Ecuador inició oficialmente el despliegue comercial de la tecnología 5G a finales de 2025, marcando un nuevo paso en la modernización de las telecomunicaciones del país. Sin embargo, el acceso a esta red todavía se realiza de forma progresiva.

Actualmente, la cobertura 5G se concentra principalmente en Quito y Guayaquil, donde la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) fue la primera operadora en habilitar el servicio. Por su parte, Claro también inició el despliegue en Quito, Guayaquil, Coca y Puerto Ayora, mientras que Tigo —la empresa que reemplazará gradualmente a Movistar en Ecuador— prevé ampliar su oferta conforme avance la implementación de la nueva infraestructura.

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Paso a paso: esto deben hacer los clientes de Movistar ante la llegada de Tigo

Vanessa López

¿Por qué la cobertura aún es limitada?

Aunque una ciudad figure con cobertura 5G, eso no significa que toda su superficie tenga acceso a la nueva red. La señal depende de la ubicación de las radiobases instaladas y de la distancia entre el usuario y estas antenas. Por ello, es posible que un sector de una ciudad tenga 5G mientras otro continúe utilizando 4G LTE.

¿Qué se necesita para conectarse a la red 5G?

Para acceder al servicio, los usuarios deben cumplir con algunos requisitos:

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¿Qué es la red 5G?

La red 5G es la quinta generación de tecnología móvil y representa una evolución frente al 4G LTE. Su principal ventaja es que permite mayores velocidades de conexión, menor tiempo de respuesta (latencia) y una mayor capacidad para conectar muchos dispositivos al mismo tiempo. Esto mejora servicios como videollamadas, videojuegos en línea, streaming, telemedicina y aplicaciones empresariales.

Lo que debes saber:

• La llegada de Tigo no cambiará el servicio de los clientes de Movistar. Los usuarios conservarán su número, chip, plan y beneficios durante la transición de marca.
• Los clientes no deben realizar ningún trámite por ahora. Tigo recomienda mantener el chip actual, seguir pagando con normalidad y estar atentos únicamente a las comunicaciones oficiales.
• La compra responde a una estrategia empresarial. Millicom adquirió Telefónica Ecuador para expandir su presencia en Sudamérica, mientras que Telefónica decidió vender la operación como parte de su plan para reducir su presencia en Latinoamérica y enfocarse en mercados estratégicos.

En Ecuador, Movistar dejará de operar gradualmente bajo esa marca y será reemplazada por Tigo, tras la compra de las operaciones de Telefónica Ecuador por parte de Millicom, empresa dueña de la marca Tigo. La adquisición se cerró por $380 millones y marcó el inicio de una transición de marca.

Entonces, ¿qué deben hacer los clientes de Movistar ante la llegada de Tigo?

Tigo aseguró el lunes 3 de agosto que la transición no alterará las condiciones actuales del servicio y que los usuarios mantendrán la continuidad de sus líneas.

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Por ello, los usuarios pueden seguir estos pasos:

No cambie su chip: Su SIM actual seguirá funcionando durante la transición.

Conserve su número telefónico: No habrá cambio de número por el cambio de marca.

Mantenga su plan actual: Los planes, beneficios y condiciones contratadas seguirán vigentes por ahora.

Continúe pagando como de costumbre: La facturación seguirá operando mientras avanza la migración.

Revise las comunicaciones oficiales: Poco a poco verá que Movistar y Tuenti serán reemplazadas por la marca Tigo en aplicaciones, páginas web, tiendas y otros canales.

Espere futuras instrucciones si fueran necesarias: Si en algún momento se requiere cambiar el chip o realizar alguna gestión, Tigo lo comunicará oficialmente con anticipación.

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En resumen, la recomendación para los clientes es no realizar ningún cambio por iniciativa propia. La transición de Movistar a Tigo está diseñada para que los usuarios mantengan su servicio, número, plan y beneficios mientras se completa el proceso.

¿Por qué Millicom compró a Movistar?

La compañía vio una oportunidad para fortalecer su presencia en Sudamérica incorporando los más de cinco millones de clientes de Movistar Ecuador, así como su infraestructura, espectro radioeléctrico y red.

Por otro lado, Telefónica, la empresa dueña de Movistar quería reducir su presencia en Latinoamérica. Por eso, la compañía española decidió vender varias de sus filiales para concentrarse en mercados que considera estratégicos, como España, Brasil, Alemania y el Reino Unido, además de reducir deuda.

Lo que debes saber

• La intervención societaria debería buscar corregir irregularidades, no convertirse en una medida permanente.
• Aunque la Ley de Compañías exige que sea temporal, no establece un plazo máximo para su duración.
• Expertos advierten que una intervención prolongada puede afectar la inversión, la confianza y la continuidad de una empresa.

¿Cuándo una intervención deja de ser un mecanismo para salvar una empresa y comienza a poner en riesgo su continuidad? Esa es la pregunta que plantean abogados y exautoridades consultados por EXPRESO, quienes advierten que prolongar la medida sin una justificación técnica clara puede desnaturalizar una herramienta concebida para corregir irregularidades, no para extender indefinidamente el control sobre una compañía.

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Un vacío sobre la duración de las intervenciones

Aunque la Ley de Compañías establece que la intervención societaria debe mantenerse únicamente el tiempo necesario para superar las irregularidades que la originaron, no fija un plazo máximo. Para Geancarlos González, director de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, esa ausencia responde a que cada caso tiene una complejidad distinta, pero también deja abierta la discusión sobre cuándo una medida deja de ser temporal.

Ese vacío es uno de los puntos que cuestiona Marco López, exsuperintendente de Compañías. A su criterio, una vez que la empresa subsana las observaciones, la intervención debería levantarse, pues mantenerla sin un horizonte claro desnaturaliza una herramienta creada para corregir problemas y no para prolongar el control sobre una empresa.

La carga laboral de un interventor influye en el tiempo de una intervención. No es lo mismo que una persona se dedique a una sola compañía que tenga asignadas cinco o diez.Mishell Guillén, abogada asociada de la firma jurídica M. Bodero & Asociados

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Los efectos de una intervención prolongada

Y es que según los especialistas, la incertidumbre puede afectar el funcionamiento de la compañía, incluso cuando continúa operando. La permanencia de un interventor, explican, influye en la confianza de los inversionistas, proveedores, acreedores, clientes y trabajadores, además de retrasar decisiones estratégicas para el negocio.

Para Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma jurídica Fexlaw, el problema aparece cuando la intervención pierde su carácter excepcional. A su juicio, mantenerla más allá del tiempo necesario puede deteriorar el valor de la empresa, retrasar proyectos de inversión, afectar su reputación frente al mercado y comprometer su capacidad para operar con normalidad.

La intervención societaria debe ser una medida excepcional, correctiva y temporal, no un mecanismo sancionador ni una vía automática hacia la liquidación de una empresa.Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano

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¿Cuándo puede mantenerse la intervención?

No obstante, ¿qué ocurre si la empresa sostiene que ya corrigió las irregularidades, pero la intervención continúa? Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), dice que la Superintendencia de Compañías debe contar con una justificación técnica y jurídica para mantener la medida, ya que una liquidación solo puede ser dispuesta mediante una resolución motivada de la autoridad y no por decisión del interventor.

Para Quintero, la motivación de la resolución constituye una garantía para las empresas intervenidas. La autoridad, señala, debe explicar con fundamentos técnicos y jurídicos por qué las observaciones no se consideran subsanadas y por qué la intervención debe seguir, pues de lo contrario la medida podría ser cuestionada por carecer de sustento suficiente.

Por esto López considera que el interventor debe convertirse en un facilitador para que la empresa recupere la normalidad. A su criterio, el funcionario no debería actuar como un actor que conduzca inevitablemente a la liquidación de la compañía.

El fin de la intervención de la SuperCías es vigilar, pero obviamente no significa ser una unidad de castigo o una entidad que entorpezca la economía de la empresa.Geancarlos González, director de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte

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No todas las intervenciones tienen el mismo origen

Por otro lado, las intervenciones pueden tener un origen económico o jurídico. Mishell Guillén, abogada asociada de la firma jurídica M. Bodero & Asociados, argumenta que las primeras suelen estar relacionadas con pérdidas, falta de liquidez o dificultades financieras; mientras que las segundas obedecen a incumplimientos societarios, como la vulneración de estatutos, la omisión de información o el incumplimiento de obligaciones legales.

Sin embargo, esa diferencia no implica un tratamiento distinto al momento de determinar que una empresa sea o no liquidada. Es ese escenario el que preocupa a Ramírez.

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La intervención no debe convertirse en una liquidación

A juicio del exsuperintendente de Compañías, esas diferencias no son menores. Sostiene que una empresa que genera empleo y cumple con su actividad no debería terminar encaminada hacia una liquidación por incumplimientos de carácter formal, como la falta de entrega de información a la Superintendencia, sino recibir las facilidades necesarias para corregir esas observaciones.

López explica que el desenlace de una intervención debería depender de la disposición de la empresa para subsanar las irregularidades que dieron origen al proceso. Si el incumplimiento consiste, por ejemplo, en no presentar estados financieros, afirma que el rol del interventor es trabajar junto con la administración para poner la documentación al día y permitir que la compañía siga operando, no conducirla a su desaparición.

Para González, esa diferencia resulta relevante porque las observaciones de carácter jurídico suelen ser subsanables. Para el académico, la intervención debe servir precisamente para corregir esos incumplimientos y permitir que la empresa continúe operando, no para convertir un tecnicismo en una causal que termine derivando en su desaparición.

A pesar de ello, Guillén explica que la normativa no deja a las empresas sin mecanismos de defensa. Según la especialista, las decisiones de la Superintendencia pueden ser impugnadas mediante los recursos administrativos previstos en la Ley de Compañías y, de ser necesario, a través de acciones en la justicia ordinaria, donde se revisará si la actuación de la autoridad se ajustó a Derecho.

Su caso no es aislado. El 53% de los consumos con tarjeta en Ecuador se hace de forma rotativa a junio de 2026, siete puntos más que en 2023, según el buró Aval: cada vez más gente arrastra saldo aunque pague puntual y no aparezca en la mora.La deuda rotativa es el saldo que no se paga por completo y pasa al mes siguiente generando intereses.

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Sin embargo, los indicadores oficiales lucen sanos. La morosidad total de la cartera de la banca privada bajó a 3,05% en junio de 2026, informó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). 

En las cooperativas grandes del segmento 1 se ubicó en 8,3% ese mes, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

Ninguno desagrega la mora de tarjetas de crédito, y esos indicadores no ven a quienes, como Diego, pagan a tiempo mientras su deuda no deja de crecer.

¿Por qué el pago mínimo no baja la deuda?

"Lo peor del mundo que puedes hacer es pagar solo el mínimo", dijo Francisco Borja, economista y docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 

Explicó que ese pago apenas cubre los intereses y casi no toca el capital. "La deuda se hace cada vez más grande y esas son las famosas bolas de nieve que se vuelven impagables", afirmó.

Diego tardó entre seis y ocho meses en entenderlo. Para entonces, la deuda de su primera tarjeta había trepado a unos $10.000. "La deuda de la tarjeta es inmisericorde", afirmó.

El costo tiene número. La tasa activa efectiva máxima del segmento de consumo, donde entran las tarjetas de crédito, fue de 16,77% anual en junio de 2026, según el BCE.

Está prohibido el anatocismo en Ecuador

A esa mecánica se suma una discusión de fondo. Pagar solo el mínimo mantiene al cliente fuera de la mora pero deja crecer la deuda; Asobanca explica que el anatocismo está prohibido y que la mora se cobra solo sobre el capital vencido, mientras la reforma al COMYF busca reforzar esa regla. 

Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, afirmó que el anatocismo —el cobro de interés sobre interés— está prohibido y que la mora se liquida solo sobre el capital vencido. 

"No existe y no puede existir anatocismo en una operación de crédito", dijo. La reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero que debate la Asamblea Nacional busca reforzar esa prohibición. 

Una deuda también puede crecer sin anatocismo: por intereses ordinarios sobre el capital pendiente, nuevos consumos, avances y otros cargos.

¿Qué señales aparecen antes de la mora?

La deuda promedio salta de $1.440 con una tarjeta a $23.183 con cinco o más, y el puntaje baja de 713 a 685 en el multitarjeta: el riesgo se concentra donde los indicadores oficiales todavía no lo muestran. Las señales del sobreendeudamiento aparecen antes que la mora.

La base también se amplía. Los tarjetahabientes pasaron de 2,5 a 2,7 millones en un año. El saldo promedio per cápita entre 2023 y 2026 se ubicó en $4.370, y entre junio de 2025 y junio de 2026 cayó 2,7%.

Diego encaja en ese perfil. Manejó cinco tarjetas, con saldos de $5.635, $3.637, $3.270, $988 y $6.470, hasta sumar cerca de $20.000. Abría una nueva para pagar cuotas más bajas mientras intentaba reducir la anterior.

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Los casos de endeudamiento alto "eran aislados, pero poco a poco se van haciendo más frecuentes", afirmó Jorge Altamirano, docente de la UIDE Business School. Precisó que suelen darse en personas que perdieron sus ingresos.

Incluso la banca lo reconoce. La morosidad de tarjetas "a nivel nacional es un desafío", explicó Produbanco, y agregó que endeudarse en los consumos con tarjeta es "un comportamiento social".

¿Sirve el buen puntaje como brújula?

Diego lo vivió: su puntaje seguía por encima de los 850 mientras cinco tarjetas se acumulaban.

El puntaje tampoco cuenta toda la historia. Mide el historial de pago, no la capacidad futura, y alguien muy endeudado conserva una buena calificación mientras pague a tiempo. Altamirano advirtió que un incumplimiento puede tardar dos o tres meses en reflejarse.

Diego encontró salida en un préstamo de consolidación de $24.000 con el que canceló las tarjetas. 

Los $4.000 restantes los destinó a otros gastos. Hoy paga $640 al mes por cinco años. "Sé que esa deuda va a terminarse. En cambio, cuando uno paga los mínimos, la deuda nunca se termina. Nunca, nunca, nunca", afirmó.

Altamirano agregó que Diego tuvo suerte, porque accedió al préstamo con el puntaje aún alto. Quien ya dejó de pagar suele tener la calificación deteriorada y no consigue esa opción.

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¿Quiénes pidieron un alivio y dónde viven?

La presión de las cuotas se siente en el sistema. Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, 294.000 personas recibieron alivios sobre $4.084 millones en el sistema financiero, según el buró. 

Tenían 42 años en promedio, dos tarjetas vigentes y un cupo mediano de $3.000. Pagaban una cuota mediana mensual de $1.215, 55,6% mayor que los $781 de la cartera comparada, que excluye al BIESS. 

Su puntaje promedio fue 527, muy por debajo del 713 general de tarjetahabientes.

Diego encaja en ese cuadro. Sacó su primera tarjeta en el Banco Pichincha hace más de quince años y el préstamo de consolidación en el Produbanco.

El auxilio se concentró en la Sierra, que absorbió el 57% del saldo aliviado, con Pichincha sola en el 31% del total nacional, según el buró. 

En la Costa se ubicó el 31%, pero con saldos menores y puntajes más altos, un perfil más sano en términos crediticios. 

En la Sierra, en cambio, los saldos aliviados fueron mayores y los puntajes más bajos: mayor riesgo concentrado en menos personas.

El rescate llegó distinto entre entidades. En la banca privada, el saldo promedio aliviado fue de $8.900 por operación; en las cooperativas, de $14.400. Las cooperativas auxiliaron a menos personas pero con saldos más altos y perfiles de mayor riesgo.

¿Cuándo hay que actuar?

Borja recomendó reunir las deudas en una sola y negociar plazo y tasa. Altamirano advirtió que refinanciar a mayor plazo baja la cuota pero encarece el total.

Las señales tienen umbrales. Borja dijo que el sobreendeudamiento empieza cuando los pagos superan el 20% de los ingresos mensuales. Altamirano marcó la bandera roja en el 50%: "No hay que esperar hasta que la casa esté en llamas, sino cuando comenzamos a oler a humo", afirmó.

Diego dejó de usar tarjetas y busca más clientes para pagar más rápido. No hay cifras que midan cuántas personas están sobreendeudadas sin haber caído en mora, pero las señales —saldo rotativo en alza, deuda concentrada en el multitarjeta y buenos puntajes con capacidades golpeadas— aparecen antes de que dejen de pagar.

Lo que debes saber

• La mayor parte de las obligaciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial entró en vigor el 2 de agosto de 2026, con nuevas exigencias de transparencia, control y supervisión para los sistemas de IA.
  
• La normativa mantiene prohibidos los usos considerados de riesgo inaceptable y prevé multas de hasta $40,2 millones por las infracciones más graves, mientras que algunas obligaciones para sistemas de alto riesgo se aplazaron hasta 2027 y 2028.
  
• Expertos consideran que el desafío para Europa será equilibrar la regulación con la innovación, evitando que las empresas retrasen su adaptación y garantizando un uso seguro y responsable de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial entra en una fase crítica en Europa y la mayoría de las obligaciones previstas en el Reglamento Europeo -primera ley del mundo que regula el uso de estos sistemas tecnológicos- entró en vigor el 2 de agosto de 2026.

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La norma europea, que se aprobó en 2024 y prevé una implementación escalonada hasta 2028, establece un marco común para que la IA se utilice en la UE de forma segura, transparente y respetuosa con los derechos fundamentales, y exige un control técnico y ético de todas estas herramientas para mitigar los riesgos.

El régimen sancionador prevé multas millonarias: hasta $40,2 millones (35 millones de euros) en el caso de las muy graves, por utilizar por ejemplo sistemas de IA prohibidos; o de $17,2 millones (15 millones de euros) en el caso de las graves, por incumplimientos relacionados con los sistemas catalogados como “de alto riesgo”.

Los sistemas que conllevan riesgos inaceptables están ya prohibidos desde el pasado año, y entre ellos están los que usan técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas; los que tratan de explotar la vulnerabilidad de las personas (menores, mayores o discapacitados); los que usan la clasificación biométrica para deducir la raza, la religión o la orientación sexual; o los sistemas que usan la 'puntuación social' para evaluar conductas.

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Están también ya prohibidos en la UE los sistemas de IA que infieren emociones en los centros laborales o educativos; la recolección de imágenes de internet para crear bases de datos faciales; o la identificación biométrica remota y en tiempo real en lugares públicos con fines policiales.

'Deepfakes' sexuales y pornografía infantil

Y a estas herramientas 'inaceptables' se acaban de incorporar como sistemas prohibidos -aunque no entrarán en vigor hasta el próximo mes de diciembre- algunos de los peores usos de la IA generativa, como la creación o manipulación sin consentimiento de contenidos íntimos ('deepfakes sexuales') o cualquiera capaz de generar pornografía infantil.

Marcado como el punto de inflexión del Reglamento, el 2 de agosto se empezó a aplicar el grueso de la norma: todas las obligaciones de transparencia, las reglas que regulan la mayoría de los sistema de IA y las obligaciones de los proveedores y de los usuarios, pero la Comisión Europea ha aprobado una norma (Omnibus Digital) para simplificar el complejo ecosistema de leyes digitales e intentar que su aplicación sea más gradual y coordinada.

Y aplaza, hasta diciembre de 2027, algunos de los puntos más trascendentes de la ley, entre ellos las exigentes obligaciones que tienen que cumplir los sistemas de IA catalogados como 'de alto riesgo' (por ejemplo los que se usen para evaluar o calificar a estudiantes, para filtrar currículos, para evaluar la solvencia económica de las personas o para fijar el precio de un seguro de vida o de salud).

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Algunas obligaciones se aplazan hasta 2028

Sí entró en vigor el 2 de agosto la obligación de informar a cualquier usuario de que está interactuando con un sistema de IA, pero no el etiquetado obligatorio de los contenidos que se generen con herramientas de IA (con una marca de agua con las siglas AI), que se ha pospuesto hasta el próximo 2 de diciembre para aquellos sistemas capaces de generar contenidos sintéticos (imágenes, vídeos o audios que imiten elementos o personas reales).

Dos años más (agosto de 2028) tardarán en entrar en vigor todas las obligaciones referidas a los sistemas de inteligencia artificial, clasificados también 'de alto riesgo' pero que estén integrados en productos o en servicios ya regulados (como los dispositivos médicos, los asistentes de conducción, los juguetes o los asistentes de la navegación aérea).

Especialistas en derecho y transformación digital han analizado el entramado jurídico y el complejo calendario de aplicación del Reglamento Europeo de IA.

El desafío será regular sin frenar la innovación

El director general de la empresa BIP Iberia -consultora especializada en adaptación a los mercados digitales-, Giovanni Alessandrello, ha apuntado que el mayor riesgo es que las empresas interpreten las prórrogas “como una invitación a esperar”.

En declaraciones, Alesandrello ha valorado el reglamento como “una prueba de madurez” porque cualquier sistema de IA se debe poder “explicar, gobernar y auditar” y ha rechazado la “falsa” dicotomía que a su juicio existe de que Estados Unidos ha elegido la innovación y Europa la regulación o que este tipo de normas frenen la innovación y competitividad europeas.

“La cuestión no es si debemos regular la IA; el reto es cómo gobernarla sin frenar la innovación, porque sin control puede generar riesgos sistémicos, pero una regulación excesivamente rígida puede impedir que Europa compita. El desafío es encontrar el equilibrio”, ha manifestado.

El abogado especializado en tecnología y derechos digitales Guillermo Hidalgo, de la firma Maio Legal, percibe que el Reglamento aporta reglas claras, porque no es lo mismo regular un chatbot de atención al cliente que un sistema que decide si te conceden un crédito, y se ha mostrado convencido de que la norma puede ser “un sello de calidad para la IA europea”.

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Hidalgo, en declaraciones a EFE, ha advertido que la tecnología avanza más rápido que la regulación y es previsible que aparezcan sistemas con un impacto real sobre las personas que queden fuera de los que ya están catalogados 'de alto riesgo', o de la confusión y la complicación que pueden suponer para muchas firmas el calendario de aplicación o el solapamiento con otras normativas (como las de protección de datos) ya vigentes.

Lo que debes saber

• Veinticinco estados de EE.UU. presentaron una demanda contra la Administración Trump por la nueva ronda de aranceles aplicada a importaciones de 60 países y economías.
  
• Los demandantes sostienen que los gravámenes, impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, no cumplen los requisitos legales y encarecerán los productos para consumidores y empresas.
  
• La Administración justifica los aranceles por presuntas deficiencias en el combate al trabajo forzoso, mientras que los estados aseguran que ese argumento es una excusa para mantener una política comercial proteccionista.

Veinticinco estados de Estados Unidos demandaron este 3 de agosto de 2026 a la Administración del presidente Donald Trump por su última ronda de aranceles, que afecta a las importaciones de 60 países y economías.

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La querella, en la que participan los fiscales generales de Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minesota, entre otros, y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, argumenta que estos gravámenes son ilegales y que aumentarán los precios para consumidores y empresas en todo el país norteamericano.

En marzo, un mes después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, el Gobierno anunció investigaciones sobre 59 países y la Unión Europea (UE) en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de EE.UU.

La Administración de Trump alegó entonces que tenía como objetivo indagar en prácticas de trabajo forzoso en el comercio mundial.

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Los  nuevos aranceeles afectan a 60 economías

Semanas después, amparándose en esta investigación, Trump anunció el pasado 23 de julio unos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea y Canadá, Japón, Reino Unido, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y otros.

Esta medida sustituyó al arancel global temporal del 10 % que expiró el 24 de julio pasado y que había sido aplicado de manera generalizada por la administración Trump.

Además, esta nueva ronda de aranceles se estableció bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, argumentando que las economías referidas no han aplicado de manera efectiva prohibiciones a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

Los Estados cuestionan la legalidad de los aranceles

Por su parte, los estados que interpusieron la demanda aseguran que los aranceles no cumplen con los requisitos de la sección 301 y que el Gobierno utiliza el trabajo forzoso “como excusa para mantener su política de imponer indiscriminadamente aranceles perjudiciales a un amplio abanico de países”.

“No existe ninguna relación lógica entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales que impuso la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés)”, escriben en el documento judicial.

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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las demandantes, criticó en un comunicado que, tras el fallo del Supremo, la Administración “vuelve a intentar subir ilegalmente los impuestos a familias y empresas con una nueva ronda de aranceles”.

James recordó además que el mandatario “no tiene poder para imponer aranceles amplios a los países que quiera”, tal y como estableció el Supremo en su fallo de febrero.

Guayaquil

Sube tarifa de pasaje en buses que van desde Guayaquil a Durán, La Puntilla y La Aurora

Freddy Josue Andrade Andrade

Los usuarios se descuadran

La escena es apenas una de las tantas que recogió este Diario en un recorrido matinal por la terminal terrestre de Guayaquil. La infraestructura, que recibe a más de 60.000 pasajeros al día y supera el millón de usuarios al mes, amaneció marcada por el malestar tras la sorpresiva aplicación de la Resolución 020-DIR-2026-ANT, que oficializa un alza del 25 % en las tarifas del transporte público interprovincial e intraprovincial. Un ajuste inmediato que trastoca la planificación financiera de miles de familias.

Lisbeth Laz, quien viaja a diario desde Guayaquil hacia Durán por trabajo, también fue sorprendida. “Salí solo con cincuenta centavos. Le dije al chofer que no tenía más. Me miró mal, pero me dijo ‘ya, ya, para la próxima’, y pasé por encima del sensor”, relata. Su caso refleja lo que ocurre en cooperativas como Panorama, 16 de Octubre y Eloy Alfaro, cuyas unidades ya exhiben adhesivos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) con las nuevas tarifas: 70 centavos para buses con aire acondicionado y 50 centavos para los que no lo tienen.

Ante las quejas, la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) aclaró que estas operadoras están bajo regulación exclusiva de la ANT, única entidad facultada para fijar sus tarifas. También recordó que el transporte urbano del cantón, operado por Transdurban y Urbadurán, mantiene los pasajes de 30 y 40 centavos desde 2021.

Las explicaciones institucionales, sin embargo, poco alivian el impacto. En la terminal guayaquileña, los boletos de mayor distancia evidencian la magnitud del ajuste. “Vengo de Vinces todos los días. Antes pagaba $3 y ahora tengo que pagar $4,50”, reclama un comerciante. Favio Santillán añade que el efecto se multiplica entre estudiantes y trabajadores. “Con 70 centavos me iba a Salitre. Mis amigos, que vienen desde Playas para estudiar en la Universidad de las Artes, ahora pagan $1,25 más cada día”.

La escalada es general. Un viaje entre Guayaquil y Lago Agrio pasó de 24 a 30 dólares. La cooperativa Santa Ana, que cubre la ruta Samborondón-Guayaquil, mantiene por ahora la tarifa de 1,25 dólares, pero sus conductores ya socializan que desde este jueves subirá a $1,60.

Ecuador

Alza de pasajes interprovinciales: ¿desde cuándo deben cobrarse las nuevas tarifas?

Carlos Isaac Pino

Un impacto mayor a la economía de la familia rural 

El golpe recae sobre un país donde la mayoría sobrevive desde la informalidad. El economista William Flores advierte que la economía ecuatoriana depende, en buena medida, de personas que generan ingresos día a día. “Siete de cada diez emprendimientos nacen por necesidad. Estas familias no tienen contemplados gastos adicionales dentro de su ya golpeada economía”.

Flores dimensiona el impacto: un trabajador que toma cuatro buses diarios y paga 20 centavos más por cada viaje desembolsará 80 centavos adicionales al día, es decir, unos 16 dólares al mes.

Es dinero que muchas familias necesitan para alimentarse, atender una emergencia de salud o cubrir gastos de educación”. Econ. William Flores

En las zonas rurales, añade, el efecto es todavía mayor por el costo de los trayectos y la lenta circulación del dinero.

El rechazo no tardó en llegar. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) calificó el incremento como un “golpe directo y criminal al bolsillo de las familias”, pidió derogar la resolución y anunció que impulsará acciones de protesta.

La expectativa de un mejor servicio 

Mientras tanto, la ANT informó que realiza controles en las terminales para verificar la correcta aplicación de las nuevas tarifas y los descuentos a grupos vulnerables.

Pero el debate de fondo trasciende el incremento. ¿Pagar un 25 % más garantiza un mejor servicio? Para Malena Marín, ingeniera especializada en transporte, el aumento solo puede justificarse si se traduce en mejoras concretas. “La rentabilidad debe reflejarse en beneficio del usuario”, sostiene.

La especialista considera indispensable que las operadoras transparenten sus planes de inversión y mantenimiento, incorporen controles de seguridad verificables, modernicen sus flotas y ofrezcan herramientas tecnológicas que permitan conocer horarios, recorridos y frecuencias en tiempo real. Sin esos cambios, advierte, el incremento difícilmente podrá entenderse como una mejora del sistema y no solo como una carga adicional para los pasajeros.

Por ahora, la resolución ya está vigente y el impacto es inmediato. Mientras la ANT mantiene operativos de control para verificar la aplicación de las nuevas tarifas y el respeto a los descuentos obligatorios para grupos vulnerables, miles de usuarios deberán reorganizar sus presupuestos desde este mismo mes. El ajuste ya comenzó a sentirse en terminales y carreteras. Las mejoras prometidas, en cambio, siguen sin fecha, sin cronograma y sin garantías para quienes hoy pagan más por el mismo servicio.

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Mayra Pacheco Pazmiño

El documento de la OIT explicó cómo la alteración en los patrones de precipitación asociada al fenómeno repercute sobre la agricultura, la pesca, la energía, la logística y otros sectores económicos, con posibles consecuencias sobre el empleo, la inseguridad alimentaria, el aumento de precios de alimentos y energía, así como un mayor riesgo de trabajo infantil.

La nota de políticas de la OIT, titulada 'El Niño 2026-2027 y el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe: una cadena causal desde el clima hasta el empleo y las instituciones laborales', remarcó que este fenómeno representa un importante desafío para el empleo y el trabajo decente en la región.

El director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, Fabio Bertranou, afirmó que "la magnitud de sus impactos dependerá de la capacidad de los países para anticiparse con instituciones laborales sólidas, sistemas de protección social y diálogo social que protejan a las personas más vulnerables".

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Trabajadores informales y rurales serán los más afectados

En ese sentido, el estudio subrayó que los trabajadores informales, rurales y quienes realizan actividades al aire libre figuran entre los grupos más expuestos a la pérdida de ingresos, el deterioro de las condiciones laborales y los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.

Ecuador y Perú enfrentarían lluvias extremas e inundaciones

De tal forma, la investigación señala que mientras el Corredor Seco Centroamericano, el Caribe y el norte de Sudamérica enfrentarían principalmente sequías, déficit hídrico y olas de calor, la costa del Pacífico de Ecuador y Perú podría verse afectada por lluvias extremas e inundaciones, y el sudeste de Sudamérica por precipitaciones superiores al promedio y tormentas severas.

Estas diferencias se traducen en riesgos distintos para sectores como la agricultura, la pesca, la construcción, la logística, el transporte, el turismo y la generación de energía, apuntó el estudio de OIT.

Asimismo, indicó que la elevada informalidad laboral en la región incrementa la vulnerabilidad frente a estos fenómenos, pues casi la mitad de los trabajadores en América Latina y el Caribe se desempeñan en la economía informal, con acceso limitado a mecanismos de protección frente a crisis climáticas.

Por tal motivo, los impactos sobre el empleo y los ingresos podrían concentrarse precisamente en quienes cuentan con menos herramientas para enfrentarlos, alertó.

La OIT plantea medidas para reducir el impacto laboral

Entre las medidas prioritarias para enfrentar este panorama, la OIT identifica el fortalecimiento de los sistemas de protección social, la ampliación de la cobertura para trabajadores vulnerables, la inversión en infraestructura resiliente, el fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la promoción del diálogo social para acordar respuestas adaptadas a las necesidades de cada país y sector productivo.

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Igualmente, invitó a mirar El Niño no solo como un fenómeno meteorológico, sino como un proceso cuyos efectos pueden propagarse desde el clima hasta el empleo y las instituciones laborales.

Lo que debes saber

• Tigo asegura que los clientes conservarán su número, plan y condiciones contratadas.
• El cambio de marca no obligará a reemplazar el chip ni la línea telefónica.
• Las facturas, métodos de pago y canales de atención seguirán funcionando con normalidad.

Con el cambio de marca ya en marcha, una de las principales preocupaciones de los clientes de Movistar y Tuenti es saber si deberán cambiar de número, reemplazar su chip o contratar un nuevo plan. Frente a esas dudas, Tigo aseguró este lunes 3 de agosto que la transición no alterará las condiciones actuales del servicio y que los usuarios mantendrán la continuidad de sus líneas.

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La compañía informó que el proceso consistirá, por ahora, en un cambio de identidad comercial. Es decir, la marca Tigo empezará a reemplazar progresivamente a Movistar y Tuenti en las comunicaciones, plataformas digitales y otros canales, mientras los servicios seguirán operando con normalidad.

¿Cambiarán los números o los planes de los clientes de Movistar y Tuenti?

Tigo aseguró que los usuarios conservarán su número telefónico, así como el plan que tienen contratado y las condiciones actuales de su servicio.

La empresa también señaló que el cambio de marca no implicará modificaciones inmediatas en la experiencia de los clientes y que, por el contrario, prevé incorporar beneficios adicionales conforme avance la integración.

¿Será necesario cambiar el chip?

No será necesario. Los clientes podrán seguir utilizando el mismo chip y la misma línea telefónica, la operadora indicó que no será necesario realizar trámites, solicitar una nueva tarjeta SIM ni hacer configuraciones para continuar utilizando el servicio.

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¿Qué ocurrirá con las facturas y los métodos de pago?

Otro de los aspectos aclarados por Tigo es que la forma de facturación permanecerá igual.

Los usuarios continuarán recibiendo sus facturas por los canales habituales y los métodos de pago registrados seguirán vigentes. En el caso de quienes utilizan Tuenti, la empresa precisó que beneficios como la acumulación de gigas, la ruleta y la renovación automática de los combos se mantendrán sin cambios.

¿Cambiarán la aplicación, la página web o la atención al cliente?

Las modificaciones sí llegarán a los canales digitales de la operadora.

Tigo adelantó que tanto la página web como la aplicación móvil y las redes sociales adoptarán gradualmente la nueva identidad visual. Sin embargo, los canales de atención al cliente seguirán funcionando de la misma manera durante el proceso de transición.

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¿Por qué Movistar y Tuenti ahora serán Tigo?

El cambio responde a la compra de la operación de Telefónica en Ecuador por parte de Tigo, empresa perteneciente al grupo Millicom.

La transacción, valorada en 380 millones de dólares, incluyó a Otecel, compañía que administraba en el país las marcas Movistar y Tuenti.

Lo que debes saber

• Christian González Amador asumió la Gerencia de País del Grupo Banco Mundial en Ecuador.
  
• El Grupo Banco Mundial administra una cartera pública de $3.220 millones y una exposición privada de $546 millones en el país.
  
• El nuevo gerente buscará integrar el trabajo del BIRF, IFC y MIGA para impulsar inversión, financiamiento y empleo.

El Grupo Banco Mundial (GBM) designó a Christian González Amador como nuevo gerente de País para Ecuador, cargo que asumió este 3 de agosto de 2026 con la misión de unificar el liderazgo de la institución y fortalecer una estrategia integrada de apoyo al sector público y privado, informó este lunes este organismo multilateral.

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Desde esta función, González Amador estará al frente de las principales entidades del Grupo Banco Mundial en el país: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). El objetivo será coordinar una agenda conjunta para movilizar financiamiento, conocimiento e inversión privada que impulse el crecimiento económico y la generación de empleo.

Cartera supera los $3.200 millones en el sector público

Actualmente, el Grupo Banco Mundial mantiene una cartera activa de 11 proyectos en Ecuador, con un compromiso total de $3.220 millones destinados al sector público. 

Estos recursos respaldan iniciativas relacionadas con generación de empleo, gestión fiscal, protección social, infraestructura, educación, gestión del riesgo de desastres, desarrollo rural e inclusión social.

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En el ámbito privado, la institución mantiene una exposición comprometida de $546 millones, concentrada principalmente en el sistema financiero y complementada con inversiones en sectores productivos y de servicios.

Más de dos décadas de experiencia

De nacionalidad mexicana, González Amador ingresó al Banco Mundial en 1999 y acumula más de 20 años de experiencia en temas macroeconómicos y de desarrollo. 

Antes de asumir la Gerencia de País fue economista senior para Ecuador, desde donde lideró el diálogo estratégico con el Gobierno y coordinó la elaboración del Memorando Económico del País y del Informe sobre Clima y Desarrollo del País. Además, participó en operaciones de financiamiento orientadas a apoyar las prioridades de desarrollo ecuatorianas.

Es doctor en Economía y posee dos maestrías por la Universidad de Georgetown, además de un título de Ingeniero Mecánico Administrador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

El encuentro denominado Encuentro Empresarial Ecuador–Paraguay, y liderado por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) junto con la Embajada de la República del Paraguay en Ecuador, convocó a representantes de los grupos empresariales más relevantes de todo el país, pertenecientes a sectores como industria, alimentos, retail, consumo masivo, hotelería, turismo, tecnología, farmacéutico, automotriz, textil y moda, inmobiliario, bienes raíces, oil & gas, seguros y comercio, entre otros.

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El acto formó parte de la visión de la Cámara que está orientada a consolidar vínculos con gobiernos, cámaras empresariales e inversionistas internacionales, posicionando a Ecuador como un destino atractivo para el comercio, la inversión y el desarrollo de nuevos negocios, según indicó el gremio en un comunicado.

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Oportunidades de inversión

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con las oportunidades de inversión, el fortalecimiento del comercio bilateral, el desarrollo de alianzas empresariales y la identificación de sectores con alto potencial para impulsar proyectos conjuntos entre Ecuador y Paraguay.

“El crecimiento de nuestra región dependerá, en buena medida, de nuestra capacidad de seguir reduciendo barreras, acercar mercados y construir un entorno en el que las empresas puedan desarrollarse con proyección, libertad, estabilidad y seguridad jurídica”, mencionó durante el encuentro Mónica Heller, presidenta de la CCQ.

La delegación paraguaya estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; el ministro del Interior, Enrique Riera; el ministro-secretario general del Gabinete Civil, Francisco Javier Jiménez; además de representantes del cuerpo diplomático y del Gobierno paraguayo.

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El feriado nacional obligatorio es el lunes 10, cuando se conmemora el Primer Grito de Independencia. 

La jornada no es recuperable y quienes trabajen ese día tienen derecho a un recargo del 100 % sobre el valor de su hora ordinaria, según el Código del Trabajo.

¿Por qué el feriado no se traslada este año?

Como el 10 de agosto de 2026 cae lunes, no es necesario trasladar el descanso a otra fecha.

El retorno a las actividades laborales está previsto para el martes 11 de agosto, según el cronograma oficial del Viceministerio de Turismo.

¿El feriado del 10 de agosto es recuperable?

No. El 10 de agosto es un feriado nacional obligatorio y no recuperable. Las horas de descanso no deben compensarse con trabajo posterior, según el calendario oficial vigente entre 2026 y 2030. 

A diferencia de los puentes que el Ejecutivo puede decretar, los feriados nacionales no admiten compensación.

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¿Cómo se paga si me toca trabajar durante el puente?

El lunes 10 de agosto genera un recargo del 100 % sobre el valor de la jornada ordinaria para los trabajadores sujetos al Código del Trabajo. En la práctica, cada hora trabajada ese día se paga al doble de la tarifa habitual.

Pero el recargo no se limita al lunes. Para una persona con jornada habitual de lunes a viernes, laborar el sábado 8 o el domingo 9 también constituye trabajo extraordinario con recargo del 100 %, según el artículo 55 del Código del Trabajo.

En jornadas rotativas o especiales, el recargo depende de cuál sea el día de descanso acordado y del horario autorizado.

La compensación varía según el régimen. Los trabajadores sujetos al Código del Trabajo tienen derecho al recargo del 100 %. 

Para los servidores públicos rigen las condiciones de la Losep, que contempla autorización institucional y exclusiones para el nivel jerárquico superior.

¿Qué servicios se mantienen operativos?

La ley exige atención con personal mínimo en agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, aeropuertos y terminales terrestres. Policía y Fuerzas Armadas operan conforme a sus propios regímenes.

¿Hay cantones con cuatro días de descanso?

Sí. Al menos nueve cantones pueden enlazar un feriado local con el nacional y extender el descanso desde el viernes 7 hasta el lunes 10 de agosto: 

Portovelo conmemora su cantonización el 5 de agosto (miércoles), por lo que el descanso se traslada al viernes 7. 

En Cuyabeno, la fecha local cae sábado 8 y se adelanta al viernes 7. En los demás, la celebración corresponde al viernes 7. La confirmación depende de cada GAD.

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¿Qué se conmemora el 10 de agosto?

El 10 de agosto de 1809, un grupo de criollos de la Real Audiencia de Quito conformó una Junta Soberana de Gobierno y destituyó a las autoridades coloniales. Ese primer intento de emancipación fue reprimido meses después, pero marcó el arranque del proceso independentista ecuatoriano.

¿Cuáles son los próximos feriados nacionales de 2026?

Después del 10 de agosto, el calendario contempla el:

“La Reforma para la Eficiencia del Comercio Exterior es una realidad. Al liberar aquellos productos que permanecían embodegados por años, optimizamos el espacio aduanero y transformamos el abandono en un beneficio directo para el desarrollo y la competitividad de Ecuador”, mencionó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

La normativa busca liberar más de 12.000 contenedores que son abandonados al año, llenos de mercancía y, así, hacer más eficiente la gestión del comercio exterior.

Estas mercancías, que tras un proceso legal han sido declaradas decomisadas, podrán ser subastadas. Pero, ¿cuáles son los requisitos y cómo participar de las subastas?

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Requisitos para participar

Para inscribirse normalmente se requiere:

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¿Quiénes pueden participar en las subastas?

Las convocatorias del SENAE están abiertas a:

Cada convocatoria puede establecer condiciones específicas según el tipo de mercancía. 

Justicia

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¿Cómo participar?

El procedimiento general comprende:

Lo que debes saber

• La demanda de electricidad proyectada para 2026 registra el mayor crecimiento de los últimos siete años, pese a la crisis que enfrenta el sistema eléctrico.
  
• El aumento del consumo responde al crecimiento de la economía, la población, la minería y la incorporación de vehículos eléctricos, lo que eleva la presión sobre la oferta de generación.
  
• Especialistas advierten que el país debe acelerar la incorporación de nueva generación y fortalecer la planificación para evitar que el incremento de la demanda amplíe la brecha energética.

El consumo de electricidad en Ecuador no se compadece de la situación del sector eléctrico, que atraviesa una crisis desde 2023. Es más, la demanda promedio de este suministro proyectada para 2026 registra el crecimiento más alto (11,13 %) de los últimos siete años.

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La demanda promedio de energía eléctrica estimada para 2026 (4.265,5 megavatios) supera no solo el promedio de 2025, sino también el de años anteriores, según datos disponibles del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Además el crecimiento promedio del requerimiento de electricidad que realizan hogares, industrias, comercios asciende al 4,5 % entre 2019 y 2026. Es decir, supera el 4 %, previsto en el Plan Maestro de Electricidad 2022-2032, según el escenario base (ver gráfico). Pero ¿por qué se consume más energía en el país?

Los factores detrás del mayor consumo eléctrico

Un mayor consumo tiene relación con el crecimiento de la población, de la economía, el desarrollo minero, e incluso una mejor calidad de vida, según especialistas consultados por Diario EXPRESO.

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Parte de los indicadores mencionados, sin embargo, están por debajo del promedio del crecimiento de la demanda de energía en Ecuador. Por ejemplo, en la última década la población ecuatoriana creció en promedio 1,5% por año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El crecimiento económico también está por debajo del porcentaje referido. En 2025 cerró en 3,7 % producto del rebote de 2024, que tuvo cifras negativas (-2 %) por los apagones de hasta 14 horas diarias, detalla el Banco Central del Ecuador (BCE).

En cambio, entre 2014-2023, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un promedio anual del 1,9%, señala la Agenda del Crecimiento Ecuador 2040.

A pesar de este escenario, Ecuador debe producir cada vez más energía para atender la demanda. Esto ocurre incluso en medio del déficit que arrastra el país desde 2023 y que actualmente equivale a una brecha de 1.300 megavatios (MW).

Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, reconoce que la demanda de electricidad está creciendo por encima del PIB y atribuye esta realidad al aumento de la temperatura que obliga a utilizar aires acondicionados durante más tiempo, la construcción de centros de datos para emplear Inteligencia Artificial, la compra de más vehículos eléctricos. 

“Hay una convergencia de factores que complican el escenario del sector eléctrico del país”, resalta Aspiazu.

La venta de autos eléctricos va en aumento

En relación a los vehículos eléctricos (BEV), solo en el primer semestre de 2026 sus ventas aumentaron 260,9 % frente al mismo periodo de 2025. Se pasó 5.457 unidades frente a 1.512, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

Esta situación no está aislada. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) reconoce en su informe del 30 de julio que ante el encarecimiento de los combustibles por el conflicto en Irán se prevé que las ventas mundiales de autos eléctricos aumenten en un 10 % en 2026 frente a 2025, hasta alcanzar los 23 millones. Con ello, casi tres de cada 10 autos nuevos vendidos en el mundo serán eléctricos.

Esta expansión representa un desafío. La AIE señala que la electrificación del transporte aumentará la demanda de electricidad, lo que obligará a ampliar la infraestructura de carga y fortalecer la capacidad del sistema para atender ese mayor consumo.

La generación enfrenta un nuevo desafío

Para Ricardo Buitrón, consultor energético, este panorama obliga a realizar un análisis y monitoreo de la economía y la demanda de energía para tomar acciones para garantizar la cobertura de este servicio básico a escala nacional. Caso contrario, operar el sistema eléctrico en estas condiciones representa un riesgo adicional porque el país podría enfrentar situaciones complejas.

"El crecimiento del suministro de energía puede acelerar el crecimiento económico. Esos dos factores van entrelazados", subraya Buitrón y recuerda que en el gobierno del expresidente Rafael Correa la planificación se realizaba considerando iniciativas que se esperaban desarrollar en el mediano y largo plazo y no solo en función de la tendencia histórica, que puede tomar nuevos rumbos.

En este panorama, la planificación actual requiere de metas más ambiciosas a las estimadas años atrás cuando se planteaba sumar entre 200 MW y 300 MW de energía firme por año para cubrir el incremento de la demanda de electricidad.

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Y aunque existe esta presión, Aspiazu subraya que el modelo de desarrollo de este sector “sigue siendo demasiado estatista y burocrático”, pese a las reformas normativas, y aún no se han creado las condiciones “apropiadas” para atraer nuevas inversiones privadas.

Diario EXPRESO consultó al Ministerio de Ambiente y Energía y a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) sobre las iniciativas para cubrir el mayor crecimiento de la demanda y espera sus respuestas.

La postura del Gobierno

Y a pesar de que el Gobierno aún no se ha pronunciado sobre este tema, el presidente Daniel Noboa informó el 31 de julio en radio Platinum que se ha realizado un manejo responsable de los embalses y mantenimientos y desmintió “visiones apocalípticas” sobre una crisis energética. También señaló que se ha normalizado la relación con Colombia para permitir el intercambio de hasta “380 MW”, lo que, junto con la optimización interna, permitirá superar el estiaje sin cortes.

Asimismo, Noboa descartó la necesidad de contratar más barcazas “costosas”, y recordó que los grandes consumidores tienen la obligación de autogenerar para no depender del sistema nacional; de lo contrario, serán desconectados para salvar el suministro de los hogares, que es el segmento que más consume. 

"Se los desconecta, como se hizo antes, si no les da la gana de seguir las reglas, leyes, acuerdos, pues no vamos a afectar a los ciudadanos que necesitan electricidad para su diario vivir (…) Ahí veremos si es que sobreviven o no”, advirtió el mandatario.

Lo que debe saber

• Del 8 al 10 de agosto: Cayambe recibirá la XV Feria Nacional del Queso con 80 expositores y una asistencia prevista de 12.000 visitantes.
• Más de 200 productos gourmet: El evento ofrecerá más de 50 variedades de quesos, catas, charlas técnicas y el XI Concurso del Mejor Queso del Ecuador.
• Un atractivo especial: Los asistentes podrán degustar el queso Gouda de 120 kilogramos, considerado el queso maduro más grande elaborado en el país.

La Feria Nacional del Queso llega a su decimoquinta edición consolidada como uno de los principales encuentros para la industria láctea del país. Del 8 al 10 de agosto de 2026, el Centro de Convenciones El Molino, ubicado en la vía Cayambe–Otavalo, abrirá sus puertas de 10:00 a 18:00 para recibir a productores, empresas, emprendedores y amantes del queso.

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La feria contará con 80 expositores relacionados con la producción de lácteos, alimentos gourmet, maquinaria, insumos y tecnologías para el sector ganadero. Además, los asistentes podrán recorrer una muestra de más de 200 productos gourmet y descubrir más de 50 variedades de quesos ecuatorianos.

Los organizadores prevén la asistencia de 12.000 visitantes, en una programación pensada para toda la familia y que también será petfriendly.

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De tres variedades a más de 50 tipos de queso

La historia de la feria refleja el crecimiento de la industria quesera nacional. En su primera edición únicamente se exhibían quesos de hoja, fresco y mozzarella.

Una década después, en 2016, el evento ya reunía más de 30 variedades y 52 expositores. Hoy, en su edición número XV, muestra la diversificación y especialización que ha alcanzado el sector, con una oferta mucho más amplia y productos de mayor valor agregado.

Una vitrina para impulsar la cadena láctea

La feria se desarrolla en una de las principales zonas lecheras del Ecuador. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), durante 2025 el país produjo 5,2 millones de litros de leche al día, de los cuales 4 millones provinieron de la Sierra.

Asimismo, el 77,1 % de la producción nacional se comercializó como leche líquida, mientras que el 14,8 % fue transformado directamente por las unidades productivas.

Para los organizadores, estas cifras evidencian el potencial para seguir impulsando la industrialización de la leche mediante productos con mayor valor agregado, mejor calidad y nuevas oportunidades comerciales.

El mejor queso del Ecuador será elegido en Cayambe

Uno de los principales atractivos será el XI Concurso del Mejor Queso del Ecuador, que reunirá a jueces internacionales para evaluar productos en distintas categorías, entre ellas:

El certamen premiará la calidad, la técnica y la innovación de los productores nacionales.

Un Gouda gigante para degustar

La edición 2026 también sorprenderá con la apertura del queso maduro más grande del Ecuador.

Se trata de un queso tipo Gouda de 120 kilogramos, que será presentado y degustado por el público durante la feria.

Además, la programación incluye catas de quesos ecuatorianos y latinoamericanos, charlas técnicas, demostraciones de tecnologías ganaderas y lácteas, así como presentaciones de danza y folclor andino que resaltarán la identidad cultural de Cayambe.

Un espacio para promover el queso ecuatoriano

Luis Chávez, presidente de la Corporación ProduCayambe, organizadora del evento, destacó que la feria se ha convertido en una plataforma para mostrar el desarrollo de la industria nacional.

"La feria demuestra que el queso ecuatoriano no solo tiene tradición, sino también calidad, innovación y capacidad para generar oportunidades. Estos 15 años representan el trabajo de productores y emprendedores que transforman la leche en productos con identidad y valor para el país", afirmó.

Quince años después de su creación, la Feria Nacional del Queso se mantiene como un espacio para fortalecer a los productores, fomentar el consumo de quesos nacionales y promover el intercambio de conocimientos dentro de la cadena láctea.

Lo que debe saber

• La OPEP+ incrementará en 188.000 barriles diarios su oferta de petróleo desde septiembre, completando el plan de reversión de los recortes voluntarios acordados en 2023.
• La guerra en Oriente Medio, las dificultades de navegación por el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, y los ataques a instalaciones petroleras mantienen la incertidumbre sobre el suministro mundial.
• Los países productores volverán a reunirse el 6 de septiembre para revisar la evolución del mercado, aunque analistas prevén que la alianza mantenga sin cambios sus niveles oficiales de producción durante el último trimestre de 2026.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha decidido este domingo 2 de agosto de 2026 mantener por sexto mes consecutivo su estrategia de elevar la oferta de petróleo, poniendo desde septiembre 188.000 barriles más en el mercado, un aumento limitado por la actual dificultad de mover el crudo debido a la guerra en Oriente Medio.

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La decisión ha sido tomada en una videoconferencia de los ministros de Petróleo y Energía de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado emitido desde su sede en Viena.

"En su compromiso colectivo de apoyar la estabilidad del mercado petrolero, los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios a partir de los ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023", señala esa nota.

Con ese nuevo aumento del bombeo se completa, al menos sobre el papel, el recorte de suministro de 1,65 millones de barriles diarios acordado en 2023, cuando el grupo aún incluía a los Emiratos Árabes Unidos, que abandonaron la organización en mayo.

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La aplicación de este nuevo aumento, que entrará en vigor en septiembre, puede verse dificultada por la graves perturbaciones en el suministro de crudo a los mercados de miembros clave de la OPEP+ —como Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait— provocadas por la guerra desatada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las dificultades de tránsito por puntos clave como el estrecho de Ormuz y el mar Rojo ha afectado a la capacidad de exportación de esos países.

A ello se añade una caída de la producción rusa debido a los ataques contra infraestructuras petrolíferas con los que Ucrania busca limitar la capacidad de Moscú de financiar su agresión.

De hecho, el Comité Ministerial Conjunto de Supervisión, un órgano asesor de la OPEP+, expresó hoy su preocupación por los ataques a infraestructuras energéticas, y advirtió de que recuperar la capacidad plena de esas instalaciones "es costoso y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro".

Destacó asimismo que esos ataques o la interrupción de las rutas marítimas internacionales aumentan "la volatilidad del mercado" y debilita los esfuerzos de la OPEP+ para apoyar la estabilidad "en beneficio de los productores, los consumidores y la economía mundial".

Se han establecido cuotas a los países

El acuerdo de hoy establece cuotas para los siete países, que en algunos casos están muy por encima de los datos de producción más recientes.

Por ejemplo, prevén para Rusia 9,949 millones de barriles de petróleo al día (mbd), mientras que su bombeo el pasado junio, según datos incluidos en un informe de la propia OPEP+, fue de 8,928 mbd.

La cuota reservada para Arabia Saudí, de 10,47 mbd, es también muy superior a los 6,84 mbd que tuvo en junio, según las fuentes independientes mencionadas en ese reporte.

En su comunicado de hoy, los siete países señalan que volverán a reunirse el 6 de septiembre para analizar la situación del mercado, aunque diferentes analistas consideran que tras ese nuevo aumento del bombeo, la OPEP+ se inclina por mantener congelado el nivel oficial de sus suministros durante el último trimestre del año.

Los siete países reunidos hoy son el núcleo duro de la OPEP+, la alianza formada en 2016 por la OPEP, que tiene ahora once miembros, y otras diez naciones productoras de crudo, entre ellas Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán.

Lo que debes saber

• La productividad camaronera pasó de entre 4.000 y 5.000 libras por hectárea a cerca de 10.000 tras la profesionalización impulsada desde los años 2000.
• Expertos estiman que la pérdida nacional comparable de manglar entre 1969 y 1999 ronda el 27 %, una cifra inferior al 57 % citado en un informe internacional.
• Aunque el sector ha incorporado tecnologías para reducir el uso de harina de pescado y optimizar la alimentación, el tratamiento de aguas persiste como desafío ambiental.

La industria camaronera en Ecuador nació en los años 80 en la provincia de El Oro. Víctor Osorio, subdecano de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la ESPOL y exdirector del Programa de Manejo de Recursos Costeros, recuerda que fue a partir del año 2000 cuando la incursión de la mancha blanca forzó una profesionalización del sector. Desde entonces, la producción se disparó, pasando de producir entre 4.000 y 5.000 libras de camarón por hectárea a 10.000 libras.

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Esa expansión permitió el crecimiento del sector y posicionó a Ecuador como líder en la exportación mundial de camarón. Sin embargo, aquello también genera preocupaciones que trascienden las fronteras debido al impacto en los bosques de manglar o en el tratamiento de las aguas residuales.

Para constatar esos desafíos el Observatorio de Bienestar Animal encargo la indagación a FoodRise -un hub de innovación-, que concluyo en la elaboración de un informe titulado: “Langostino barato, costes elevados”. El documento puso en duda la sostenibilidad ambiental de la industria camaronera ecuatoriana al citar una pérdida del 57% de cobertura de manglar atribuida a la actividad productiva.

No obstante, expertos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), aunque reconocen el problema, advierten que esa cifra de perjuicio a los manglares es errónea. Al revisar la metodología, Stanislaus Sonnenholzner, director del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas de la Espol, explica que el informe de FoodRise “parte de una referencia equivocada”, ya que sostiene que ese elevado porcentaje de merma usa como referencia 360.000 hectáreas existentes en 1969, cuando la única referencia satelital de ese año estima un máximo de 205.000 hectáreas.

¿Qué dicen los datos sobre el manglar?

Adrián Márquez, docente e investigador de la ESPOL, ofrece una recopilación más confiable. Según los datos del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN), la pérdida nacional de manglar comparable entre 1969 y 1999 se ubicaría entre el 26 % y el 27 %, con un margen de incertidumbre debido a la antigüedad de la información y a las tecnologías de medición disponibles en esa época.

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De ese total, la reconstrucción del investigador Stuart Hamilton atribuye más del 90 % al reemplazo directo por piscinas camaroneras. Del mismo periodo estima mermas de alrededor del 85 % en Manabí, 46 % en El Oro, 26 % en Esmeraldas y 14,7 % en Guayas.

Osorio documentó, junto con otros investigadores, cómo varió el origen de esas piscinas. Según el capítulo 9 del libro Mangrove Ecosystems: A Global Biogeographic Perspective, publicado en 2017:

En 1984, cerca del:

Para 2006, esas proporciones habían aumentado a:

Desde la Cámara Nacional de Acuacultura, su presidente, José Antonio Camposano, explicó cómo se vigila el desempeño ambiental de las empresas: “El llamado a hacer el control es el Ministerio del Ambiente y Energía", señaló. No obstante, destacó que el gremio sí denuncia cuando detecta afectaciones en los manglares.

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El gremio junto con Sustainable Shrimp Partnership (SSP), impulsa un proyecto piloto de 12 meses, con opción de extenderse hasta cuatro años, para recuperar áreas de manglar, monitorear y registrar su evolución. “Aún no hay un plazo para evaluar los resultados, pero esperamos poder verificar el cumplimiento de los objetivos conforme avance el proyecto”, señaló.

Mejoras en la alimentación buscan reducir la huella ambiental

Uno de los aspectos en los que la industria ha mejorado y previamente era cuestionada es el relacionado a la producción de alimentos para alimentar a los camarones. Sonnenholzner explica que la harina de pescado en el balanceado bajó de entre 20% y 25 % en los años 90 a hasta el 10% hoy, por la complementariedad nutritiva con soya y maíz.

Los avances tecnológicos que detectan hambre en el camarón reducen el desperdicio de alimento, y el fitoplancton de las piscinas captura y secuestra CO2, según Osorio.

Márquez matiza que la mayoría de estudios actuales sobre la huella de carbono del camarón son globales y no distinguen entre sistemas tecnificados y tradicionales.

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El siguiente paso: insertar tecnología para tratar el agua

En la circulación del agua hay avances, dice Sonnenholzner, pero aún no se cierra el ciclo: en algún punto hay que desaguar, y ahí falta tecnología de tratamiento con organismos que mejoren la calidad del agua antes de devolverla al estuario.

Sonnenholzner señala que esas tecnologías de tratamiento ya se aplican en otras partes del mundo, y podrían servir de referencia para Ecuador: sistemas naturales y policultivos —otras especies cultivadas junto al camarón dentro del mismo sistema— que ayudan a limpiarla antes de que llegue a los ecosistemas naturales. "Sí se puede, lo hacen en otros países", dice, aunque advierte que primero hay que identificar qué especies funcionarían en el contexto ecuatoriano.

Para Márquez, la acuicultura tiene "una responsabilidad histórica trascendental" ante el crecimiento poblacional hacia 2050, pues la ganadería y la agricultura ya alcanzaron su techo de tierra y agua. "No se trata de escoger entre la ecología y la agricultura, se trata de hacer que crezcan juntas", dice. 

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Mientras que Cristina Alarcón, de la Fundación Protección Animal Ecuador (PAE), coincide en el trabajo conjunto y pide mesas técnicas entre autoridad, empresa y sociedad civil, sin que eso signifique "un ataque a la producción".

¿Hace falta una política pública sólida?

Sonnenholzner admite que no existe un estudio de factibilidad sobre la capacidad de carga que determine si el manglar puede sostener el crecimiento de la industria. Además, explica que el ecosistema puede seguir deteriorándose por contaminación aunque no se tale más, y esa contaminación no es responsabilidad única de las camaroneras. También llega por otras presiones como la minería —cita el río Jubones— y el crecimiento urbano. 

"Es difícil, muy difícil" separar qué corresponde a cada actividad, dice, por eso insiste en que hace falta más monitoreo.

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Una política pública fuerte, agrega el director del CENAIM, también permitiría fortalecer programas comunitarios como los que el centro ya ejecuta con varias comunidades extractoras de concha prieta tales como: 

“Si ustedes le dicen solamente a las personas protejan, pero no reciben nada a cambio, no lo van a hacer”, señala. Falta, dice, acompañamiento en comercialización y valor agregado, no solo el paquete técnico.

Osorio suma otro pendiente: la investigación en especies alternativas, para no depender de un solo producto si volviera a ocurrir un brote como el de la mancha blanca en los años 90. “Se necesita inversión y desarrollo porque no estamos exentos a problemas en el futuro”, dice. Sonnenholzner coincide: los avances tecnológicos del sector se han hecho, sobre todo, con recursos privados, con poco respaldo estatal en investigación en conjunto con la academia.

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Lo que debe saber

• Riesgo alto: La SEPS sostiene que Incoop no corrigió las deficiencias detectadas durante el proceso de supervisión intensiva.
• Medida provisional: La entidad aclara que la decisión judicial no anula definitivamente la liquidación, pues aún no se resuelve el fondo del proceso.
• Protección a socios: El organismo asegura que sus actuaciones buscan resguardar los ahorros de los socios y la estabilidad del sistema cooperativo.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) aseguró que actuó en estricto apego a la ley en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inteligencia de Negocios (Incoop) y que, en todo momento, ha buscado proteger a los socios y preservar la solidez del sector cooperativo.

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El pronunciamiento se emitió luego de que, a finales de julio de 2026, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo concediera la medida cautelar solicitada por Iván Suasti Oña contra las resoluciones de la SEPS que dispusieron la liquidación de Incoop. Como parte de esa decisión, el tribunal ordenó que la administración de la cooperativa sea entregada al anterior representante legal en un plazo de 72 horas.

La resolución judicial, conocida el 25 de julio de 2026, dejó sin efecto de manera provisional la decisión de liquidar la cooperativa, proceso que había sido retomado el 16 de abril de 2026.

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Origen técnico y legal de la liquidación

La SEPS explicó que el 28 de septiembre de 2023, en aplicación de los artículos 283 y 284 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), dispuso la implementación de un Programa de Supervisión Intensiva para Incoop, tras detectar que la entidad presentaba un perfil de riesgo crítico.

Según el organismo de control, la anterior administración contó con los plazos legales y el tiempo suficiente para ejecutar un plan de remediación, corregir las deficiencias detectadas y cumplir con las exigencias normativas.

No obstante, al concluir el programa, Incoop mantuvo un nivel de riesgo alto, debido a que no subsanó las debilidades estructurales que motivaron la intervención.

Por ello, el 23 de febrero de 2026, la SEPS resolvió la liquidación forzosa de la cooperativa, al configurarse la causal prevista en el numeral 2 del artículo 303 del COMF, en concordancia con los artículos 259 (numeral 2) y 261 de la Codificación de Resoluciones Monetarias y Financieras.

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La diferencia entre la medida cautelar y el fondo del proceso

La decisión de liquidar a Incoop fue ratificada en la vía administrativa mediante una resolución emitida el 10 de abril de 2026, luego de que se rechazara el recurso de apelación presentado por la administración saliente.

La SEPS indicó que, entre las inconsistencias detectadas, tres de las 41 estrategias comprometidas dentro del plan de remediación permanecieron incumplidas.

Respecto a la providencia judicial emitida en julio de 2026, la Superintendencia aclaró que se trata de una medida cautelar de carácter provisional, concedida al momento de admitir a trámite una acción de protección.

En ese sentido, enfatizó que esta decisión no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del caso ni determina que hayan existido irregularidades en las actuaciones del organismo de control.

El impacto, según la SEPS

La Superintendencia sostuvo que sus actuaciones no están dirigidas contra entidades específicas, sino que responden a procedimientos técnicos estandarizados cuyo objetivo es evitar perjuicios mayores e irreversibles para los depositantes.

Añadió que las suspensiones derivadas de recursos judiciales presentados por representantes vinculados a la administración saliente no restablecen la salud financiera ni la operatividad de Incoop.

Por el contrario, según la entidad, su principal efecto es generar incertidumbre y paralizar temporalmente los mecanismos legales destinados a la devolución ordenada de los ahorros de los socios.

La SEPS concluyó que los problemas de solvencia y liquidez de una entidad financiera no se originan en los procesos de supervisión, sino en deficiencias de gestión que no fueron corregidas oportunamente.

En un comunicado, el organismo reiteró que actúa con oportunidad para proteger los ahorros de los ciudadanos y salvaguardar la confianza en el sistema cooperativo ecuatoriano.

Lo que debe saber

• Los morosos podrán perder el acceso a piscinas, gimnasios y salones comunales.
• La administración deberá publicar mensualmente el estado de pagos y la cartera vencida.
• El derecho a votar en las asambleas quedará condicionado al pago de las expensas.

Hay un nuevo decreto que regula cuando una persona no ha pagado las alícuotas en una propiedad horizontal. El presidente Daniel Noboa Azín reformó el Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal mediante el Decreto Ejecutivo No. 462, firmado el 31 de julio de 2026. La nueva normativa modifica las reglas para el manejo de la mora en los condominios, fortalece los mecanismos de cobro y establece nuevas obligaciones de transparencia para las administraciones.

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La reforma actualiza el reglamento vigente desde 1999 e incorpora disposiciones destinadas a incentivar el pago oportuno de las expensas comunes, al tiempo que fija límites para proteger los derechos básicos de los copropietarios.

Restricciones para quienes mantengan deudas

Uno de los principales cambios establece que los propietarios o usuarios que mantengan deudas por expensas ordinarias, extraordinarias, aportes al fondo común de reserva, intereses o gastos de cobranza no podrán utilizar bienes, servicios o amenidades comunes considerados no indispensables.

Entre estos espacios y servicios se incluyen los salones comunales, piscinas, gimnasios, parqueaderos para visitas, ascensores de carga, dispositivos electrónicos adicionales de acceso y servicios centralizados, como agua caliente o internet comunal.

Además, el decreto permite que cada reglamento interno amplíe la lista de bienes o servicios cuya utilización podrá restringirse mientras exista mora.

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Derechos que no podrán ser restringidos

La normativa también establece límites claros para evitar que las sanciones afecten derechos esenciales.

En ningún caso se podrá impedir el ingreso peatonal al inmueble, el acceso a la vivienda o al parqueadero de propiedad exclusiva, ni restringir el suministro de agua potable fría, los servicios de saneamiento, la seguridad básica o las rutas de evacuación.

Tampoco podrán limitarse los accesos para ambulancias, bomberos, policías o personal médico, ni los mecanismos de movilidad destinados a mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

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Notificación obligatoria antes de aplicar sanciones

Antes de restringir cualquier área o servicio, la administración del condominio deberá notificar formalmente al propietario sobre el estado de mora.

Desde la notificación, el deudor dispondrá de cinco días para cancelar la obligación, demostrar que ya realizó el pago o solicitar un convenio.

Si ese plazo vence sin que la situación sea regularizada, la administración estará obligada a aplicar las restricciones previstas en el reglamento.

Una vez que el propietario pague la totalidad de la deuda, suscriba un convenio válido o regularice su situación, las limitaciones deberán levantarse en un plazo máximo de 24 horas.

Cobros, convenios y reincidencia

La reforma también establece un procedimiento para facilitar la recuperación de valores pendientes.

Cuando existan dos o más expensas vencidas, el administrador deberá emitir una liquidación de los valores adeudados. Este documento deberá ser aprobado por la Asamblea General dentro de los siguientes 30 días y tendrá carácter de título ejecutivo, lo que facilitará el inicio de acciones de cobro.

Asimismo, los convenios de pago deberán formalizarse por escrito. Si el deudor incumple dos cuotas pactadas, se producirá el vencimiento anticipado de todo el saldo pendiente.

La norma también considera reincidente al copropietario que vuelva a caer en mora dentro de los 12 meses posteriores a haber regularizado sus obligaciones.

El derecho al voto dependerá del pago de las expensas

Otro de los cambios relevantes dispone que solo los copropietarios que se encuentren al día en el pago de sus expensas podrán ejercer el derecho al voto en la Asamblea General.

El mismo requisito se aplicará para quienes aspiren a desempeñar cargos de administración o representación dentro del condominio.

Más transparencia en la administración

La reforma incorpora nuevas obligaciones de información para las administraciones de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.

Dentro de los primeros diez días de cada mes deberán publicar, mediante canales físicos o electrónicos oficiales del condominio, el estado de cumplimiento de pago de cada unidad inmobiliaria y el detalle de la cartera vencida.

Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la transparencia en la gestión económica de los condominios y facilitar el control por parte de los copropietarios.

¿Cuándo la reforma entra en vigencia?

El Decreto Ejecutivo No. 462 deroga todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a su contenido y entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial. A partir de ese momento, las administraciones de condominios deberán adecuar sus procedimientos a las nuevas reglas establecidas para el manejo de la mora y la administración de los bienes comunes.

Lo que debe saber

• Demanda en ascenso: todas las entidades financieras reportaron mayor solicitud de créditos en el 2T-2026 y esperan más crecimiento en el 3T.
• Brecha entre instituciones: bancos privados planean flexibilizar criterios, mientras cooperativas y mutualistas mantienen restricciones.
• Motor de la demanda: empresas buscan capital de trabajo; hogares financian consumo, vivienda y vehículos.

La demanda de crédito aumenta y la banca privada prevé mayor expansión en el tercer trimestre de 2026. Entre el 7 y el 17 de julio de 2026, el Banco Central del Ecuador aplicó la Encuesta de Perspectivas de Oferta y Demanda de Crédito (ETOD) a 23 bancos privados, 334 cooperativas de ahorro y crédito y cuatro mutualistas; desde 2010 esta encuesta monitorea la oferta y demanda de crédito en los segmentos 1 a 4 del sistema financiero nacional. La Junta Política y Regulación Financiera y Monetaria difundió los resultados.

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En el segundo trimestre de 2026 las entidades financieras privadas reportaron un incremento en la demanda de préstamos. Los bancos privados informaron un alza en nuevas solicitudes y estiman que esta tendencia continuará en el tercer trimestre. Cooperativas y mutualistas también registraron mayor demanda y esperan una mayor expansión en el siguiente trimestre.

La oferta y estándares de aprobación

En promedio, las entidades financieras percibieron un leve endurecimiento de los estándares de aprobación de nuevas solicitudes durante el segundo trimestre de 2026 y anticipan que las restricciones se mantendrán para el tercer trimestre. No obstante, las diferencias por tipo de entidad son claras: los bancos reportaron el menor nivel de restricción y prevén flexibilizar criterios, mientras cooperativas y mutualistas comunicaron ajustes más restrictivos y esperan continuidad en esa tendencia.

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Las entidades señalaron que el entorno económico y sus perspectivas, los cambios normativos y el aumento del riesgo percibido en las carteras fueron los principales factores detrás del endurecimiento de las políticas de aprobación.

Los motivos de la demanda: empresas y hogares

En la banca privada las restricciones se concentraron en crédito productivo, aunque las expectativas apuntan a una relajación en ese segmento durante el tercer trimestre. En cooperativas y mutualistas las mayores restricciones afectaron crédito productivo y microcrédito; para el próximo trimestre prevén ejercer mayor control en microcrédito y consumo.

Para las empresas, el aumento de solicitudes en crédito productivo y microcrédito respondió principalmente a la necesidad de financiar capital de trabajo y a la situación económica de los clientes. En los hogares, la mayor demanda de crédito de consumo y vivienda se vinculó a necesidades de financiamiento, el índice de confianza del consumidor y la adquisición de bienes duraderos y vehículos.