El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá entra en vigencia permitiendo acceso preferencial a un mercado de 40 millones de consumidores con poder adquisitivo cercano a los $53.000 USD per cápita. 

Simultáneamente, el Gobierno resguarda 227 líneas agrícolas sensibles mediante exclusión de preferencias, contingentes limitados y prohibición de importación de bienes usados, según informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

¿Cuáles son los 600 productos ecuatorianos que entran sin arancel a Canadá?

Productos de exportación tradicional ingresan bajo régimen preferencial cero:

Además, se abren nuevas oportunidades para sectores que enfrentaban aranceles:

El cambio más significativo es que flores, chocolates y confiterías—productos que Expreso listó hace dos días como "podrían beneficiarse"—ahora tienen acceso confirmado. 

Estos sectores nunca habían tenido preferencias arancelarias en Canadá antes de hoy.

La brecha competitiva con Colombia y Perú se cierra hoy

Estos sectores—especialmente flores, chocolates y confiterías—nunca tuvieron acceso preferencial a Canadá. Colombia y Perú gozaban de ventajas arancelarias que Ecuador no poseyó hasta hoy.

 Con el TLC en vigencia, ecuatorianos pueden exportar bajo las mismas condiciones que competidores regionales con experiencia previa en ese mercado.

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¿Qué productos agrícolas protege Ecuador internamente en el TLC?

El acuerdo excluye de liberalización 227 productos agrícolas estratégicos mediante tres mecanismos de protección:

La prohibición de importación de bienes usados impide que Canadá use el mercado ecuatoriano como vertedero de productos deteriorados.

¿Quiénes se benefician del TLC y cuáles son las oportunidades?

Los beneficiarios directos son productores ecuatorianos, agricultura familiar, agronegocios y emprendimientos de pueblos indígenas cuyos productos accederán a este mercado de alto poder adquisitivo.

El TLC facilita importación de materias primas, bienes de capital e insumos canadienses a mejores condiciones, fortaleciendo productividad industrial local y mejorando competitividad nacional.

El acuerdo preserva el derecho soberano ecuatoriano para regular salud pública, ambiente, calidad de productos y sanidad animal y vegetal.

El tratado se estructura en 29 capítulos: comercio de bienes y servicios, inversiones, comercio electrónico, transparencia, asuntos laborales y ambientales, género, mipymes y pueblos indígenas. 

Incorpora mecanismos de cooperación bilateral y resolución de controversias comerciales.

El TLC cierra una negociación iniciada en 2024 y completada técnicamente en febrero de 2025, tras meses de diálogos entre delegaciones ecuatorianas y canadienses.

Con vigencia desde hoy, el acuerdo consolida presencia de Ecuador en América del Norte y diversifica mercados más allá de destinos tradicionales, posicionando al país como socio confiable en la región.

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Dentro de ese grupo aparece Ecuador. Sin embargo, el país recibió la tasa más baja definida por Washington: un arancel adicional del 10 %, el mismo nivel asignado a socios como Argentina, Guatemala, Canadá, México, Reino Unido, India y Malasia.

La medida sustituye al arancel global temporal del 10 % que expiraba este 24 de julio y que había sido aplicado de manera generalizada por la administración Trump.

¿Por qué Ecuador no recibió el arancel de 12,5 %?

Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), los países ubicados en la categoría del 10 % son aquellos que cuentan con algún tipo de prohibición a las importaciones relacionadas con trabajo forzoso, han asumido compromisos para fortalecer esos controles o mantienen mecanismos parciales para restringir ese tipo de productos.

En la investigación publicada por la USTR en junio se señaló específicamente que Ecuador figuraba entre las economías que no habían aplicado de forma efectiva esas prohibiciones. Aun así, EE.UU. decidió ubicarlo en el grupo de menor gravamen, una señal de que el país conserva margen para seguir adecuando su normativa y controles sin enfrentar una sanción comercial más severa.

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La resolución incluye exenciones

El embajador comercial de EE.UU., Jamieson Greer, sostuvo que la medida busca corregir una práctica que, además de representar una vulneración de derechos humanos, distorsiona la competencia internacional.

Sin embargo, la resolución contempla exenciones para determinados productos considerados estratégicos o cuya oferta no puede ser sustituida fácilmente por producción estadounidense.

¿Cómo funcionaría el nuevo esquema arancelario?

La investigación estadounidense sobre trabajo forzoso abarcó a más de 60 países, a los cuales se aplicó dos niveles de sobretasas:

Además de los países que recibieron el 10 % de sobretasa, está un segundo grupo que incluye a naciones que no han realizado esos esfuerzos, las cuales enfrentarían un arancel del 12,5 %.

Para el exministro de Producción y experto en comercio exterior, Daniel Legarda,  el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), que Ecuador firmó con Estados Unidos, el pasado 13 de marzo de 2026, permitió que el país esté dentro de este grupo de países que tienen un 10 %, lo que lo pone en una condición más favorable que la que enfrentan otras economías.

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¿Qué defensa ha aplicado Ecuador?

Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), recuerda que la investigación que ha interpuesto el Departamento de Comercio de Estados Unidos no está circunscrita a las prácticas internas sobre trabajo forzado dentro del Ecuador, sino más bien a cuáles son las políticas que asumen los países para evitar el ingreso de productos que contienen un valor de contenido sometido a trabajo forzoso.

En ese sentido, señaló el dirigente, la defensa del país ha sido lo suficientemente sólida. Ecuador ha demostrado tener una hoja de ruta en materia de control y apego a las reglas acordadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que pone al país en una mejor posición dentro de todo análisis.

“Tenemos uno de los salarios por hora más altos en el país y varios de los informes que se han presentado ante las autoridades de control laboral, como el Ministerio del Trabajo aquí, dan cuenta de que los sectores de exportación no tienen en toda su red formal de empresas, incorporado, desde hace muchos años ya, prácticas vinculadas al trabajo forzoso. Ese ha sido también un distintivo de las empresas formales de exportación en el Ecuador, así que eso ha sido trasladado también a las autoridades en Estados Unidos”.

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EE.UU., un socio comercial clave

De acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador (BCE) , entre enero y mayo de 2026 el país exportó al mundo 9.996 millones de dólares en productos no petroleros y no mineros, un 5 % menos que en el mismo período del año anterior. De ese total, 2.610 millones de dólares tuvieron como destino Estados Unidos, equivalente al 26 % de participación. Productos como cacao, flores, frutas, atún, pescado y elaborados de banano dependen en gran medida de la demanda estadounidense.

Legarda sostiene que la competitividad de los exportadores ecuatorianos dependerá ahora de cómo queden ubicados otros países dentro del nuevo esquema arancelario estadounidense.

Lo que debe saber

• El Gobierno establecerá la Agencia Nacional de Inteligencia (NIB), con unos 700 integrantes, y pondrá en marcha un Consejo Nacional de Inteligencia para fortalecer el contraespionaje y coordinar la respuesta ante amenazas externas.
• Tokio busca reforzar su capacidad de inteligencia tras reportes sobre una mayor actividad de espías, especialmente vinculados a Rusia, y ante la creciente influencia de China, además del acercamiento militar entre Moscú y Corea del Norte.
• El Ejecutivo también endurece el control sobre inversiones extranjeras y la protección de tecnologías estratégicas, preocupado por la dependencia energética de Oriente Medio, las restricciones chinas a minerales críticos y el riesgo de transferencia de tecnología sensible.

Japón está reforzando sus capacidades de contraespionaje con la creación de su primera agencia de inteligencia centralizada desde la Segunda Guerra Mundial, que se reunirá a finales de julio según medios locales, y protegiendo su seguridad económica ante lo que percibe como amenazas crecientes de países como China o Rusia.

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Esta reforma se ha convertido en una prioridad para la primera ministra, Sanae Takaichi, en medio de informes sobre una gran actividad de espías en el archipiélago y de lo que el portavoz gubernamental Minoru Kihara volvió a calificar este jueves como "el entorno de seguridad (...) más grave y complejo desde la posguerra".

"Existen numerosas vulnerabilidades, una de las más críticas podría ser la seguridad energética ante la dependencia excesiva del petróleo en Oriente Medio", afirmó a EFE Akira Igata, profesor de la Universidad de Tokio especializado en seguridad económica, aunque "el tema candente ahora es la falta de capacidad de inteligencia de Japón".

Japón, un "nido de espías"

El país asiático se ha convertido en un "nido de espías" ruso, advirtió el diario estadounidense The New York Times a mediados de julio, al detallar una supuesta operación rusa en Tokio para adquirir información y tecnología para su armamento en la guerra de Ucrania.

Decenas de espías recalaron en el archipiélago tras ser expulsados por países occidentales poco después del inicio del conflicto con Ucrania en 2022, convirtiendo a Japón en un centro clave de la maquinaria de guerra rusa gracias a unas leyes débiles sobre espionaje, según el medio.

Este es el más reciente en una serie de informes que han subrayado las vulnerabilidades niponas en materia de seguridad, y que incluyen la presunta exportación ilegal desde Taiwán de servidores equipados con chips de Nvidia a China pasando por Japón, así como casos de espionaje industrial en el archipiélago.

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El Gobierno admite fallas

Sin entrar a comentar casos concretos como el destacado por The New York Times, Kihara reconoció el pasado 13 de julio la "creciente necesidad de abordar las actividades de inteligencia extranjera que amenazan nuestra seguridad nacional".

Tokio debe "actuar con mayor rigor" ante los intentos de "obtener o adquirir secretos gubernamentales o corporativos", añadió el portavoz en una rueda de prensa, al tiempo que destacó que el archipiélago ya cuenta con una serie de leyes destinadas a proteger la seguridad.

Pero Kihara señaló que el Gobierno de Takaichi está dando respuesta a la cuestión, con la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia encabezado por la primera ministra gracias a una ley que el Parlamento aprobó el pasado mayo, así como a la formación "próximamente" de una Agencia Nacional de Inteligencia (NIB, en inglés).

Un "primer paso" antiespionaje

El consejo centralizado prevé reunirse por primera vez a finales de julio, según la agencia de noticias japonesa Kyodo, y el Gobierno planea establecer el NIB con unos 700 integrantes el 31 de julio, precisó por su parte el miércoles la agencia Jiji.

Estas medidas son para Takaichi tan solo un "primer paso" en las reformas para "fortalecer las funciones de inteligencia de Japón", afirmó la mandataria conservadora a los medios de comunicación en mayo.

Los planes del Ejecutivo ante lo que describe como una situación de seguridad más compleja por la creciente influencia en la región de China, así como por el acercamiento militar entre Rusia y Corea del Norte, pasan también por elaborar una futura ley antiespionaje y por la revisión en curso de su estrategia de seguridad nacional.

Atención también a la seguridad económica

Takaichi, extitular de la cartera de Seguridad Económica, ha hecho de esta materia uno de los ejes centrales de sus visitas al extranjero desde que fue nombrada primera ministra el pasado octubre.

Una especial atención agudizada por la dependencia de Japón de las importaciones de crudo de Oriente Medio en pleno bloqueo del vital estrecho de Ormuz, y por los controles chinos a las exportaciones de minerales críticos y tierras raras al archipiélago como medida de presión.

La creación a finales del mes pasado de un Comité de Inversión Extranjera a imagen del estadounidense CFIUS, destinado a intensificar el escrutinio de los fondos extranjeros que adquieren empresas o activos estratégicos, es un resultado de este foco.

Pero el ámbito de la seguridad económica se extiende también a áreas como la investigación de tecnologías críticas, en la que según Igata las universidades han sido especialmente lentas en tomar medidas para prevenir su transferencia a terceros países y entidades externas.

"China es nuestra mayor preocupación, seguida por Rusia", afirmó, debido sobre todo al mayor número de estudiantes chinos involucrados en la investigación de tecnologías críticas de doble uso en universidades japonesas.

Lo que debe saber

• El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó el programa 'Brasil Soberano III', con 18.500 millones de reales en créditos preferenciales para apoyar a empresas golpeadas por el arancel del 25 % aplicado por Estados Unidos.
• El plan beneficiará a industrias afectadas como la siderúrgica, fabricantes de maquinaria, azúcar, etanol, madera y calzado, además de empresas de fertilizantes, minerales críticos y otros sectores clave para la balanza comercial.
• Aunque Brasil mantiene el diálogo con Washington, enfrenta el riesgo de un nuevo arancel del 12,5 % si prospera una investigación estadounidense sobre presunto uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó un decreto para abrir una nueva línea de crédito de 18.500 millones de reales (3.650 millones de dólares) destinada a las empresas afectadas por el nuevo arancel del 25 % de Estados Unidos.

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"Estamos demostrando que no hay crisis que impida a Brasil seguir con su trayectoria de crecimiento económico", dijo el mandatario progresista en un acto en el Palacio de Planalto en Brasilia, al anunciar la medida.

¿Qué es Brasil Soberano III?

Bautizado como 'Brasil Soberano III', el nuevo programa se suma a las otras dos líneas de crédito en condiciones ventajosas que lanzó el Gobierno en el último año para ayudar a los exportadores a hacer frente tanto a la guerra comercial de Estados Unidos como al conflicto en Oriente Medio.

Del total que se pondrá a disposición, 13.500 millones de reales proceden, precisamente, de recursos del Tesoro que no fueron utilizados en la primera línea de crédito ofrecida en 2025.

El resto lo aportará el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el brazo de fomento del Estado brasileño.

El plan también ayudará a las empresas a diversificar sus mercados, según detalló el Ejecutivo.

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Ayuda a empresas golpeadas

A esta tercera línea de crédito anunciada se podrán acoger las empresas golpeadas por los aranceles adicionales adoptados por EE.UU. contra el sector siderúrgico y aquellas impactadas por el último gravamen del 25 % que entró en vigor el miércoles 22 de julio de 2026.

Este último arancel es el resultado de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), que concluyó que determinadas políticas brasileñas son "desleales" y perjudican los intereses de las empresas estadounidenses.

Se estima que afectará al 18 % de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, aunque algunas asociaciones comerciales elevan el impacto a cerca de un tercio.

Los productos más golpeados serán las máquinas industriales, el azúcar, el etanol, la madera y el calzado. No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, eximió del arancel a unos 2.100 productos, entre ellos la carne, el café y el petróleo.

Asimismo, podrán solicitar esos créditos a intereses más bajos de los practicados en el mercado exportadores golpeados por los actuales conflictos internacionales en curso, así como "sectores estratégicos para la balanza comercial" y empresas del ramo de fertilizantes y de minerales críticos.

En el acto de lanzamiento, en el que estuvo acompañado por varios ministros, Lula aseguró que Brasil nunca se retirará de la mesa de negociación con Estados Unidos, pero insistió en que nadie le ganará "mintiendo".

La situación, sin embargo, podría agravarse en los próximos días, ya que Brasil es uno de los 60 países que están bajo investigación por EE.UU. por un supuesto uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas, lo que podría culminar en un arancel adicional del 12,5 %.

Lo que debes saber

• En 2025, unas 645 millones de personas padecieron hambre, equivalentes al 7,8 % de la población mundial. Aunque la cifra mejora respecto a 2022, la ONU advierte que el mundo no alcanzará la meta de erradicar el hambre para 2030.
• Uno de cada cinco habitantes del continente sufre subalimentación y más de la mitad enfrenta inseguridad alimentaria.
• La región ha mostrado una mejora sostenida en seguridad alimentaria y registra niveles inferiores al promedio mundial. Sin embargo, casi una de cada cuatro personas aún enfrenta inseguridad alimentaria.

Alrededor de 645 millones de personas sufrieron hambre en 2025, es decir, el 7,8% de la población mundial, una ligera mejora que podría verse afectada este año por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y el cambio climático, alertó la FAO.

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La situación es especialmente crítica en África, donde el 20% de la población sufre subalimentación, es decir, una carencia crónica de calorías, indica este informe anual.

Tras la crisis económica poscovid, que sumió en el hambre a millones de personas adicionales (688 millones de seres humanos afectados en 2022), la situación ha mejorado, pero sin recuperar los niveles previos a la pandemia, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura, una agencia de la ONU.

¿Qué pasó con los objetivos de desarrollo sostenible?

En 2015, cuando unos 600 millones de personas padecían hambre, la comunidad internacional se había marcado entre sus "objetivos de desarrollo sostenible" para 2030 el de "eliminar el hambre y que todos tengan acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente".

Ahora, la ONU prevé que entre 510 y 520 millones de personas estarán desnutridas en 2030, más de la mitad de ellas en África.

"El centro de gravedad del hambre se ha desplazado de Asia a África", explica a la AFP David Laborde, director de la División de Economía Agroalimentaria de la FAO. "Hace 25 años, China aún tenía un problema de hambre, lo resolvió. India también lo tiene, pero está haciendo grandes esfuerzos para resolverlo de manera activa".

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Mejoras en América Latina

Los impactos climáticos, cada vez más graves, se sienten con especial dureza en África.

"Conflictos como el de Sudán, lo que ocurre en la región del Sahel o en la República Democrática del Congo también pesan mucho sobre personas que no pueden acceder a sus tierras o han perdido sus ingresos", añade Laborde.

En cuanto a América Latina y el Caribe, el informe destaca que ha registrado mejoras constantes en los últimos años, junto con Asia.

En 2025, el 22,9% de la población de América Latina y el Caribe padeció inseguridad alimentaria moderada o grave, muy por debajo de África (56,6%) y por debajo también de la media mundial (25,8%).

La inseguridad alimentaria significa que las calorías pueden ser suficientes, pero las comidas son irregulares y su composición, limitada.

En cuanto al contenido de los platos, 2.690 millones de personas en el mundo, casi una de cada tres, no pueden permitirse una alimentación sana, ya que los costes han aumentado un 25% en cinco años.

Los retrasos en el crecimiento afectan a aproximadamente un 25% de los niños menores de cinco años (150 millones en 2024, frente a los 180 millones de 2012).

En cambio, la obesidad en adultos sigue creciendo: 16,2% en 2024 (y un 18,6 % previsto para 2030).

Eventos recientes, como la guerra en Oriente Medio, "amenazan con socavar los avances" en África y Asia, alerta el informe.

Según Laborde, los efectos del aumento del coste de los fertilizantes y la energía relacionados con la guerra "de momento han sido limitados", pero "aún no hemos superado la crisis".

A mediados de junio, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU lanzaron un llamamiento a la ayuda preventiva para proteger a casi nueve millones de personas frente al fenómeno climático de El Niño.

"Es responsabilidad de las finanzas internacionales, los bancos de desarrollo y los países donantes entender que algunos países son muy vulnerables y que, en particular este año, afrontan una crisis de la que no tienen ninguna responsabilidad", subraya Laborde.

"La guerra en el Golfo no es culpa de Malaui. Si este país tiene que buscar un préstamo para pagar sus fertilizantes, es justo que la comunidad internacional intente absorber el impacto", indica.

LO QUE DEBES SABER

• Daniel Noboa afirmó tener un "acuerdo inicial" con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para una tarifa binacional sin documento firmado ni cronograma.
• El presidente calculó en hasta 380 megavatios (MW) la energía adicional desde Colombia, pero la Resolución 40306 no reactiva las Transacciones Internacionales de Energía (TIE).
• Frente a los 800 MW que, según Noboa, estimó el operador eléctrico para el estiaje, el Gobierno solo había adjudicado 55 MW de los cerca de 500 MW que busca incorporar.

Ecuador podría volver a recibir hasta 380 megavatios (MW) de electricidad desde Colombia y pagarlos mediante una tarifa binacional. El presidente Daniel Noboa afirmó este 23 de julio, en una entrevista con Radio Centro, que existe un "acuerdo inicial" con el presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella.

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El esquema aplicaría un mismo valor en las dos direcciones. "Cuando ellos necesiten, les vendemos a un precio y cuando nosotros necesitemos es el mismo precio", explicó el mandatario.

Noboa no precisó una tarifa referencial, un cronograma ni los mecanismos con los que se aplicaría el acuerdo. De la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el 7 de agosto.

¿Cuánta energía necesita Ecuador para el estiaje?

Durante la entrevista, Noboa fue consultado sobre las proyecciones del Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado 2026-2027 del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), que estiman una necesidad urgente de 893,7 MW y un 25 % de probabilidad de apagones si no ingresa nueva generación.

El presidente respondió que el requerimiento calculado por el Cenace es de 800 MW. Calificó esa proyección como un escenario extremo y afirmó que existe menos de un 20 % de probabilidad de que ocurra.

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Otro informe del operador, fechado el 6 de marzo de 2026, estimó en 18 % el riesgo de apagones durante el estiaje si no se restablecen las importaciones de electricidad desde Colombia.

El Gobierno ha proyectado un déficit de entre 900 MW y 1.300 MW para esa temporada, que se extendería desde finales de septiembre hasta marzo.

¿Con qué generación propia cuenta el Gobierno?

Frente a esa brecha, Noboa aseguró que el Gobierno ha diversificado las fuentes de generación.

El mandatario mencionó más de 150 MW adicionales en Daule-Peripa y más de 150 MW provenientes de proyectos privados que ya se encuentran generando electricidad.

A eso sumó la central Toachi Pilatón, que, según Noboa, podría aportar hasta unos 240 MW cuando alcance su máximo funcionamiento. No precisó una fecha para llegar a ese nivel.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, afirmó el 13 de julio que el Gobierno busca incorporar cerca de 500 MW antes de octubre. Hasta esa fecha se habían adjudicado 55 MW.

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¿Por qué el suministro colombiano aún no se reactiva?

Pese al anuncio de Noboa, el suministro eléctrico desde Colombia todavía no se ha reanudado. Ese país suspendió las ventas el 22 de enero de 2026, en medio de la disputa comercial originada por la tasa de seguridad aplicada por Ecuador a las importaciones colombianas.

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia expidió el 10 de julio la Resolución 40306, que habilita contratos bilaterales entre agentes privados, pero no modifica la operación de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE).

Las TIE son el mecanismo con el que Ecuador y Colombia han intercambiado electricidad durante más de 20 años y el único aprobado en el marco de la Comunidad Andina (CAN), según explicó a EXPRESO Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (Andeg).

Castañeda afirmó que las ventas seguirán suspendidas hasta que se expida una resolución que levante la medida adoptada en enero.

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El ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció el 22 de julio que la regulación había quedado “en firme” y que las transacciones se restablecerían en los próximos días.

¿Qué se negocia con Perú?

El Gobierno también mantiene conversaciones con las nuevas autoridades de Perú para recibir gas natural destinado a la generación eléctrica.

"En el sur nos van a proveer gas, para con gas natural tener mayor generación eléctrica, más barata", afirmó Noboa.

Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de Perú el 28 de julio. El mandatario ecuatoriano no detalló los volúmenes de gas que se importarían ni los plazos del proyecto.

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¿Cuánto cuesta la energía colombiana?

Entre julio de 2024 y julio de 2025, Ecuador destinó más de $314,2 millones a la compra de 1.279.528 megavatios hora (MWh) de electricidad colombiana.

El costo de no contar con ese suministro también está calculado. En un escenario de sequía extrema, el Cenace estimó que las pérdidas por energía no suministrada podrían alcanzar los $823,7 millones.

¿Qué se conversó sobre seguridad fronteriza?

Además de la energía, Noboa aseguró que la seguridad fronteriza será uno de los principales temas de cooperación con los nuevos gobiernos de Colombia y Perú.

"La parte más crucial es seguridad fronteriza y energía", afirmó el presidente durante la entrevista.

El mandatario advirtió que debe existir una mayor presencia militar en las zonas limítrofes y aseguró que el tema ya se ha conversado con el Gobierno peruano y con las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia.

Sin embargo, no anunció convenios firmados, operaciones conjuntas ni fechas para la aplicación de nuevas medidas de seguridad.

Según el Gobierno nacional, el acuerdo busca ampliar el acceso preferencial de los productos ecuatorianos al mercado canadiense, de cerca de 40 millones de consumidores. Ante ello, las expectativas por una mayor participación de nuevas pequeñas y medianas empresas ecuatorianas en esa comercialización, que logre además empujar un alza en la empleabilidad, son altas, dicen los expertos.

El analista económico Jorge Calderón indica que, con esta nueva apertura, industrias como la minera, la de cacao y la de productos de mar podrán explayarse en ese mercado con mayor facilidad. Además, añade, con la puerta más abierta, las pequeñas y medianas empresas podrían tomar esa ruta para exportar y crecer, lo que empujaría a una mayor empleabilidad en Ecuador.

“Vemos cómo nuestras exportaciones se han duplicado y cómo la brecha del déficit se ha acortado en el último año, aun cuando no había acuerdo comercial. Lo que quiere decir que con este nuevo TLC se podrá ingresar muchísimos productos más”, indica el experto.

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En 2025 Ecuador exportó 563 millones de dólares. Eso fue casi el doble que un año antes cuando alcanzó los 294 millones. En cambio, en cuanto a importaciones, el año pasado el país recibió productos desde el país norteamericano por 564 millones de dólares, que representó menos que un año antes cuando Canadá ingresó productos por 592 millones.

Con este TLC, de acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Producción y Comercio Exterior del país, cerca del 97,2 % de las líneas arancelarias quedarán cubiertas por preferencias comerciales.

El economista y presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, Larry Yumibanda, coincide en que el TLC con Canadá es muy importante por la magnitud del mercado y porque se ha intentado proteger sectores nacionales sensibles como el agrícola y el ganadero.

“En el balance, Ecuador sale ganando porque diversifica mercados, potencializa la exportación de materias primas, hay transferencia de tecnología y además Canadá es uno de los mayores inversionistas en materia minera”, detalla.

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Él considera que, a pesar de la imposición de cuotas en la importación de ese tipo de productos desde el país norteamericano, el Gobierno ecuatoriano de todos modos debe establecer políticas de fortalecimiento de la producción nacional de estas áreas.

“Es bueno ver cómo las políticas de Estado han traspasado los Gobiernos en esta relación entre Ecuador y Canadá”, añade.

No obstante, dice Yumibanda, hace ruido que dentro de las negociaciones se pusiera como cláusula el arbitraje internacional, ante organismos como el Banco Mundial, en caso de que exista controversia o disputa en este nuevo marco de relación comercial. “Eso normalmente la Constitución lo prohíbe, salvo que la Corte Constitucional lo viabilice, así como ya ocurrió con los Emiratos Árabes”, concluye.

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¿Cuáles son los productos ecuatorianos que se beneficiarán?

Entre los productos y sectores ecuatorianos que podrían verse más beneficiados se encuentran flores, alimentos procesados, atún y otros productos pesqueros, textiles, autopartes, cerámica, calzado, madera, jugos y pulpas de fruta, cosméticos, plásticos, sombreros y productos de tagua.

Al mismo tiempo, durante la negociación se establecieron medidas para proteger algunos sectores considerados sensibles en Ecuador, entre ellos arroz, lácteos, maíz, azúcar y carnes de cerdo, res y ave.

Las cifras, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), abrieron un foro sobre empleabilidad organizado en Quito por la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).

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Arturo Muñoz Pasquel, socio y gerente general de Impakto, Headhunting y Consultoría en Desarrollo Humano, y único expositor ajeno a la universidad, lo llamó allí "la ilusión del 3,1". 

Un desempleo propio de un país desarrollado oculta que la mayoría de la fuerza laboral se reparte entre subempleo, empleo no pleno y trabajo no remunerado.

El mercado laboral ecuatoriano no sufre de falta de ocupación, sino de calidad y formalidad, afirmó. 

Los datos oficiales lo respaldan: el INEC registró un empleo informal del 52,8 % de la población ocupada y un ingreso laboral promedio mensual de $471.

¿Dónde están hoy las oportunidades de empleo?

De cada 100 personas ocupadas, 93 son contratadas por el sector privado y solo siete por el público, precisó Muñoz. Mientras el sector público no mejore su ritmo, ahí es donde conviene concentrar la búsqueda.

El rector de la UIDE, Simón Cueva Armijos, agregó un freno que explica parte del problema. 

Ecuador combina alta informalidad con un acceso bajo a la educación superior: cerca del 30 % de la población llega a ese nivel, un porcentaje reducido frente a comparativos internacionales.

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¿Qué habilidades piden las empresas?

El decano de la Business School de la UIDE, David Vera, citó el último reporte Future of Jobs del Foro Económico Mundial: el 39 % de las competencias actuales cambiará antes de 2030. 

Cambiarán, no desaparecerán, precisó. El informe proyecta un saldo positivo, pero con recambio fuerte:

"La solución no siempre es sacar gente", dijo Vera. Y añadió dos datos que miden la velocidad del cambio: 

Muñoz advirtió, sin embargo, que mirar solo a la tecnología es un error. Las ocupaciones de mayor crecimiento no son únicamente las tecnológicas,  también aumentará la demanda en:

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En Ecuador, un análisis de social listening sobre Google Trends y LinkedIn presentado por Vera midió qué busca la gente. 

Sobre 1,2 millones de búsquedas y 250.000 conversaciones digitales de los últimos 12 meses, estas habilidades fueron las que más crecieron:

El dato revela un cambio de conducta: ya no se buscan carreras completas, sino ciertas habilidades. 

Pero eso solo cubre la mitad del examen. En un proceso de selección, cerca del 50 % del peso está en la hoja de vida y el otro 50 %, en habilidades blandas, explicó Muñoz.

¿La inteligencia artificial reemplaza esa preparación?

Ninguno de los expositores lo planteó así. Muñoz advirtió que la IA presenta cerca de un 30 % de error en lo que genera, y que en las empresas las cosas pasan por las relaciones: sentarse con un jefe o con un equipo no es algo que una herramienta resuelva.

Cueva lo planteó desde la formación. No se necesita que todos sean expertos en datos, dijo, pero sí que sepan leerlos, analizarlos y decidir con ellos, porque es lo que muchas empresas piden ahora.

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Vera lo ilustró con un ejemplo. Un abogado ya no escribe providencias a mano y una enfermera dedica menos tiempo a informes y más a atender pacientes: la IA reconfigura funciones antes que eliminarlas.

¿Por qué la experiencia sola dejó de ser suficiente?

Muñoz cuestionó el razonamiento de quien lleva 10 años trabajando y concluye que ya no necesita estudiar. "Te equivocas, porque finalmente estás perdiendo competitividad", afirmó.

En una entrevista no preguntan solo por la experiencia, también por el nivel académico, agregó. 

Para un cargo de mediana responsabilidad, el título de tercer nivel opera como requisito por defecto, y sin él la candidatura queda fuera por más trayectoria que se acumule.

Vera lo matizó: el título deja de ser suficiente, pero no deja de ser importante. Es la base sobre la que se construyen el upskilling y el reskilling posteriores.

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La vicerrectora académica de la UIDE, Marlena León Mendoza, cerró el argumento con una distinción. 

Las certificaciones responden al cómo hacer algo en un momento determinado; la universidad, al por qué, al para qué y a qué se necesita saber para hacerlo bien.

¿Cómo reorientar una carrera que dejó de ser lineal?

Vera describió el modelo tradicional: estudiar, trabajar, ascender, jubilarse. Ese esquema fue reemplazado por uno en espiral, donde muchas personas trabajan primero, adquieren habilidades en el camino y recién después formalizan sus estudios.

La consecuencia es práctica. Quien empezó a trabajar, hizo carrera y tiene familia no puede formarse bajo el mismo paradigma que un bachiller recién graduado, dijo. Necesita modalidades en línea y reconocimiento de lo ya aprendido.

Antes de moverse conviene distinguir dos frentes, sumó Muñoz. La empleabilidad interna consiste en entender la organización donde se está y detectar dónde se genera valor, en lugar de ser uno más del montón.

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La externa exige leer el entorno: hacia dónde se quiere ir y qué hace falta para ese salto. Cuanto más tiempo se permanece en la zona de confort, más difícil resulta que se abran puertas afuera, advirtió.

¿Qué pasos concretos mejoran la empleabilidad?

Muñoz enumeró cinco factores que, según estudios internacionales, activan la empleabilidad:

El punto ciego más frecuente aparece al ascender. Muñoz describió al supervisor de planta formado como ingeniero, con capacidad técnica sólida, que empieza a temblar cuando le anuncian que va a manejar gente. Faltan destrezas como planificar, conducir una reunión o gestionar talento humano.

Al elegir dónde formarse, Vera pidió mirar la calidad.

¿Qué ofrece el programa que reconoce la experiencia previa?

Sobre ese diagnóstico, la UIDE relanzó su Programa Ejecutivo de validación de conocimientos. 

León explicó que se dirige a mayores de 25 años, con al menos cinco años de experiencia laboral, que no pudieron culminar o siquiera iniciar la universidad.

"Quiero ser muy clara en este punto. Este programa no entrega títulos por experiencia", dijo. 

Lo que hace es reconocer formalmente conocimientos adquiridos en la trayectoria laboral, mediante una validación que dura aproximadamente un semestre.

Cueva precisó que esa etapa son clases formales, con evaluación y calificación, y que algunos estudiantes la aprueban y otros no. Quienes pasan deben completar después las asignaturas que les faltan, en modalidad 100 % online.

Concluir la formación universitaria toma al menos dos años, según León. Es decir, la experiencia acorta el camino hacia el título, pero no reemplaza automáticamente toda la malla.

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Está previsto que este viernes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anuncie un nuevo esquema de aranceles de carácter permanente, basado en investigaciones sobre prevención y combate al trabajo forzoso. La medida busca evitar un vacío legal mientras Washington redefine su política comercial y mantendrá presión sobre decenas de socios comerciales, entre ellos Ecuador.

Según explicó el exministro de Producción y experto en comercio exterior, Daniel Legarda, el escenario más probable es que Ecuador permanezca dentro del grupo de países sujetos a una tarifa del 10 %, una condición más favorable que la que enfrentarían otras economías.

Ecuador se mantendría en el grupo con menor carga arancelaria

La investigación estadounidense sobre trabajo forzoso abarca a más de 60 países. Con base en los resultados preliminares conocidos hasta ahora, se prevé la creación de dos niveles de sobretasas:

El primer grupo estaría conformado por países que han incorporado medidas, compromisos o acuerdos relacionados con la prevención del trabajo forzoso. Estos mantendrían una tarifa del 10 %. El segundo incluiría a naciones que no han realizado esos esfuerzos, las cuales enfrentarían un arancel del 12,5 %.

Legarda considera que Ecuador estaría dentro del primer bloque debido a los acuerdos de cooperación y compromisos asumidos con Estados Unidos en materia laboral y comercial.

Sin embargo, el especialista aclara que la noticia no implica una eliminación de barreras. “Nadie se libera, lo único que pasa es que tienes dos niveles diferentes, un nivel con menos carga y otro nivel con más carga”, señala.

Para el experto, la competitividad de los exportadores ecuatorianos dependerá ahora de cómo queden ubicados otros países dentro del nuevo esquema arancelario estadounidense. 

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Aunque varios productos estratégicos continúan amparados por regímenes de excepción, algunos sectores ya muestran señales de afectación. “Las afectaciones tal vez ya se pueden empezar a ver en algunos productos específicos de los no tradicionales”, advierte el experto.

Legarda menciona que ciertas exportaciones no tradicionales, especialmente transformadores, generadores y equipos eléctricos, podrían estar ya enfrentando dificultades por la ausencia de preferencias comerciales específicas frente a otros competidores.

La preocupación cobra relevancia porque Estados Unidos sigue siendo el principal destino individual para una parte importante de la oferta exportable ecuatoriana.

De acuerdo con datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), entre enero y mayo de 2026 Ecuador exportó 9.996 millones de dólares en productos no petroleros y no mineros, un 5 % menos que en el mismo período del año anterior. De ese total, 2.610 millones de dólares tuvieron como destino Estados Unidos, equivalente al 26 % de participación.

Productos como cacao, flores, frutas, atún, pescado y elaborados de banano dependen en gran medida de la demanda estadounidense.

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La incertidumbre comercial continuará

Más allá del anuncio de este 24 de julio, Legarda considera que la volatilidad seguirá marcando la relación comercial con Estados Unidos.

A su criterio, la administración Trump continuará ajustando instrumentos comerciales y arancelarios conforme avance su agenda económica, lo que mantendrá la incertidumbre para exportadores e inversionistas.

Además, las nuevas medidas podrían enfrentar cuestionamientos legales, revisiones administrativas o modificaciones futuras, lo que dificulta prever un escenario estable a largo plazo. 

Lo que debes saber

• Las empresas de alto voltaje tienen hasta el 15 de diciembre de 2026 para implementar sistemas de generación eléctrica propia.
  
• Las distribuidoras deberán notificar a los clientes, actualizar el catastro y reportar mensualmente el avance de los proyectos.
  
• Representantes del sector advierten que los costos y tiempos de ejecución pueden dificultar el cumplimiento del plazo.

A menos de cinco meses de que venza el plazo fijado en el Decreto Ejecutivo 32, las empresas e industrias consideradas grandes consumidores (clientes regulados de alto voltaje) deberán acelerar la implementación de sus sistemas de generación eléctrica propia. El Gobierno informó que la fecha límite para cumplir esta obligación es el 15 de diciembre de 2026 y dispuso un seguimiento mensual.

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El Viceministerio de Electricidad, que es parte del Ministerio de Ambiente y Energía, emitió los nuevos lineamientos para controlar el cumplimiento de esta disposición, incluida en el Decreto Ejecutivo 32, publicado en el Registro Oficial el 15 de junio de 2025.

Esta normativa otorgó un plazo de 18 meses para que los clientes de tarifa de alto voltaje que no cuentan con sistemas de generación puedan implementar alternativas destinadas a abastecer su propia demanda de electricidad.

Gobierno fija plazo y activa seguimiento

A través de un oficio Nro. MAE-VEER-2026-0255-OF, firmado el 7 de julio de 2026 por Javier Medina, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, se dispuso que las empresas eléctricas distribuidoras notifiquen formalmente a todos los clientes regulados de alto voltaje sobre la obligatoriedad de implementar estos sistemas.

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De acuerdo con este documento, al que accedió Diario EXPRESO las empresas distribuidoras tendrán un plazo máximo de 15 días para comunicar a los usuarios sobre la obligación y recordarles que el periodo para cumplirla finalizará el 15 de diciembre de este año.

La disposición fue dirigida a las empresas eléctricas de Azogues, Centro Sur, Galápagos, Quito, Riobamba, Regional del Sur, Regional Norte, Ambato, Cotopaxi y CNEL.

¿Hay dificultades para cumplir el plazo?

Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, mencionó este 22 de julio de 2026 que las empresas distribuidoras han empezado a notificar ya a las industrias sobre este asunto. 

Sin embargo, subrayó que la implementación de estos proyectos significa un “esfuerzo económico para las empresas”. Por ello, sostuvo que cada una ha avanzado en función de sus posibilidades.

A esto se suma, que la puesta en marcha de estos proyectos no es sencilla. Un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo, puede tomar entre tres y cuatro años, desde sus estudios hasta su operación, refiere Ricardo Buitrón, consultor hidroeléctrico. “Si las firmas optaron por estos equipamientos no es posible realizarlos en 18 meses”.

Además, recordó que si bien una solución fotovoltaica podría ser más rápida se debe considerar también el tiempo que toma los estudios, construcción y sistemas de evacuación de este tipo de energía, que no es firme.

Los costos que demandan estos proyectos también son altos. Por ejemplo, la instalación de un MW de energía hídrica requiere de una inversión de alrededor de $1 o $1,5 millones. En cambio, en fotovoltaica esta potencia equivale a aproximadamente $600.000.

Por su parte, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) tiene previsto reunirse en los próximos días para tratar este tema, según conoció Diario EXPRESO.

Distribuidoras deberán reportar avances cada mes

Para conocer el avance de estos proyectos, las empresas distribuidoras deberán entregar, en el mismo plazo de 15 días, al Viceministerio un catastro actualizado y detallado de los clientes regulados de alto voltaje. 

El registro deberá identificar cuáles industrias ya cuentan con sistemas de autogeneración, cuáles se encuentran implementándolos y cuáles aún están en planificación.

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Las empresas distribuidoras deberán también exigir a cada cliente de alto voltaje la presentación de “un cronograma detallado de los hitos más relevantes para la implementación de sus sistemas de autogeneración”, precisa el oficio.

Estos cronogramas deberán ser remitidos mensualmente al Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable para verificar el avance de los proyectos y asegurar el cumplimiento de la fecha límite.

La medida busca reducir el déficit eléctrico

La implementación de sistemas de autogeneración por parte de los grandes consumidores forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado, que mantiene un déficit de generación eléctrica desde 2023. Actualmente, esa brecha bordea los 1.300 megavatios (MW).

Ante este escenario, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto 32 que dio a las empresas de alto voltaje (AV1 y AV2), consideradas como grandes consumidores, un plazo de 18 meses para cubrir su propia demanda y así reducir la presión sobre el sistema eléctrico.

Mientras el pago llega, hay sueldos y material que no esperan. Por eso marca el mismo número: el de un prestamista informal.

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El 71,8 % de los créditos del chulco corresponde a préstamos de menos de $ 500

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Como ella, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos acceden a financiamiento formal, según el Banco Central. El resto se financia fuera del sistema.

Mariana ni tuvo que buscarlo. En calles y mercados, los prestamistas dejan tarjetas en las puertas de los locales: un celular y dinero en el día, sin buró. Después llega la visita, con vendedores que recorren los negocios, explicó Joaquín Dávalos, CEO de PayJoy en Ecuador.

El costo de la rapidez: cuatro veces más caro

Ella pide al menos $100.000, a un interés de entre 2% y 4% mensual. La tasa depende de quién presta, porque familiares y conocidos cobran menos, y del monto: mientras más alta es la cifra, más baja es.

Al 4%, ese piso genera $4.000 al mes. Como cancela al terminar la obra, tres o cuatro meses después, paga entre $12.000 y $16.000 solo de intereses.

En un banco le tocaría crédito productivo para pymes, con un techo de 11,83% anual: esos $100.000 a cuatro meses le costarían unos $3.943. En el chulco paga cuatro veces más.

Lo sabe y aun así llama. "Primero voy al banco, pero como no tengo respuesta, aparte de que se demora", explicó. 

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Su resumen de la banca es más duro: "Cuando usted tiene dinero, usted es importante para ellos; pero cuando no tiene dinero, no le paran bola".

Del microempresario a la tienda de barrio

Un caso así habría sido raro hace unos años. Fidel Durán, presidente del directorio de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), afirmó que el principal cliente del chulco es el microempresario.

El catedrático de la Universidad Andina David Castellanos fue más lejos: el chulco ya no golpea solo a las personas, sino a negocios formalizados que venden menos de $100.000 al año. Tiendas, llanteras, vulcanizadoras.

Y los montos crecieron. Cuando se hizo el estudio el promedio era $500; hoy ronda los $700 o $1.000, y en algunos casos llega a $200.000, precisó.

¿Por qué el banco no les presta?

Durán explicó que fallan tres cosas: 

Esa barrera es el techo a las tasas vigente desde 2007. Al impedir que la tasa refleje el riesgo de cada cliente, sostiene la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), la regulación terminó dejando gente fuera en lugar de abaratar el crédito.

"Sí existen más préstamos, pero menos personas", afirmó Durán. A eso se suma un filtro que expulsa a los pequeños: sin balances al día, el banco evalúa a la empresa como si fuera una persona, explicó Castellanos.

Su conclusión del estudio del chulco fue que la gente busca acceso más que precio: "No hay crédito más caro que el que no existe". 

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La ilusión de la cuenta bancaria

Mariana está convencida de que su préstamo es lícito: "Con las personas que yo me manejo, ellos sí hacen transferencias, porque sí es dinero lícito", explicó.

Los expertos dicen lo contrario. El economista Santiago García Álvarez, profesor de la Universidad Central, recordó que solo bancos, cooperativas, mutualistas y ONG calificadas pueden prestar. "No existe otra opción".

Castellanos fue tajante: que el dinero pase por el banco no lo vuelve lícito, porque hay que probar el origen de los fondos. 

Sin esa verificación, advirtió, quien recibe puede terminar sin saberlo en el lavado.

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El rostro femenino de la exclusión

Si las empresas pequeñas son el nuevo objetivo del chulco, las mujeres son su víctima histórica: el 52,7% de quienes recurren al préstamo informal son mujeres, según el estudio de Castellanos.

La exclusión que las empuja ahí también tiene rostro femenino. Asobanca calcula que son el 58,2% de la población bancarizable que queda fuera del crédito de consumo: unos 4,2 millones.

Bajo esa cifra caben mundos distintos. En un extremo, empresarias como Mariana, que mueven cifras de seis dígitos y aun así no consiguen que un banco les responda a tiempo.

En el otro está Rosa (nombre protegido), dueña de una verdulería en el sur de Quito, que una vez estuvo a punto de cerrar porque no tenía ni $500 para reponer la mercadería.

A las dos les dijeron que no en el banco, aunque pedían cosas muy distintas. Y encontraron obstáculos que los hombres no tienen: "Los bienes están a nombre del marido, pese a que son de los dos", explicó Durán.

Las entidades exigen además la firma del cónyuge, que muchas no quieren pedir. 

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) mide el resultado: el 28% de ellas tiene crédito, frente al 30% de los hombres.

Aun así pagan mejor. En PayJoy, el 56% de las clientas son madres solteras y el 84% trabaja en la economía informal, pero su mora es más baja que la de los hombres, precisó Dávalos.

La emergencia que empuja al poste

En el caso de Rosa fue una emergencia doméstica. Su hija se enfermó, los exámenes médicos consumieron el dinero del negocio y para el martes ya no tenía con qué comprar verduras en el Mercado Mayorista.

"Pedí prestado a amigos, a familiares, pero nadie podía ayudarme", contó. El chulco no fue su primera opción, sino la última. 

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Ese orden se repite: el préstamo informal se destina sobre todo a mercadería, un 41,84%, y a gastos básicos del hogar, un 30,93%.

Rosa tampoco salió a buscarlo. Vio un papel pegado en un poste con un número de teléfono, llamó y esa misma noche tenía el dinero.

Al banco nunca fue. "No entiendo bien cómo se hace. Dicen que piden un montón de papeles y yo ni sé dónde conseguir todo eso", explicó. No comparó tasas, comparó trámites.

$15 diarios: el costo que no se ve

Rosa,por precaución pidió solo $300. El prestamista le puso una condición sencilla: $15 diarios durante 30 días.

Esa cuota suma $450 en el mes. Es decir, devolvió los $300 y pagó $150 de interés: la mitad de lo que pidió. Por ese mismo préstamo, un microcrédito minorista le habría costado unos $7.

El mecanismo es el mismo en todas partes. "Te dicen: págame cinco diarios hasta finales de mes, y terminan pagando 150", describió Dávalos. El cobro diario disuelve el interés hasta volverlo invisible.

Por eso el 64,56% de los usuarios cree pagar 20% mensual, cuando el promedio real es 103%. Rosa sigue llamando al mismo número: "Ya nos conocemos".

Y el riesgo ya no es solo económico. "Los principales usureros son las propias mafias", advirtió Durán, que se estima que la usura dejaría $3.000 millones al año, sin embargo no es una cifra exacta que se pueda calcular.

¿La reforma puede alejarlas del chulco?

La Asamblea debate una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) que encarga a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria crear un régimen especial de tasas para quienes no tienen historial.

Asobanca respalda esa vía: un segmento de inclusión que incorpore temporalmente a quienes no califican, para que construyan historial y accedan después a mejores condiciones.

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El proyecto no fija ese nivel ni elimina los techos: deja la decisión en la Junta y limita esos créditos a 36 meses. 

La RFD cuenta 1,26 millones de personas ya expulsadas del sistema. Durán va más lejos y pide eliminar los techos.

Castellanos advierte el reverso: sin educación financiera, abrir crédito a quien nunca lo tuvo puede terminar en una nueva ola de morosidad.

Nadie sabe aún a qué tasa se prestará ni cuándo. Mientras se decide, Mariana seguirá llamando al mismo número, y Rosa también: el banco tarda tres meses; el chulco, un día

Lo que debes saber 

• Ecuador reactivará el envío de arroz al mercado colombiano con una operación de 30.000 toneladas métricas.
• Conozca desde cuándo comenzarán los despachos y qué implica este acuerdo para el sector arrocero nacional.

El Gobierno de Ecuador confirmó una negociación para colocar 30.000 toneladas métricas de arroz en el mercado colombiano, una operación que busca reactivar el comercio del cereal entre ambos países. La información fue difundida este 22 de julio de 2026 por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

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El ingreso del producto ecuatoriano está previsto a partir del 25 de julio de 2026, una vez que entren en funcionamiento las operaciones de importación por el paso fronterizo de Rumichaca. Con ello, los exportadores podrán retomar el envío del grano hacia Colombia tras concretarse el acuerdo comercial.

Según el comunicado oficial, esta negociación representa un avance para el sector arrocero nacional y responde a un trabajo conjunto entre las autoridades y los actores de la cadena exportadora. La medida también busca recuperar la presencia del arroz ecuatoriano en uno de sus principales mercados regionales.

El comunicado también señala que esta operación constituye una señal favorable para la recuperación del comercio del arroz entre Ecuador y Colombia. Además, destaca que el proceso fue posible gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el sector exportador y los actores comerciales de ambos países.

Gestiones para ampliar el mercado del arroz ecuatoriano

Las autoridades indicaron que continuarán las gestiones técnicas y comerciales para fortalecer la presencia del arroz ecuatoriano en Colombia. Entre las acciones previstas constan reuniones con autoridades, gremios e importadores para facilitar nuevas oportunidades de negocio.

La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Colombia participará en estas acciones con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la recuperación de los niveles de exportación registrados en años anteriores. El trabajo se enfocará en consolidar el acceso del producto ecuatoriano a ese mercado.

Lo que debes saber

• Los controles detectaron 272.845 litros leche transportada sin cumplir normas de inocuidad. El volumen fue decomisado.
• De los 305.000 productores de leche, hasta el 85% son pequeños y medianos, el segmento al cual le urge capacitación y tecnología.
• Estudios académicos advierten riesgos en la leche informal, tras detectar incumplimientos de calidad en entre el 80% y 100% de las muestras analizadas.

El decomiso de 272.845 litros de leche realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) durante el primer semestre de 2026 evidencia un doble escenario: mientras las acciones de control buscan proteger a los consumidores, también ponen de manifiesto un problema estructural del sector, pues una parte importante de la leche que se produce en el país continúa al margen de la formalidad.

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El boletín oficial, difundido el 21 de julio, detalla que entre enero y junio se ejecutaron 360 operativos en 23 provincias, en los que se inspeccionaron 3,8 millones de litros de leche cruda y se decomisó cerca de 273 mil litros, principalmente por transportarse en tanques inadecuados e incumplir parámetros de inocuidad.

Para entender la dimensión del reto hay que mirar la producción total. Ecuador produce alrededor de 5,2 millones de litros de leche cruda al día, según cifras del Centro de la Industria Láctea (CIL), levantadas a partir de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria del 2025.

Luis López, presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador (Fenaprole), sitúa el problema en la base de la cadena productiva. Según el censo de 2023, el país registra 305.000 productores de leche, de los cuales entre el 80 % y el 85 % son pequeños y medianos. Desde la perspectiva del dirigente, la mayoría de ellos desconocen los estándares de producción y observan la venta diaria de leche “caja chica” con la que pueden obtener liquidez inmediata.

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Esa base atomizada explica, en parte, por qué la informalidad —la leche que se produce y comercializa sin registro— sigue siendo alta, aunque ha ido cediendo terreno. Según el CIL la tasa promedio de leche no registrada entre 2020 y 2025 es de 54%.

Byron Puga, docente e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, precisa que la cifra corresponde a un promedio nacional. En provincias con mayor producción, como Pichincha o Guayas, la informalidad podría ser menor; mientras que en zonas más alejadas de los centros de acopio, como Zamora Chinchipe, Napo o Sucumbíos, estima que "el porcentaje es muchísimo más alto".

Diferencias en producción y riesgo

El investigador también marca una distinción que considera clave para no generar alarma: la leche que llega envasada desde la industria, con registro sanitario, "es totalmente apta para el consumo humano", porque pasa por controles de calidad obligatorios. 

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El riesgo real esta en el segmento que vende leche en camionetas, motos, mercados y puestos de calle, sin ningún tipo de garantía. 

Es importante también considerar que muchos pequeños ganaderos comercializan su leche a través de intermediarios que se encargan de recoger la producción y, en muchos casos, la transportan en tanques plásticos abiertos en lugar de recipientes autorizados de acero inoxidable o aluminio. Según López, el cambio implica costos de entre $50 y $700, dependiendo del tipo y tamaño del tanque, por lo que el sector pide apoyo estatal para facilitar la formalización.

Puga ha recolectado muestras de leche informal en las 24 provincias del país como parte de sus investigaciones —algunas ya publicadas, otras en proceso— y encontró que, en la mayoría de los casos, la leche informal "incumple con al menos uno de los parámetros establecidos por la norma técnica ecuatoriana", en una proporción que va del 80% al 100% de las muestras analizadas.

Un problema de salud pública

La leche sin el tramiento óptimo que garatince su inocuidad y calidad puede representar riesgos de dos tipos, explica Puga: biológicos, por la presencia de patógenos como salmonella, listeria o E. coli, capaces de causar desde problemas gastrointestinales hasta la muerte en poblaciones vulnerables; y químicos, por residuos de antibióticos o metales pesados. 

En sus estudios encontró niveles de plomo por encima de lo permitido en algunas muestras, aunque los niveles de micotoxinas se mantuvieron, en general, dentro de los límites aceptados.

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Sobre la ley que regula al sector

En parte para atender este tipo de vulnerabilidades, la Ley Orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados definió las sanciones y los parámetros de calidad exigibles para toda la cadena productiva.

Esos parámetros se basan en el Código Alimentario, el estándar internacional de buenas prácticas. Ahí se fijan, por ejemplo, los porcentajes mínimos de grasa (3%) y proteína (2,9%) que debe tener la leche cruda, además del límite de 180.000 células somáticas y 250.000 unidades formadoras de colonias.

Sin embargo, fuera de la incautación, la norma prácticamente no contempla sanciones económicas fuertes, según López, aquello fue una decisión deliberada: "se pensó mucho para poder hacer una sanción más allá de la leve", porque cerrar un centro de acopio golpearía a decenas de productores que requieren el sustento diario.

López plantea, además, que la leche decomisada podría tener un mejor destino que el desecho, por ejemplo como abono, algo que Puga confirma como técnicamente viable, aunque ninguno de los dos sabe con certeza qué hace hoy el Estado con esos volúmenes (tampoco aparece en el comunicado oficial).

Ante esta y otras inquietudes, este diario elevó un pedido de información al MAGP, como ente rector, para conocer que provincias concentran la informalidad y la estrategia detrás de estos operativos. Hasta el cierre de esta nota, la cartera de Estado no había respondido.

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Capacitar para frenar la informalidad

Para Puga, la evidencia es clara: los estudios de informalidad de la CIL, los operativos de Agrocalidad y los volúmenes decomisados confirman que existe un problema que aún no ha sido controlado de manera suficiente. 

Ante ello, sostiene que la respuesta no puede limitarse a los controles, sino que requiere una acción coordinada entre el sector público, privado y la academia para "buscar alternativas que permitan garantizar que se siga produciendo leche en el mismo volumen".

En ese contexto, el investigador considera que invertir en la formación de los productores permitiría mejorar el manejo y la salud del ganado, reducir el impacto ambiental e incrementar la producción y los ingresos, tanto para los productores como para el Estado. "Es una ganancia de absolutamente todos", resume.

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López plantea algo similar desde otro ángulo: el país necesita invertir en tecnología para toda la cadena, desde el transporte hasta la comercialización, para no quedarse atrás frente a estándares que cambian constantemente. 

"El código alimentario está modernizando todo el tiempo", advierte, y considera que Ecuador todavía arrastra prácticas y equipamiento rezagados frente a esa evolución.

A pesar de esos factores, el sector lechero genera, según cifras de la CIL, alrededor de 1,5 millones de empleos directos e indirectos y cerca de 2.000 millones de dólares en ingresos anuales. Esa magnitud explica porque actores del sector buscan visibilizar el problema de fondo aún por resolver en la base productiva.

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Lo que se sabe

• El Ministerio de Producción culminó las negociaciones para iniciar los envíos de arroz ecuatoriano a Colombia desde el 25 de julio.
• El sector agroexportador prevé que el flujo de exportaciones será gradual.
• Ecuador busca recuperar espacio en Colombia con 30000 toneladas tras varios meses de restricciones y una mayor presencia de otros proveedores.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció este 22 de julio que se concretó una negociación para exportar 30.000 toneladas métricas de arroz ecuatoriano a Colombia. Según el boletín oficial, el ingreso del producto arrancará el 25 de julio, fecha prevista para habilitar las operaciones de importación por el paso fronterizo de Rumichaca.

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El comunicado calificó la operación como “una señal positiva” para la recuperación de las exportaciones hacia ese mercado.

El anuncio llega apenas dos días después de que venciera el plazo de 45 días fijado en el Decreto 0583 para levantar la restricción terrestre al arroz ecuatoriano.

Ese volumen, equivale a poco más de la mitad de lo que el gremio industrial arrocero exportaba anualmente al mercado colombiano. Sobre esa base, el sector proyecta enviar entre 50.000 y 60.000 toneladas en el segundo semestre, el remanente que no pudo colocarse en Colombia durante los primeros seis meses de 2026 debido al bloqueo.

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No obstante, hay un comportamiento intermitente que ya lo había anticipado a EXPRESO Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom): el flujo de las exportaciones de arroz ecuatoriano hacia Colombia no sería sostenido, puesto que julio mostraría movimiento, pero en agosto se frenaría porque el país vecino entra en su propia cosecha, y las negociaciones recién se reactivarían con fuerza entre septiembre y diciembre.

La venta a Colombia tenía restricciones

La cartera de Producción, Comercio Exterior e Inversiones señaló que, junto a la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Colombia, continuará las gestiones para ampliar oportunidades comerciales y recuperar "los niveles de exportación de años anteriores". 

La meta cobra relevancia luego de que el mercado colombiano permaneciera cerrado y posteriormente restringido entre marzo y gran parte de julio de 2026, un periodo que coincidió con la cosecha de invierno y limitó la colocación de excedentes en ese destino, lo que presionó los precios internos a la baja y afectó los ingresos de los productores.

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Además, el mercado colombiano presenta una reconfiguración cuyo impacto en la competitividad aún está por verse. Entre enero y abril de 2026, las exportaciones de arroz de Estados Unidos hacia ese país aumentaron en 101 millones de kilogramos frente al mismo período de 2025, según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia. 

Los envíos desde Perú crecieron

Los envíos desde Perú también crecieron en 0,35 millones de kilogramos, mientras que Ecuador sostuvo un volumen similar al del año anterior debido a a los despachos realizados antes de que se endurecieran las restricciones comerciales.

En ese contexto, la reanudación de los despachos es el primer paso ante el reto de recuperar la participación del arroz ecuatoriano en el mercado colombiano y restablecer gradualmente los volúmenes de exportación.

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Sin embargo, la marca no desaparecerá del todo. Según el comunicado local, 85 estaciones afiliadas seguirán operando bajo el nombre de Terpel. 

La comercialización de lubricantes de la marca Mobil tampoco se verá afectada, al tratarse de una unidad de negocio independiente.

¿Qué dijo Terpel ante el regulador colombiano?

Tres días antes, el 18 de julio, Organización Terpel S.A. había presentado un comunicado de "Información Relevante" ante la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Ese documento, de carácter regulatorio y obligatorio, describe el proceso de forma diferente.

El texto colombiano también distingue entre los dos tipos de estaciones: las de propiedad de Terpel saldrán este año y las afiliadas, de forma gradual hasta finales de 2030. 

Sin embargo, no precisa cuántas son de cada tipo.

La diferencia está en el alcance. En Colombia, Terpel informa que desinvertirá también las afiliadas. 

En Ecuador, dice que 85 afiliadas seguirán operando bajo su marca. El comunicado colombiano no da cifras; el ecuatoriano sí.

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¿Cuántas estaciones tiene Terpel en Ecuador?

El comunicado ecuatoriano habla de 20 propias y 85 afiliadas, lo que suma 105. 

La memoria integrada 2025 de Empresas Copec, que controla a Terpel, registra 110 estaciones al cierre de ese año. 

El comunicado ecuatoriano suma 105 estaciones; la memoria de Copec registra 110. Terpel no aclaró la diferencia en ninguno de los dos documentos.

¿Es la primera vez que Terpel intenta vender?

No. En junio de 2024, la empresa acordó vender toda su operación en Ecuador y Perú a Primax por $ 64 millones. 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) excluyó estaciones por razones de competencia y Primax terminó el contrato.

En Perú sí se concretó: en septiembre de 2025, Terpel traspasó sus 34 estaciones a Primax y Coesti. En Ecuador no se conoce un nuevo comprador.

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¿Qué dice el sector?

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe), afirmó que la salida de Terpel es un llamado de atención. 

"Se está yendo una importante empresa del país por la escasa rentabilidad, por márgenes congelados, algunos más de 10 años", dijo.

De las 1.200 estaciones que operan en Ecuador, unas 700 trabajan a punto de equilibrio.

 El margen por la venta de diésel es de $ 0,12 por galón, frente a $ 0,33 en Colombia y $ 0,28 en Perú.

Terpel ingresó a Ecuador en 2006 con la compra de la red de Texaco. En 2018 adquirió la red de Mobil, lo que duplicó su tamaño. En 2025, sus dos filiales en el país facturaron $ 693,1 millones, según la Superintendencia de Compañías.

Lo que debes saber

• La venta de electricidad de Colombia a Ecuador continúa suspendida, según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia.
  
• La Resolución 40306 permite contratos bilaterales entre agentes privados, pero no dispone la reactivación de las Transacciones Internacionales de Energía.
  
• Andeg sostiene que aún falta una regulación específica para ejecutar los contratos privados y una resolución que levante la suspensión de las TIE.

La venta de electricidad de Colombia a Ecuador no se reanudará automáticamente con la resolución expedida el 10 de julio de 2026 por el Ministerio de Minas y Energía colombiano, según Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (Andeg).

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El dirigente gremial explicó a EXPRESO que la normativa establece lineamientos para que agentes privados de ambos países puedan comprar y vender electricidad mediante contratos bilaterales de largo plazo. Sin embargo, sostuvo que actualmente no existe un marco regulatorio que permita ejecutar esas operaciones.

“Desde el lado nuestro no vemos viable ese mecanismo porque no está regulado en ninguna parte. Está diciendo que se permite, pero no existe la regulación para que yo, como agente colombiano, pueda venderle un contrato a Ecuador”, afirmó Castañeda.

Su posición contrasta con el anuncio realizado este 22 de julio por Edwin Palma Egea, ministro de Energía de Colombia, quien señaló en su cuenta de X que la resolución ya estaba en firme y que en los próximos días se restablecerían las Transacciones Internacionales de Energía (TIE) entre Colombia y Ecuador.

Palma afirmó que la normativa habilita nuevamente la comercialización de electricidad entre agentes privados y que el restablecimiento de las TIE fortalecerá la seguridad energética de ambos países.

No obstante, Castañeda sostiene que la nueva resolución no habilita el intercambio de energía entre Colombia y Ecuador, que se ha empleado en los últimos 20 años.

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El presidente de Andeg explicó que las TIE constituyen el mecanismo reconocido dentro del marco de la Comunidad Andina y regulado para realizar intercambios entre los sistemas eléctricos de Colombia y Ecuador.

Según Castañeda, para que estas operaciones -que se realizan desde hace más de 20 años- vuelvan a ejecutarse se requiere una resolución específica que levante la suspensión del 22 de enero de 2026 y disponga que las Transacciones Internacionales de Energía vuelvan a estar vigentes.

“Ese intercambio es el de las TIE. Es el único mecanismo que está aprobado en el marco de la CAN y que existe regulatoriamente. Para eso no han expedido todavía la resolución que diga que se reactiva”, señaló.

Por esta razón, aseguró que las ventas de electricidad hacia Ecuador continúan suspendidas.

¿Que establece la nueva resolución de Colombia?

La Resolución 40306, expedida el 10 de julio de 2026, habilita que agentes privados del mercado eléctrico de Colombia y participantes de Ecuador puedan celebrar contratos bilaterales de compra y venta de electricidad.

Este documento, al que accedió Diario EXPRESO, precisa que estos contratos tienen únicamente un carácter comercial y no modifican la operación de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE). El uso de la interconexión continuará dependiendo del despacho económico coordinado entre ambos sistemas, mientras que las reglas sobre garantías, liquidación, facturación y administración de las TIE permanecen sin cambios.

Asimismo, la resolución dispone que los contratos deberán registrarse ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), que definirá los procedimientos para ese registro y elaborará reportes para las autoridades y el público.

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Para Castañeda, estas disposiciones no son suficientes para poner en funcionamiento los contratos privados planteados por el Ministerio.

“La resolución carece de un marco regulatorio suficiente para que pueda ser aplicada. No está definido quién producirá la energía, cómo se venderá ni cuál será el procedimiento para ejecutar esos contratos”, afirmó.

La resolución carece de un marco regulatorio suficiente para que pueda ser aplicada. No está definido quién producirá la energía, cómo se venderá ni cuál será el procedimiento para ejecutar esos contratos”.Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (Andeg).

El dirigente también cuestionó que no se haya determinado con claridad cuáles serían los agentes privados que participarían en Ecuador y en Colombia.

Previo a esta resolución, los intercambios de energía eran coordinados por XM de Colombia y el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) de Ecuador.

Exportaciones están suspendidas desde enero

Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador el 22 de enero de 2026, en medio de la disputa comercial originada por la tasa de seguridad aplicada por el Gobierno de Daniel Noboa a las importaciones procedentes del país vecino.

Esta restricción se produjo pese a que el suministro colombiano es estratégico para Ecuador. Las importaciones pueden alcanzar hasta 450 megavatios (MW), equivalentes a entre el 8 % y el 11 % de la demanda promedio nacional, que bordea los 4.250 MW, según el consultor energético Ricardo Buitrón.

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Además, la disponibilidad de electricidad importada permite reducir el uso de las centrales hidroeléctricas ecuatorianas y conservar agua en el embalse de Mazar antes del estiaje, periodo que se extiende entre octubre y marzo.

“En Ecuador no somos autosuficientes frente a la ocurrencia de un periodo de estiaje que puede reducir la generación hidroeléctrica”, señaló Buitrón.

Con ese peso en la economía, Banco Pichincha y Rabobank —cooperativo neerlandés líder mundial en financiamiento agroalimentario— renovaron hasta octubre de 2028 la alianza que mantienen desde 2019 para impulsar el crédito, la asistencia técnica y la sostenibilidad del campo ecuatoriano.

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La cartera de créditos agrícolas de Pichincha pasó de $ 980 millones en 2019 a $ 2.434 millones al cierre de 2025. 

A mayo de 2026 alcanzó $ 2.636 millones y la meta de diciembre es $ 2.700 millones.

¿Qué cambió en la inclusión financiera del campo?

Víctor Peñaherrera, gerente comercial agrícola de Banco Pichincha, explicó que el banco pasó de 225.000 clientes agrícolas a más de 520.000 con cuenta activa. Unos 700.000 microproductores ya están bancarizados.

Solo en desembolsos a productores primarios se superaron los $ 1.500 millones. La cartera destinada exclusivamente a producción en campo alcanza los $ 885 millones y el segmento rural creció 150 %.

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"No solamente se trata de colocar créditos, sino de monitorear de punta a punta cada operación, con visitas en campo y asistencias técnicas", dijo Peñaherrera.

El crédito agroindustrial del sistema financiero supera los $ 12.000 millones. La participación de Pichincha en ese total pasó del 15 % al 29,8 % en cinco años.

¿Qué aporta Rabobank a Ecuador?

Rabobank nació hace casi 130 años en Holanda, fundado por productores sin acceso al crédito urbano. Hoy atiende al 85 % de la cadena agroalimentaria holandesa y opera a escala global.

Joris Timmers, exdirector de programas de Rabo Partnerships, afirmó que en Ecuador encontró "un socio con apetito de contribuir al desarrollo del país, no solo atender a grandes empresas, sino también a los pequeños productores".

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"No solamente falta acceso al financiamiento. Falta también acceso al conocimiento, a la tecnología y a una cadena formalizada", aseguró Timmers. Rabobank comparte esa experiencia acumulada con Pichincha para que la traslade a sus clientes.

Federico Rossi, advisory program manager de Rabo Partnerships, precisó que la alianza abarca cinco pilares: 

"Creemos fuertemente en lograr la resiliencia a largo plazo", afirmó Rossi. El objetivo es incorporar el cambio climático en el manejo del portafolio de Banco Pichincha.

Clientes corporativos de Rabobank compran cacao, camarón y banano ecuatoriano, lo que conecta a pequeños agricultores con compradores internacionales.

Solo en empleo, banano genera más de 250.000 puestos directos, camarón supera los 245.000 y cacao involucra a unas 400.000 personas. A eso se suman 100.000 empleos en flores y más de 120.000 en pesca y atún.

¿Cómo se preparan para El Niño?

Banco Pichincha diseñó un plan por fases.

En la etapa previa, que ya está en marcha, financia tecnificación, muros, canales y drenajes con un costo estimado por hectárea para cada subsector.

Los cultivos más vulnerables son maíz y arroz en Guayas y Los Ríos. Daule, Palestina y Santa Lucía concentran el 75 % de las hectáreas de maíz; Vinces, Ventanas y Pueblo Viejo abarcan el 68 % de la superficie arrocera.

"Estos son sectores de subsistencia. Cuando se dan estos fenómenos, los productores lo que deciden es no sembrar", advirtió Peñaherrera. Para evitarlo, el banco aplica alivios financieros y refinanciamientos diferenciados por segmento.

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El antecedente es 2023: el sector pesquero fue afectado y los días de captura pasaron de 45 a 92, pero las líneas de crédito no se suspendieron.

"Lejos de frenar, el banco estuvo siempre predispuesto a seguir financiando al sector y a darles medidas de oxigenación a los clientes complicados", aseguró Peñaherrera.

Timmers agregó que el riesgo climático exige una visión de largo plazo. "Es importante anticipar El Niño, pero también fortalecer la resiliencia de los productores agrícolas", dijo.

¿Qué herramientas técnicas reciben los productores?

El equipo agrícola del banco desarrolló un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas con medidas preventivas por sector, que incluye sostenibilidad, manejo del agua y cuidado de las personas.

Entre las herramientas creadas con asesoría de Rabobank figuran un seguro agropecuario para cultivos de ciclo corto y productos de tecnificación para cacao, banano, palma y caña de azúcar.

En cacao, el desafío es doble: en 2026 vence el plazo para la certificación europea contra la deforestación (EUDR), que afecta al 60 % de las exportaciones cacaoteras dirigidas a Europa.

El banco trabaja con empresas ancla para que los microempresarios georreferencien sus haciendas y apliquen la certificación progresivamente. Timmers afirmó que existen agtech capaces de apoyar con imágenes de satélite para predecir sequías o plagas.

La alianza también impulsa la educación financiera rural. En 2025, el banco impactó a más de 1.000 clientes del agro con talleres, mentorías y la plataforma Aprendamos de Dinero. En 2026, la meta es superar esa cifra en 22 %.

Rossi destacó lo que considera un diferenciador de Pichincha: "Es de los bancos que se quedan a largo plazo, a pesar de que pase el chaparrón. Eso no es algo que normalmente vemos en otros países", afirmó.

Lo que debes saber

• Colombia reanudará en los próximos días la venta de electricidad a Ecuador mediante contratos entre agentes privados.
  
• Las Transacciones Internacionales de Energía estuvieron suspendidas desde el 22 de enero de 2026, tras la aplicación de la tasa de seguridad del 30 %.
  
• El aporte colombiano puede alcanzar los 450 megavatios y representa entre el 8 % y el 11 % de la demanda promedio de Ecuador.

A seis meses de la suspensión de la venta de energía eléctrica de Colombia a Ecuador -en medio de la pugna por la tasa de seguridad- el país vecino anunció que en los próximos días se reanudará la comercialización de electricidad con Ecuador mediante contratos entre agentes privados, según anunció este 22 de julio de 2026 el ministro de Minas y Energía de ese país, Edwin Palma Egea.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario de Colombia informó que "ya quedó en firme la resolución que habilita nuevamente la comercialización de energía entre agentes privados de ambos países" y señaló que en los próximos días se restablecerán las Transacciones Internacionales de Energía (TIE).

"Los pueblos recuerdan lo que algunos gobiernos olvidan: cuando llegan las sequías y el Fenómeno de El Niño, Colombia y Ecuador siempre han tendido la mano del otro lado de la frontera", escribió Palma. Añadió que la cooperación energética "ha protegido hogares y, en muchos casos, ha salvado vidas".

El ministro aseguró que el restablecimiento de las TIE fortalecerá "un mecanismo histórico que contribuye a la seguridad energética de nuestras naciones", aunque enfatizó que se garantizarán "la soberanía energética y el interés nacional de Colombia".

Además, sostuvo que, por instrucción del presidente Gustavo Petro, "la energía no puede ser rehén de las diferencias políticas" y debe servir como un instrumento de integración entre los países de América Latina.

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¿La venta de electricidad tendrá condiciones?

El anuncio se produce a tres semanas del cambio de mando en Colombia, que será el 7 de agosto de 2026.

Además, ocurre días después de que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia pusiera en consulta pública un proyecto de resolución para restablecer las exportaciones de electricidad hacia Ecuador mediante contratos bilaterales entre agentes privados.

Esta propuesta mantenía como condición que cualquier exportación estuviera subordinada al abastecimiento de la demanda interna colombiana y a la disponibilidad del sistema eléctrico.

Las exportaciones de electricidad desde Colombia permanecían suspendidas desde el 22 de enero de 2026. En ese momento, el Gobierno colombiano interrumpió las ventas hacia Ecuador tras el anuncio de la tasa de seguridad del 30 % aplicada por el Gobierno de Daniel Noboa a las importaciones provenientes del vecino país.

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¿Por que es importante el aporte de Colombia?

La suspensión de la venta de electricidad de Colombia para Ecuador ocurrió pese a que este suministro es estratégico para Ecuador, ya que el aporte colombiano, de hasta 450 megavatios (MW), equivale a entre el 8 % y el 11 % de la demanda promedio del país (4.250 MW), señala Ricardo Buitrón, consultor energético.

Además, este aporte permite que Ecuador mantenga su principal embalse (Mazar) en niveles altos para así contar con reservas, previo a la llegada del estiaje, que va de octubre a marzo.

“En Ecuador no somos autosuficientes frente a la ocurrencia de un periodo de estiaje que puede reducir la generación hidroeléctrica”, enfatizó Buitrón.

Lo que debes saber

• El plazo para que los clientes regulados de alto voltaje implementen sistemas de autogeneración vence el 15 de diciembre de 2026, según el Decreto Ejecutivo 32.
  
• El Viceministerio de Electricidad ordenó a las empresas distribuidoras notificar a los usuarios, levantar un catastro actualizado y remitir informes mensuales sobre el avance de los proyectos.
  
• La medida busca impulsar la incorporación de generación propia en grandes consumidores como mineras, acereras y otras industrias, en medio del déficit eléctrico cercano a 1.300 MW que tiene Ecuador.

A menos de cinco meses de que venza el plazo fijado en el Decreto Ejecutivo 32, las empresas e industrias consideradas clientes regulados de alto voltaje deberán acelerar la implementación de sus sistemas de autogeneración eléctrica. El Gobierno informó que la fecha límite para cumplir esta obligación es el 15 de diciembre de 2026 y dispuso un seguimiento mensual de los proyectos.

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El Viceministerio de Electricidad, que es parte del Ministerio de Ambiente y Energía, emitió nuevos lineamientos para controlar el cumplimiento de esta disposición, incluida en el Decreto Ejecutivo 32, publicado en el Registro Oficial el 15 de junio de 2025.

Esta normativa otorgó un plazo de 18 meses para que los clientes de tarifa de alto voltaje que no cuentan con sistemas de generación puedan implementar alternativas destinadas a abastecer su propia demanda de electricidad.

Distribuidoras deberán notificar a los clientes

A través del oficio Nro. MAE-VEER-2026-0255-OF, firmado el 7 de julio de 2026 por Javier Medina, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, se dispuso que las empresas eléctricas distribuidoras notifiquen formalmente a todos los clientes regulados de alto voltaje sobre la obligatoriedad de implementar estos sistemas.

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De acuerdo con este documento, al que accedió Diario EXPRESO las distribuidoras tendrán un plazo máximo de 15 días para comunicar a los usuarios sobre la obligación y recordarles que el periodo para cumplirla finalizará el 15 de diciembre de este año.

La disposición fue dirigida a las empresas eléctricas de Azogues, Centro Sur, Galápagos, Quito, Riobamba, Regional del Sur, Regional Norte, Ambato, Cotopaxi y CNEL.

El Viceministerio pide un catastro actualizado

En el mismo plazo de 15 días, las empresas distribuidoras deberán entregar al viceministerio un catastro actualizado y detallado de los clientes regulados de alto voltaje.

El registro deberá identificar cuáles empresas ya cuentan con sistemas de autogeneración, cuáles se encuentran implementándolos y cuáles todavía están en la etapa de planificación.

Habrá seguimiento mensual

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Las empresas distribuidoras también deberán exigir a cada cliente de alto voltaje la presentación de “un cronograma detallado de los hitos más relevantes para la implementación de sus sistemas de autogeneración”.

Estos cronogramas deberán ser remitidos mensualmente al Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable para verificar el avance de los proyectos y asegurar el cumplimiento de la fecha límite.

¿Por qué las empresas deben generar su energía propia en Ecuador?

La implementación de sistemas de autogeneración por parte de los grandes consumidores forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado, que mantiene un déficit de generación eléctrica desde 2023. Actualmente, esa brecha bordea los 1.300 megavatios (MW).

Ante este escenario, el presidente Daniel Noboa emitió en junio de 2025 el Decreto Ejecutivo 32 que dio a las empresas de alto voltaje (AV1 y AV2), consideradas como grandes consumidores, un plazo de 18 meses (hasta diciembre de 2026) para cubrir su propia demanda y así reducir la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

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Los consumidores de alto voltaje en Ecuador se clasifican en dos grupos: AV1 y AV2. 

Dentro de este último grupo (AV2) se encuentran, las mineras Lundin Gold, Ecuacorriente, las acereras Novacero y Adelca, que en conjunto demandan alrededor de 250 MW, que equivale al 6 % de la demanda promedio nacional (4.200 MW). Además, consta también Petroecuador.

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El contraste se explica por la capacidad que tienen las grandes compañías para acceder a financiamiento, tecnología, mercados internacionales y economías de escala. Empresas de sectores como minería, comercio, alimentos y exportaciones han incrementado sus ventas y mejorado su posición competitiva, mientras que los pequeños negocios enfrentan costos más altos, menor acceso al crédito y una limitada capacidad para absorber golpes económicos, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías (Supercías).

Según un estudio elaborado por la Universidad Politécnica Salesiana, las pymes también cargan con problemas estructurales que reducen sus posibilidades de crecimiento. La inseguridad, las extorsiones y la caída del consumo han golpeado especialmente a emprendimientos y negocios familiares, que cuentan con menos recursos para invertir en seguridad, innovación o expansión.

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El desafío para Ecuador es evitar que la recuperación económica beneficie únicamente a los grandes grupos empresariales. Expertos y gremios empresariales plantean que las pymes necesitan mejores condiciones de financiamiento, reducción de costos, seguridad y políticas que impulsen su productividad. Sin estas medidas, la brecha entre los gigantes económicos y los pequeños negocios podría seguir ampliándose.

De acuerdo con la Supercías, mientras las grandes empresas elevaron sus ganancias de 6.569 millones a 8.682 millones de dólares (un aumento del 32%) y concentraron el 87% de todas las utilidades generadas en 2025, las microempresas siguieron en números rojos.

Aunque sus pérdidas se redujeron de 292 millones de dólares en 2024 a 231 millones en 2025, continúan registrando resultados negativos de manera consecutiva desde 2022.