el seguro los administradores ni miembros del consejo de vigilancia de Incoop, ni personas con sentencias ejecutoriadas por narcotráfico o lavado de activos.

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El proceso había quedado suspendido desde el 4 de marzo por una medida cautelar otorgada por un juez de Quito. Con la nueva resolución, esa suspensión quedó sin efecto y la liquidación retoma su curso.

Con esa decisión, 5.402 socios que tienen depósitos por $17,1 millones en la cooperativa enfrentan la pregunta más urgente: ¿qué pasará con su dinero? 

Margarita Hernández, consultora en supervisión financiera, explica que el Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf) establece las mismas reglas de liquidación tanto para bancos como para cooperativas.

Existe un mecanismo de protección: el seguro de depósitos de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), que funciona de forma automática y gratuita para todos los clientes de entidades en liquidación forzosa.

¿Cuánto cubre el seguro de la Cosede para los socios de Incoop?

La respuesta depende del segmento al que pertenece la cooperativa. Incoop tiene activos por $19,9 millones y está en el segmento 3, que agrupa a entidades medianas con activos de entre $5 millones y $20 millones.

Para ese segmento, la Cosede cubre depósitos de hasta $5.000 por persona. Quienes tengan ahorros iguales o menores a ese monto recibirán el 100% de su dinero una vez que el proceso de pago se active.

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El artículo 328 del Comyf establece que el monto asegurado varía por segmento según los saldos promedio de cada tipo de entidad. Hernández explica que la regla de fondo es que el seguro debe cubrir al 100% a más del 90% de los depositantes. La escala vigente es:

A diciembre de 2025, el seguro cubría al 97,80% de todos los depositantes en cooperativas al 100% de sus fondos, según la Cosede.

¿Cuándo y cómo se activa el pago del seguro?

Una vez declarada la liquidación forzosa, la SEPS nombra un liquidador, quien pasa a ser el único representante legal de la entidad. 

Los administradores y el gerente cesan en funciones desde ese momento.

El liquidador elabora el listado de beneficiarios del seguro. Según Hernández, ese proceso generalmente toma alrededor de dos meses, como ocurrió en la liquidación de la cooperativa CREA.

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Cuando la Cosede recibe el listado, paga de inmediato siguiendo un cronograma.

 Los socios cobran en los agentes pagadores designados presentando su cédula de identidad vigente. El estado del cobro puede consultarse en cosede.gob.ec ingresando el número de cédula.

No pueden figurar en el listado personas con sentencias por narcotráfico o lavado de activos, ni accionistas, administradores o miembros del consejo de vigilancia. Los socios tienen hasta 10 años para cobrar.

¿Qué pasa con los depósitos que superan los $5.000?

Quienes tengan depósitos superiores a $5.000 recibirán de la Cosede únicamente los primeros $5.000. El saldo restante no desaparece: queda registrado como una acreencia pendiente dentro del proceso de liquidación.

Para recuperar ese excedente, el socio no necesita hacer ningún trámite especial: el liquidador ya tiene registradas todas las acreencias desde el inicio del proceso. 

Lo que sí debe hacer es estar atento a las comunicaciones oficiales del liquidador, quien irá informando las fases de pago a medida que recupere recursos.

Esos pagos pueden demorar meses o incluso años, advierte Hernández, dependiendo de qué tan rápido se vendan los activos y se cobre la cartera de crédito. El orden en que se cubren las obligaciones lo fija el Comyf:

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Hernández cita el caso de la cooperativa Coopera, de Cuenca, como referencia. Con el seguro se cubrió al 96% de los socios en el primer pago y el 4% restante recuperó su dinero en etapas posteriores, con pagos que llegaron hasta $150.000 por persona.

Incoop cerró 2025 con una cartera de $11,3 millones: $4,8 millones en consumo con morosidad del 2,02% y $6,4 millones en microcrédito con morosidad del 5,95%. 

Esos activos son el respaldo con el que trabajará el liquidador para atender a los socios que superen la cobertura.

¿Por qué entró Incoop en liquidación forzosa?

La SEPS determinó que Incoop presentó un perfil de riesgo crítico y ejecutó solo el 93% de las estrategias del programa de supervisión intensiva al que estaba sometida. La liquidación forzosa se dispuso el 23 de febrero de 2026.

Desde octubre de 2025 la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación previa por presunto lavado de activos relacionado con la cooperativa. El proceso está en fase inicial y los representantes de Incoop han negado que la acusación tenga sustento.

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¿Cuántas cooperativas han entrado en liquidación en el último año?

El caso de Incoop no es aislado. En lo que va de 2026 ya son dos las cooperativas en liquidación forzosa:

A estas se suma la cooperativa CREA Ltda., liquidada en 2025 tras la caída de su índice de solvencia al 3,36%. 

En los últimos años, el número de cooperativas en el país se redujo de más de 1.000 a aproximadamente 290 por liquidaciones o absorciones.

El sistema en su conjunto mantiene solvencia por encima del 18% y liquidez superior al 33%, según la SEPS. 

El sector financiero popular y solidario representa el 30% del total del sistema financiero nacional.

Para Hernández, estos procesos deben servir como una lección de educación financiera. La consultora advierte que en Ecuador persiste una cultura de inversión guiada por la tasa de interés más alta, sin verificar si la entidad está regulada. Una tasa alta, concluye, debería ser una señal de alerta, no una motivación.

Lo que debes saber

• Las empresas en Ecuador debieron repartir el 15% de sus utilidades netas del año 2025 a sus trabajadores hasta el 15 de abril de 2026.
• El 10% se reparte en partes iguales entre todos los trabajadores y 5% se distribuye según las cargas familiares.
• Si una empresa no paga utilidades, el trabajador tiene varias alternativas legales para hacer cumplir la ley

Hasta el 15 de abril de este 2026, las empresas en Ecuador tenían la obligación de repartir el 15% de sus utilidades netas logradas en el año fiscal 2025, con sus trabajadores, según el Código del Trabajo. Si no lo hicieron, los empleados tienen varios respaldos legales para hacer que la compañía cumpla con la ley.

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Generalmente las utilidades se cancelan entre marzo y hasta antes del 15 de abril. Del 15 % de sus utilidades, las empresas destinan el 10% para repartir en partes iguales entre todos los trabajadores y el 5% según las cargas familiares, por ejemplo, para trabajadores con hijos menores de edad o con discapacidad, y en algunos casos cónyuge dependiente.

Economía y negocios

Desde junio 2026: el IVA se declara y se paga en un solo paso

Lina Zambrano

¿Cuánto debe el trabajador recibir por utilidades?

El monto que reciben los trabajadores por utilidades depende de su salario, del tiempo que trabajó en el año, del número de cargas familiares registradas y del número de trabajadores que tenga la empresa.

¿Qué hacer si su empresa no le pagó?

De acuerdo con el proceso que recomienda el Ministerio de Trabajo en casos donde el trabajador no recibe su pago por utilidades, el primer paso es hablar el tema con la empresa y solicitar el pago. Es decir, pregunta directamente y solicita una fecha de pago.

Los trabajadores también pueden verificar en la Superintendencia de Compañías si la empresa obtuvo utilidades ya que, si no obtuvo, la ley no le obliga a realizar dichos desembolsos.

Si aun obteniendo utilidades, la empresa no le pagó al trabajador, este puede hacer un reclamo formal ante el Ministerio del Trabajo, presentando datos de la empresa como nombre y dirección. Una intervención del Ministerio de Trabajo puede generar inspecciones y sanciones para la empresa, como multas económicas y procesos legales. Y si la vía administrativa no funciona, puede acudir a la vía judicial y presentar una demanda laboral ante un juez.

Lo que debe saber

• Un solo paso obligatorio: Desde junio de 2026, la declaración del IVA será válida únicamente si se presenta junto con el pago total del impuesto.
• Sin pago, no hay declaración: Si el contribuyente no cancela el monto completo, el trámite se considerará como no presentado, incluso con compensaciones parciales.
• Cambio con excepciones: La medida del Servicio de Rentas Internas aplicará a la mayoría, salvo casos específicos como exportadores y contribuyentes bajo compensación fiscal.

Desde junio de 2026, cumplir con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador ya no será un proceso en dos tiempos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) dispuso que la declaración y el pago del tributo deberán realizarse de forma simultánea para que la obligación sea considerada válida.

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La medida, establecida en una resolución entrará en vigencia el 1 de junio de 2026 y busca simplificar los procesos para los contribuyentes, además de reducir inconsistencias en el cumplimiento tributario. En la práctica, esto significa que ya no bastará con declarar el impuesto dentro del plazo: será indispensable cancelarlo en su totalidad en ese mismo momento.

El cambio introduce un criterio más estricto. Si el pago no se completa, la declaración será considerada como no presentada, incluso en los casos en los que existan compensaciones parciales mediante notas de crédito. Con ello, la administración tributaria apunta a cerrar brechas en la recaudación y evitar registros incompletos.

Ecuador

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Yadira Illescas

¿Para quién aplica la medida?

La disposición aplicará para la mayoría de contribuyentes obligados a declarar IVA. Sin embargo, se contemplan excepciones: quienes formen parte del sistema de compensación fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, así como exportadores de bienes y sus proveedores directos, bajo las condiciones establecidas en la normativa.

Ante este nuevo esquema, el SRI recomienda anticiparse a las fechas de vencimiento. La entidad insiste en que una planificación adecuada permitirá evitar contratiempos y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.

Con este ajuste, la autoridad tributaria refuerza su apuesta por procesos más simples, pero también más rigurosos, en línea con una recaudación más eficiente y transparente.

Lo que debes

• El Día del Trabajo es un día de descanso obligatorio y, mediante decreto, se amplió el feriado del 30 de abril al 3 de mayo, creando un puente de cuatro días.
• El artículo 55 del Código del Trabajo establece que los feriados no son recuperables y que trabajar en ellos implica un recargo del 100% sobre la remuneración habitual.
• El artículo 47 respalda que el pago doble aplica tanto para jornada completa como para trabajo por horas, y si se trabaja sábado o domingo

El viernes 1 de mayo, Ecuador conmemorará el Día Internacional del Trabajo. Una fecha que recuerda la lucha histórica de los trabajadores por mejores condiciones laborales, especialmente la jornada de 8 horas.

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Por lo tanto, se trata de una fecha de descanso obligatorio, por lo que las empresas del país deben liberar ese día para sus trabajadores.

Pero no solo ese día. Mediante Decreto Ejecutivo, el presidente del país, Daniel Noboa, amplió los días de feriado para crear un puente de descanso de cuatro días, iniciando desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo.

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Pero, ¿qué pasa si las empresas requieren que parte de su plantilla trabaje en los días de feriado? ¿Cuánto deben pagarles?

De acuerdo con el artículo 55 del Código del Trabajo, los feriados son de descanso obligatorio y por lo tanto no son recuperables. Por ello, indica la ley, si un trabajador presta servicios en un feriado, debe recibir un recargo del 100% sobre su remuneración habitual.

Es decir, si un trabajador labora el jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo, deberá recibir por cada día el pago habitual más un pago adicional del 100 %: doble pago por día. Esto, sin contar las horas extras que pueda hacer el trabajador por cada día.

El artículo 47 de la misma ley, además respalda que el recargo también aplica para quienes trabajan por horas y no solo por jornada completa. Esto aplica para empresas públicas y privadas.

Ahora bien, si además del jueves y viernes el trabajador deberá laborar sábado 2 y domingo 3 de mayo, que son días de descanso obligatorio, también bajo la ley (siempre que no formen parte de la jornada ordinaria), la empresa deberá hacer el recargo del 100 %, es decir, pago doble.

Lo que debes saber

• El Ministerio de Desarrollo Humano lanzó Ecuayapa, una plataforma digital tipo marketplace para que emprendedores ecuatorianos puedan vender sus productos en línea.
• Los usuarios deben crear una cuenta con su cédula, completar información personal y de su emprendimiento, pasar una verificación del Ministerio y, una vez aprobados, pueden publicar hasta 5 productos y vender en el portal.
• La plataforma está dirigida exclusivamente a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que reciben el Bono de Desarrollo Humano o el Crédito de Desarrollo Humano

Recientemente el Gobierno Nacional lanzó Ecuayapa, una nueva plataforma digital creada para que emprendedores beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) puedan vender sus productos nacionales en línea. Funciona como un “marketplace” similar a Amazon o Mercado Libre, pero enfocado exclusivamente en pequeños productores ecuatorianos.

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“Ya son 1.300 emprendedores los que decidieron apostar por Ecuayapa, dando el paso con esfuerzo a lo que se convertirá en el Amazon del Ecuador y que está listo para abrirle las puertas a 12.000 emprendedores”, mencionó el presidente Daniel Noboa durante el lanzamiento oficial de la plataforma que se hizo en un evento en Durán, el pasado 15 de abril.

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José Julián Ladines Tomalá

¿Cómo registrarse y vender en el portal del Gobierno?

¿Quiénes pueden vender por Ecuayapa?

Esta plataforma está exclusivamente dirigida a personas que reciben el bono de Desarrollo Humano o que son beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano, cuyo capital lo hayan invertido para crear productos de origen ecuatoriano.

¿Quiénes reciben el bono de Desarrollo Humano y quiénes reciben el Crédito de Desarrollo Humano?

Las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador son aquellas que el Estado identifica como cabezas de hogares en pobreza o pobreza extrema, según el Registro Social, que es la base oficial que determina quién califica. Este bono va de $55 a $150 al mes, dependiendo de la carga familiar.

El Crédito de Desarrollo Humano es un préstamo que va desde los $600 hasta los $1.800, dependiendo del emprendimiento y la capacidad del hogar, y a él pueden acceder solo las personas que ya son beneficiarias de los programas sociales como el BDH u otras ayudas tales como Pensión Mis Mejores Años, Pensión Toda Una Vida y Pensión para Personas con Discapacidad.

Política

Educación financiera será obligatoria en Ecuador: ¿Qué cambia con aprobación de ley?

Daniel Alejandro Romero Páez

Ministerio de Educación, a cargo de la nueva estrategia

La ley, que fue presentada e impulsada por el oficialista ADN, señala que la Autoridad Educativa Nacional y el ente rector de la política financiera y monetaria son los responsables de diseñar y ejecutar una estrategia nacional de educación financiera.

Es decir, el primer paso para su implementación será el diseño de dicha estrategia para su aplicación en escuelas, colegios y universidades. La ley deja claro que impartir educación financiera será una obligación y que esta enseñanza se implementará de manera paulatina.

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Eje de la preparación

El eje de la educación financiera que se impartirá a los estudiantes será el desarrollo de capacidades productivas, el emprendimiento y la inclusión económica. Esta será la base para consolidar el carácter estructural de este tema en el sistema educativo.

Un elemento clave es que la normativa define la educación financiera como un proceso integral que permite a la ciudadanía adquirir conocimientos, habilidades y valores para gestionar de manera responsable sus recursos.

La formación en finanzas no se limitará a la educación formal. La ley también prevé la implementación obligatoria de programas de educación financiera dirigidos a grupos de atención prioritaria, zonas rurales, emprendedores, migrantes y beneficiarios de programas sociales.

Para este ámbito, la ley establece que los programas se realicen al menos una vez al año, sin fines comerciales y bajo principios de transparencia y protección al consumidor.

Estos son algunos de los cambios que plantea la Ley de Educación Financiera:

La medida se conoce después de que el presidente Gustavo Petro descartara aplicar una tarifa plana del 100% como represalia contra el Gobierno de Daniel Noboa.

El documento oficial califica la decisión de "carácter estrictamente urgente, inmediato e inaplazable". Las tarifas propuestas serán revisadas dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigencia.

Economía y negocios

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Lisbeth Zumba

¿Qué productos ecuatorianos gravaría Colombia?

La escalada comenzó el 21 de enero de 2026, cuando Noboa impuso una tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas por falta de cooperación en el control fronterizo.

Pese a un intento de acercamiento diplomático entre cancilleres, Ecuador subió la tasa al 50% en febrero y anunció un nuevo incremento al 100% en abril, lo que precipitó la respuesta colombiana.

Noticia en desarrollo

Lo que debes saber

• Ecuador recibirá Coca Codo Sinclair con fallas pese a la existencia de al menos 30.000 fisuras en los distribuidores.
• El laudo arbitral define el proceso la decisión se sustenta en un fallo del 3 de abril de 2026 tras el acuerdo con China.
  
• El administrador del contrato de CCS será el encargado de firmar la recepción definitiva de esta hidroeléctrica.

Tras 10 años de operación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), este 17 de abril de 2026 Ecuador deberá obviar la presencia de al menos 30.000 fisuras en los distribuidores, que son piezas clave para la operación de esta infraestructura, y recibir a conformidad esta planta. El funcionario a cargo de este procedimiento deberá desconocer también lo acordado en el contrato y hasta las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

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Mayra Pacheco Pazmiño

Así, lo precisa Guido Llaguno, ingeniero mecánico y máster en Turbinas, que conoce el proyecto Coca Codo Sinclair desde hace varias décadas. “La Contraloría en un informe de 2019 recomendó a la gerencia de la Celec que se abstenga de recibir la obra si la constructora no se reemplaza los ocho distribuidores a satisfacción”.

Aunque este proceso no se ha cumplido. El Estado ecuatoriano se apresta a cumplir con la recepción a conformidad de esta hidroeléctrica, que es la más grande de Ecuador. La fecha limite para la recepción -17 de abril de 2026- fue establecida por la firma china Sinohydro, encargada de la construcción de CCS, en un oficio remitido el 6 de abril de 2026 a la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).

En este documento se precisa que la medida responde a un laudo arbitral emitido el 3 de abril de 2026. Este fallo es uno de los resultados del acuerdo alcanzado en junio de 2025 entre Ecuador y China, mediante el que se decidió retirar el arbitraje en contra de la firma asiática, con el que el Estado ecuatoriano buscaba obtener una reparación de $580 millones.

La recepción se concreta pese a las fisuras

Así, una vez que se concretó el acuerdo pactado entre el presidente Daniel Noboa y su homologo de China, Xi Jinping, Ecuador pasará de la recepción provisional -que significa que aún no está en manos del Estado- a recibir formalmente esta obra, para luego traspasar la operación y mantenimiento por 25 años a PowerChina, casa matriz de Sinohydro.

Para Llaguno, sin embargo, esta iniciativa del gobierno actual desconoce el contrato firmado entre Ecuador y Sinohydro. “En este convenio se establece que los equipos deben ser buenos, nuevos y sin fallas. Pero hay más de 30.000 fisuras y en cada inspección que se realiza el número sube”, advierte el especialista.

“En este convenio se establece que los equipos deben ser buenos, nuevos y sin fallas. Pero hay más de 30.000 fisuras y en cada inspección que se realiza el número sube”Guido Llaguno, ingeniero mecánico y máster en Turbina

Las condiciones de estos equipos llaman la atención porque el contrato establece el cumplimiento de la norma de diseño de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME, por sus siglas en inglés), que establece lo siguiente:

El laudo arbitral que obliga al Estado

Sin embargo, el gobierno decidió recibir está infraestructura. La Celec justifica esta acción porque existe un fallo (laudo) por acuerdo de las partes, aprobado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Paris. Este proceso, según la entidad, se llevó a cabo bajo el patrocinio legal de la Procuraduría General del Estado.

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“El laudo fue notificado el pasado 3 de abril y se encuentra en firme bajo autoridad de cosa juzgada, por ende, es de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano y la contraparte”, refiere la empresa pública que expuso en 2018 la situación de los distribuidores de CCS.

La Contraloría ya advirtió sobre la recepción

Llaguno, por su parte, recuerda todos los procesos de control ejecutados por el organismo que vela por el cuidado de los recursos del Estado y se pregunta: “¿Para qué existe la Contraloría si no se van respetar sus estudios?, cuestiona el ingeniero.

Diario EXPRESO consultó este 16 de abril de 2026 a la Contraloría qué rol tomará dentro de este caso (recepción a satisfacción de CCS) y está a la espera de su repuesta.

Quién asume la responsabilidad de firmar

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Ante este escenario, fuentes consultadas por EXPRESO sostienen que la responsabilidad sobre la recepción de esta hidroeléctrica recaerá sobre el funcionario de la Celec que firme la recepción a conformidad de esta planta.

Este servidor público, que actúa como administrador del contrato de CCS deberá:

EXPRESO consultó a la Celec, información sobre el funcionario que estará a cargo de este proceso y esta a la espera de sus respuestas. Sin embargo, fuentes consultadas por EXPRESO refieren que está tarea estará a cargo de Pedro Luis Rodríguez Romero, subgerente encargado del proyecto Coca Codo Sinclair, a quien Sinohydro envió el 6 de abril pasado el pedido de recepción formal de CCS.

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Este Diario conoció que este funcionario, de 31 años, ingresó a la Celec durante la administración actual. Es decir, se trata de un servidor público que aparentemente desconoce que, años atrás, uno de sus actuales compañeros -quien firmó la recepción provisional de Coca Codo Sinclair en 2016- ya fue observado (glosado) por la Contraloría por aceptar esta hidroeléctrica con fallas.

Aunque el Ministerio de Agricultura fija el PMS en $34 por saca de grano corto y $36 para grano largo, las primeras sacas se comercian hasta en $29 en el inicio de la cosecha así lo señala José Luis García, del Comité de Defensa del Agricultor, quien advierte que, pese a esta caída, existe una tendencia al alza ante una menor producción frente al 2025.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no remitió datos sobre el total de pérdidas de arroz a nivel nacional asociadas a factores climáticos. Pero según estimaciones del sector, alrededor de 95.000 toneladas de arroz se perdieron en campo en provincias como Guayas, Los Ríos y Manabí.

En Los Ríos, una de las zonas más golpeadas, la Prefectura reporta cerca de 20.000 hectáreas afectadas, de las cuales 5.000 registran pérdidas totales, con mayor impacto en cantones arroceros como Babahoyo, Montalvo y Urdaneta, sin embargo no hay una estimación específica de la pérdida de producción del arroz.

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En el cantón Vinces, el productor Gastón Mendoza resume la magnitud del impacto en cifras concretas. En años anteriores, sus dos cuadras de arroz le rendían hasta setenta quintales. Este año, tras la combinación de sequía e inundaciones, calcula que apenas podrá rescatar cuatro. “La pérdida es grande, no es solo para mí, sino para todos los moradores del sector”, afirma.

Frente a este escenario, Mendoza ha optado por no comercializar toda su cosecha. “Ese arroz lo vamos a dejar para el bienestar de la casa… Si me pongo a venderlo, voy a gastar y ganar poco, y después voy a comprar más caro”, explica.

Desde la Prefectura de Los Ríos, su titular, Johnny Terán, reconoce el impacto del invierno y sus efectos sobre la infraestructura productiva. Explica que la ubicación geográfica de la provincia —atravesada por flujos provenientes de la cordillera— intensifica las inundaciones y los daños en sistemas de riego, drenaje y vías.

Aunque se destina 2,5 millones para atender los efectos del invierno y apoyar a pequeños productores con semillas, capacitación y asistencia técnica, Terán reconoce que el alcance es limitado y apunta a que el problema de fondo es la articulación institucional: “Hay una descoordinación total con el Gobierno central; manejan una línea distinta y no comparten nada con municipios ni prefecturas. Eso tiene efectos en los presupuestos y la toma de decisiones".

En consecuencia, actualmente alrededor de 500 agricultores reciben este respaldo, en una provincia donde la afectación es significativamente mayor.

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Liz Briceño

Stock rezagado

Desde la agroindustria, Vinicio Ruiz, presidente de la Asociación de Industriales Arroceros (Asoinarro), resume el escenario: en las piladoras se arrastra producción de dos cosechas anteriores, a la espera de comercialización, mientras una nueva ya empieza a salir al mercado.

En conjunto, estima que solo en la zona de cobertura del gremio unas 80 piladoras —ubicadas en cantones como El Empalme, Daule, Santa Lucía y Samborondón— existen alrededor de 2 millones de quintales almacenados, entre arroz en cáscara y pilado.

Además, las medidas anunciadas para absorber excedentes resultan marginales frente al volumen acumulado. Sobre la compra estatal anunciada, advierte: “20 mil toneladas no es nada”.

Distorsión en la capacidad de almacenaje

El problema no se limita al volumen acumulado, sino a que predomina una dinámica de competencia agresiva entre actores del sector: “Aquí lo que existe es un canibalismo de la agroindustria hacia los productores”, asegura Jackson Coronel dueño de una apiladora ubicada en El Empalme.

Describe una práctica recurrente: se declara falta de capacidad de compra o almacenamiento para presionar a la baja los precios pagados al productor, mientras los agroindustriales compiten entre sí reduciendo valores para captar mercado.

Reconoce que también mantiene stock rezagado —unas 20.000 sacas de la cosecha pasada—, aunque asegura tener espacio para recibir al menos 20.000 sacas adicionales.

En ese contexto, Ruiz expone que operar sin un precio regulado para el arroz procesado desordena toda la estructura de pagos: “Si no hay un precio para el pilado, es imposible pagar un precio de sustentación”. Mientras que Coronel coincide en la necesidad de reglas claras, "como punto de orden para toda la cadena y estabilizar económicamente a los agricultores que son el primer eslabón".

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Colombia, de socio estable a mercado incierto

En este escenario de sobreoferta interna, Colombia ha sido históricamente el principal destino para evacuar excedentes de arroz ecuatoriano. 

De acuerdo con la ficha sectorial de 2018 de la Corporación Financiera Nacional (CFN), tras la caída productiva de 2015 —provocada por plagas— las exportaciones tocaron mínimos en 2016, con apenas 0,21 millones de toneladas. En 2017, Perú se posicionó momentáneamente como principal comprador por el nivel de ingresos que generó, pero entre 2018 y 2025 el mercado colombiano ha sostenido una concentración de más del 90% de las exportaciones de arroz según datos del Banco Central del Ecuador.

En medio de la actual tensión comercial generada por el alza de los aranceles al 100% por parte de Ecuador y el anuncio de Colombia de aplicar excepciones del 0% solo para ciertos productos considerados como "necesarios", al cierre de esta edición no existe un listado oficial que confirme si el arroz será incluido en ese esquema. Lo que agrava la incertidumbre de la cadena productiva ecuatoriana que teme quedar fuera por la competencia con la producción arrocera del propio mercado colombiano.

Sin embargo, el exviceministro de Política Comercial, Francisco Ballén, explica que este tipo de medidas suele excluir bienes sensibles: “Nosotros exportamos algunas materias primas a Colombia que las necesitan, una de ellas el arroz”.

Más allá del arancel, el principal obstáculo es logístico. Actualmente, el envío por vía terrestre —la principal ruta histórica— está restringido, lo que obliga a transportar productos solo en transporte marítimo, elevando costos y afectando contratos ya establecidos. “se pueden tomar medidas contrarias a la facilitación del comercio sin poner aranceles”, advierte Ballén.

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Aunque Colombia concentra la demanda, no es el único mercado potencial. No obstante, la diversificación no es inmediata. “no se reemplaza un producto con otro… Es todo un proceso de negociación y confianza”, señala el exviceministro.

En esa línea, un análisis de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador identifica destinos como Irán, Costa Rica y países africanos como Costa de Marfil, Sudáfrica y Togo —este último con antecedentes de compra—, pero advierte barreras logísticas, técnicas y arancelarias.

A esto se suma la limitación de la competitividad. Según Ruiz, el arroz ecuatoriano requiere alcanzar alrededor de “$580 por tonelada para sostenerse en la cadena productiva”, muy por encima de los precios internacionales, afirma, lo que reduce las opciones de inserción en nuevos mercados.

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Lo que debe saber

• Crisis sin pesca: La proliferación de la jaiba mora ha paralizado la pesca artesanal en Esmeraldas, dejando a miles de pescadores sin ingresos y con faenas que regresan en cero.
• Pérdidas millonarias: Cada embarcación deja de percibir hasta 9.000 dólares en tres meses, lo que eleva el impacto económico del sector por encima de los 27 millones.
• Golpe social y alimentario: La reducción de la oferta pesquera ya provoca alza de precios y afecta a miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad.

La pesca artesanal en la costa de Esmeraldas atraviesa una crisis sin precedentes tras más de tres meses de proliferación de la jaiba mora, una especie que invade redes, destruye equipos y ha dejado a miles de pescadores sin capturas ni ingresos. La situación mantiene paralizadas miles de embarcaciones, genera pérdidas millonarias y empieza a impactar en el abastecimiento y precio del pescado, sin que aún exista claridad sobre soluciones o ayudas para el sector.

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A las cuatro de la madrugada, cuando el cielo apenas insinúa la primera luz sobre la costa de Súa, Luis Mojarrango empuja su canoa hacia el mar con la misma rutina de siempre. Sus manos, curtidas por años de sal y sol, conocen cada nudo de la red y cada movimiento del agua. Pero hoy, como desde hace más de tres meses, no hay expectativa en su mirada, sino resignación. Lanza la red una vez más, en silencio, como quien insiste en un oficio que se le escapa. Minutos después, no hay dorado, ni sierra, ni camarón, solo una masa oscura y viva que se retuerce: jaiba mora. “Ya no hay pesca… esto se llevó todo”, murmura.

En Atacames, María Nazareno espera sentada sobre una hielera vacía. Antes, su esposo regresaba con la canoa cargada y ella limpiaba, pesaba y vendía el pescado. Hoy lo ve llegar con las manos vacías. “Solo traemos jaiba… y eso no se vende”, dice él. María hace cuentas en silencio: son meses sin ingresos ni certezas para sostener a sus hijos.

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Se ha paralizado la pesca artesanal

La escena se repite en toda la costa de Esmeraldas. En Atacames, Colope o Tonsupa, el paisaje cambió: embarcaciones varadas, motores apagados y redes rotas. La proliferación de la jaiba mora (Euphylax dovii) ha paralizado la pesca artesanal y golpea a uno de los sectores más vulnerables.

“Es una plaga que nos ha dejado sin sustento”, resume el pescador Gerardo Álava. Al menos 5.000 pescadores enfrentan esta crisis. En Atacames, más de 1.000 embarcaciones están detenidas, y en la provincia se registran entre 3.000 y 3.100 unidades afectadas.

Las jaibas invaden y destruyen redes, devoran la carnada, ahuyentan especies y consumen el pescado. No tienen valor comercial y generan irritaciones en la piel. “En el mar solo recuperamos los cabos”, dice un pescador.

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Hay miles de dólares en pérdidas

Las pérdidas son severas. Una red puede atrapar hasta 50 jaibas en minutos. Cada salida cuesta cerca de 500 dólares, pero los ingresos apenas alcanzan entre 100 y 200, cuando antes se capturaban hasta 30 dorados. Hoy, en muchos casos, es cero.

Según César Gerón, los daños por embarcación llegan a 3.000 dólares y hasta 12.000 en pesca de camarón. Reponer equipos puede costar 4.000 dólares, inaccesibles para familias sin ingresos.

Maura Oviedo, de la Cámara de Pesquería, advierte que la crisis lleva más de tres meses. A la plaga se sumaron corrientes intensas y robos en altamar. Las pérdidas alcanzan 700 dólares por salida, unos 3.000 mensuales por embarcación. En tres meses, cada unidad ha dejado de percibir cerca de 9.000 dólares. Multiplicado por 3.000 embarcaciones, el impacto supera los 27 millones.

El golpe se agravó en Semana Santa y Carnaval, cuando usualmente se recuperan ingresos. Este año, muchas faenas regresaron en cero. No solo dejaron de ganar: pagaron por pescar.

La consecuencia es inmediata: menor oferta y alza de precios. El Ipiap señala que la jaiba se extiende entre 3 y 80 millas y su proliferación responde a condiciones ambientales, aunque este año el fenómeno ha sido más prolongado de lo habitual.

El problema continúa en tierra. Muchos pescadores deben enterrar toneladas de jaibas junto con redes inutilizables. “Llegamos cargados y toca enterrarlas”, relata Sebastián Chila.

En Esmeraldas hay 53 caletas y cerca de 4.000 pescadores, pero el impacto supera los 5.000 trabajadores directos y miles de familias. Con tres pescadores por embarcación, los afectados suman decenas de miles.

La incertidumbre persiste. No hay claridad sobre cuándo disminuirá la plaga ni sobre las ayudas estatales. Se mencionan compensaciones, pero la información es limitada.

Así, cada madrugada, Luis Mojarrango vuelve al mar aferrado a una rutina que ya no garantiza nada. El océano, antes sustento, hoy devuelve redes rotas y pérdidas, confirmando que la pesca artesanal en Esmeraldas atraviesa una de sus peores crisis.

Lo que debe saber

• El diésel encarece cada salida al mar: El incremento de 2 dólares por galón elevó drásticamente los costos de operación, dejando a muchos pescadores al límite de la rentabilidad o trabajando a pérdida.
• La protesta como punto de quiebre: Gremios de varias provincias marchan en Guayaquil para exigir revisión de precios y advertir que, sin medidas, la actividad podría paralizarse.
• Piden igualdad de trato: El diésel para el transporte terrestre cuesta menos que el combustible para las embarcaciones. Los gremios piden a las autoridad igualdad en el precio.

Los pescadores saldrán a reclamar por el costo del combustible. A las nueve de la mañana de este viernes 17 de abril, el pulso de la avenida 9 de Octubre con el Malecón 2000 no será el habitual. En lugar de oficinistas apurados y turistas con cámaras, serán los pescadores quienes tomen ese punto de la ciudad. Llegarán desde distintos rincones de la costa, no para embarcarse, sino para reclamar en tierra firme lo que, dicen, ya no pueden sostener en el mar: el costo de salir a pescar, por el alto precio del diésel.

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La convocatoria, impulsada por pescadores, ha ido creciendo como una marea lenta pero constante. Desde Esmeraldas hasta Galápagos, pasando por Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Los Ríos, gremios y trabajadores independientes han confirmado su presencia. El mensaje es claro: el incremento del diésel no es un problema aislado, sino una presión que atraviesa a toda la cadena productiva.

“Es momento de unirnos y defender nuestro trabajo”, advierte Alfonso Delgado, uno de los líderes del sector, en un llamado que también se extiende a otros actores productivos y a la prensa nacional e internacional. La marcha, más que un acto puntual, busca convertirse en vitrina de una actividad que siente que ha quedado fuera de las decisiones que la afectan directamente.

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El precio alto del diésel es el detonante

El detonante es reciente. Desde el 12 de abril de 2026, el precio del diésel pesquero subió dos dólares por galón, pasando de alrededor de $2,75 a $4,75, según datos de pescadores. El ajuste contrasta con el diésel automotriz, que se mantiene en $2,80, pese a concentrar la mayor parte del consumo nacional.

Para el sector, la diferencia no es menor. La pesca representa apenas el 4 % del consumo de diésel en el país, pero el impacto del alza es desproporcionado en su estructura de costos. Solo el incremento implica un sobrecosto mensual más o menos de 9 millones de dólares, una cifra que, según los gremios, pone en riesgo la continuidad de operaciones.

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Pescados más caros en mercados

La preocupación alcanza al consumidor local. Si la presión sobre los costos se mantiene, el pescado podría encarecerse en los mercados, trasladando parte del impacto a los hogares.

Detrás de este escenario hay un factor global. El encarecimiento de los combustibles responde, en parte, a tensiones internacionales, como el conflicto en Medio Oriente, que ya empieza a reflejarse en economías como la ecuatoriana. Pero el sector insiste en que la respuesta local debe considerar las particularidades de una industria que, solo en 2025, generó 1.848 millones de dólares en exportaciones de enlatados, según cifra de la Federación Ecuatoriana de Exportadores.

Por eso, la marcha de este viernes no es solo una protesta por el diésel. Es también una advertencia. Los pescadores piden un trato similar al del transporte terrestre y una revisión de la política de precios. Sostienen que, por un impacto fiscal relativamente bajo, se podría comprometer uno de los sectores que más divisas aporta al país.

En las próximas horas, las redes no se lanzarán al agua. Se quedarán en las embarcaciones, mientras sus dueños caminan por la ciudad. Porque esta vez, la pesca no se juega en el mar, sino en las calles.

Lo que debes saber

• Los ecuatorianos que en 2025 consumieron más de $5.188,26 en el exterior o con compras internacionales deben declarar y pagar el Impuesto a la Salida de Divisas.
• También aplica para quienes excedieron esa cantidad por compras en plataformas internacionales como Netflix, Amazon, Spotify y Temu.
• La declaración se realiza entre el 10 y 28 de abril de 2026, según el número de cédula.

Los ecuatorianos que consumieron más de $5.188,26 en compras desde y hacia el exterior con tarjetas de crédito y débito durante el año 2025, deberán declarar y pagar hasta este mes de abril de 2026 el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Así lo recuerda el Servicio de Rentas Internas (SRI) en su cuenta de X, donde detalla que hacerlo en este mes de abril sería cumplir con la obligación tributaria a tiempo para evitar multas y recargos. “Abril no espera y el ISD tampoco”, posteó la entidad.

Es decir, quienes, por ejemplo, viajaron al exterior en 2025 y gastaron allá más del monto exento establecido: $5.188,26, deberán pagar el impuesto por salida de divisas. También aplica si retiraron más de esa cantidad de dinero en cajeros de otro país e incluso para quienes sin haber salido del país consumieron más de esa cantidad por compras en plataformas internacionales como Netflix, Spotify, Amazon y Temu.

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El impuesto aplica hasta el 2027

Este monto exento anual fue fijado en la Resolución NAC-DGERCGC24-00000045 publicada en diciembre de 2024, pero entró en vigencia desde el 1 de enero de 2025. Desde esa norma se fijó que consumir más de $5.188,26 en el exterior equivale a pagar ISD para los años fiscales 2025, 2026 y 2027.

¿Cuál es el plazo de pago?

El plazo general de declaración del ISD y pago de este impuesto va del 10 al 28 de abril de este 2026. La fecha exacta depende del noveno dígito de la cédula del contribuyente. Pagar después de abril significaría hacerlo con multas e intereses.

El valor a pagar dependerá de la cantidad consumida: una vez descontado el monto exento, al excedente el contribuyente deberá aplicarle la tarifa del 5 % del ISD.

¿Cómo hacer la declaración y pago de este impuesto?

Lo que debes saber

• Expansión: La empresa estadounidense tuvo una red de aliados locales —como Allenergies, Inycofyi y Astrobryxa— para ingresar y operar en el mercado eléctrico ecuatoriano, incluso antes de concretar contratos millonarios con el Estado.
  
• Vínculo: Parte de esa red incluye a Inderin S.A., una empresa sancionada e inhabilitada para contratar con el Estado hasta 2029.

Los aliados y representantes de Progen en Ecuador siguen apareciendo. A esta red de contactos se suma el nombre de Juan Pablo Burgos Marengo, representante del consorcio Prime Energy Group, que actualmente vende energía termoeléctrica al Estado a través de la central El Descanso II, en Azuay. 

En diciembre de 2024, la empresa pública Elecaustro suscribió un contrato por 18,5 millones de dólares con dicho consorcio para el alquiler de 20 megavatios.

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Prime Energy Group integra a dos compañías locales: Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A. y la pyme Allenergies. Esta última es propiedad de Burgos Marengo y se dedica a la comercialización de maquinaria y suministros.

Pagos, subcontrataciones y obras sin resultados

Sobre Inycofyi, EXPRESO reveló que recibió al menos 3,5 millones de dólares de Progen entre febrero y marzo de 2025. Inycofyi alegó que Astrobryxa S.A. (otra aliada de Progen) la subcontrató para obras civiles y eléctricas en las centrales de Quevedo y Salitral, instalaciones que aún no aportan energía al país pese haberse desembolsado 104 millones de dólares.

Sin embargo, más de un año antes, Progen ya tenía contactos en Ecuador. Los documentos recientes muestran que Progen designó a sus primeros delegados en enero de 2024.

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Representación en Ecuador y vínculos empresariales

En una carta dirigida a Juan Pablo Burgos, el CEO de Progen, John Manning, le otorgó la representación para la venta de un generador móvil de 3.500 kw. Manning señaló que la experiencia de Allenergies e Inderin S.A. los convertía en el socio ideal para introducir su producto insignia en el mercado local. “Como representante autorizado de Progen en Ecuador, Allenergies & Inderin S.A. tendrá acceso a nuestra red de soporte integral, incluyendo experiencia técnica, programas de capacitación y asistencia logística”, escribió Manning, el 30 de enero.

¿Por qué la carta menciona a Inderin S.A.? Según los registros de la Superintendencia de Compañías, Juan Pablo Burgos Marengo preside esta empresa, mientras que su padre, Jorge Eduardo Burgos Venegas, ocupa la gerencia general. Ambas compañías comparten el mismo giro de negocio, oficinas, contador e incluso un mismo correo electrónico.

Sanciones, demandas y restricciones legales

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A pesar de sus vínculos, Inderin S.A. enfrenta graves impedimentos legales. La firma está prohibida de participar en contrataciones públicas hasta 2029. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) declaró a la empresa como contratista incumplida tras la terminación unilateral del contrato Nro. HNA-CON-0082-23 en la Central Marcel Laniado de Wind.

La aseguradora Seguros Confianza S.A. demandó judicialmente a la empresa y a sus directivos para recuperar más de 634.000 dólares. Este monto corresponde a las pólizas que la aseguradora pagó a Celec tras los incumplimientos contractuales de Inderin. La Compañía ha señalado que no se trata de un caso cerrado, sino que el contrato está sometido a un proceso de mediación en la Procuraduría General.

Inderin S.A. también tiene otra sanción de la Sercop, emitida el septiembre de 2025, por una declaración errónea, pues la empresa aseguró ser productora nacional sin serlo. Por esa razón se ordenó la suspensión de 120 días en el Registro Único de Proveedores (RUP).

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Nuevos procesos y aumento de costos en generación eléctrica

Con estos bloqueos, la empresa que sí contrató con el estado es Allenergies. EXPRESO buscó a sus representantes para recoger su versión sobre la relación con Progen, la vinculación institucional entre Allenergies e Inderin y sobre su interés o no de licitar para el proyecto El Descanso III. No respondieron hasta la publicación de esta nota.

Este es un nuevo proceso de Elecaustro que tiene previsto ser adjudicado hasta el 30 de abril. La empresa alquilará 20 megavatios en energía termoeléctrica por 32,6 millones de dólares (un 76 % más costoso que El Descanso II). Por ahora, las empresas que presentaron sus contizaciones son Kawsus Cia LTDA y Conspeccime Cia.

La medida se conoce después de que el presidente Gustavo Petro descartara aplicar una tarifa plana del 100% como represalia contra el Gobierno de Daniel Noboa.

El documento oficial califica la decisión de "carácter estrictamente urgente, inmediato e inaplazable". Las tarifas propuestas serán revisadas dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigencia.

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La escalada comenzó el 21 de enero de 2026, cuando Noboa impuso una tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas por falta de cooperación en el control fronterizo.

Pese a un intento de acercamiento diplomático entre cancilleres, Ecuador subió la tasa al 50% en febrero y anunció un nuevo incremento al 100% en abril, lo que precipitó la respuesta colombiana.

Noticia en desarrollo

Lo que debes saber

• Las empresas en Ecuador debieron repartir el 15% de sus utilidades netas del año 2025 a sus trabajadores hasta el 15 de abril de 2026.
• El 10% se reparte en partes iguales entre todos los trabajadores y 5% se distribuye según las cargas familiares.
• Si una empresa no paga utilidades, el trabajador tiene varias alternativas legales para hacer cumplir la ley

Hasta el 15 de abril de este 2026, las empresas en Ecuador tenían la obligación de repartir el 15% de sus utilidades netas logradas en el año fiscal 2025, con sus trabajadores, según el Código del Trabajo. Si no lo hicieron, los empleados tienen varios respaldos legales para hacer que la compañía cumpla con la ley.

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Generalmente las utilidades se cancelan entre marzo y hasta antes del 15 de abril. Del 15 % de sus utilidades, las empresas destinan el 10% para repartir en partes iguales entre todos los trabajadores y el 5% según las cargas familiares, por ejemplo, para trabajadores con hijos menores de edad o con discapacidad, y en algunos casos cónyuge dependiente.

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¿Cuánto debe el trabajador recibir por utilidades?

El monto que reciben los trabajadores por utilidades depende de su salario, del tiempo que trabajó en el año, del número de cargas familiares registradas y del número de trabajadores que tenga la empresa.

¿Qué hacer si su empresa no le pagó?

De acuerdo con el proceso que recomienda el Ministerio de Trabajo en casos donde el trabajador no recibe su pago por utilidades, el primer paso es hablar el tema con la empresa y solicitar el pago. Es decir, pregunta directamente y solicita una fecha de pago.

Los trabajadores también pueden verificar en la Superintendencia de Compañías si la empresa obtuvo utilidades ya que, si no obtuvo, la ley no le obliga a realizar dichos desembolsos.

Si aun obteniendo utilidades, la empresa no le pagó al trabajador, este puede hacer un reclamo formal ante el Ministerio del Trabajo, presentando datos de la empresa como nombre y dirección. Una intervención del Ministerio de Trabajo puede generar inspecciones y sanciones para la empresa, como multas económicas y procesos legales. Y si la vía administrativa no funciona, puede acudir a la vía judicial y presentar una demanda laboral ante un juez.

No basta con haber cobrado antes. No basta con estar en el Registro Social. Hay que revisar.

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Cómo consultar con cédula si recibes el bono

La consulta es el punto de partida. Es gratuita, se hace en línea y toma pocos minutos. Y, sobre todo, evita ir a cobrar sin tener el pago habilitado.

Paso a paso para verificar el Bono de Desarrollo Humano

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Qué indica la plataforma

La respuesta que entrega el sistema no es solo una confirmación. Es un estado actualizado. Ahí se puede ver si la persona es beneficiaria, si el pago de abril está activo y en qué lugar puede retirarlo.

Abril no es automático: así funciona el pago

El Bono de Desarrollo Humano no se paga en una sola fecha. Se distribuye durante el mes con base en el último dígito de la cédula.

Este mecanismo se mantiene para evitar concentraciones en los puntos de pago. Los primeros días corresponden a ciertos dígitos; los siguientes, a otros.

Pero hay una constante: el calendario puede ajustarse. Por eso, la recomendación es la misma cada mes: consultar antes.

Cuánto se paga y por qué varía

El monto base del bono es de 55 dólares mensuales, pero no todos reciben ese valor. El sistema contempla un componente variable que puede elevar el pago hasta 150 dólares, dependiendo de la situación del hogar.

Factores que influyen en el monto

El valor puede cambiar si en la familia hay:

Estas condiciones forman parte del enfoque de protección social que aplica el Estado.

Dónde se cobra el Bono de Desarrollo Humano

Cuando el sistema confirma que el pago está habilitado, el siguiente paso es acudir a un punto autorizado.

El dinero puede cobrarse en:

En todos los casos, es necesario presentar la cédula original.

Lo que debes tener en cuenta antes de ir a cobrar

El proceso tiene una lógica simple, pero estricta: primero verificar, después cobrar.

El servicio es gratuito y personal. Cualquier cobro por “ayuda” es una señal de alerta.

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