Lo que debes saber 

• El conflicto en Irán eleva el precio del petróleo y beneficia parcialmente a Ecuador como exportador, pero incrementa los costos de combustibles importados, presionando la inflación.
  
• La dependencia de importación de derivados (70 %–80 %) reduce el beneficio por la venta de crudo.
  
• La tensión comercial con Colombia, con aranceles de hasta 100 %, suma presión sobre precios, consumo y crecimiento, especialmente en sectores vulnerables y pequeñas empresas.
  

La guerra en Irán y la tensión comercial con Colombia, a propósito de la tasa de seguridad, genera un panorama desafiante para Ecuador en 2026. 

Esta nación, considerada un exportador neto de energía, tendrá mayores ingresos por la venta de petróleo, pero a la vez deberá asumir el alza de precios de productos, que elevarán la inflación, refiere el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El Fondo señala que el conflicto en Irán, que está en pausa tras un cese al fuego acordado con Estados Unidos, cambió el panorama estimado para América. 

El organismo refiere que a pesar de que el continente inició 2026 con un crecimiento estable e inflación bajo control, la guerra en Medio Oriente introduce volatilidad en los mercados, presiona los precios al alza y aumenta los riesgos económicos.

Esta información es parte del blog titulado “La guerra en Medio Oriente tendrá un impacto desigual en el hemisferio occidental”. 

Este documento fue difundido el 17 de abril de 2026, a propósito de las reuniones de Primavera, que se realizan en Washington D.C.

Los efectos serán desiguales 

En este documento, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, reitera que los efectos serán desiguales entre países, dependiendo de su estructura productiva, su exposición a los mercados internacionales y de cuánto dure la guerra.

En este sentido, el Fondo considera que países exportadores de petróleo -como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela- serán, en parte, beneficiados por el alza en los precios de la energía.

La mejora en los precios de esta materia prima responde al bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial. 

Por ese paso circula aproximadamente el 20 % del petróleo del planeta, además de 27 % del gas natural y 33 % de fertilizantes y combustibles refinados.

El FMI señala que este shock, que elevó hasta $110 el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para Ecuador, incide en la mejora de la balanza de pagos, impulsa el crecimiento y fortalece las finanzas públicas.

Aunque la producción petrolera de Ecuador está contraída. En 2026 está previsto exportar 165,5 millones de barriles. 

Esta cifra es menor en un 2,6 % a la prevista en el 2025 (169,9 millones), según el Presupuesto General del Estado.

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La inflación al alza, otro efecto del conflicto 

Pero no todos los efectos son positivos para Ecuador. La razón es que ese mismo incremento en los precios internacionales también se traduce en mayores costos de combustibles que se evidencian ya desde el 12 de marzo, de la energía, de transporte y hasta de alimentos -por un alza el valor de los fertilizantes-, lo que impacta directamente a los consumidores, sobre todo a aquellos de hogares vulnerables, advierte el organismo internacional.

Así, aunque Ecuador es catalogado como un exportador neto, depende también de la importación de combustibles entre un 70 % y 80 %.

El Banco Central del Ecuador (BCE) confirma esta realidad. 

Durante el primer bimestre de 2026 se exportaron 18,5 millones de barriles de crudo. Las importaciones de derivados, en cambio, alcanzaron los 10,8 millones de barriles.

Mientras tanto, en valor la relación es $1.016,4 millones en exportaciones de petróleo, frente a $860 millones en importaciones realizadas por el Estado. La cifra no detalla las compras que realizan empresas privadas que participan también de este mercado, precisa Oswaldo Erazo, analista petrolero.

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En función de las cifras del BCE la diferencia entre exportaciones de crudo e importaciones de derivados fue de $156,4 millones en los primeros dos meses de 2026. Se trata de un monto menor en 37,7 % frente al registrado en el mismo periodo en 2025 ($251,2 millones).

Erazo considera que si el conflicto con Irán se mantiene esta diferencia entre exportaciones de petróleo e importaciones de combustibles, se podría reducir aún más debido al alto costo de los combustibles importados (el barril de diésel superó semanas atrás los $200).

Alza en el el precio de los combustibles 

Además, ante el aumento en los precios de los combustibles, el gobierno del presidente Daniel Noboa se ha visto obligado a asumir nuevamente el pago de subvenciones de entre $0,39 y $1,60 por galón de extra, ecopaís y diésel, que se emplea en el sector automotor. 

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Aparte, están las ayudas que se otorgan a conductores de taxis, camionetas de uso comercial, tricimotos y de unidades de transporte de pasajeros (buses).

Ante esta realidad, Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, estima que si el conflicto se extiende los ingresos que reciba Ecuador por las ventas de crudo se diluirán en la compra de combustibles importados. Pero, si termina entre abril y mayo, al final el país tendrá un balance favorable.

Este aumento en el alza de los combustibles, gas natural, transporte, fertilizantes que se usan para la producción de alimentos, sin embargo, impactará de manera general en todo el continente americano.

El FMI prevé que todos los países de la región enfrentarán un aumento en los precios, debido al encarecimiento de insumos clave como energía, transporte y alimentos.

En el caso de Ecuador, según las proyecciones incluidas en el informe del Fondo, la inflación cerraría 2026 en torno al 3 %, tras ubicarse en 1,9 % en 2025 (ver gráfico)

El impacto de la tasa de seguridad 

Para Santiago García, docente de Economía de la Universidad Central del Ecuador, en estas previsiones se debe considerar también los efectos que deja la tensión comercial con Colombia, que se originó en febrero de 2026 tras la imposición de una tasa de seguridad para las importaciones colombianas.

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Actualmente, esta imposición es del 50 %. Sin embargo, el presidente Noboa anunció que desde el 1 de mayo se elevará hasta el 100 %.

Colombia, en cambio, aplica por ahora una tarifa para los bienes de Ecuador del 30 % y evalúa aumentarlo al 75 % para ciertos bienes.

Para Ortiz, en parte, los costos adicionales que han recaído en productos como café, medicamentos, materias primas pueden ser, en ciertos casos, asumidos o reemplazados por proveedores de otros destinos por los productores macros para mantener las ventas. 

Sin embargo, reconoce que en las pequeñas empresas puede afectar incluso al empleo.

En este sentido, García considera que si se mantienen los altos precios de los combustibles y los aranceles para los precios de los productos de Colombia se podría advertir una reducción del consumo, que podría afectar incluso a las previsiones de crecimiento de la economía nacional.

Por esta razón, dice que es clave “convocar a un dialogo social” y mantener los subsidios focalizados para evitar un mayor impacto en los precios.

Sin embargo, existe una confusión común entre los usuarios: creer que el cumplimiento tardío borra el pasado. Al adquirir una obligación, cada movimiento —desde la puntualidad hasta el día exacto de retraso— queda sellado en una base de datos. Por ello, liquidar una deuda vencida no es el fin del camino, sino apenas el inicio de una rehabilitación financiera que demanda paciencia.

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El rastro de la mora persiste por tres años

De acuerdo con la normativa vigente de la Superintendencia de Bancos, los registros de pagos atrasados o incumplimientos no se evaporan de forma inmediata tras el pago. La ley es clara: estos datos deben permanecer visibles en el historial durante un periodo de tres años.

Este cronómetro empieza a correr exactamente desde el día en que se liquida la totalidad de la obligación. Así, aunque su estado cambie a "cancelado", las huellas de la morosidad seguirán expuestas ante cualquier entidad que consulte su perfil durante los siguientes 36 meses. Es un recordatorio de que, en el sistema financiero, el tiempo es el único agente capaz de sanar un puntaje afectado.

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Rectificaciones: ¿Cuándo se puede limpiar el historial?

La eliminación anticipada de datos solo es viable si existe un error administrativo por parte de la entidad financiera. La ley protege al usuario frente a información inexacta, pero es tajante al no permitir el borrado de una mora que efectivamente ocurrió.

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Si usted detecta inconsistencias o si, tras haber cancelado la deuda, la información no se refleja en el sistema, las instituciones tienen un plazo máximo de 15 días para resolver las solicitudes de rectificación y actualizar su estatus.

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¿Cuántos días ha pasado Ecuador en toque de queda desde que Noboa es presidente?

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José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura y de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), señaló en su cuenta de X: “Es indispensable que este nuevo toque de queda incorpore excepciones claras y operativas. Las exportaciones no pueden parar”.

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El pedido fue respaldado por José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), quien afirmó que, aunque apoyan las acciones para enfrentar la inseguridad, estas no deben afectar a los sectores productivos que generan empleo y divisas. 

Hidalgo recordó que la última restricción de movilidad, aplicada entre el 15 y 30 de marzo, tuvo graves impactos: reducción del 32 % en operaciones, pérdidas logísticas, deterioro de carga perecedera y cancelación de contratos internacionales.

El clúster bananero, que agrupa a productores y exportadores, advirtió que alrededor de 250.000 empleos dependen de la continuidad de estas operaciones, fundamentales para el sostenimiento de la economía nacional.

Provincias bajo restricción

El toque de queda se aplicará desde el 3 hasta el  18 de mayo, desde las 23:00 hasta las 05:00 en territorios con altos índices de violencia y rutas clave del narcotráfico. Entre ellos figuran Guayas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos y El Oro. También se incluyen los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).

En marzo de este año, el Gobierno solo permitió la circulación de policías, militares y trabajadores sanitarios. Sin embargo, la Corte Constitucional ordenó después que también se garantice la labor de la prensa y organizaciones internacionales durante esas horas.

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, catalogadas como terroristas. Pese a ello, el país cerró 2025 como el año más violento de su historia, con un récord de 9.269 homicidios.

Lo que debes saber

• El presidente informó que habrá un subsidio para los hogares que consuman hasta 180 kWh.
• Analistas señalan que los cortes eléctricos se deben a falta de inversión en transmisión y distribución, no a un fenómeno solar.
• Analistas alertan que el subsidio profundizará el déficit del sector eléctrico, estimado en unos 598 millones de dólares.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció el 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, indicó el mandatario como parte de un anuncio de medidas que incluyó, en medio de un cambio de liderazgo en el ámbito energético. 

La tormenta solar a la que Noboa se refirió es a las altas temperaturas que azota a la costa ecuatoriana y que comenzaron el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

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Altas temperaturas elevaron el consumo de electricidad

Según las declaraciones en los últimos días del presidente, así como de la ministra de Energía, Inés Manzanos, las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz.

No obstante, este subsidio es anunciado después de cientos de quejas ciudadanas por frecuentes apagones en ciudades como Guayaquil, Manta y Santa Elena.

Más gasto para el Estado

El analista experto en energía, Darío Dávalos, menciona a EXPRESO que este nuevo subsidio (si bien beneficia a la ciudadanía), ahondará también el hueco financiero para el sector eléctrico, ya que según lo estableció la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) el año pasado, el déficit para este 2026 es de alrededor de 598 millones de dólares. “Eso debe cubrir el presupuesto general del Estado”.

Y es que el experto indica que, si bien hay una ola de calor, no existe una “tormenta solar”, como lo indica el presidente y a la que ha señalado como una de las culpables de los últimos cortes eléctricos.

“Hay un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) del mes de marzo de este año, advirtiendo de estos eventos (cortes de energía) por la falta de un plan de inversión agresivo en la expansión de la transmisión y distribución. Si hace falta, es una cuestión de gestión del sector, no de una tormenta solar”, indica.

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes. 

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Consumo típico de un hogar

Esta cantidad de energía al mes es el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con este nuevo alivio financiero, quienes consuman hasta los 180 kWh no pagarán por la planilla, y quienes consuman más, pagarán el excedente.

Para el analista económico, Jorge Calderón, el alza de las planillas por aumento de consumo en los aires acondicionado, es un nuevo indicador que le grita al Estado que avance en la diversificación de la matriz energética, para que pueda evitarse este tipo de compensaciones porque, coincide, se genera una presión en el gasto público.

“Este tipo de eventos climáticos se volverán más recurrentes, por lo que estas compensaciones no serán medidas que se puedan aplicar a cada rato”, añade el analista.

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025, asimismo con una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

En este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la Arconel, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.

En un país con 18 millones de habitantes, la Asamblea Nacional aprobó promover la enseñanza de la educación financiera a los ciudadanos ecuatorianos. Tenemos entendido que existe solo el 20 % de afiliados al IESS, es decir, 3’600.000 trabajadores entre nacionales y extranjeros.

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Rol del IESS y del sistema financiero en la formación ciudadana

En este caso, el IESS debe dar instrucciones financieras a los deudores de préstamos quirografarios e hipotecarios por viviendas, como entidad que los otorga a sus afiliados (podrían hacerlo en sus propias oficinas de instrucción financiera) o, caso contrario, en el Secap, donde se pretende reducir en un 5 % los ingresos de los jubilados del IESS.

Se conoce que el índice de desempleo de la población económicamente activa es del 3 % de acuerdo con el INEC, pero la realidad no refleja las necesidades de los ciudadanos que carecen de empleo.

Por lo tanto, se estima que este índice bordea el 16 %, es decir, población lista para laborar que no encuentra trabajo en el Ecuador, situándose en un porcentaje poco favorable para las pretensiones gubernamentales. Además, enseñar educación financiera en este contexto resulta cuestionable.

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Pretender dar educación financiera no está realmente amparado por el Estado; esto es una falacia, pues el índice de pobreza bordea el 21 % de los habitantes, lo que equivale a 3’800.000 personas de escasos recursos.

De igual manera, la pobreza extrema alcanza el 8 %, es decir, 1’500.000 habitantes. En estas condiciones, la educación financiera resulta incongruente para sectores que no disponen de recursos y requieren cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y seguridad.

Bancos y sector privado como posibles actores en la educación financiera

Para la población económicamente activa, este proceso podría impulsarse en instituciones financieras como bancos privados y públicos, donde se generan préstamos para movilizar el capital. En este sentido, correspondería a bancos, casas de cambio, casas de valores, financieras y bolsas de valores asumir este rol, sin comprometer recursos del Estado en esfuerzos poco efectivos.

José Arrobo Reyes

Política

IESS en riesgo: Henry Llanes pide auditorías y cuestiona designación en Consejo

Marco Rivera

Con una tasa de informalidad que supera el 50 % en 2026 y una desinversión anual de 1.500 millones de dólares de sus reservas, la sostenibilidad del fondo de jubilación depende de reformas que prioricen la transparencia técnica y el ordenamiento de las competencias institucionales.

Auditoría de fondos y rentabilidad financiera

La crisis se agrava por el incumplimiento estatal en la transferencia del 40 % legal y el desvío de recursos para financiar prestaciones no contributivas. Ante este escenario, voces técnicas coinciden en que la solución inmediata no reside en el ajuste de beneficios, sino en la fiscalización de los fondos y la reestructuración del modelo de ahorro.

Henry Llanes, experto en seguridad social, formalizó este 20 de abril una solicitud ante la Superintendencia de Bancos para ejecutar auditorías integrales a los fondos de salud y pensiones. El requerimiento se centra en verificar la sostenibilidad financiera y fiscalizar las inversiones en bonos y fideicomisos.

Un punto crítico identificado es la tasa de interés del 2,99 % aplicada a préstamos hipotecarios para vivienda. Para Llanes, este porcentaje carece de rentabilidad financiera y responde a una "intromisión demagógica" del Gobierno que afecta el giro del negocio. La auditoría busca determinar el costo financiero real de cada operación y la utilidad que ha dejado de percibir el seguro social por estas políticas.

Traslado de carga médica y capitalización individual

Por su parte, el abogado y columnista de EXPRESO, Modesto Apolo, advierte que los beneficios actuales equivalen a cinco veces los aportes realizados, lo que viola principios actuariales básicos. Entre sus planteamientos figura la transición hacia un modelo de capitalización individual, donde cada trabajador acumule sus propios fondos, rompiendo el esquema actual de prima media que se considera deficitario.

Opinión

Sistema de pensión colapsado

Modesto Apolo

Apolo enfatiza la necesidad de un pacto político en 2026 que prohíba desvíos extrapresupuestarios y foque los subsidios únicamente en pensiones mínimas para sectores vulnerables. Esta postura coincide con la urgencia de auditar las reservas con transparencia pública anual para evitar la erosión de los fondos remanentes.

Reformas al marco legal y autonomía

La hoja de ruta técnica sugiere que el IESS debe retomar su autonomía operativa. Llanes propone una reforma para que las prestaciones médicas de personas no afiliadas —que en 2024 superaron los 2,6 millones de usuarios— sean transferidas presupuestariamente al Ministerio de Salud Pública (MSP). Solo la atención a hijos de afiliados demanda un gasto estimado de 300 millones de dólares anuales, recursos que han sido extraídos del bolsillo de los aportantes desde 2010.

Finalmente, la reestructuración del Consejo Directivo asoma como el mecanismo para garantizar la gobernanza. La propuesta técnica apunta a que el directorio cuente con mayoría de representantes de afiliados y jubilados elegidos mediante sufragio, reduciendo la injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones financieras sobre los ahorros de los trabajadores ecuatorianos.

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La comunicación del Gobierno está perdida en un jardín de infantes

Carlos Isaac Pino

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El Servicio de Aduanas estadounidense pondrá en marcha la primera fase de los pagos para una gran parte de las empresas estadounidenses afectadas, a las que espera devolver un monto inicial de 127.000 millones de dólares.

Según el Gobierno, el portal que activará hoy servirá a aproximadamente el 63 % de las compañías elegibles, que podrán presentar la documentación necesaria para el reembolso de cobros por los aranceles anunciados hace poco más de un año por Trump bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

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Devolución en etapas

Esta primera etapa se centrará en los pagos arancelarios que técnicamente continúan bajo revisión federal y por lo tanto, aún no han sido liquidados de forma definitiva.

Una vez aceptadas las solicitudes de los importadores, el Servicio de Aduanas estima un plazo de entre 60 y 90 días para emitir los reembolsos.

El sistema, denominado CAPE, se ampliará luego para incluir pagos más antiguos que ya fueron liquidados.

Más de 3.000 empresas, entre ellas los gigantes Costco y FedEx, ya han demandado a la Administración republicana para asegurar esos reembolsos. Varios de estos procesos iniciaron antes del fallo de la Corte.

Desde la aplicación de los gravámenes, estas compañías tuvieron que decidir entre absorber las subida de los costes, recortar las compras o pasar la diferencia a los consumidores, que según expertos, no está previsto que reciban de vuelta la diferencia que pagaron por los productos gravados con estos gravámenes anulados.

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Camaroneros piden reglas claras ante nuevo toque de queda

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Reacción de Trump

En una clara mayoría de 6-3, la Corte Suprema decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la IEEPA. El presidente criticó duramente la sentencia del Supremo e impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal.

El dictamen del Supremo afecta a los llamados gravámenes "recíprocos" impuestos por el republicano a los socios comerciales de la mayor economía del mundo con el objetivo de "reducir el déficit comercial", además de los aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de fentanilo.

El actual arancel del 10 % se aplica desde el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que deberá expirar el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Congreso.

Lo que debes saber 

• La Corec alerta que el nuevo toque de queda impactará la actividad nocturna, clave para restaurantes, turismo y servicios.
• El gremio recuerda que medidas similares en marzo ya provocaron caída en ventas, sin evidencias claras de su efectividad.
• Los restauranteros piden al Gobierno alternativas que garanticen seguridad sin afectar el empleo y el derecho al trabajo.

El nuevo toque de queda anunciado por el gobierno presidente Daniel Noboa para nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador afecta a la actividad productiva, que se realiza en la noche. La Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec) y sus gremios aliados expresaron este 20 de abril de 2026 su preocupación por la nueva medida anunciada del 3 al 18 de mayo.

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“Nuestro sector ya evidenció en marzo una caída en ventas producto de restricciones similares, sin que se hayan presentado resultados claros sobre su efectividad”, refieren la Corec en un comunicado.

Noboa dispuso que este toque de queda, en el segundo en 2026, se aplicará entre las 23:00 y las 05:00, desde el 3 hasta el 18 de mayo. La medida se aplicará en las provincias de:

Además de los cantones:

El Ejecutivo sostuvo que la decisión se basa en los resultados obtenidos por las fuerzas del orden durante el reciente estado de emergencia, sin precisar cifras de los resultados. El toque de queda anterior fue del 15 al 30 de marzo de 23:00 a 05:00 y se aplicó en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

Efectos negativos en la economía local

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Así, ante esta nueva limitación en el libre tránsito de los ciudadano por la noche. Este gremio alertó que este tipo de medidas, aunque buscan mejorar la seguridad, están generando efectos negativos en la economía local.

En una carta abierta a la opinión pública, el sector reconoce la importancia de las acciones orientadas a garantizar la seguridad. Sin embargo, advierte que la aplicación recurrente de restricciones está afectando directamente a actividades como la gastronomía, el turismo y los servicios.

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El gremio señala que “la seguridad no puede construirse a costa de paralizar la economía”. Recuerda que en marzo ya se registraron caídas en ventas tras la implementación de medidas similares, especialmente en horarios nocturnos, cuando se concentra gran parte de la actividad comercial en restaurantes, eventos y celebraciones. Y ahora en mayo deberán afrontar nuevas restricciones.

“Hoy, nuevamente, se limita la actividad en un mes clave como mayo, con el Día de la Madre, varios conciertos y eventos ya programados, y en fechas clásicas de nuestro país para celebraciones de primeras comuniones y matrimonios, todo lo que en conjunto dinamiza el empleo y el consumo”, señalan.

Impacto en negocios y empleo

Corec advierte que cada restricción impacta a miles de negocios y familias que dependen de estas actividades. Además, cuestiona que se destaquen indicadores como las exportaciones, mientras se minimiza el rol de la economía interna, que sostiene el ingreso diario de miles de ecuatorianos.

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El sector insiste en que la economía local también es un motor de desarrollo y generación de empleo, por lo que pide que las decisiones públicas consideren sus efectos y se acompañen de medidas que permitan mantener la actividad económica.

Pedido al Gobierno

Ante este escenario, el gremio de restauranteros hace un llamado al gobierno Nacional, encabezado por el presidente Daniel Noboa, a evaluar alternativas que garanticen la seguridad sin afectar de forma desproporcionada el libre tránsito y el derecho al trabajo.

Finalmente, la organización recuerda que estos derechos están consagrados en la Constitución y cuya protección corresponde al Estado.

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La aclaración viene después de anuncios oficiales sobre el cierre de cuatro cooperativas en estos últimos dos años, debido a por problemas de gestión o solvencia: Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, Cooperativa CREA, Cooperativa Incoop y Cooperativa Cariamanga. 

SEPS: liquidaciones son casos puntuales

La SEPS enfatizó que las liquidaciones recientes derivan de fallas propias de cada entidad, "derivados de una corresponsabilidad directa de sus gobernanzas" y de la incapacidad de superar procesos de supervisión. "Estas entidades fueron liquidadas, tras no superar todos los recursos técnicos de remediación y acompañamiento desplegados por la SEPS, incluyendo rigurosos Programas de Supervisión Intensiva (PSI)", dijo el organismo. 

De acuerdo con la Superintendencia, estas decisiones buscan “salvaguardar los fondos de los socios” y evitar impactos mayores en el sistema. "La SEPS actúa estrictamente bajo parámetros técnicos y marcos legales. Nuestra misión es la protección de los recursos de los ciudadanos; por ello, cada proceso de control se ejecuta con el único objetivo de precautelar los ahorros de las familias ecuatorianas y seguir fortaleciendo la integridad de las cooperativas y mutualistas", agregó. 

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Un sector con cifras robustas

Como respaldo, la entidad puso sobre la mesa los números del sistema financiero popular y solidario. En la actualidad, dijo, este sector, suma un total de $ 32.675 millones en activos, tiene un índice de solvencia de 16,32% y una liquidez del 38,16%. 

Estos indicadores, según la SEPS, superan los mínimos legales y reflejan una estructura “sólida y sostenible”.   

Coincide con cambios en la Cosede

La aclaración se da el mismo día en que, públicamente, se dieron a conocer los cambios clave en el uso de la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede), definidos por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

La nueva normativa convierte al seguro de depósitos en un mecanismo de “última instancia”. Es decir, antes de usar esos recursos, se prioriza trasladar activos y pasivos de una entidad en crisis a otra operativa.

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Advertencia sobre “pánico financiero”

La SEPS hizo un llamado a frenar las declaraciones, sin fundamento, que afecten contra el sistema. Señaló que difundirá ante las autoridades competentes cualquier declaración que busque desestabilizar al sector, recordando que esto podría configurar el delito de pánico financiero.

"Recordamos que estas conductas podrían incurrir en el delito de Pánico Financiero, tipificado en el Artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cualquier intento de desestabilización atenta contra el patrimonio de más de 7,5 millones de socios y clientes que pertenecen y confían en el sector, mismos que podrían resultar directamente afectados por acciones de irresponsabilidad social". 

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa informó que los hogares que consuman hasta 180 kWh al mes no pagarán por la electricidad.
• Las altas temperaturas desde finales de marzo obligaron a usar más aires acondicionados, aumentando el consumo y provocando reclamos por interrupciones inesperadas del servicio.
• ARCONEL estima que 180 kWh cuestan alrededor de USD 23, monto que ahora será cubierto por el Estado. Una medida similar benefició a más de 5 millones de usuarios en meses anteriores.

Este 20 de abril, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció a través de su cuenta de X que ha ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la ola de calor, presente en la costa ecuatoriana. El subsidio del Gobierno, indicó el mandatario, sería de hasta 180 kWh por hogar.

Es decir, los hogares que consuman hasta esta cantidad de energía al mes no pagarán por la planilla de luz. Los que pasen de esta cantidad, pagarán solo el excedente.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, mencionó el mandatario en sus redes sociales, sin detallar qué meses exactamente cubrirá el nuevo subsidio.

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El Gobierno subsidiará la planilla de luz hasta 180 kWh por hogar, para afectados por ola de calor

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La ola de calor ha afectado a los hogares de la costa ecuatoriana desde finales de marzo y se ha intensificado desde el pasado 13 de abril. Lo que ha provocado que los ciudadanos usen con más frecuencia los aires acondicionados, elevando el consumo de energía. Además, en las últimas semanas ha habido cientos de quejas por cortes inesperados de energía.

Pero, ¿cuánto dinero equivale 180 kWh?

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes.

Los 180 kWh al mes son el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con el nuevo subsidio, para muchos hogares, esos 23 dólares quedan cubiertos por el Estado y la planilla les llegará con valor reducido o en cero.

Una receta que ya se aplicó en 2024

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025. Asimismo, una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

Ante este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la ARCONEL, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.

Lo que debe saber

• Seguridad con reglas claras: El sector camaronero respalda las medidas del Gobierno, pero insiste en que el toque de queda debe incluir excepciones operativas para no frenar la actividad exportadora.
• Riesgo para productos perecibles: José Antonio Camposano advierte que repetir las restricciones sin ajustes afectaría gravemente la cadena logística, especialmente en productos que no pueden detenerse.
• Medida sin detalles definidos: El toque de queda dispuesto por Daniel Noboa regirá en varias provincias, pero aún no se han precisado los controles ni las excepciones para sectores productivos.

El sector camaronero pide que el nuevo toque de queda tenga reglas claras para garantizar la seguridad sin afectar los procesos de exportación. “Respaldamos las acciones para enfrentar la delincuencia. La seguridad es una condición básica”, dijo José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura.

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Sin embargo, advirtió que “es indispensable que este nuevo toque de queda incorpore excepciones claras y operativas. No hay garantías de que estas medidas no se vuelvan recurrentes, y así no se puede planificar ni sostener la actividad productiva”, señaló en su cuenta de la red social X.

También enfatizó que las exportaciones no pueden detenerse. “El primer toque de queda ya afectó seriamente la cadena, como lo advertimos. Un segundo, en las mismas condiciones, es un impacto que el sector exportador, especialmente el que trabaja con producto perecible, simplemente no puede tolerar”.

El líder gremial pidió que las medidas de seguridad y la producción se coordinen con criterio técnico.

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El toque de queda desde las 23:00

El presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo toque de queda en varias zonas del país como parte de la estrategia de seguridad tras el reciente estado de excepción. La restricción de movilidad se aplicará entre las 23:00 y las 05:00, desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo.

La medida rige en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También incluye a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el alcance de los controles ni las posibles excepciones durante el horario restringido.

Lo que debes saber

• El presidente informó que el Estado cubrirá el consumo eléctrico básico de las familias impactadas por las altas temperaturas, como medida de emergencia.
• Las temperaturas extremas en la Costa desde el 13 de abril de 2026 aumentaron el uso de aires acondicionados y provocaron interrupciones frecuentes del servicio, lo que elevó las planillas y generó malestar ciudadano.
• El mandatario también anuncia cambios en el Ministerio de Ambiente y Energía.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció este 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, mencionó el mandatario en sus redes sociales. 

La tormenta solar

La tormenta solar a la que Noboa se refiere es a la ola de calor que azota a la costa ecuatoriana y que comenzó el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

Las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz. No obstante, esto estuvo acompañado de frecuentes cortes de energía eléctrica (hasta tres veces al día), que levantaron cientos de quejas ciudadanas en las redes sociales.

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Un mes de alta demanda de energía

Según el Ministerio de Energía, durante la ola de calor, el consumo de energía al día en abril, ha bordeado los 5.300 MW, cuando la demanda media normal es entre 4.200 y 4.400 MW.

De acuerdo con los registros oficiales, abril habría traído picos de consumo de electricidad, desde finales del mes de marzo. Por ejemplo, el 18 de marzo la demanda de energía llegó a 5.274 MW; el 10 de abril llegó a 5.305 MW y el 13 de abril a 5.314,7 MW. Valores que muestran que este mes ha sido el de mayor consumo eléctrico en la historia del país.

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Cambios en el Ministerio de Energía

En el mismo anuncio, el mandatario señaló que en esta semana habrá cambios en varios ministerios, entre esos en el de Ambiente y Energía, del que señaló habrá un nuevo líder a partir del 30 de abril. Es decir, la ministra actual, Inés Manzano, ya no estaría a cargo.

Lo que debe saber

• Salida en medio de la crisis eléctrica: Inés Manzano dejará el cargo el 30 de abril de 2026, en un contexto marcado por apagones y cuestionamientos a la gestión del sistema eléctrico.
• Cambios para corregir fallas: El gobierno de Daniel Noboa impulsa un nuevo liderazgo en el sector y ya ejecutó ajustes como el relevo en el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).
• Apagones por problemas operativos: Las interrupciones en ciudades como Guayaquil y Quito se atribuyen a mantenimientos y fallas de comunicación, no a falta de generación eléctrica.

El remezón en el sector energético ya tiene fecha. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, permanecerá en funciones hasta el 30 de abril de 2026, según anunció el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X. El cambio, enmarcado dentro de una reconfiguración del gabinete, ocurre en medio de cuestionamientos por los recientes cortes de energía registrados en varias ciudades del país.

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“El país necesita acelerar lo que funciona y corregir lo que no”, señaló el mandatario al confirmar que habrá nuevas autoridades tanto en el área energética como en salud. Mientras en esta última cartera el relevo es inmediato, en el sector eléctrico se ha previsto una transición de varios días para garantizar la continuidad operativa y fortalecer la red nacional.

La salida de Manzano se da en una coyuntura incómoda. Aunque desde el Gobierno se insistió en que no habría apagones, en la práctica sí se reportaron interrupciones en sectores de ciudades como Guayaquil y Quito. La explicación oficial apuntó a trabajos técnicos no informados a tiempo y descartó una relación directa con la falta de lluvias o problemas estructurales en la generación hidroeléctrica.

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Antes se hizo cambio en Cenace

Sin embargo, la presión creció y derivó en ajustes dentro del sistema. El 17 de abril, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) nombró como nuevo director ejecutivo a César Alfredo Aguilar Alvarado, en un movimiento que la propia entidad vinculó a los apagones de las últimas semanas.

Días antes, el 13 de abril, Manzano ya había anticipado una renovación en la cúpula tanto del Cenace como de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). “Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción”, dijo entonces, al justificar los cambios tras fallas en la comunicación y coordinación de trabajos técnicos.

El detonante fue la reconexión de las torres de Dos Cerritos, en la Costa, que se realizó sin aviso previo a los usuarios afectados. Ese episodio evidenció fallas operativas y de comunicación que terminaron por acelerar decisiones en el sector.

Ahora, con la salida de Manzano en el horizonte, el Gobierno apuesta por un nuevo liderazgo que estabilice el sistema y recupere la confianza ciudadana. El reto no es menor: garantizar el suministro eléctrico en medio de tensiones internas y con un país que, tras los apagones, permanece en alerta.

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Estas son las cooperativas en liquidación forzosa, en el último año en Ecuador

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La normativa, aprobada el 3 de abril de 2026, establece que las obligaciones de pago de una entidad en proceso de cierre podrán transferirse a otra entidad activa. Dejando así a la COSEDE, como última instancia de intervención para cubrir los valores pendientes.

Condiciones para la intervención de la COSEDE

Sin embargo, la Junta establece que la participación de la COSEDE no será automática. Su intervención, será únicamente cuando el aporte financiero requerido sea igual o inferior al costo que implicaría pagar el seguro de depósitos, en un escenario de liquidación total.

Además, la norma aclara que este mecanismo se aplicará solo después de haber descartado otras soluciones de mercado que no requieran el uso de recursos del Seguro de Depósitos.

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¿Cuál será el orden de pago a los depositantes?

El reglamento determina que el administrador temporal de la entidad en cierre deberá cumplir un orden de prelación estricto y obligatorio para la transferencia de pasivos, en función de los activos disponibles. 

-Remuneraciones e indemnizaciones pendiente

-Utilidades y fondos de reserva

-Pensiones jubilares a cargo del empleador

Esta reforma, orientada a proteger la liquidez de la COSEDE, se implementa en medio de procesos de liquidación de varias cooperativas de ahorro y crédito, como CREA, Incoop, Cariamanga y la Cámara de Comercio de Ambato. 

Lo que debes saber

• El 14% de los medicamentos que Ecuador importa proviene de Colombia, un flujo que cubre desde antibióticos hasta tratamientos oncológicos y de diálisis.
  
• En febrero de 2026, primer mes con el arancel activo, las importaciones de anestésicos colombianos cayeron 87%, las penicilinas 81% y los vitamínicos 55%.
  
• Las bolsas para soluciones parenterales, insumo crítico para diálisis, prácticamente no variaron pese al arancel: pasaron de $366.400 a $380.200, lo que revela una dependencia.
  

La escalada de la guerra arancelaria con Colombia empieza a mostrar sus efectos en uno de los sectores más sensibles: el acceso a medicamentos en Ecuador. La tasa de seguridad, que subirá al 100% desde el 1 de mayo, presiona directamente al sistema farmacéutico y pone en riesgo el abastecimiento de tratamientos esenciales.

Colombia es un proveedor clave: abastece el 14 % de los medicamentos que ingresan al país, cubriendo más de 40 enfermedades, desde infecciones comunes hasta patologías oncológicas. Con ese nivel de dependencia, el sector advierte que el suministro no podría sostenerse bajo un arancel de ese tamaño.

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Compras adelantadas y caída del abastecimiento

Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE) reflejan una aparente estabilidad en las importaciones, pero esconden una distorsión. Entre enero y febrero de 2026, Ecuador importó $17,6 millones en medicamentos desde Colombia, frente a los $15,9 millones del mismo período de 2025, un aumento del 10,3 %.

Sin embargo, el comportamiento mensual revela otra realidad. En enero de 2026, antes de que entrara en vigor el arancel del 30 %, las compras se dispararon a casi $11,3 millones, casi el doble del promedio habitual. Fue una reacción preventiva del sector.

En febrero, ya con la tasa activa, las importaciones se desplomaron: los anestésicos cayeron 87 %, las penicilinas 81 % y los vitamínicos 55 % frente al mismo mes del año anterior.

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Un modelo que no permite trasladar costos

El problema de fondo es estructural. En Ecuador, los precios de los medicamentos están regulados, lo que impide trasladar el incremento de costos al consumidor.

Álvaro Maldonado, director ejecutivo del Instituto de Innovación Farmacéutica (IFI), lo resume así: si el costo sube por el arancel, el importador no puede ajustar el precio. El resultado es directo: deja de importar.

Carlos Durán, exviceministro de Salud, explica el mecanismo: algunos medicamentos tienen precios máximos rígidos y otros operan bajo competencia limitada. En ambos casos, un arancel del 100 % rompe el equilibrio. Si se sube el precio, el paciente no compra; si no se sube, el negocio deja de ser viable.

Inventarios al límite y contratos en riesgo

Las consecuencias ya se sienten en la cadena de abastecimiento. Con la tasa actual del 30 %, algunas empresas han absorbido el sobrecosto. Pero con el 100 %, el escenario cambia.

Daniel Legarda, exministro de Producción, advierte que muchas empresas ya están operando con inventarios al límite. Sin reposición viable, el desabastecimiento es cuestión de tiempo.

Francisco Ballén, exministro de Comercio Exterior, señala que incluso los contratos vigentes, incluidos los firmados con el Estado, podrían quedar insubsistentes por el cambio de condiciones.

Impacto directo en el sistema de salud

En el sector público, el efecto será inmediato. Andrés Corral, experto en gestión sanitaria, anticipa retrasos en la entrega de medicamentos.

Si los contratos se terminan de mutuo acuerdo, el Estado deberá recurrir a subastas inversas, procesos que pueden tardar hasta tres meses, frente a los 15 días de una compra por catálogo electrónico.

El impacto no será uniforme. Medicamentos como el ibuprofeno no presentan riesgo por la producción local dominante. Pero otros, especialmente los que dependen de importaciones colombianas sin sustitutos, sí enfrentan un escenario crítico.

Pacientes oncológicos, los más vulnerables

Algunos segmentos ya evidencian tensiones. Los medicamentos oncológicos, por ejemplo, aumentaron sus importaciones en 73 % en el bimestre, manteniendo niveles incluso en febrero.

El dato apunta a contratos previos o a la imposibilidad de suspender compras de tratamientos críticos.

Corral advierte que el tiempo es determinante: cada mes de retraso en un tratamiento oncológico puede aumentar la mortalidad en un 10 %. En tres meses, el riesgo puede escalar hasta el 30 %.

Dependencia estructural del mercado colombiano

El problema no es solo coyuntural. Ecuador mantiene una dependencia estructural del mercado colombiano.

Según la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (Alfe), el país importa más de $70 millones en medicamentos, insumos y materiales relacionados desde Colombia.

Incluso con aranceles, ciertos productos no han dejado de ingresar. Las bolsas para soluciones parenterales —clave para diálisis y sueros— crecieron 4 % en el período analizado. Los materiales plásticos de envasado apenas cayeron 3 %.

Esto evidencia que no existen sustitutos inmediatos.

La industria local puede producir medicamentos básicos, pero no fabrica principios activos ni dispositivos de alta especialización.

Riesgo de mercado ilícito

El desabastecimiento abre otro frente: el mercado ilegal.

Cuando el paciente no encuentra su tratamiento en farmacias o centros de salud, busca alternativas. Y ahí aparecen productos adulterados, caducados o sin control sanitario.

“El riesgo no es solo no tener el medicamento. Es creer que se lo tiene”, advierte Maldonado.

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Superávit comercial vs. salud pública

Para el Gobierno, la medida ha tenido resultados económicos. El Ministerio de Producción reporta un superávit comercial con Colombia de $62,9 millones entre febrero y marzo de 2026, el primero en más de 25 años.

Pero esa lectura no convence al sector salud.

Durán lo plantea con claridad: un superávit no mide cuántos pacientes dejaron de recibir tratamiento.

Un margen de tiempo que se agota

Por ahora, el país no enfrenta un desabastecimiento generalizado. Las compras adelantadas de enero generaron un colchón temporal.

Pero ese margen tiene fecha de caducidad.

Si el arancel del 100 % entra en vigor y se mantiene, ese stock podría agotarse en semanas. Aunque países como España ya han incrementado sus exportaciones hacia Ecuador, reconfigurar la cadena de suministro en salud no es inmediato.

Detrás de cada cifra hay una realidad más urgente: pacientes que no pueden esperar.

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Lo que debes saber

• Coca Codo Sinclair fue recibida oficialmente el 17 de abril. La hidroeléctrica no fue aceptada antes porque tenía más de 30.000 
• Ecuador debe liberar $200 millones en garantías a Sinohydro, pero el Ministerio de Energía afirma que ese dinero no se entregará hasta que la central funcione adecuadamente.
• Es la hidroeléctrica más grande de Ecuador, con 1.500 MW de capacidad, y puede generar entre 25% y 30% de la electricidad nacional.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa recibió oficialmente la hidroeléctrica más grande del país, Coca Codo Sinclair, 10 años después de su puesta en marcha, que ha estado marcada por retrasos, fisuras, fallas técnicas y disputas contractuales.

La firma de entrega y recepción definitiva de la megaobra se dio a través del gerente del proyecto Coca Codo Sinclair de la empresa china Sinohydro, Sheng Mingzhong, y desde Ecuador, por Pedro Luis Rodríguez, subgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), poniendo fin a un proceso pendiente por más de una década.

Como parte del contrato, Ecuador debe liberar $200 millones por garantía de fiel cumplimiento a Sinohydro, una vez recibida la obra, dinero que fue entregado por la compañía china al tomar las riendas de la construcción de Coca Codo.

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"El pago no se libera"

No obstante, en un video publicado la tarde del 19 de abril en sus plataformas oficiales, el Ministerio de Energía y Minas menciona que “el pago no se libera hasta que esta importante hidroeléctrica funcione correctamente”.

En el videoclic además aparece la voz de la titular de ese ministerio, Inés Manzano, quien señala que, desde ahora, una vez recibida la obra, el Estado mantiene el control total de la obra, y por lo tanto es el dueño, toma decisiones y vigila su correcto funcionamiento.

“Ecuador mantiene garantías económicas también. No se libera el pago hasta que la obra funcione correctamente”, mencionó Manzano.

La ministra además detalló que se alcanzó un nuevo acuerdo internacional, validado el pasado 3 de abril, que cierra un arbitraje y fija nuevas condiciones para garantizar la operación de la central.

¿Por qué se esperó 10 años para recibir formalmente la obra Coca Codo Sinclair?

Aunque Coca Codo Sinclair entró en operación en noviembre de 2016, nunca fue recibida oficialmente hasta ahora, por el Estado ecuatoriano, porque presentaba más de 30.000 fisuras en los distribuidores de agua, piezas críticas para la operación.

Entre 2018 y 2019, un informe de la Contraloría General del Estado fue determinante y recomendó no recibir la obra hasta que Sinohydro corrigiera todas las fallas.

Ante ello, Celec inició un arbitraje internacional contra Sinohydro. Esto mantuvo el contrato en disputa durante años. El arbitraje se resolvió recién el 3 de abril de 2026, cuando la Corte Internacional de Arbitraje emitió un laudo que obligó a ambas partes a cerrar el proceso.

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Exigencia de la compañía china

Tras el acuerdo alcanzado, Sinohydro envió un oficio el 6 de abril de 2026 exigiendo que la recepción se realizara a más tardar el 17 de abril de 2026, en cumplimiento del laudo arbitral. Esto forzó al Estado a cerrar el proceso, incluso con las fisuras aún presentes.

No obstante, es ahora el Gobierno Nacional, según las nuevas declaraciones del Ministerio de Energía, el que exige “correcto funcionamiento” de la megaobra, para devolver a Sinohydro la garantía.

¿Qué importancia tiene para Ecuador Coca Codo Sinclair?

La central Coca Codo Sinclair es la hidroeléctrica más grande del país, con una capacidad instalada de 1.500 megavatios (MW). Está ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos y su función es generar energía a partir del caudal del río Coca y, en condiciones óptimas, puede aportar entre 25% y 30% de la electricidad del país.

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Afuera del auditorio, la escena tiene otro ritmo. Una feria institucional intenta acercar servicios a los conductores: información sobre la licencia digital, emisión de duplicados y la activación del PIN de peaje en la vía Chongón forman parte de la oferta. Sin embargo, puertas adentro, la conversación apunta a otro tema: si habrá o no una compensación para el transporte pesado, golpeado por el encarecimiento del combustible.

El contexto internacional no ayuda. A mitad de la jornada de este lunes de 20 de abril de 2026, el precio del petróleo de Texas subió 5,74 %, alcanzando los 88,66 dólares por barril, en medio de la tensión geopolítica tras un ataque de Estados Unidos contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz. La incertidumbre en los mercados energéticos ya empieza a sentirse en los costos locales. El viernes pasado el precio del crudo cerró a 83,85 dólares.

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Renuevan el acuerdo para la seguridad en las carreteras

En paralelo, el Gobierno busca sostener la seguridad en las carreteras. El pasado viernes 17 de abril, el ministro Luque y los gremios renovaron el acuerdo para resguardar la red vial estatal, una política que se extiende por dos años más y que mantiene a la Policía Nacional al frente del control en tramos considerados prioritarios.

El acuerdo también incorpora una mesa técnica permanente para evaluar resultados y ajustar estrategias, además de la actualización de zonas de seguridad en las vías. La apuesta oficial es pasar de una respuesta reactiva a una gestión basada en datos frente al crimen organizado y los riesgos en carretera.

Pero para los transportistas, la urgencia es más inmediata. Mientras esperan que inicie el informe, la expectativa se concentra en una respuesta concreta sobre el diésel. Porque más allá de los planes y acuerdos, lo que está en jueg, dicen, es la sostenibilidad misma de su actividad.

Lo que debes saber 

• Ecuador busca convertir a Marruecos en su principal aliado logístico internacional.
• La canciller Gabriela Sommerfeld gestionó acceso estratégico al puerto Tánger Med.
• El acuerdo busca potenciar exportaciones y asegurar insumos para el agro nacional.

La canciller Gabriela Sommerfeld cerró una misión comercial en Marruecos el 18 de abril de 2026 para abrir rutas de exportación. El viaje busca que los productos ecuatorianos entren con fuerza a mercados estratégicos de África y el Mediterráneo mediante alianzas privadas. Esta gestión pretende generar empleo en Ecuador al conectar a los productores locales con inversionistas que poseen alto capital financiero.

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El plan de expansión incluye un pacto directo entre la Federación Ecuatoriana de Exportadores y la Confederación General de Empresas Marroquíes bajo un nuevo memorando. Este acuerdo elimina barreras para los empresarios nacionales que buscan vender en el extranjero y facilita la llegada de inversiones frescas al país. El objetivo es que las empresas ecuatorianas aprovechen la red logística marroquí para distribuir mercancía en toda la región.

Un punto crítico de la agenda fue la reunión con el Grupo OCP, el mayor jugador mundial en temas de fertilizantes y seguridad alimentaria. Ecuador necesita asegurar el suministro de insumos agrícolas y aprender de las innovaciones tecnológicas de esta empresa para mejorar sus propios cultivos internos. Esta alianza técnica permitiría que el agro ecuatoriano sea más competitivo y reduzca sus costos de producción en el corto plazo.

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La funcionaria Sommerfeld inspeccionó el Puerto Tánger Med, la terminal marítima más importante de la zona, para analizar su modelo de gestión exitoso. El interés principal radica en copiar procesos de logística avanzada que permitan a los puertos ecuatorianos mover carga de manera más eficiente y rápida. Con esta conexión, Ecuador busca que su oferta exportable llegue a nuevos destinos sin depender exclusivamente de las rutas comerciales tradicionales.

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En la ciudad de Tánger, la autoridad ecuatoriana también negoció directamente con Oulaid Lemsafer, gobernador de Asuntos Internos, sobre temas de seguridad y desarrollo. La conversación se centró en cómo proteger las rutas comerciales y atraer capitales marroquíes hacia proyectos de infraestructura dentro del territorio nacional ecuatoriano. Este acercamiento político es el primer paso para establecer una plataforma que vigile permanentemente los intereses de los exportadores.

El cierre de la gira dejó una hoja de ruta clara para mejorar la conectividad marítima y el intercambio de tecnología en gestión portuaria. Los exportadores ecuatorianos ahora cuentan con un respaldo gremial que facilita sus operaciones en el norte de África, reduciendo riesgos de inversión. Se espera que los beneficios de este intercambio empresarial se reflejen en una mayor eficiencia en los puertos y aduanas del país.

Lo que debe saber

• Más capacitación para el empleo: El Gobierno busca fortalecer el SECAP y retomar su financiamiento para impulsar unas 90.000 capacitaciones técnicas, enfocadas en cerrar la brecha entre la oferta laboral y las habilidades que demandan sectores productivos
• Flexibilización laboral en marcha: La jornada flexible ya muestra movimiento: cerca de 4.000 empresas han solicitado aplicarla, permitiendo reorganizar horarios sin reducir horas y facilitando la combinación entre empleo y emprendimiento.
• Visto bueno más ágil: La reforma al visto bueno apunta a reducir los tiempos de resolución de hasta 120 días a entre 30 y 45, dando mayor certeza a trabajadores y empleadores y dinamizando la contratación.

En el Ministerio de Trabajo ya no se habla solo de trámites, sino de cambios que buscan mover y de destrabar el mercado laboral. Con tres ejes sobre la mesa, la cartera que dirige Harold Burbano perfila reformas que van desde la capacitación masiva hasta la flexibilización de jornadas y la agilización de despidos justificados. Todo, en medio de un contexto en el que conseguir empleo formal sigue siendo cuesta arriba para miles de ecuatorianos.

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Uno de los pilares es el fortalecimiento del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), que apunta a entregar unas 90.000 capacitaciones y certificaciones laborales. "La apuesta no es nueva, pero sí el intento de devolverle músculo financiero", según explicó el ministro en Teleamazonas, el plan incluye reactivar el financiamiento a través del 0,5 % de aportes que antes administraba el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un mecanismo eliminado en 2015 y que, a su juicio, "dejó a los jóvenes sin una vía rápida de inserción laboral".

La lógica es directa: capacitación técnica corta para cubrir vacantes reales. Sectores como el camaronero, agrícola y florícola, que han crecido en el último año, demandan mano de obra calificada en tareas específicas, desde operar montacargas hasta cortar flores. Sin esa formación, advierte Burbano, se amplía la brecha que empuja a muchos jóvenes fuera del mercado formal.

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Un grupo de empresas aplica horario flexible

En paralelo, el Ministerio asegura que la flexibilización laboral ya empieza a mostrar resultados. A menos de dos meses de vigencia de los acuerdos ministeriales, cerca de 4.000 solicitudes de empresas buscan acogerse a esquemas de jornada flexible. La figura permite reorganizar horarios sin reducir horas laborales, abriendo espacio para que trabajadores combinen empleo y emprendimiento, especialmente en sectores como turismo y construcción.

El crogroma flexible laboral permite que se trabajen más horas determinados días y que se compense con tiempo libre. Pero si se trabaja los fines de semana o en la noche se debe cumplir con lo que la Ley dice referente a ello.

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Esperando crecimiento

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Reducir el tiempo para un visto bueno

Pero el cambio más inmediato está por llegar. En los próximos días se oficializará la reforma al “visto bueno”, el mecanismo legal que permite terminar una relación laboral con causa justificada. Actualmente, el trámite puede tardar entre 80 y 120 días; la propuesta es reducirlo a un plazo de entre 30 y 45 días. La intención, según el ministro, es dar certeza tanto a empleadores como a trabajadores sobre indemnizaciones y facilitar una más rápida reinserción laboral.

A esto se suma una reforma en construcción sobre la vida jurídica de los sindicatos, elaborada en mesas de diálogo con distintos sectores y que el Gobierno espera presentar el 1 de mayo. Aunque el Ejecutivo evita hablar de una gran reforma laboral inmediata, reconoce que estos cambios parciales buscan allanar el camino para una transformación más amplia.

La estrategia, por ahora, es avanzar por partes: medir resultados, ajustar y luego consolidar. En un país donde el empleo formal sigue siendo una deuda pendiente, el éxito de estas medidas no dependerá solo de decretos, sino de si logran traducirse en más oportunidades reales.

Lo que debes saber 

• Raúl Jaramillo, director del INIAP, advierte sobre la brecha entre la investigación científica y su aplicación en el campo agrícola ecuatoriano.
• El instituto impulsa cambios para acelerar la adopción de tecnología y fortalecer la productividad en cultivos clave del país.
• El reto incluye enfrentar el cambio climático, mejorar la transferencia tecnológica y superar limitaciones presupuestarias y legales.

Ante la amenaza del fusarium R4T en el banano, productores han optado por implementar plantas más resistentes en sus cultivos y reforzar el manejo agronómico. Raúl Jaramillo señaló que el INIAP ha evaluado estos materiales, pero aclaró que no se realizan pruebas directas con la enfermedad en el país debido al alto riesgo de dispersar el patógeno.

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El agro ecuatoriano enfrenta viejos problemas: poca transferencia tecnológica, limitaciones presupuestarias y una débil articulación entre investigación y productores. Mientras tanto, el cambio climático y las exigencias del mercado presionan resultados concretos. EXPRESO dialogó con Raúl Jaramillo, director del Iniap, y esto fue lo que señaló sobre los avances, retos y deudas pendientes del instituto.

Usted menciona que el instituto tiene una amplia trayectoria y múltiples líneas de investigación. Sin embargo, muchos agricultores sienten que ese conocimiento no aterriza en el campo. ¿No hay una desconexión entre la ciencia y el productor?

El instituto es un instituto de investigación agropecuaria. Necesitamos formar investigadores, científicos que pasan por procesos largos de formación, con maestrías y doctorados. Ese es el centro de lo que hacemos. A partir de eso generamos conocimiento científico que se traduce en artículos, como lo exige la normativa. Sin embargo, eso no es suficiente. Un artículo publicado en inglés poco le puede servir a un productor. Lo que necesitamos es transformar ese conocimiento en tecnología que sea conocida y adoptada por los productores.

Pero ese cambio suena más a intención que a resultados concretos. ¿Qué están haciendo realmente para que esa tecnología llegue a los pequeños productores?

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo estamos cambiando el modelo de gobernanza para enfocarnos en la adopción tecnológica. No estamos dejando de lado la producción científica, pero queremos orientarla a que las cadenas productivas participen y se empapen de lo que hacemos. Vamos a fortalecer las capacidades de transferencia de tecnología e incorporar metodologías como las escuelas de campo, que son procesos continuos y participativos.

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¿Y eso incluye financiamiento del sector privado? Porque el presupuesto estatal claramente no alcanza.

El presupuesto termina siendo insuficiente para todo lo que aspiramos hacer. Trabajamos en 24 cultivos, con estaciones experimentales en todo el país. Debería existir un incremento razonable del presupuesto, pero también procesos de articulación con el sector privado. Hay productores que quieren aportar, pero el marco legal vuelve complejo ese proceso. Existen oportunidades para colaborar con gremios, empresas y asociaciones.

Entonces, ¿la burocracia está frenando el desarrollo científico?

Hay avances en la ciencia todo el tiempo y estamos en contacto con otras instituciones para incorporarlos. En algunos casos la ley no alcanza a la ciencia. Por ejemplo, en mejoramiento vegetal hay técnicas que no son transgénicas y que permiten avanzar más rápido y con menores costos. Estamos trabajando para que esos avances puedan ser incorporados dentro del marco normativo.

Hablando de innovación, ¿qué avances concretos han logrado en cultivos clave como cacao, arroz o café?

En cacao tenemos materiales de alto rendimiento y calidad. En café robusta trabajamos como una alternativa para la Amazonía. En arroz participamos en iniciativas regionales que nos permiten ofrecer tecnología y capacitación. También trabajamos en palma aceitera, en manejo de suelos, biodiversidad y otros cultivos. Tenemos estaciones experimentales y equipos técnicos que validan estas tecnologías antes de presentarlas.

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Sin embargo, en el contexto actual, el problema no es solo productividad, sino resistencia a fenómenos climáticos extremos. ¿Está preparado el INIAP para eso?

Estamos trabajando en materiales más tolerantes a sequías e inundaciones, así como en cultivos más precoces. También en resistencia a plagas y enfermedades. Pero esto debe combinarse con buenas prácticas agrícolas, manejo adecuado del suelo, fechas de siembra y sistemas de drenaje. Una buena semilla, bien manejada, puede tolerar varios problemas, aunque hay situaciones extremas que siguen siendo difíciles.

Finalmente, ¿qué le diría a quienes consideran que el INIAP aún está lejos de responder a las necesidades reales del agro?

Estamos tratando de impulsar cambios para que la investigación esté más conectada con las cadenas productivas. Queremos que participen en los procesos y que las tecnologías sean adoptadas. Es un proceso que requiere tiempo, recursos y articulación con distintos actores.

Sin embargo, existe una confusión común entre los usuarios: creer que el cumplimiento tardío borra el pasado. Al adquirir una obligación, cada movimiento —desde la puntualidad hasta el día exacto de retraso— queda sellado en una base de datos. Por ello, liquidar una deuda vencida no es el fin del camino, sino apenas el inicio de una rehabilitación financiera que demanda paciencia.

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El rastro de la mora persiste por tres años

De acuerdo con la normativa vigente de la Superintendencia de Bancos, los registros de pagos atrasados o incumplimientos no se evaporan de forma inmediata tras el pago. La ley es clara: estos datos deben permanecer visibles en el historial durante un periodo de tres años.

Este cronómetro empieza a correr exactamente desde el día en que se liquida la totalidad de la obligación. Así, aunque su estado cambie a "cancelado", las huellas de la morosidad seguirán expuestas ante cualquier entidad que consulte su perfil durante los siguientes 36 meses. Es un recordatorio de que, en el sistema financiero, el tiempo es el único agente capaz de sanar un puntaje afectado.

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Rectificaciones: ¿Cuándo se puede limpiar el historial?

La eliminación anticipada de datos solo es viable si existe un error administrativo por parte de la entidad financiera. La ley protege al usuario frente a información inexacta, pero es tajante al no permitir el borrado de una mora que efectivamente ocurrió.

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Si usted detecta inconsistencias o si, tras haber cancelado la deuda, la información no se refleja en el sistema, las instituciones tienen un plazo máximo de 15 días para resolver las solicitudes de rectificación y actualizar su estatus.

Política

¿Cuántos días ha pasado Ecuador en toque de queda desde que Noboa es presidente?

Sara Ortiz

José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura y de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), señaló en su cuenta de X: “Es indispensable que este nuevo toque de queda incorpore excepciones claras y operativas. Las exportaciones no pueden parar”.

Banano y camarón: sectores estratégicos

El pedido fue respaldado por José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), quien afirmó que, aunque apoyan las acciones para enfrentar la inseguridad, estas no deben afectar a los sectores productivos que generan empleo y divisas. 

Hidalgo recordó que la última restricción de movilidad, aplicada entre el 15 y 30 de marzo, tuvo graves impactos: reducción del 32 % en operaciones, pérdidas logísticas, deterioro de carga perecedera y cancelación de contratos internacionales.

El clúster bananero, que agrupa a productores y exportadores, advirtió que alrededor de 250.000 empleos dependen de la continuidad de estas operaciones, fundamentales para el sostenimiento de la economía nacional.

Provincias bajo restricción

El toque de queda se aplicará desde el 3 hasta el  18 de mayo, desde las 23:00 hasta las 05:00 en territorios con altos índices de violencia y rutas clave del narcotráfico. Entre ellos figuran Guayas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos y El Oro. También se incluyen los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).

En marzo de este año, el Gobierno solo permitió la circulación de policías, militares y trabajadores sanitarios. Sin embargo, la Corte Constitucional ordenó después que también se garantice la labor de la prensa y organizaciones internacionales durante esas horas.

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Génesis Parrales

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, catalogadas como terroristas. Pese a ello, el país cerró 2025 como el año más violento de su historia, con un récord de 9.269 homicidios.

Lo que debes saber

• El presidente informó que habrá un subsidio para los hogares que consuman hasta 180 kWh.
• Analistas señalan que los cortes eléctricos se deben a falta de inversión en transmisión y distribución, no a un fenómeno solar.
• Analistas alertan que el subsidio profundizará el déficit del sector eléctrico, estimado en unos 598 millones de dólares.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció el 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, indicó el mandatario como parte de un anuncio de medidas que incluyó, en medio de un cambio de liderazgo en el ámbito energético. 

La tormenta solar a la que Noboa se refirió es a las altas temperaturas que azota a la costa ecuatoriana y que comenzaron el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

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¿Por qué habrá descuento en la planilla de luz en Ecuador? Esto explicó Noboa

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Altas temperaturas elevaron el consumo de electricidad

Según las declaraciones en los últimos días del presidente, así como de la ministra de Energía, Inés Manzanos, las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz.

No obstante, este subsidio es anunciado después de cientos de quejas ciudadanas por frecuentes apagones en ciudades como Guayaquil, Manta y Santa Elena.

Más gasto para el Estado

El analista experto en energía, Darío Dávalos, menciona a EXPRESO que este nuevo subsidio (si bien beneficia a la ciudadanía), ahondará también el hueco financiero para el sector eléctrico, ya que según lo estableció la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) el año pasado, el déficit para este 2026 es de alrededor de 598 millones de dólares. “Eso debe cubrir el presupuesto general del Estado”.

Y es que el experto indica que, si bien hay una ola de calor, no existe una “tormenta solar”, como lo indica el presidente y a la que ha señalado como una de las culpables de los últimos cortes eléctricos.

“Hay un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) del mes de marzo de este año, advirtiendo de estos eventos (cortes de energía) por la falta de un plan de inversión agresivo en la expansión de la transmisión y distribución. Si hace falta, es una cuestión de gestión del sector, no de una tormenta solar”, indica.

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes. 

Trámites y servicios

¿Por qué habrá descuento en la planilla de luz en Ecuador? Esto explicó Noboa

Génesis Parrales

Consumo típico de un hogar

Esta cantidad de energía al mes es el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con este nuevo alivio financiero, quienes consuman hasta los 180 kWh no pagarán por la planilla, y quienes consuman más, pagarán el excedente.

Para el analista económico, Jorge Calderón, el alza de las planillas por aumento de consumo en los aires acondicionado, es un nuevo indicador que le grita al Estado que avance en la diversificación de la matriz energética, para que pueda evitarse este tipo de compensaciones porque, coincide, se genera una presión en el gasto público.

“Este tipo de eventos climáticos se volverán más recurrentes, por lo que estas compensaciones no serán medidas que se puedan aplicar a cada rato”, añade el analista.

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025, asimismo con una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

En este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la Arconel, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.

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Con una tasa de informalidad que supera el 50 % en 2026 y una desinversión anual de 1.500 millones de dólares de sus reservas, la sostenibilidad del fondo de jubilación depende de reformas que prioricen la transparencia técnica y el ordenamiento de las competencias institucionales.

Auditoría de fondos y rentabilidad financiera

La crisis se agrava por el incumplimiento estatal en la transferencia del 40 % legal y el desvío de recursos para financiar prestaciones no contributivas. Ante este escenario, voces técnicas coinciden en que la solución inmediata no reside en el ajuste de beneficios, sino en la fiscalización de los fondos y la reestructuración del modelo de ahorro.

Henry Llanes, experto en seguridad social, formalizó este 20 de abril una solicitud ante la Superintendencia de Bancos para ejecutar auditorías integrales a los fondos de salud y pensiones. El requerimiento se centra en verificar la sostenibilidad financiera y fiscalizar las inversiones en bonos y fideicomisos.

Un punto crítico identificado es la tasa de interés del 2,99 % aplicada a préstamos hipotecarios para vivienda. Para Llanes, este porcentaje carece de rentabilidad financiera y responde a una "intromisión demagógica" del Gobierno que afecta el giro del negocio. La auditoría busca determinar el costo financiero real de cada operación y la utilidad que ha dejado de percibir el seguro social por estas políticas.

Traslado de carga médica y capitalización individual

Por su parte, el abogado y columnista de EXPRESO, Modesto Apolo, advierte que los beneficios actuales equivalen a cinco veces los aportes realizados, lo que viola principios actuariales básicos. Entre sus planteamientos figura la transición hacia un modelo de capitalización individual, donde cada trabajador acumule sus propios fondos, rompiendo el esquema actual de prima media que se considera deficitario.

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Modesto Apolo

Apolo enfatiza la necesidad de un pacto político en 2026 que prohíba desvíos extrapresupuestarios y foque los subsidios únicamente en pensiones mínimas para sectores vulnerables. Esta postura coincide con la urgencia de auditar las reservas con transparencia pública anual para evitar la erosión de los fondos remanentes.

Reformas al marco legal y autonomía

La hoja de ruta técnica sugiere que el IESS debe retomar su autonomía operativa. Llanes propone una reforma para que las prestaciones médicas de personas no afiliadas —que en 2024 superaron los 2,6 millones de usuarios— sean transferidas presupuestariamente al Ministerio de Salud Pública (MSP). Solo la atención a hijos de afiliados demanda un gasto estimado de 300 millones de dólares anuales, recursos que han sido extraídos del bolsillo de los aportantes desde 2010.

Finalmente, la reestructuración del Consejo Directivo asoma como el mecanismo para garantizar la gobernanza. La propuesta técnica apunta a que el directorio cuente con mayoría de representantes de afiliados y jubilados elegidos mediante sufragio, reduciendo la injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones financieras sobre los ahorros de los trabajadores ecuatorianos.

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El Servicio de Aduanas estadounidense pondrá en marcha la primera fase de los pagos para una gran parte de las empresas estadounidenses afectadas, a las que espera devolver un monto inicial de 127.000 millones de dólares.

Según el Gobierno, el portal que activará hoy servirá a aproximadamente el 63 % de las compañías elegibles, que podrán presentar la documentación necesaria para el reembolso de cobros por los aranceles anunciados hace poco más de un año por Trump bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

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Devolución en etapas

Esta primera etapa se centrará en los pagos arancelarios que técnicamente continúan bajo revisión federal y por lo tanto, aún no han sido liquidados de forma definitiva.

Una vez aceptadas las solicitudes de los importadores, el Servicio de Aduanas estima un plazo de entre 60 y 90 días para emitir los reembolsos.

El sistema, denominado CAPE, se ampliará luego para incluir pagos más antiguos que ya fueron liquidados.

Más de 3.000 empresas, entre ellas los gigantes Costco y FedEx, ya han demandado a la Administración republicana para asegurar esos reembolsos. Varios de estos procesos iniciaron antes del fallo de la Corte.

Desde la aplicación de los gravámenes, estas compañías tuvieron que decidir entre absorber las subida de los costes, recortar las compras o pasar la diferencia a los consumidores, que según expertos, no está previsto que reciban de vuelta la diferencia que pagaron por los productos gravados con estos gravámenes anulados.

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Camaroneros piden reglas claras ante nuevo toque de queda

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Reacción de Trump

En una clara mayoría de 6-3, la Corte Suprema decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la IEEPA. El presidente criticó duramente la sentencia del Supremo e impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal.

El dictamen del Supremo afecta a los llamados gravámenes "recíprocos" impuestos por el republicano a los socios comerciales de la mayor economía del mundo con el objetivo de "reducir el déficit comercial", además de los aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de fentanilo.

El actual arancel del 10 % se aplica desde el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que deberá expirar el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Congreso.

Lo que debe saber

• Salida en medio de la crisis eléctrica: Inés Manzano dejará el cargo el 30 de abril de 2026, en un contexto marcado por apagones y cuestionamientos a la gestión del sistema eléctrico.
• Cambios para corregir fallas: El gobierno de Daniel Noboa impulsa un nuevo liderazgo en el sector y ya ejecutó ajustes como el relevo en el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).
• Apagones por problemas operativos: Las interrupciones en ciudades como Guayaquil y Quito se atribuyen a mantenimientos y fallas de comunicación, no a falta de generación eléctrica.

El remezón en el sector energético ya tiene fecha. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, permanecerá en funciones hasta el 30 de abril de 2026, según anunció el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X. El cambio, enmarcado dentro de una reconfiguración del gabinete, ocurre en medio de cuestionamientos por los recientes cortes de energía registrados en varias ciudades del país.

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“El país necesita acelerar lo que funciona y corregir lo que no”, señaló el mandatario al confirmar que habrá nuevas autoridades tanto en el área energética como en salud. Mientras en esta última cartera el relevo es inmediato, en el sector eléctrico se ha previsto una transición de varios días para garantizar la continuidad operativa y fortalecer la red nacional.

La salida de Manzano se da en una coyuntura incómoda. Aunque desde el Gobierno se insistió en que no habría apagones, en la práctica sí se reportaron interrupciones en sectores de ciudades como Guayaquil y Quito. La explicación oficial apuntó a trabajos técnicos no informados a tiempo y descartó una relación directa con la falta de lluvias o problemas estructurales en la generación hidroeléctrica.

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Antes se hizo cambio en Cenace

Sin embargo, la presión creció y derivó en ajustes dentro del sistema. El 17 de abril, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) nombró como nuevo director ejecutivo a César Alfredo Aguilar Alvarado, en un movimiento que la propia entidad vinculó a los apagones de las últimas semanas.

Días antes, el 13 de abril, Manzano ya había anticipado una renovación en la cúpula tanto del Cenace como de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). “Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción”, dijo entonces, al justificar los cambios tras fallas en la comunicación y coordinación de trabajos técnicos.

El detonante fue la reconexión de las torres de Dos Cerritos, en la Costa, que se realizó sin aviso previo a los usuarios afectados. Ese episodio evidenció fallas operativas y de comunicación que terminaron por acelerar decisiones en el sector.

Ahora, con la salida de Manzano en el horizonte, el Gobierno apuesta por un nuevo liderazgo que estabilice el sistema y recupere la confianza ciudadana. El reto no es menor: garantizar el suministro eléctrico en medio de tensiones internas y con un país que, tras los apagones, permanece en alerta.

Lo que debes saber

• El presidente informó que el Estado cubrirá el consumo eléctrico básico de las familias impactadas por las altas temperaturas, como medida de emergencia.
• Las temperaturas extremas en la Costa desde el 13 de abril de 2026 aumentaron el uso de aires acondicionados y provocaron interrupciones frecuentes del servicio, lo que elevó las planillas y generó malestar ciudadano.
• El mandatario también anuncia cambios en el Ministerio de Ambiente y Energía.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció este 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, mencionó el mandatario en sus redes sociales. 

La tormenta solar

La tormenta solar a la que Noboa se refiere es a la ola de calor que azota a la costa ecuatoriana y que comenzó el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

Las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz. No obstante, esto estuvo acompañado de frecuentes cortes de energía eléctrica (hasta tres veces al día), que levantaron cientos de quejas ciudadanas en las redes sociales.

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Un mes de alta demanda de energía

Según el Ministerio de Energía, durante la ola de calor, el consumo de energía al día en abril, ha bordeado los 5.300 MW, cuando la demanda media normal es entre 4.200 y 4.400 MW.

De acuerdo con los registros oficiales, abril habría traído picos de consumo de electricidad, desde finales del mes de marzo. Por ejemplo, el 18 de marzo la demanda de energía llegó a 5.274 MW; el 10 de abril llegó a 5.305 MW y el 13 de abril a 5.314,7 MW. Valores que muestran que este mes ha sido el de mayor consumo eléctrico en la historia del país.

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Cambios en el Ministerio de Energía

En el mismo anuncio, el mandatario señaló que en esta semana habrá cambios en varios ministerios, entre esos en el de Ambiente y Energía, del que señaló habrá un nuevo líder a partir del 30 de abril. Es decir, la ministra actual, Inés Manzano, ya no estaría a cargo.

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa informó que los hogares que consuman hasta 180 kWh al mes no pagarán por la electricidad.
• Las altas temperaturas desde finales de marzo obligaron a usar más aires acondicionados, aumentando el consumo y provocando reclamos por interrupciones inesperadas del servicio.
• ARCONEL estima que 180 kWh cuestan alrededor de USD 23, monto que ahora será cubierto por el Estado. Una medida similar benefició a más de 5 millones de usuarios en meses anteriores.

Este 20 de abril, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció a través de su cuenta de X que ha ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la ola de calor, presente en la costa ecuatoriana. El subsidio del Gobierno, indicó el mandatario, sería de hasta 180 kWh por hogar.

Es decir, los hogares que consuman hasta esta cantidad de energía al mes no pagarán por la planilla de luz. Los que pasen de esta cantidad, pagarán solo el excedente.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, mencionó el mandatario en sus redes sociales, sin detallar qué meses exactamente cubrirá el nuevo subsidio.

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El Gobierno subsidiará la planilla de luz hasta 180 kWh por hogar, para afectados por ola de calor

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La ola de calor ha afectado a los hogares de la costa ecuatoriana desde finales de marzo y se ha intensificado desde el pasado 13 de abril. Lo que ha provocado que los ciudadanos usen con más frecuencia los aires acondicionados, elevando el consumo de energía. Además, en las últimas semanas ha habido cientos de quejas por cortes inesperados de energía.

Pero, ¿cuánto dinero equivale 180 kWh?

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes.

Los 180 kWh al mes son el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con el nuevo subsidio, para muchos hogares, esos 23 dólares quedan cubiertos por el Estado y la planilla les llegará con valor reducido o en cero.

Una receta que ya se aplicó en 2024

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025. Asimismo, una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

Ante este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la ARCONEL, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.

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IESS en riesgo: Henry Llanes pide auditorías y cuestiona designación en Consejo

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Con una tasa de informalidad que supera el 50 % en 2026 y una desinversión anual de 1.500 millones de dólares de sus reservas, la sostenibilidad del fondo de jubilación depende de reformas que prioricen la transparencia técnica y el ordenamiento de las competencias institucionales.

Auditoría de fondos y rentabilidad financiera

La crisis se agrava por el incumplimiento estatal en la transferencia del 40 % legal y el desvío de recursos para financiar prestaciones no contributivas. Ante este escenario, voces técnicas coinciden en que la solución inmediata no reside en el ajuste de beneficios, sino en la fiscalización de los fondos y la reestructuración del modelo de ahorro.

Henry Llanes, experto en seguridad social, formalizó este 20 de abril una solicitud ante la Superintendencia de Bancos para ejecutar auditorías integrales a los fondos de salud y pensiones. El requerimiento se centra en verificar la sostenibilidad financiera y fiscalizar las inversiones en bonos y fideicomisos.

Un punto crítico identificado es la tasa de interés del 2,99 % aplicada a préstamos hipotecarios para vivienda. Para Llanes, este porcentaje carece de rentabilidad financiera y responde a una "intromisión demagógica" del Gobierno que afecta el giro del negocio. La auditoría busca determinar el costo financiero real de cada operación y la utilidad que ha dejado de percibir el seguro social por estas políticas.

Traslado de carga médica y capitalización individual

Por su parte, el abogado y columnista de EXPRESO, Modesto Apolo, advierte que los beneficios actuales equivalen a cinco veces los aportes realizados, lo que viola principios actuariales básicos. Entre sus planteamientos figura la transición hacia un modelo de capitalización individual, donde cada trabajador acumule sus propios fondos, rompiendo el esquema actual de prima media que se considera deficitario.

Opinión

Sistema de pensión colapsado

Modesto Apolo

Apolo enfatiza la necesidad de un pacto político en 2026 que prohíba desvíos extrapresupuestarios y foque los subsidios únicamente en pensiones mínimas para sectores vulnerables. Esta postura coincide con la urgencia de auditar las reservas con transparencia pública anual para evitar la erosión de los fondos remanentes.

Reformas al marco legal y autonomía

La hoja de ruta técnica sugiere que el IESS debe retomar su autonomía operativa. Llanes propone una reforma para que las prestaciones médicas de personas no afiliadas —que en 2024 superaron los 2,6 millones de usuarios— sean transferidas presupuestariamente al Ministerio de Salud Pública (MSP). Solo la atención a hijos de afiliados demanda un gasto estimado de 300 millones de dólares anuales, recursos que han sido extraídos del bolsillo de los aportantes desde 2010.

Finalmente, la reestructuración del Consejo Directivo asoma como el mecanismo para garantizar la gobernanza. La propuesta técnica apunta a que el directorio cuente con mayoría de representantes de afiliados y jubilados elegidos mediante sufragio, reduciendo la injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones financieras sobre los ahorros de los trabajadores ecuatorianos.

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La comunicación del Gobierno está perdida en un jardín de infantes

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Lo que debes saber

• El 14% de los medicamentos que Ecuador importa proviene de Colombia, un flujo que cubre desde antibióticos hasta tratamientos oncológicos y de diálisis.
  
• En febrero de 2026, primer mes con el arancel activo, las importaciones de anestésicos colombianos cayeron 87%, las penicilinas 81% y los vitamínicos 55%.
  
• Las bolsas para soluciones parenterales, insumo crítico para diálisis, prácticamente no variaron pese al arancel: pasaron de $366.400 a $380.200, lo que revela una dependencia.
  

La escalada de la guerra arancelaria con Colombia empieza a mostrar sus efectos en uno de los sectores más sensibles: el acceso a medicamentos en Ecuador. La tasa de seguridad, que subirá al 100% desde el 1 de mayo, presiona directamente al sistema farmacéutico y pone en riesgo el abastecimiento de tratamientos esenciales.

Colombia es un proveedor clave: abastece el 14 % de los medicamentos que ingresan al país, cubriendo más de 40 enfermedades, desde infecciones comunes hasta patologías oncológicas. Con ese nivel de dependencia, el sector advierte que el suministro no podría sostenerse bajo un arancel de ese tamaño.

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Compras adelantadas y caída del abastecimiento

Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE) reflejan una aparente estabilidad en las importaciones, pero esconden una distorsión. Entre enero y febrero de 2026, Ecuador importó $17,6 millones en medicamentos desde Colombia, frente a los $15,9 millones del mismo período de 2025, un aumento del 10,3 %.

Sin embargo, el comportamiento mensual revela otra realidad. En enero de 2026, antes de que entrara en vigor el arancel del 30 %, las compras se dispararon a casi $11,3 millones, casi el doble del promedio habitual. Fue una reacción preventiva del sector.

En febrero, ya con la tasa activa, las importaciones se desplomaron: los anestésicos cayeron 87 %, las penicilinas 81 % y los vitamínicos 55 % frente al mismo mes del año anterior.

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Un modelo que no permite trasladar costos

El problema de fondo es estructural. En Ecuador, los precios de los medicamentos están regulados, lo que impide trasladar el incremento de costos al consumidor.

Álvaro Maldonado, director ejecutivo del Instituto de Innovación Farmacéutica (IFI), lo resume así: si el costo sube por el arancel, el importador no puede ajustar el precio. El resultado es directo: deja de importar.

Carlos Durán, exviceministro de Salud, explica el mecanismo: algunos medicamentos tienen precios máximos rígidos y otros operan bajo competencia limitada. En ambos casos, un arancel del 100 % rompe el equilibrio. Si se sube el precio, el paciente no compra; si no se sube, el negocio deja de ser viable.

Inventarios al límite y contratos en riesgo

Las consecuencias ya se sienten en la cadena de abastecimiento. Con la tasa actual del 30 %, algunas empresas han absorbido el sobrecosto. Pero con el 100 %, el escenario cambia.

Daniel Legarda, exministro de Producción, advierte que muchas empresas ya están operando con inventarios al límite. Sin reposición viable, el desabastecimiento es cuestión de tiempo.

Francisco Ballén, exministro de Comercio Exterior, señala que incluso los contratos vigentes, incluidos los firmados con el Estado, podrían quedar insubsistentes por el cambio de condiciones.

Impacto directo en el sistema de salud

En el sector público, el efecto será inmediato. Andrés Corral, experto en gestión sanitaria, anticipa retrasos en la entrega de medicamentos.

Si los contratos se terminan de mutuo acuerdo, el Estado deberá recurrir a subastas inversas, procesos que pueden tardar hasta tres meses, frente a los 15 días de una compra por catálogo electrónico.

El impacto no será uniforme. Medicamentos como el ibuprofeno no presentan riesgo por la producción local dominante. Pero otros, especialmente los que dependen de importaciones colombianas sin sustitutos, sí enfrentan un escenario crítico.

Pacientes oncológicos, los más vulnerables

Algunos segmentos ya evidencian tensiones. Los medicamentos oncológicos, por ejemplo, aumentaron sus importaciones en 73 % en el bimestre, manteniendo niveles incluso en febrero.

El dato apunta a contratos previos o a la imposibilidad de suspender compras de tratamientos críticos.

Corral advierte que el tiempo es determinante: cada mes de retraso en un tratamiento oncológico puede aumentar la mortalidad en un 10 %. En tres meses, el riesgo puede escalar hasta el 30 %.

Dependencia estructural del mercado colombiano

El problema no es solo coyuntural. Ecuador mantiene una dependencia estructural del mercado colombiano.

Según la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (Alfe), el país importa más de $70 millones en medicamentos, insumos y materiales relacionados desde Colombia.

Incluso con aranceles, ciertos productos no han dejado de ingresar. Las bolsas para soluciones parenterales —clave para diálisis y sueros— crecieron 4 % en el período analizado. Los materiales plásticos de envasado apenas cayeron 3 %.

Esto evidencia que no existen sustitutos inmediatos.

La industria local puede producir medicamentos básicos, pero no fabrica principios activos ni dispositivos de alta especialización.

Riesgo de mercado ilícito

El desabastecimiento abre otro frente: el mercado ilegal.

Cuando el paciente no encuentra su tratamiento en farmacias o centros de salud, busca alternativas. Y ahí aparecen productos adulterados, caducados o sin control sanitario.

“El riesgo no es solo no tener el medicamento. Es creer que se lo tiene”, advierte Maldonado.

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Superávit comercial vs. salud pública

Para el Gobierno, la medida ha tenido resultados económicos. El Ministerio de Producción reporta un superávit comercial con Colombia de $62,9 millones entre febrero y marzo de 2026, el primero en más de 25 años.

Pero esa lectura no convence al sector salud.

Durán lo plantea con claridad: un superávit no mide cuántos pacientes dejaron de recibir tratamiento.

Un margen de tiempo que se agota

Por ahora, el país no enfrenta un desabastecimiento generalizado. Las compras adelantadas de enero generaron un colchón temporal.

Pero ese margen tiene fecha de caducidad.

Si el arancel del 100 % entra en vigor y se mantiene, ese stock podría agotarse en semanas. Aunque países como España ya han incrementado sus exportaciones hacia Ecuador, reconfigurar la cadena de suministro en salud no es inmediato.

Detrás de cada cifra hay una realidad más urgente: pacientes que no pueden esperar.

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