Lo que debes saber

• El Gobierno reduce el IVA del 15% al 8% para servicios turísticos del 30 de abril al 3 de mayo, replicando una estrategia aplicada en todos los feriados del 2026.
• Los feriados anteriores movieron más de $100 millones en gasto turístico, demostrando que tarifa más baja genera mayor volumen de transacciones.
• La medida aplica solo a establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo; los consumidores deben verificar comprobantes con IVA al 8% y denunciar cobros indebidos ante el SRI.

El Gobierno Nacional oficializó este 27 de abril la reducción del IVA del 15% al 8% para servicios turísticos durante el feriado por el Día del Trabajo. La medida rige del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo de 2026.

Economía y negocios

Día del Trabajo en Ecuador: lo que debes saber sobre trabajar en feriado

Vanessa López

Se aplica a hoteles, restaurantes, transporte turístico y agencias de viaje registrados en el Ministerio de Turismo.

El objetivo es incentivar el consumo y dinamizar la economía local durante los cuatro días de descanso.

¿Cuáles son los servicios beneficiados?

El IVA al 8% aplica a actividades turísticas registradas.

Servicios incluidos:

Servicios excluidos:

Estos mantienen IVA del 15% durante el feriado

Los establecimientos deben emitir comprobantes electrónicos que reflejen la tarifa reducida.

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A partir del lunes 4 de mayo, la tarifa retorna al 15%.

¿Por qué cuatro días de descuento tributario?

La extensión responde a la Ley de Feriados que busca incentivar turismo interno mediante fines de semana prolongados. El Decreto Ejecutivo 354 extendió el Día del Trabajo al jueves 30 de abril.

Esto genera un puente de cuatro días ideal para viajes cortos sin usar vacaciones. El Ministerio de Turismo proyecta flujo masivo hacia destinos de la Costa y Sierra.

¿Cuánto han movido los feriados anteriores?

El feriado de Año Nuevo generó $106.5 millones en gasto turístico a nivel nacional en cuatro días. Esto representa $26.63 millones diarios, con 1'469,910 viajes contabilizados. El promedio fue de 367 mil desplazamientos por día.

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Feriados de cuatro días con reducción del IVA superan los $100 millones en movimiento económico, según informe. Esta cifra beneficia directamente a hoteles, restaurantes, transporte, empleados y comercio local.

¿Cuál es el ahorro real para los viajeros?

Una familia de cuatro personas que gasta $500 durante el feriado puede ahorrar $35 gracias al diferencial del IVA. A escala nacional, con 1,47 millones de viajes registrados en Año Nuevo, el ahorro agregado resulta significativo. Este dinero no se queda quieto: suele reinvertirse en actividades complementarias como restaurantes, compra de artesanías locales o entretenimiento. 

Así, el ahorro actúa como un catalizador del consumo en economías locales y genera un efecto multiplicador, especialmente en ciudades pequeñas que dependen de los feriados para sostener su viabilidad económica.

¿Cómo verificar que el descuento se aplique correctamente?

Economía y negocios

¿Cómo será la atención de los bancos por el feriado del 1 de mayo?

Vanessa López

¿Cómo denunciar un cobro indebido? 

¿Por qué se repite esta medida en todos los feriados?

La medida se repite en feriados porque ha demostrado ser una forma efectiva de dinamizar la economía sin sacrificar ingresos fiscales. Al reducir el IVA, bajan los costos y se incentiva el turismo interno, lo que genera un mayor volumen de consumo en períodos cortos como los feriados de cuatro días, donde el gasto se concentra. 

Experiencias en países como Colombia y Perú respaldan este enfoque. En el caso de Ecuador, los datos muestran que, aunque la tarifa baja, la base imponible crece: en 2025 el gasto diario fue de $21,88 millones con tarifa normal, mientras que en 2026, con IVA al 8%, subió a $26,63 millones. Este aumento en transacciones y consumo compensa la reducción tributaria y convierte la medida en una estrategia eficiente que impulsa economías locales.

Lo que debes saber

• Durante el feriado del Día del Trabajo en Ecuador (30 de abril al 3 de mayo), los bancos no atenderán presencialmente, ya que es un descanso obligatorio a nivel nacional.
• Los servicios bancarios digitales y alternativos seguirán funcionando, como la banca en línea, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y corresponsales no bancarios.
• Algunas transacciones se procesarán de forma diferida y se acreditarán después del feriado.

Durante los próximos días de feriado, por el Día del Trabajo, cuya celebración en Ecuador iniciará el 30 de abril, los bancos privados no atenderán de forma presencial en sus agencias, ya que se trata de días de descanso obligatorio a nivel nacional. No obstante, las entidades mantendrán disponibles otras vías para sus clientes.

El próximo 1 de mayo será feriado en Ecuador cuando se conmemore el Día Internacional del Trabajo. El presidente del país, Daniel Noboa, mediante Decreto Ejecutivo amplió el descanso desde el 30 de abril formando un puente de cuatro días que concluye el próximo domingo 3 de mayo.

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Día del Trabajo en Ecuador: lo que debes saber sobre trabajar en feriado

Vanessa López

¿Qué servicios bancarios funcionarán?

Durante esos días, según ha informado la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), los bancos privados del país mantendrán activos sus servicios digitales, por lo que los clientes podrán seguir realizando operaciones a través de la banca en línea y aplicaciones móviles, como transferencias, pagos y consultas. También seguirán funcionando los cajeros automáticos y los corresponsales no bancarios (como Banco del Barrio y Mi Vecino).

¿Cuándo llegarán las transferencias hechas el jueves o viernes?

La Superintendencia de Bancos indicó, además, en un escrito, que por estos días de feriado varios procesos se receptarán como diferidos. Por ejemplo, los pagos interbancarios que se realicen entre el 30 de abril y el 1 de mayo se reflejarán recién el lunes 4 de mayo.

Pasará igual con el Sistema de Cobros Interbancarios (SCI) y el Sistema de Recaudación Pública – SRP (incluido SRI y SENAE).

Por otro lado, durante el 30 de abril y el 1 de mayo, la Superintendencia detalló que no estarán habilitados el Sistema de Pagos en Línea (SPL), el Sistema de Cámara de Compensación Especializada (CCE), el Sistema Transferencias Paquetes en Línea (TPL), los giros al y del exterior ni los depósitos y retiros de especies monetarias.

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Sector energético: décadas de improvisación mantienen al país al límite, advierte experto

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El servicio bancario es una obligación

La normativa laboral ecuatoriana exige que, incluso en feriados, se garantice la provisión de servicios públicos esenciales, entre ellos los servicios bancarios mínimos, lo que explica la disponibilidad de cajeros, corresponsales y banca digital. Es así que, mediante Decreto Presidencial, el mandatario del país reportó a las entidades públicas su obligación de mantener sus canales activos.

“Durante los días de descanso obligatorio, se deberá garantizar la provisión de servicios públicos básicos de agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y servicios bancarios; en los cuales las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público deberán disponer que se cuente con el personal mínimo que permita atender satisfactoriamente las demandas de la colectividad”, dice el decreto.

Lo que debes saber

• Ecuador tendrá un feriado de cuatro días por el Día del Trabajador, extendido mediante decreto del 30 de abril al 3 de mayo, y será de descanso obligatorio.
• Las personas que trabajen en feriado deben recibir un pago extra, equivalente al doble de la hora normal o con recargos establecidos por la ley.
• Si el empleador no paga correctamente, el trabajador puede reclamar ante el Inspector del Trabajo, el Ministerio del Trabajo o los Jueces del Trabajo, quienes pueden sancionar o exigir el pago adeudado.

Ecuador se prepara para un feriado de cuatro días. El próximo viernes, 1 de mayo, el país celebrará el Día Internacional del Trabajador. No obstante, mediante Decreto, el presidente del país amplió los días de feriado para crear un puente de descanso de cuatro días, iniciando desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo.

Todos los días mencionados son de descanso obligatorio, según lo establece el Código del Trabajo en su artículo 55. Es decir, los trabajadores no laborarán en esos días y recibirán su paga por esas jornadas de feriado.

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¿Cuál es el pago por trabajar en feriado?

De acuerdo con la normativa, en general, está prohibido exigir trabajo en días de descanso obligatorio. Sin embargo, existen excepciones por necesidad de evitar daños graves, accidentes, casos fortuitos o porque la naturaleza de la industria no permite la interrupción, señala el reglamento.

Pero si los trabajadores deben laborar en estos días de feriado y descanso, la misma norma establece un pago equivalente a la remuneración íntegra de dos días. Lo que quiere decir que, si un trabajador labora el sábado o el domingo, el trabajo debe ser pagado con un 100% de recargo (el doble de la hora normal).

La ley también dice que en industrias donde no se pueda interrumpir la actividad en días de descanso, el empleador debe designar otro día de la semana para el descanso o pagar la remuneración con el recargo por trabajo extraordinario.

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¿Qué pasa si tu empleador no quiere reconocerte el pago extra?

De acuerdo con el Código del Trabajo, si el empleador no cumple con el pago de estas remuneraciones o recargos, el trabajador puede acudir a las siguientes instancias:

Lo que debe saber

• El sistema eléctrico opera al límite por falta de inversión y planificación sostenida. 
• La alta dependencia hidroeléctrica y baja capacidad térmica aumentan el riesgo de apagones.
• Experto pide una política energética de largo plazo y mayor apertura a la inversión privada.

El sector energético ecuatoriano vuelve a estar bajo presión. Más allá de los cambios de autoridades, el problema parece repetirse: decisiones de corto plazo, falta de planificación y una estructura institucional débil que no logra sostener políticas a largo plazo.

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Para el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, el país arrastra errores estructurales que explican la situación actual. “Es el resultado de décadas de decisiones políticas que han priorizado el discurso sobre la técnica y los intereses de grupos específicos sobre el bien común”, sostuvo en una entrevista en Ecuavisa.

¿Cuál es el principal problema?

Uno de los principales problemas, según el experto, es la falta de equipos técnicos sólidos en áreas clave. Energía, petróleo y ambiente requieren especialistas, pero además una coordinación eficiente dentro de un “superministerio” que agrupa sectores altamente complejos. “No es trabajo de una sola persona, sino de un equipo con experiencia”, enfatizó.

En el ámbito eléctrico, el desafío pasa por cambiar el modelo de desarrollo. Ecuador mantiene un esquema predominantemente estatal, pese a que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir la inversión requerida. Aunque se han aprobado reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la más reciente en marzo de 2026, el reglamento aún está en proceso, lo que mantiene en pausa la entrada de inversión privada.

Mientras tanto, el sistema opera al límite. Desde octubre de 2023, el país ha enfrentado apagones recurrentes, especialmente en momentos de transición política. La alta dependencia de la generación hidroeléctrica, que puede cubrir hasta el 90 % de la demanda en condiciones óptimas, se convierte en una vulnerabilidad cuando disminuyen los niveles de agua.

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¿Qué agrava el problema?

La falta de capacidad termoeléctrica suficiente agrava el problema. A esto se suman fallas en planificación y procesos contractuales que no lograron concretar la incorporación de nueva generación. “El sistema sigue trabajando en modo de estrés”, advirtió Aspiazu.

Las debilidades no se limitan a la generación. También hay problemas en transmisión, distribución y comercialización, donde la infraestructura opera cerca de su capacidad máxima. En la Costa, varias subestaciones funcionan al 100 %, con riesgos de interrupciones y problemas de voltaje en ciudades como Manta, Santa Elena, Guayaquil y Machala.

A esto se suma la inestabilidad institucional. La alta rotación de ministros y equipos técnicos ha impedido consolidar procesos, afectando la planificación y la credibilidad del país frente a inversionistas. “La institucionalidad del sector público es débil y eso se traduce en atrasos acumulados”, explicó.

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¿Cuál es la situación en el frente petrolero?

En el frente petrolero, el diagnóstico no es más alentador. La ley vigente data de 1978 y no refleja los cambios de la industria global. La falta de inversión en exploración ha llevado a consumir reservas sin reponerlas, mientras la producción muestra una tendencia decreciente desde hace más de una década.

Frente a este escenario, el experto plantea la necesidad de una política energética de Estado que trascienda los gobiernos de turno. Un plan de largo plazo, de 30 o 50 años, permitiría dar estabilidad al sector, algo que hasta ahora no se ha logrado.

Otro punto crítico es el esquema tarifario. Los subsidios distorsionan el mercado y desincentivan la inversión privada. Sin ajustes progresivos que reflejen los costos reales, será difícil atraer capital para nuevos proyectos de generación.

A pesar de los avances normativos recientes, el país sigue en una etapa de transición. La apertura a la inversión privada, especialmente en esquemas como la autogeneración, aparece como una alternativa para aliviar la presión sobre el sistema.

Sin embargo, el tiempo apremia. Con un sistema que funciona al límite y una demanda creciente, el desafío no es solo evitar nuevos apagones, sino romper un ciclo de improvisación que se repite desde hace décadas.

Lo que debe saber

• Los arroceros marcharon en Babahoyo este lunes 27 de abril de 2026 pese al inicio de la compra estatal de 20.000 toneladas.
• Los producores de arroz denuncian precios por debajo del costo de producción y caída de exportaciones a Colombia, lo que los tienen en una crisis económica.
• Los arroceros exigen declarar en emergencia al sector y aplicar medidas estructurales urgentes.

Aunque el Ministerio de Agricultura anunció que este lunes 27 de abril de 2026 iniciaba el proceso para que el Estado compre 20.000 toneladas de arroz, los productores decidieron salir a las calles. En Babahoyo, epicentro de la producción arrocera, decenas de agricultores participaron hoy en una marcha pacífica para exigir respuestas más profundas ante la crisis que golpea al sector.

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Los arroceros aseguran que la compra estatal no soluciona el problema de fondo. Señalan que existe una lista de necesidades urgentes que va más allá de la adquisición del grano, en un contexto marcado por bajos precios, caída de exportaciones y altos costos de producción.

“Además, desde el año anterior las piladoras vienen pagando a los arroceros precios por debajo del costo de producción y el Gobierno no ha hecho nada para regular esto”, afirmó Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto, en declaraciones a Diario EXPRESO.

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¿Cómo afecta a los arroceros la tasa a Colombia?

A esta situación se suma el impacto de las medidas comerciales entre Ecuador y Colombia. Los productores explican que la aplicación de tasas de hasta el 100 % ha limitado las exportaciones, obligando a que el arroz se transporte únicamente por vía marítima. "Esto ha reducido significativamente las compras del país vecino", reitera Ubilla.

“Esto ha hecho que bajen las compras de arroz de parte de Colombia”, indicaron los agricultores. Tradicionalmente, ese mercado adquiría más de 60.000 toneladas anuales, lo que representaba cerca de 50 millones de dólares para el sector, señaló José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultures.

Frente a este escenario, los productores consideran que la compra de 20.000 toneladas es insuficiente. “Es tal la crisis económica que se vive en el sector que para solucionar el problema se requiere que el Estado compre unas 200.000 toneladas de arroz”, sostuvo García.

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¿Qué es lo que piden al Gobierno los arroceros?

Entre los principales pedidos de los arroceros está que el presidente Daniel Noboa declare en estado de emergencia al sector agrícola, especialmente al rubro arrocero. También exigen que se garantice el precio mínimo de sustentación, que ahora está entre 34 y 36 dólares por saca, frente a los 21 dólares que actualmente estarían pagando las piladoras.

Además, demandan la implementación de controles sobre los precios de insumos agrícolas, mecanismos de estabilización para el costo de los combustibles de uso agrícola, mayor regulación y supervisión de las piladoras para asegurar transparencia en la calificación del grano, y el fortalecimiento del acceso a créditos preferenciales.

La movilización en Babahoyo deja en evidencia un creciente malestar en el agro, donde los productores advierten que sin decisiones estructurales inmediatas, la crisis del arroz podría profundizarse y afectar aún más la economía rural del país.

Lo que debes saber

• Economía ecuatoriana sigue estancada en 2026 pese a proyección del FMI de 2,5% de crecimiento.
  
  
• Crisis eléctrica en Ecuador provoca apagones desde 2024 por fallas en generación y transmisión.
  
  
• Subsidios eléctricos generan déficit fiscal y obligan al Estado a buscar más recursos en 2026.
  
  

La economía ecuatoriana atraviesa una fase prolongada de estancamiento, una situación que no se revierte pese a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que sitúan el crecimiento del país en torno al 2,5%, ligeramente por encima del promedio regional. El dato, lejos de ser una señal de recuperación sólida, refuerza las dudas sobre la capacidad del país para romper una inercia que se arrastra por más de una década.

Crecimiento débil en una región que también se rezaga

El bajo dinamismo económico no es exclusivo de Ecuador.

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Latinoamérica lleva años creciendo por debajo de otras economías emergentes, como las del Este asiático. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra señales particularmente preocupantes, tanto por la fragilidad de sus motores productivos como por la limitada capacidad de maniobra fiscal del Estado.

Empleo estancado e ingresos en retroceso

Uno de los indicadores más reveladores es el empleo adecuado, que se mantiene prácticamente inmóvil desde hace más de diez años, sin superar los tres millones y medio de trabajadores. 

A esto se suma la caída del ingreso promedio, que en el último año se redujo en cerca de 50 dólares, lo que deja poco margen para exigir nuevos sacrificios a los trabajadores.

En paralelo, la producción petrolera —históricamente uno de los pilares de la economía nacional— continúa en descenso, mientras el refinamiento enfrenta constantes paralizaciones que limitan su aporte al crecimiento.

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Sector eléctrico, el punto crítico del estancamiento

El caso más evidente de las debilidades estructurales del país es el sector eléctrico. 

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En 2024, los estiajes derivaron en apagones de hasta 14 horas, con un efecto devastador en la economía, que se contrajo cerca de dos puntos porcentuales.

Pero la crisis no se limitó a la generación. En al menos dos episodios, el 19 de junio y el 21 de diciembre, fallas en la transmisión provocaron apagones masivos, dejando en evidencia que la fragilidad del sistema va más allá del nivel de los embalses o del caudal de los ríos.

Apagones regresan y las explicaciones no convencen

Contrario a las promesas oficiales, los cortes de energía han regresado en lo que va del año. 

Las autoridades han atribuido estos eventos a sobrecargas del sistema causadas por picos de demanda durante la ola de calor, aunque expertos señalan que el problema de fondo es la falta de mantenimiento e inversión en transmisión y distribución.

Incluso las explicaciones oficiales han sido inconsistentes. Mientras el Gobierno habla de sobrecarga, el presidente Daniel Noboa llegó a mencionar una supuesta tormenta solar, lo que incrementó las dudas sobre el diagnóstico real del problema.

A esto se suma el malestar ciudadano por cortes no programados y apagones que coincidieron con medidas de seguridad, como el toque de queda de marzo, alimentando la percepción de opacidad en la gestión del sistema eléctrico.

Déficit eléctrico y subsidios que no cuadran

Más allá de las versiones oficiales, hay un dato difícil de ignorar: el sistema eléctrico opera con un déficit estructural. 

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Según informes técnicos, el costo real de generar, transmitir y distribuir un kilovatio-hora es de 12,83 centavos, más de dos centavos por encima del precio promedio que pagan los usuarios.

Este desfase genera un déficit tarifario cercano a los $600 millones, que debe cubrir un Estado ya golpeado por un déficit fiscal general, atrasos en el pago de subsidios y la presión de otros gastos sociales y de emergencia.

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Endeudamiento y atrasos que agravan la crisis

La situación se torna más delicada al considerar que el Estado mantiene atrasos cercanos a los $800 millones en el pago de subsidios a las distribuidoras eléctricas, justamente las empresas que requieren mayores recursos para mantenimiento e inversión.

Aun así, el Gobierno continúa anunciando nuevos subsidios, algunos de carácter puntual, que podrían sumar decenas de millones de dólares adicionales a una carga fiscal ya insostenible.

Una decisión inevitable para los ciudadanos

El panorama deja una disyuntiva clara: pagar más cada mes por la electricidad o asumir mayores pérdidas por futuros apagones. 

Ninguna de las opciones resulta sencilla para los hogares ecuatorianos, especialmente en un contexto de empleo estancado y salarios debilitados.

El estancamiento económico, la crisis eléctrica y la dependencia de subsidios dibujan un escenario donde las decisiones postergadas ya no parecen una opción viable, y donde el costo final termina recayendo, una vez más, en los ciudadanos.

Lo que debes saber

• Desde mayo, el SRI solo permitirá cubrir hasta el 60% de obligaciones con notas de crédito, obligando a cancelar el resto en efectivo.
• La medida, justificada como un intento de proteger la recaudación fiscal, ya genera críticas de expertos que cuestionan su legalidad y advierten efectos inmediatos en el mercado.
• El cambio no solo reduce la flexibilidad para empresas y personas, sino que también devalúa estos instrumentos: su descuento en el mercado se ha triplicado y la demanda ha caído más del 40%.

A partir de mayo, cuando un contribuyente quiera pagar al SRI sus obligaciones tributarias, incluidas las multas e intereses derivados de estas, solo podrá utilizar notas de crédito para cancelar hasta el 60 % de ese saldo; el resto deberá pagarlo en efectivo.

Economía y negocios

El FMI anticipa en revisión más ajustes tributarios para este 2026 en Ecuador

Lisbeth Zumba

Normalmente, cuando un contribuyente -sea persona natural o empresa- tiene un saldo a favor en su declaración de impuestos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) devuelve esos valores pagados en exceso a través de notas de crédito, las cuales pueden ser canjeadas en el mercado para obtener liquidez inmediata. No obstante, mediante una resolución firmada el pasado 31 de marzo, el ente recaudador justifica la reforma señalando que es necesario “racionalizar” este mecanismo, con el fin de “evitar un riesgo de detrimento en el flujo de la recaudación tributaria que sustenta el financiamiento del gasto público”.

Optar por una resolución y no por una reforma legal 

Sin embargo, este cambio, a pocos días de su entrada en vigencia, empieza a generar malestar no solo por la forma en que se aplica, sino también por la pérdida de valor que una medida como esta provoca en estos instrumentos.

“Obviamente, esto se convierte en un problema para los contribuyentes, porque muchos recibían la devolución-sobre todo las empresas- mediante notas de crédito, y con ellas podían pagar hasta el 100 % de sus impuestos; ahora ya no. Esto dificulta su uso y compensación”, explica el analista tributario Javier Bustos.

La resolución del SRI, añade el experto, impone “una limitación no justificada” a lo previsto en el artículo 43 del Código Tributario, que contempla facilitar el pago de tributos también con esta vía. “Eso nos hace pensar que, quizás, esto debió haberse implementado mediante una reforma legal y no a través de una resolución como lo ha hecho el SRI”, señala.

Economía y negocios

El Ministerio de Finanzas niega que en este 2026 habrá nuevos ajustes tributarios en Ecuador

Lisbeth Zumba

¿Esto forma parte de un compromiso con el FMI?

El pasado sábado, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de un escueto comunicado, negó que el Gobierno ecuatoriano esté planificando adoptar nuevos ajustes o reformas tributarias este año. Esto a raíz de una publicación de este Diario, donde se abordan los resultados de la quinta revisión del programa de crédito que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugieren la continuidad de medidas como estas para seguir ajustando la situación fiscal del país, conforme a la trayectoria de consolidación del programa.

Pero mientras la cartera de Estado niega cambios, el informe enlista justamente esta restricción del uso de notas de crédito, como parte de las estrategias que permitirían al Gobierno alcanzar ingresos equivalentes al 1,3 % del PIB en el periodo 2026-2027.

Gonzalo Cucalón, gerente de la casa de valores Banrío, explica que, si bien este ajuste no crea ni eleva impuestos, termina siendo un “ajuste blando” que sí modifica las reglas del juego bajo una interpretación más estricta de la norma.

Para los expertos, se ha recurrido al mismo mecanismo que el SRI empleó a fines de marzo para ajustar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los alimentos procesados, otra vía que, según el FMI, servirá para incrementar la recaudación fiscal contemplada en el informe de la quinta revisión. A esto se suman otras medidas como la racionalización de los gastos tributarios (exenciones), el fortalecimiento del régimen de anticipos y retenciones del Impuesto a la Renta y el refuerzo de los controles sobre las devoluciones del IVA. Medidas de las que aún se aguarda información.

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Las notas de crédito pierden valor en el mercado 

EXPRESO solicitó el pasado viernes al SRI información detallada sobre los montos pagados vía notas de crédito en 2025 y los posibles perjuicios fiscales, pero aún se espera una respuesta. No obstante, en el mercado se estima que, para ese año, la entidad habría utilizado más de 2.000 millones en notas de crédito para el pago de tributos.

Cucalón señala que, a pocos días de que este cambio comience a aplicarse, estos papeles han empezado a perder valor debido al incremento en los descuentos aplicados en cada transacción.

La página de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), uno de los espacios donde estos instrumentos pueden negociarse y volverse líquidos de forma inmediata, ofrece una referencia de eso: a inicios de abril de este año, los descuentos alcanzaron un promedio de 2,42 %, muy por encima del 0,82 % registrado en abril del año pasado.

Esto significa que hoy “es tres veces más caro vender estas notas de crédito”, explica el gerente de una empresa guayaquileña especializada en ofrecer liquidez a compañías con solicitudes de devolución de impuestos, quien prefiere mantener el anonimato por seguridad.

Según detalla, tras el anuncio de esta reforma, la demanda de estos títulos ha caído más del 40 %. Al no poder utilizarse ya en su totalidad, el interés de compra disminuye. Y como consecuencia, aumenta el porcentaje de castigo con el que se negocian, afectando principalmente a sus tenedores: empresas y personas naturales con saldos a favor que ahora ven reducido su valor recuperable.

Asumiendo que actualmente el descuento se sitúa en torno al 2,4 %, el ejecutivo ejemplifica: “si una persona o empresa tenía un derecho de $500.000 en notas de crédito, al convertirlas en liquidez en este contexto, recibiría aproximadamente $488.000, perdiendo cerca de $12.000”.

¿Cómo funciona?

El SRI implementó las notas de crédito    para facilitar la devolución de impuestos, de forma inmediata, sustituyendo a los antiguos certificados de abono tributario. Estos títulos se pueden hacer líquidos, aplicando un descuento mínimo, en la negociación directa con otra persona natural o jurídica o a través de la negociación de una Casa de Valores. Con ello, el contribuyente puede tener efectivo, sin tener que esperar el pago del SRI.

Lo que debes saber

• Ecuador tiene potencial renovable en solar y eólica, pero la falta de seguridad jurídica frena la inversión privada.
  
• La normativa europea CSRD obliga a reportar criterios ESG y ya afecta a empresas latinoamericanas que exportan o trabajan con socios europeos.
• La demanda de profesionales en sostenibilidad crece, pero la brecha entre academia y empresa sigue sin cerrarse.

Julia Ayuso es doctora en Arquitectura y directora de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea. Con más de diez años en consultoría ESG, ha trabajado en estrategias sostenibles para el sector inmobiliario, empresarial y corporativo. 

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Gerente de Aglomerados Cotopaxi: “Tenemos que adaptarnos a un escenario global desafiante”

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Participó en la Cumbre Ekos de Sostenibilidad junto a actores públicos, privados y académicos, en un encuentro que busca respuestas concretas frente al cambio climático en una región que, en el caso de Ecuador, enfrenta además una crisis energética sin resolver.

El sistema eléctrico ecuatoriano genera cerca del 70% de su energía a partir del agua, una dependencia que lo hace vulnerable al clima y a la política. 

En 2026, el déficit supera los 1.000 MW y la situación empeoró cuando Colombia cortó el suministro que compensaba esa brecha. El resultado son cortes que en algunas zonas del país.

Crisis energética: un desafío político, no técnico

- Ecuador enfrenta una crisis energética y, pese a su potencial en renovables, no logra despegar. ¿Qué está fallando?

- Creo que es un desafío más político y de gobernanza que técnico. El recurso está: Ecuador es una potencia en renovables por su ubicación, tanto para solar como, sobre todo, para eólica. 

Lo que hace falta es crear el escenario para que los inversores puedan venir y desarrollar ese potencial. 

El punto crítico es la seguridad jurídica y administrativa. Sin eso, no llega el capital privado y el Estado solo no puede resolverlo.

- En ese contexto, España también ha enfrentado episodios de tensión eléctrica. ¿Qué lecciones deja esa experiencia?

- Lo digo con cautela porque no hay una causa oficial. Pero una hipótesis es que las renovables generan más energía de la que la red puede absorber. 

Fue diseñada antes de su expansión y ese desfase puede colapsar el sistema. 

No basta con producir energía limpia: hay que adaptar infraestructura y normativa. La transición es necesaria, pero debe ser planificada.

- ¿Cómo puede la academia ayudar a que el potencial energético de Ecuador se convierta en proyectos reales?

- La academia conecta conocimiento con acción. Puede desarrollar investigación aplicada, formar profesionales con habilidades prácticas y trabajar directamente con empresas y el Estado en soluciones concretas.

Ayuda a diseñar políticas basadas en evidencia y a reducir la brecha entre lo que se planifica y lo que realmente se ejecuta. Sin esa articulación, el potencial se queda en el papel.

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El costo de no adaptarse

- En un país como Ecuador, con crisis energética, ¿qué tan caro le resulta a una empresa no adaptarse a la sostenibilidad?

- La empresa que no haga esta transición no va a sobrevivir. Ya no es una elección. Hay que ir pensando en la hoja de ruta porque, de aquí a diez años, quien no lo haya hecho no va a estar. 

Y no es solo una cuestión de eficiencia: hay una normativa europea, el Reglamento de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que obliga a las empresas a reportar sus estrategias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). 

Quien no cumpla esos estándares no va a poder participar en esa cadena de valor. Es un tema de competitividad.

Esa obligación también alcanza a empresas latinoamericanas. Las compañías españolas que invierten en la región ya están sujetas al CSRD y exigen los mismos estándares a sus proveedores y socios locales. 

Para una empresa ecuatoriana que quiera mantenerse en esa cadena, cumplir con criterios de sostenibilidad ya no es opcional.

Sostenibilidad sin gran inversión

- Muchas empresas no tienen presupuesto para hacer la transición. ¿Qué puede hacer hoy una empresa sin una gran inversión?

- Lo primero es saber cuánto consumes y qué puedes dejar de consumir. Antes de invertir en tecnología, hay que conocer el punto de partida. 

Muchas veces se piensa en paneles solares, pero el paso inicial es reducir la demanda. 

Los edificios pueden aislarse mejor para necesitar menos climatización, usar equipos de bajo consumo, reutilizar aguas grises o aprovechar residuos orgánicos como biomasa. 

Hay herramientas gratuitas que, con las facturas, permiten hacer una auditoría y entender en qué punto estás. 

Ese primer paso suele generar ahorros significativos sin necesidad de grandes inversiones.

Ayuso lo ejemplifica con una visita a colegios de primaria en Quito. En esa reunión, los propios docentes llegaron a una conclusión que aplica igual a cualquier empresa: la sostenibilidad no es solo reducir consumos, es una manera de estar en el mundo. 

Cuando esa mirada cambia, las acciones concretas siguen solas.

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¿Cómo ve a Ecuador en esa articulación entre academia, empresa y Estado?

- Falta bajar los conceptos a acciones concretas. Pero veo cosas muy positivas: estuve en una mesa con la ministra de Educación y el presidente de la Asamblea, con la UNESCO como moderadora. Que esos actores se sienten juntos ya es una señal. 

Y tenemos proyectos concretos: un doctorado con la Universidad San Francisco de Quito sobre Galápagos y trabajo con la Universidad Técnica Particular de Loja, cuyos estudiantes fueron finalistas en un reto internacional con Heineken. Ecuador tiene con qué.

Talento, tecnología y alianzas

-¿Las empresas están dispuestas a pagar por expertos en sostenibilidad?

Hay una alta demanda. Muchas empresas ya buscan estos perfiles antes de que se gradúen. 

Hoy trabajan en sostenibilidad arquitectos, ingenieros, abogados, médicos: perfiles que no fueron formados para esos puestos porque cuando estudiaron no existían. 

En la próxima década surgirán nuevas profesiones que ni imaginamos. Por eso es clave formar en habilidades transferibles: pensamiento crítico, trabajo interdisciplinario y capacidad de adaptación. 

En ese contexto, las humanidades son más relevantes que nunca.

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- Hay muchas empresas que se dicen verdes. ¿Cómo distinguir sostenibilidad real de marketing?

- Antes que nada, hay que revisar si la empresa tiene una memoria de sostenibilidad, si sigue estándares reconocidos como el GRI o el Pacto Mundial de la ONU, y si ha sido auditada por un tercero verificable. 

La transparencia es clave: quien reporta con datos lo demuestra, quien no, se queda en el discurso.

- ¿La inteligencia artificial puede ser un aliado en sostenibilidad?

- Tiene una doble cara. Los centros de datos consumen enormes cantidades de agua y energía. Pero al mismo tiempo es una herramienta excelente para optimizar consumos y ser más eficientes. Es un aliado, siempre que se use con criterio. 

En las universidades no se trata de prohibirla: se trata de enseñar a usarla de forma responsable, poniendo en valor lo que nos hace humanos: la creatividad, el criterio, la capacidad de aportar lo que una máquina no puede reemplazar.

Lo que debe saber

• Compra estatal en marcha: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca inicia el proceso de compra pública de arroz 2026 con precios de 34 y 36 dólares por saca, alineados al mínimo de sustentación
• Respuesta a la crisis: La medida llega tras el reclamo de productores que denuncian pagos de hasta 21 dólares por saca y mantienen la convocatoria a marcha.
• Proceso con control y trazabilidad: El esquema incluye registro digital, verificación en territorio, cupos por productor y pagos en un plazo máximo de 72 horas.

En medio de la creciente tensión en el campo ecuatoriano, el Gobierno Nacional anunció el inicio del proceso de compra pública de arroz 2026, apenas horas después de que los productores confirmaran una marcha para este lunes 27 de abril en reclamo por los bajos precios y la falta de apoyo estatal.

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca puso en marcha la socialización del instructivo que regulará la compra del grano, una medida que llega en un momento crítico, cuando los agricultores denuncian que la saca de arroz se paga hasta en 21 dólares, muy por debajo del precio mínimo de sustentación.

La decisión responde a lo dispuesto por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 307, y busca establecer reglas claras sobre precios, volúmenes y condiciones técnicas para la comercialización del arroz.

¿Cuándo arranca el proceso?

El proceso arranca este lunes 27 de abril de 2026 en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde se concentra más del 90 % de la producción nacional. Allí, técnicos del Ministerio explicarán a los pequeños y medianos productores cómo acceder al esquema de compra pública, según lo dio a conocer la Cartera de Estado.

La iniciativa contempla un sistema estructurado en siete etapas, que inicia con el registro digital de los productores a través de la plataforma oficial del MAGP. Este paso será obligatorio y permitirá validar quiénes podrán participar, mediante cruces de información y verificaciones en territorio.

Una vez completado el proceso, se definirá el volumen de venta permitido por productor, con rangos que van desde 5,75 hasta 287,5 toneladas métricas, dependiendo de su capacidad productiva comprobada.

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¿A qué precio se venderá el arroz?

Uno de los puntos más relevantes es la fijación de precios referenciales: 36 dólares por saca de 205 libras para arroz de grano largo y 34 dólares para grano corto. Estos valores coinciden con el precio mínimo de sustentación exigido por los agricultores, quienes han advertido que sin ese piso la actividad deja de ser rentable.

Durante la fase de entrega, el arroz deberá cumplir con estándares técnicos específicos, especialmente en humedad e impurezas, y será recibido en centros autorizados bajo controles definidos. Además, el sistema incorporará mecanismos de trazabilidad mediante códigos únicos por productor, lo que permitirá seguir el producto desde su origen hasta su comercialización.

¿En qué tiempo se pagará el arroz?

El Gobierno también promete agilidad en los pagos: los expedientes serán procesados en un máximo de 48 horas y cancelados a través de BanEcuador en un plazo de hasta 72 horas.

Desde el 26 de abril, equipos técnicos ya se encuentran desplegados en territorio realizando verificaciones productivas, como paso previo al inicio formal de las compras, previsto para el 15 de mayo.

Sin embargo, el anuncio llega en medio de un clima de desconfianza. Los arroceros sostienen que medidas anteriores no han logrado estabilizar el mercado y que la sobreoferta, los altos costos de insumos y las distorsiones en la cadena de comercialización siguen golpeando al sector.

La marcha convocada para este lunes no ha sido suspendida, al menos hasta que se escribió este artículo, a parecer se mantiene como una señal de presión. Para los productores, el problema no es solo el anuncio de compra, sino su cumplimiento efectivo y el impacto real en el precio que reciben.

Con este nuevo esquema, el Gobierno intenta intervenir directamente en el mercado arrocero para equilibrar las condiciones. La gran pregunta es si esta vez será suficiente para frenar una crisis que mantiene al campo ecuatoriano en alerta.

Lo que debe saber

• Caso inédito: Una mina ilegal operaría dentro de una base militar en Antioquia, a pocos metros de instalaciones oficiales.
• Investigación en marcha: El Gobierno ordenó una verificación inmediata y advirtió sanciones si hay omisión o vínculos con estructuras criminales.
• Impacto ambiental y criminal: La explotación ilegal de oro genera graves daños ecológicos y financia economías ilícitas en el país.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, ordenó este domingo 26 de abril de 2026 una investigación sobre la explotación ilegal de una mina de oro dentro de una base militar del noroeste del país por parte de la banda criminal Clan del Golfo, con un enorme daño ambiental.

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Al argumentar "cero tolerancia con la minería ilegal y los delitos ambientales", el ministro señaló que no se tolerará "ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales", ni se admitirán "omisiones" en el cumplimiento del deber institucional de combatir la minería ilegal.

La denuncia de este caso, que parece sacado de la fértil imaginación del escritor Gabriel García Márquez y su realismo mágico, se conoció este domingo por un reportaje del fotoperiodista Federico Ríos publicado por el diario The New York Times.

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Arroceros marcharán en protesta por la crisis económica que tiene el sector

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¿Qué grupo maneja la mina?

Según la publicación, la mina 'La Mandinga', operada por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, se extiende dentro del Batallón Militar Rifles, en el departamento de Antioquia, pues imágenes aéreas muestran que la explotación de oro llega "hasta unos 137 metros de la piscina privada y las dependencias de la base".

El reportaje agrega: "Tras compartir las imágenes con los militares y solicitar comentarios, el comandante de la base, el coronel Daniel Echeverry, negó que se estuviera extrayendo oro en su base", pero cuando vio las pruebas dijo estar sorprendido "y prometió tomar medidas enérgicas".

¿Qué ordenó la autoridad?

"En respuesta a la información divulgada en medios de comunicación sobre la explotación minera ilegal que habría en los terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia, he ordenado una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia", manifestó el ministro en un comunicado.

Sánchez agregó que "si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida".

El ministro subrayó el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra la minería ilegal y dijo que este año se han hecho operaciones en alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilegal.

Lo que debe saber

• Investigación en disputa: Aunque el Departamento de Justicia desestimó el caso, Trump insiste en que aún no está cerrado.
• Sospechas de sobrecostos: El foco está en los 4.000 millones de dólares invertidos en la sede de la Reserva Federal.
• Contexto político: El caso coincide con la salida de Powell y el intento de Trump de posicionar a Kevin Warsh como su reemplazo.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este sábado 25 de abril de 2026 que aún no da por cerradas las pesquisas contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por supuesto fraude en la restauración de la sede del organismo en Washington, pese a que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos desestimó ayer viernes la investigación penal.

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"La investigación no se ha archivado. Lo que quiero averiguar es cómo un edificio que yo podría haber construido por 25 millones de dólares pudo costar 4.000 millones", dijo Trump a los medios poco antes de subir en Palm Beach, Florida, al avión presidencial para poner rumbo a Washington.

¿Qué pidió la fiscal?

El viernes, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció en X que su oficina pidió cerrar las pesquisas contra Powell mientras el inspector general de la Fed "exampidióine minuciosamente los sobrecostos de construcción" de la sede del banco central.

Pirro añadió que no dudaría "en reabrir una investigación penal si los hechos así lo justificaran".

"(El supuesto fraude) es algo muy importante, y él (Powell) estaba a cargo. Así que llegaremos al fondo del asunto. Jeanine (Pirro) es fantástica", añadió Trump.

Economía y negocios

Arroceros marcharán en protesta por la crisis económica que tiene el sector

Lina Zambrano

¿Quién es candidato para sustituir a Powell?

El anuncio de Pirro coincide con el proceso en marcha en el Senado para confirmar al candidato de Trump para sustituir a Powell como nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y la amenaza del senador republicano Thom Tillis de bloquear la decisión hasta que la investigación contra Powell fuera desestimada.

El magnate neoyorquino ha mostrado abiertamente su descontento con el presidente de la Fed, que abandonará el cargo en mayo y al que exige una bajada agresiva de los tipos de interés en EE. UU.

Trump ha llegado a llamar "cretino" a Powell bajo el argumento de que con su 'lentitud' está afectando a la economía estadounidense.

En marzo, un juez federal en Washington consideró nulas las citaciones judiciales contra Powell al dictaminar que la investigación abierta por el Departamento de Justicia tuvo motivaciones políticas.

Lo que debe saber

• Precio en crisis: El arroz se paga hasta en 21 dólares por saca, muy por debajo del precio mínimo de sustentación que está entre 34 y 36 dólares.
• Costos al alza: Insumos suben hasta 50 %, como efecto del conflicto que hay en Medio Oriente, afectando la rentabilidad.
• Presión al Gobierno: Piden emergencia agropecuaria, controles y precios justos. Además que se cumpla con la promesa de comprar 20.000 toneladas del alimento de parte del Estado.

La tensión en el campo ecuatoriano vuelve a escalar. Este lunes 27 de abril de 2026, los productores de arroz participarán en una marcha pacífica en la provincia de Los Ríos para exigir lo que consideran condiciones mínimas de supervivencia: un precio justo por su producto y medidas urgentes frente al aumento de costos. Así indicó a Diario EXPRESO José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

Esta sería la segunda marcha en este año, en marzo realizaron otra en Daule por la misma razón de que las piladoras no pagan el precio mínimo de sustentación.

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La marcha partirá desde las 07:00 en Babahoyo y avanzará hasta la Gobernación provincial. Según sus organizadores, será una protesta pacífica, pero con un mensaje contundente: el sector arrocero está en crisis.

¿Por qué protestan los arroceros?

El principal reclamo es el desplome del precio del arroz en cáscara. Según los productores, actualmente se paga hasta 21 dólares por saca, incluso cuando el grano está seco y limpio.

“Si quieren, a ese precio”, denuncian, señalando que los intermediarios no reconocen la inversión, el esfuerzo ni los costos de producción.

Frente a esto, exigen que se respete un precio mínimo de 34 dólares para grano corto y 36 dólares para grano largo, como una medida de seguridad jurídica y sostenibilidad económica.

Economía y negocios

Los arroceros de Daule marchan para exigir un pago justo por su cosecha

Lina Zambrano

¿Qué está pasando con los costos de producción?

Mientras el precio del arroz cae, los insumos suben de forma acelerada. Los agricultores aseguran que los costos han aumentado hasta un 50 % más que en el mercado internacional.

Ejemplos concretos:

Este desbalance ha generado un escenario de sobreendeudamiento en el sector, donde muchos productores ya no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, remarcó García.

¿Cómo influye el conflicto comercial con Colombia?

El panorama se agrava por las restricciones comerciales con Colombia, considerado el mercado natural para los excedentes de arroz ecuatoriano.

Según Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto, las limitaciones al ingreso de productos como arroz y plátano, junto con el aumento de aranceles, han reducido la capacidad de exportación. Esto provoca sobreoferta interna y presiona aún más los precios a la baja.

¿Qué reclaman al Gobierno?

Los arroceros plantean varias demandas urgentes:

Además, cuestionan que las medidas anunciadas por el Ejecutivo no han sido suficientes para frenar la crisis.

¿Qué impacto tiene en los consumidores?

Aunque el productor recibe menos, el consumidor final no ve una reducción proporcional en los precios. Esta distorsión evidencia fallas en la cadena de comercialización, donde los intermediarios concentran el margen de ganancia.

¿Qué otros temores enfrenta el sector?

Los agricultores también advierten sobre el impacto de acuerdos comerciales a largo plazo. Señalan que en el futuro el arroz de Estados Unidos podría ingresar sin aranceles ni cupos, lo que consideran una amenaza directa a la producción nacional.

La movilización en Los Ríos no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema estructural: precios deprimidos, costos elevados y mercados restringidos.

Con la cosecha invernal en marcha, el tiempo juega en contra de los productores. La marcha busca visibilizar una realidad que, según ellos, ya no puede esperar.

Lo que debe saber

• Depuración masiva: Se revisaron más de 2.100 productos y se eliminaron 30 principios activos.
• Más restricciones: Algunos medicamentos pasan a requerir receta médica.
• Enfoque en seguridad: La medida responde al aumento de automedicación y riesgos en temporada invernal.

En medio de un repunte de enfermedades respiratorias y un uso creciente de la automedicación, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) anunció la actualización oficial del listado de Medicamentos de Venta Libre (MVL), marcando un giro clave en la política de control sanitario del país.

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La decisión no es menor. Tras un análisis técnico riguroso basado en un Informe, Arcsa revisó más de 2.100 productos con registro sanitario vigente. El resultado: una depuración profunda del mercado farmacéutico que busca garantizar que los medicamentos disponibles sin receta sean realmente seguros, eficaces y adecuados para el autocuidado.

El nuevo listado reemplaza al publicado en 2024, que incluía 464 principios activos. En esta actualización se identificaron inconsistencias regulatorias, productos sin registro vigente y sustancias que ya no cumplen con estándares internacionales para su uso sin supervisión médica.

La medida se alinea con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que establece criterios estrictos para considerar un medicamento apto para venta libre: seguridad comprobada, bajo riesgo de efectos adversos graves, ausencia de potencial de abuso y que no interfiera con diagnósticos médicos oportunos.

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El techo del precio del maíz es 19,61 dólares: el Gobierno oficializa la franja

Lina Zambrano

¿Cuál fue la depuración que impacta al consumidor?

Uno de los puntos más relevantes es la exclusión de 30 principios activos del listado. ¿La razón? Riesgos asociados como toxicidad, necesidad de control médico o cambios en su clasificación regulatoria.

Además, Arcsa fue más allá: eliminó del listado sustancias que ni siquiera corresponden a medicamentos, como ciertos suplementos, y compuestos con alertas internacionales por su peligrosidad, entre ellos el triclosán, el mercurio cromo y el subacetato de plomo.

También se recategorizó un grupo de fármacos que ahora requerirán receta médica obligatoria, reforzando así el control sobre su uso.

¿Qué no es bueno automedicarse?

El anuncio llega en un momento sensible. Durante la temporada invernal, el aumento de infecciones respiratorias ha disparado el consumo de medicamentos sin supervisión médica.

Frente a este escenario, Arcsa mantiene restricciones específicas para productos como antigripales con ácido acetilsalicílico, antitusígenos y ciertos antiinflamatorios. El objetivo es claro: evitar complicaciones, diagnósticos tardíos y riesgos en poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores.

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¿Cuál es la responsabilidad del cliente final?

La actualización no solo apunta a la industria, sino también al comportamiento del consumidor. La entidad insiste en que el autocuidado debe ser informado y responsable.

Entre sus principales recomendaciones están:

Este ajuste regulatorio forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema sanitario ecuatoriano, con revisiones periódicas basadas en evidencia científica, alertas internacionales y el perfil epidemiológico del país.

En un mercado donde la automedicación es práctica común, la nueva lista de medicamentos de venta libre redefine los límites entre acceso y seguridad. El mensaje es claro: no todo lo que se vende sin receta es inofensivo, y el control sanitario se vuelve cada vez más estricto.

Lo que debe saber

• Precio regulado: Se fija una banda entre 17,45 y 19,61 dólares para el maíz amarillo duro.
• Decisión sin consenso: El Gobierno adoptó la propuesta técnica pese a desacuerdos en el sector.
• Base constitucional: La medida se respalda en la soberanía alimentaria y la regulación del mercado.

En un contexto marcado por la necesidad de estabilizar el mercado agroalimentario y garantizar reglas claras para todos los actores, el Gobierno de Ecuador oficializó una nueva franja de precios para el maíz amarillo duro. La medida fija un precio piso de 17,45 dólares y un techo de 19,61 dólares, convirtiéndose en un punto de referencia obligatorio dentro de la cadena productiva.

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El acuerdo ministerial, suscrito en abril de 2026 en Quito, se sustenta en principios constitucionales clave como la seguridad jurídica, la soberanía alimentaria y la regulación estatal de los mercados. Según el documento, el Estado tiene la responsabilidad de intervenir cuando existan distorsiones, prácticas especulativas o riesgos para la producción nacional.

¿Hubo consenso en el Consejo?

La decisión se tomó tras la reunión del Consejo Consultivo de la Cadena Agroalimentaria del Maíz Amarillo, Balanceados y Productores de Proteína Animal, realizada en Guayaquil el 26 de marzo de 2026. Aunque no hubo consenso entre los sectores involucrados, la autoridad resolvió adoptar la propuesta técnica del Ministerio como definitiva.

Este punto es clave: el Consejo Consultivo tiene carácter únicamente consultivo, por lo que la decisión final recae en la autoridad ministerial. Así lo establece la normativa vigente, que faculta al Ejecutivo a definir políticas públicas estratégicas incluso sin acuerdo entre actores privados.

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Desde el punto de vista legal, el acuerdo se apoya en varios artículos de la Constitución ecuatoriana. Entre ellos, el artículo 281, que define la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico del Estado, y el artículo 335, que permite regular precios para evitar abusos de mercado como la especulación o el monopolio.

Además, la normativa reconoce la libertad de producción y comercialización, pero establece excepciones claras cuando se trata de bienes estratégicos, como los alimentos. En este caso, el maíz es un insumo fundamental para la producción de balanceados y proteína animal, lo que impacta directamente en productos como pollo, cerdo y huevos.

La medida también responde a un proceso más amplio de reorganización institucional. Tras la fusión del Viceministerio de Acuacultura y Pesca con el Ministerio de Agricultura, el nuevo ente amplía su capacidad de intervención en cadenas productivas clave.

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¿Qué se busca con la franja de precios?

En términos prácticos, la franja de precios busca evitar caídas abruptas que afecten a los productores, así como incrementos excesivos que perjudiquen a la industria y, en última instancia, al consumidor. Es un intento de equilibrio en un mercado históricamente tensionado.

Sin embargo, la falta de consenso evidencia que el conflicto entre sectores persiste. Productores e industriales mantienen posturas divergentes sobre lo que consideran un precio justo, lo que anticipa posibles nuevos debates en los próximos meses.

El acuerdo ya está en vigencia desde su suscripción, independientemente de su publicación en el Registro Oficial, y deroga la normativa anterior emitida en abril de 2025.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos sobre Irán el 28 de febrero, el Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, con excepción de una apertura esporádica entre el 17 y el 18 de abril. El cierre de esta arteria del comercio marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico ha tenido efectos en la operatividad de las exportaciones bananeras del Ecuador y en el futuro del acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos.

Entre enero y marzo de 2026, Ecuador exportó más de 108 millones de cajas de banano, de las cuales 13 millones se dirigieron a Medio Oriente, explicó el presidente de Acorbanec, Richard Salazar. Sin embargo, ante la dificultad de acceder a los mercados del golfo Pérsico (Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Kuwait, Omán y Catar) se han presentado caídas frente a lo exportado en 2025 que oscilan entre el 24% y el 100%, producto del impacto del conflicto en la región. Mientras que el incremento en las exportaciones hacia Arabia Saudita, Turquía y Siria amortiguó el impacto, limitando la caída del bloque regional a 2,16% frente a 2025.

El caso más extremo es Iraq, que dejó de recibir exportaciones de banano ecuatoriano por completo, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Kuwait registraron retrocesos superiores al 40%. En conjunto, el volumen enviado a estos seis países se redujo casi 1,96 millones de cajas frente al mismo período de 2025.

Marianella Uvilla, vicepresidenta de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), recuerda que el quiebre se produjo en la semana 10. “La logística se redujo a tres días de la semana, hasta que las navieras mandaron comunicados de que no se podía ir por mucho riesgo”, señaló. Las líneas suspendieron la ruta directa hacia Ormuz, aplicaron un recargo por riesgo de entre $3.000 y $4.000 y obligaron a rediseñar rutas.

Las cargas se desviaron hacia puertos en Omán y Arabia Saudita. En paralelo, surgieron rutas indirectas como Mersin, en Turquía, desde donde la fruta se moviliza por vía terrestre hacia los mercados del Golfo Pérsico en un plazo adicional de 48 a 72 horas.

En total, los tiempos logísticos se han extendido entre dos y cuatro días frente a la ruta habitual. Uvilla describe que las terminales portuarias “no estaban en capacidad para recibir tanta carga y no estaban automatizados”, generando congestión.

Con una participación cercana al 15% del banano ecuatoriano en los mercados de Medio Oriente, el conflicto bélico podría contraer entre dos y tres puntos porcentuales ese posicionamiento el próximo año, llevándolo a niveles cercanos al 11%. “A largo plazo va a reducirse la participación del mercado establecido”, advierte Uvilla.

En el mercado, los precios spot han mostrado variaciones en línea con el comportamiento de la demanda. La menor movilidad de personas, la salida de población en algunos países y la caída del turismo han ralentizado el consumo.

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La coyuntura se traslada a los precios

Datos proporcionados por Acorbanec muestran que el precio spot del banano ecuatoriano arrancó el año en $8,05 por caja y escaló de forma sostenida hasta tocar su pico de $11,95 en la semana 6 (primera quincena de febrero). A partir de ahí, el precio registró una caída y se mantuvo volátil en las semanas siguientes. Hacia la semana 16 (13 al 19 de abril) el precio cerró en $4,75, menos de la mitad del máximo registrado diez semanas antes. El promedio del período se ubica en $8,24, por encima del precio mínimo de sustentación (PMS) de $7,50.

Sin embargo, desde el campo los productores advierten otras distorsiones. Franklin Torres, presidente de la Federación de Productores Bananeros del Ecuador (FENABE), señala que el precio en finca llegó a caer hasta $3 por caja y aunque se ha recuperado lentamente, en las últimas semanas se ha comercializado en promedio a $5.

El gremio estima que para un productor pequeño de 500 cajas semanales comercializar a esos precios significa una pérdida de $2.500 por semana; multiplicado por ocho semanas el daño asciende a $20.000 por finca. “Como en 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania, el sector exportador busca un pretexto para pagar precios bajos”, afirmó Torres. 

La consecuencia más grave, señala el líder gremial, no es solo económica: las fincas presentan una fragilidad creciente frente a enfermedades, pues sin liquidez los productores no pueden cubrir el gasto semanal de control fitosanitario. "Las consecuencias se sentirán en las próximas semanas y meses, cuando muchas fincas tengan que salir del mercado", alertó.

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Acciones pendientes

Frente a los desafíos logísticos, Uvilla recuerda que en el primer toque de queda y en medio de la escasez de contenedores, “la fruta se quedó 96 horas sin conexión, hasta cuatro días botada en las empacadoras”, lo que frenó el crecimiento sectorial de 8% a 5,5% hasta la semana 15. 

Por ello, la vicepresidenta de AEBE califica de “insensato” no contar con salvoconductos y rutas permitidas para exportaciones y enfatiza en la necesaria coordinación con la Subsecretaría de Puertos y los ministerios de Interior y Transporte. 

Por su parte, Acorbanec señaló que, hasta el cierre de esta edición, no han recibido respuesta de las instituciones del Estado sobre el pedido de trabajo conjunto para el diseño de medidas que permitan la eficiencia y continuidad en las operaciones exportadoras.

Alistar motores, mientras el conflicto acaba

El conflicto irrumpe en un momento clave para la relación comercial con la región. El Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con Emiratos Árabes Unidos contempla preferencias arancelarias para el 90% de la oferta agrícola ecuatoriana. La Federación Ecuatoriana de Exportadores proyectó que el acuerdo impulsaría un crecimiento del 30% anual en el intercambio que ya fue ratificado por la Corte y está pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional.

Xavier Rosero, presidente de Fedexport señala que el contexto actual refuerza la necesidad de avanzar en la ratificación interna mientras se estabiliza el escenario logístico internacional. 

La expectativa del sector es que el acuerdo se ponga en marcha en el segundo semestre del año o a más tardar en el tercer semestre. Puesto que desde la lectura de la federación en un mercado global con costos elevados, el acuerdo puede convertirse en una ventaja competitiva: “los compradores en Oriente Medio van a buscar proveedores que tengan precios mucho más flexibles”, por lo que su entrada en vigencia podría facilitar el posicionamiento del producto ecuatoriano.

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E l tiempo avanza y con ello la amenaza de Ecuador de duplicar los aranceles a los productos colombianos. Una medida, justificada desde el Gobierno bajo el paraguas de la seguridad, pero que tiene un efecto que irá más allá del encarecimiento de bienes de consumo: el riesgo real de desabastecimiento de productos que la industria local no produce o no genera en cantidad suficiente para sustituir a buen ritmo lo que viene del vecino país.

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Medicamentos en riesgo: más de 40 enfermedades dependen de importaciones

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El bolsillo importa, sí; pero detrás de cada tratamiento médico que podría escasear, hay vidas, personas vulnerables a quienes se las debe proteger.

En la reciente rendición de cuentas de la ministra de Finanzas destacó el crecimiento de la economía no petrolera que el último año fue de 4,3 %, algo por encima que la economía en su conjunto, que creció en 2025 el 3,7 %. Los datos que tengo disponibles no me permiten hacer la separación de petrolera y no petrolera ya que en los reportes de cuentas nacionales juntan Petróleo y Minas, así que la presente columna se enfocará en el crecimiento de la “economía no petrolera ni minera”, pero no se verá exclusivamente el año después del rebote. Vale la pena ver la última década.

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Crecimiento de la economía no petrolera en Ecuador 2025

La población ecuatoriana en 2015, de acuerdo a los datos del INEC, fue 16,4 y llegó a 18,9 millones de habitantes al finalizar diciembre de 2025. En esa década la población creció 1,5 % en promedio anual.

El PIB total en 2015 fue $ 101 mil millones. Petróleo, minas y Derivados de petróleo sumaban $ 10.224 millones (M) y por diferencia la economía no petrolera, ni minera fue $ 90.846M. Diez años después, en 2025, el PIB total en dólares reales fue $ 117.228M. Petróleo, minas y derivados caen a $ 9.039M. Terrible. La economía que no es petróleo, derivados, ni minas, llegó a $ 108.189M.

Al ponerle datos de crecimiento promedio en la última década, en el mismo orden señalado, crecen 1,5 %, -1,2 % y 1,8 %. Visto así no hay ninguna maravilla en ninguna de las tres categorías. Mientras el petróleo y derivados retroceden, la economía que no depende de ellos apenas logra sostenerse. Petróleo, Minas y Derivados de petróleo se ha convertido en un lastre para la economía; resta en lugar de sumar. Al sector minero le recomendaría que hagan la gestión ante el Banco Central para que los separen de la categoría Petróleo y Minas, ya que su aporte, seguramente positivo, se pierde ante tan mala compañía.

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Crecimiento poblacional vs. crecimiento económico

En la última década, la economía ecuatoriana solo ha crecido al mismo ritmo que la población. En términos per cápita, no hay avance: más producción, sí, pero también más bocas que alimentar.

Un crecimiento de 1,8 % anual para el sector no petrolero, ni minero, puede sonar aceptable, pero en la práctica significa que el ingreso por habitante apenas se mueve, dejando intacta la sensación de estancamiento.

En la década reciente, para petróleo, minas y derivados de petróleo, su crecimiento ha sido negativo en siete ocasiones. La otra economía, en los últimos tres años bisiestos (2016, 2020 y 2024) ha tenido caída y posteriores rebotes declinantes. Si fuera tan sencillo como sumar, al crecimiento de 4,8 % de 2025 lo acompañarán menores crecimientos de los años siguientes y otra crisis en 2028. No es la suerte del calendario, es la ausencia de políticas que rompan el ciclo. Si la economía ecuatoriana tropieza cada año bisiesto, quizá no sea azar: es el reflejo de un ciclo político que repite la incertidumbre preelectoral como destino.

El crecimiento señalado para el sector no petrolero de 4,3 % en 2025 puede sonar alentador, pero sin reformas estructurales será solo un espejismo. La economía ecuatoriana necesita romper con la dependencia de los ciclos políticos y con el lastre del sector petrolero. De lo contrario, el 2028 nos encontrará otra vez en crisis, como si el calendario dictara nuestra suerte.

Lo que debe saber

• Actualización oficial: La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) incluyó 381 medicamentos de libre venta con concentraciones seguras.
• Qué se puede comprar sin receta: El listado contempla una variedad de vitaminas y silimarina. Fármaco como el ambroxol, que para la tos, puede ser restringidos por el ministerio de acuerdo al contexto epidemiológico.
• Controles y sanciones: Las farmacias deben respetar la exigencia de receta en medicamentos restringidos; incumplir puede implicar multas de hasta cinco salarios básicos.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) actualizó el listado de medicamentos de libre venta en el país, incorporando productos autorizados bajo concentraciones consideradas seguras para su uso sin prescripción médica. El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial en la red social X.

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Los fármacos de libre venta, conocidos también como over the counter (OTC), no requieren receta médica para su adquisición. Según Arcsa, este tipo de productos está orientado a fortalecer el autocuidado de la población, siempre que se utilicen de manera responsable.

¿Cuántos medicamentos incluye la lista?

El nuevo listado incluye 381 productos, entre ellos diversas vitaminas como la A, B12 y C, además de compuestos como la silimarina, un hepatoprotector que contribuye a la regeneración y protección de las células del hígado. También figuran medicamentos como el ambroxol clorhidrato, un mucolítico y expectorante utilizado en afecciones respiratorias con presencia de flema, así como otros tratamientos para la tos. Aunque este último queda sujeto a restricciones de acuerdo al contexto epidemiológico nacional determinado por la Autoridad Sanitaria Nacional, Ministerio de Salud Pública.

Por ejemplo,durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, varios medicamentos antigripales dejaron de ser de libre venta y pasaron a requerir receta médica. Esta medida buscaba controlar su uso en un contexto donde la automedicación era frecuente en el país, una práctica aún arraigada entre los ciudadanos que suelen acudir directamente a farmacias sin consultar a un médico.

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¿Hay multa para la farmacia que venda sin receta médica?

Arcsa recordó que las farmacias deben cumplir con la normativa vigente. Esto incluye no dispensar medicamentos que requieren receta sin la debida prescripción médica. El incumplimiento puede acarrear sanciones que van desde tres hasta cinco salarios básicos unificados, lo que actualmente equivale a multas entre 1.446 y 2.410 dólares.

Además, los establecimientos están obligados a presentar reportes de sus ventas, con el fin de garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. La entidad insiste en que, aunque el acceso a medicamentos OTC facilita el tratamiento de dolencias leves, su uso debe ser informado y prudente para evitar riesgos a la salud.

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El FMI anticipa en revisión más ajustes tributarios para este 2026 en Ecuador

Lisbeth Zumba

Así lo aclaró la cartera de Estado, este sábado 25 de abril de 2026, en un escueto comunicado,  para desmentir una publicación de este Diario, que enfoca su análisis en los planes económicos, acordados con el FMI.  "El Ministerio de Economía y Finanzas desmiente la información difundida por diario Expreso y aclara que no se adoptarán nuevos ajustes tributarios, como erróneamente se ha intentado sugerir", señaló la cartera de Estado. 

La aclaración se da pese a que en el informe del FMI,  el organismo y las autoridades ecuatorianas detallan la recomendación y el compromiso de continuar con la racionalización de los gastos tributarios, con el fin de seguir reajustando la situación fiscal, conforme a la trayectoria de consolidación del programa.

Estas medidas, dice el informe, se centran en racionalizar el gasto tributario y fortalecer la recaudación de ingresos, para generar alrededor del 1,3 % del PIB durante los años 2026 y 2027. 

Según ese documento, el país no cumplió con las metas fiscales de finales de 2025 y enero de 2026, debido a menores ingresos petroleros, mayores gastos tributarios de lo previsto y los costos derivados de la reforma a los subsidios al diésel.

El propio organismo, no obstante, reconoce que el Gobierno adoptó acciones correctivas inmediatas, entre ellas la delimitación del alcance de los bienes y servicios sujetos al IVA, un ajuste que ya comenzó a aplicarse y que afecta principalmente a alimentos procesados.

El uso de notas de crédito se restringe desde mayo

Si bien lo del IVA ya empezó a aplicarse, el programa sugiere que otros ajustes, para alcanzar la meta de ingresos, se seguirían dando vía  racionalización de los gastos tributarios (exenciones), con el refuerzo de controles sobre las devoluciones del IVA, el fortalecimiento del régimen de anticipos y retenciones del impuesto sobre la renta y la restricción del uso de notas de crédito (a partir de mayo) para cumplir con las obligaciones tributarias.

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¿Qué dicen los expertos?

El anuncio del Ministerio contrasta con la lectura de analistas consultados al respecto. Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, considera que los ajustes continuarán bajo la misma línea, aunque no necesariamente bajo la forma de una reforma tributaria formal. Estos vendrían vía decretos o resoluciones, como hasta ahora se ha hecho. "Yo creo que vamos a seguir viendo algunos ajustes en estas líneas para aumentar la recaudación, tratando de que sea un recargo sobre aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, que se eliminen ciertas exenciones y que se revisen temas de subsidios", afirmó. 

Para Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, la meta de ingresos es ambiciosa y su cumplimiento, aún incierto. Estima que los impuestos solo aportarían el 0,8 % del PIB de la meta general de ingresos -unos 1.106 millones de dólares- entre reformas ya implementadas y las que podrían venir. "Habría que preguntarse si realmente se conseguirán esos ingresos adicionales y si se va a poder reducir el gasto, principalmente en salarios", advirtió. 

Lo que debe saber

• Ecuador ha recaudado 46 millones de dólares en dos meses por sobretasas de hasta 100 % a importaciones desde Colombia.
• Si la Comunidad Andina (CAN) falla en contra, el país deberá devolver ese monto en un plazo de 30 días.
• La devolución no será en efectivo: se hará mediante notas de crédito tributario gestionadas ante el Senae y el SRI.

Ecuador enfrenta un posible revés en el ámbito comercial regional. Si la Comunidad Andina (CAN) falla en su contra, el país deberá devolver a Colombia, en un plazo de 30 días, los 46 millones de dólares recaudados por las sobretasas aplicadas a sus importaciones.

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Estas sobretasas, que escalaron progresivamente del 30 % al 100 %, fueron implementadas como una medida de presión para que Colombia refuerce los controles en la frontera y reduzca el ingreso de droga hacia territorio ecuatoriano. Según el Gobierno, la falta de control genera costos operativos adicionales para el Estado ecuatoriano.

El monto recaudado evidencia la magnitud de la medida. En apenas dos meses, Ecuador duplicó los ingresos generados por esta tasa. A inicios de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa informó que se habían obtenido 20 millones de dólares; hoy la cifra asciende a 46 millones.

La evolución del recargo ha sido sostenida. En febrero se aplicó una tasa del 30 %, en marzo subió al 50 % y, desde el 1 de mayo, alcanzará el 100 %. Este incremento ha marcado un punto de tensión en la relación comercial entre ambos países.

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¿Cómo será la devolución de la tasa?

En caso de que la CAN determine que Ecuador debe revertir el cobro, el proceso no implicará una devolución directa en efectivo. Los importadores afectados deberán presentar solicitudes individuales por pago indebido ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Como es habitual en este tipo de procesos, la compensación se realizaría mediante notas de crédito tributario. Este mecanismo permite a los contribuyentes utilizar esos valores para el pago de futuras obligaciones fiscales, en lugar de recibir un reembolso en dinero.

La resolución final de la CAN será clave para definir el futuro de esta medida y sus efectos en la relación comercial entre Ecuador y Colombia, así como en las finanzas públicas y en los importadores involucrados.

Lo que debes saber

• Durante el feriado del Día del Trabajo en Ecuador (30 de abril al 3 de mayo), los bancos no atenderán presencialmente, ya que es un descanso obligatorio a nivel nacional.
• Los servicios bancarios digitales y alternativos seguirán funcionando, como la banca en línea, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y corresponsales no bancarios.
• Algunas transacciones se procesarán de forma diferida y se acreditarán después del feriado.

Durante los próximos días de feriado, por el Día del Trabajo, cuya celebración en Ecuador iniciará el 30 de abril, los bancos privados no atenderán de forma presencial en sus agencias, ya que se trata de días de descanso obligatorio a nivel nacional. No obstante, las entidades mantendrán disponibles otras vías para sus clientes.

El próximo 1 de mayo será feriado en Ecuador cuando se conmemore el Día Internacional del Trabajo. El presidente del país, Daniel Noboa, mediante Decreto Ejecutivo amplió el descanso desde el 30 de abril formando un puente de cuatro días que concluye el próximo domingo 3 de mayo.

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¿Qué servicios bancarios funcionarán?

Durante esos días, según ha informado la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), los bancos privados del país mantendrán activos sus servicios digitales, por lo que los clientes podrán seguir realizando operaciones a través de la banca en línea y aplicaciones móviles, como transferencias, pagos y consultas. También seguirán funcionando los cajeros automáticos y los corresponsales no bancarios (como Banco del Barrio y Mi Vecino).

¿Cuándo llegarán las transferencias hechas el jueves o viernes?

La Superintendencia de Bancos indicó, además, en un escrito, que por estos días de feriado varios procesos se receptarán como diferidos. Por ejemplo, los pagos interbancarios que se realicen entre el 30 de abril y el 1 de mayo se reflejarán recién el lunes 4 de mayo.

Pasará igual con el Sistema de Cobros Interbancarios (SCI) y el Sistema de Recaudación Pública – SRP (incluido SRI y SENAE).

Por otro lado, durante el 30 de abril y el 1 de mayo, la Superintendencia detalló que no estarán habilitados el Sistema de Pagos en Línea (SPL), el Sistema de Cámara de Compensación Especializada (CCE), el Sistema Transferencias Paquetes en Línea (TPL), los giros al y del exterior ni los depósitos y retiros de especies monetarias.

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El servicio bancario es una obligación

La normativa laboral ecuatoriana exige que, incluso en feriados, se garantice la provisión de servicios públicos esenciales, entre ellos los servicios bancarios mínimos, lo que explica la disponibilidad de cajeros, corresponsales y banca digital. Es así que, mediante Decreto Presidencial, el mandatario del país reportó a las entidades públicas su obligación de mantener sus canales activos.

“Durante los días de descanso obligatorio, se deberá garantizar la provisión de servicios públicos básicos de agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y servicios bancarios; en los cuales las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público deberán disponer que se cuente con el personal mínimo que permita atender satisfactoriamente las demandas de la colectividad”, dice el decreto.

Lo que debes saber

• Ecuador tendrá un feriado de cuatro días por el Día del Trabajador, extendido mediante decreto del 30 de abril al 3 de mayo, y será de descanso obligatorio.
• Las personas que trabajen en feriado deben recibir un pago extra, equivalente al doble de la hora normal o con recargos establecidos por la ley.
• Si el empleador no paga correctamente, el trabajador puede reclamar ante el Inspector del Trabajo, el Ministerio del Trabajo o los Jueces del Trabajo, quienes pueden sancionar o exigir el pago adeudado.

Ecuador se prepara para un feriado de cuatro días. El próximo viernes, 1 de mayo, el país celebrará el Día Internacional del Trabajador. No obstante, mediante Decreto, el presidente del país amplió los días de feriado para crear un puente de descanso de cuatro días, iniciando desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo.

Todos los días mencionados son de descanso obligatorio, según lo establece el Código del Trabajo en su artículo 55. Es decir, los trabajadores no laborarán en esos días y recibirán su paga por esas jornadas de feriado.

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¿Cuál es el pago por trabajar en feriado?

De acuerdo con la normativa, en general, está prohibido exigir trabajo en días de descanso obligatorio. Sin embargo, existen excepciones por necesidad de evitar daños graves, accidentes, casos fortuitos o porque la naturaleza de la industria no permite la interrupción, señala el reglamento.

Pero si los trabajadores deben laborar en estos días de feriado y descanso, la misma norma establece un pago equivalente a la remuneración íntegra de dos días. Lo que quiere decir que, si un trabajador labora el sábado o el domingo, el trabajo debe ser pagado con un 100% de recargo (el doble de la hora normal).

La ley también dice que en industrias donde no se pueda interrumpir la actividad en días de descanso, el empleador debe designar otro día de la semana para el descanso o pagar la remuneración con el recargo por trabajo extraordinario.

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¿Qué pasa si tu empleador no quiere reconocerte el pago extra?

De acuerdo con el Código del Trabajo, si el empleador no cumple con el pago de estas remuneraciones o recargos, el trabajador puede acudir a las siguientes instancias:

Lo que debe saber

• El sistema eléctrico opera al límite por falta de inversión y planificación sostenida. 
• La alta dependencia hidroeléctrica y baja capacidad térmica aumentan el riesgo de apagones.
• Experto pide una política energética de largo plazo y mayor apertura a la inversión privada.

El sector energético ecuatoriano vuelve a estar bajo presión. Más allá de los cambios de autoridades, el problema parece repetirse: decisiones de corto plazo, falta de planificación y una estructura institucional débil que no logra sostener políticas a largo plazo.

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Para el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, el país arrastra errores estructurales que explican la situación actual. “Es el resultado de décadas de decisiones políticas que han priorizado el discurso sobre la técnica y los intereses de grupos específicos sobre el bien común”, sostuvo en una entrevista en Ecuavisa.

¿Cuál es el principal problema?

Uno de los principales problemas, según el experto, es la falta de equipos técnicos sólidos en áreas clave. Energía, petróleo y ambiente requieren especialistas, pero además una coordinación eficiente dentro de un “superministerio” que agrupa sectores altamente complejos. “No es trabajo de una sola persona, sino de un equipo con experiencia”, enfatizó.

En el ámbito eléctrico, el desafío pasa por cambiar el modelo de desarrollo. Ecuador mantiene un esquema predominantemente estatal, pese a que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir la inversión requerida. Aunque se han aprobado reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la más reciente en marzo de 2026, el reglamento aún está en proceso, lo que mantiene en pausa la entrada de inversión privada.

Mientras tanto, el sistema opera al límite. Desde octubre de 2023, el país ha enfrentado apagones recurrentes, especialmente en momentos de transición política. La alta dependencia de la generación hidroeléctrica, que puede cubrir hasta el 90 % de la demanda en condiciones óptimas, se convierte en una vulnerabilidad cuando disminuyen los niveles de agua.

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¿Qué agrava el problema?

La falta de capacidad termoeléctrica suficiente agrava el problema. A esto se suman fallas en planificación y procesos contractuales que no lograron concretar la incorporación de nueva generación. “El sistema sigue trabajando en modo de estrés”, advirtió Aspiazu.

Las debilidades no se limitan a la generación. También hay problemas en transmisión, distribución y comercialización, donde la infraestructura opera cerca de su capacidad máxima. En la Costa, varias subestaciones funcionan al 100 %, con riesgos de interrupciones y problemas de voltaje en ciudades como Manta, Santa Elena, Guayaquil y Machala.

A esto se suma la inestabilidad institucional. La alta rotación de ministros y equipos técnicos ha impedido consolidar procesos, afectando la planificación y la credibilidad del país frente a inversionistas. “La institucionalidad del sector público es débil y eso se traduce en atrasos acumulados”, explicó.

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¿Cuál es la situación en el frente petrolero?

En el frente petrolero, el diagnóstico no es más alentador. La ley vigente data de 1978 y no refleja los cambios de la industria global. La falta de inversión en exploración ha llevado a consumir reservas sin reponerlas, mientras la producción muestra una tendencia decreciente desde hace más de una década.

Frente a este escenario, el experto plantea la necesidad de una política energética de Estado que trascienda los gobiernos de turno. Un plan de largo plazo, de 30 o 50 años, permitiría dar estabilidad al sector, algo que hasta ahora no se ha logrado.

Otro punto crítico es el esquema tarifario. Los subsidios distorsionan el mercado y desincentivan la inversión privada. Sin ajustes progresivos que reflejen los costos reales, será difícil atraer capital para nuevos proyectos de generación.

A pesar de los avances normativos recientes, el país sigue en una etapa de transición. La apertura a la inversión privada, especialmente en esquemas como la autogeneración, aparece como una alternativa para aliviar la presión sobre el sistema.

Sin embargo, el tiempo apremia. Con un sistema que funciona al límite y una demanda creciente, el desafío no es solo evitar nuevos apagones, sino romper un ciclo de improvisación que se repite desde hace décadas.

Lo que debe saber

• Los arroceros marcharon en Babahoyo este lunes 27 de abril de 2026 pese al inicio de la compra estatal de 20.000 toneladas.
• Los producores de arroz denuncian precios por debajo del costo de producción y caída de exportaciones a Colombia, lo que los tienen en una crisis económica.
• Los arroceros exigen declarar en emergencia al sector y aplicar medidas estructurales urgentes.

Aunque el Ministerio de Agricultura anunció que este lunes 27 de abril de 2026 iniciaba el proceso para que el Estado compre 20.000 toneladas de arroz, los productores decidieron salir a las calles. En Babahoyo, epicentro de la producción arrocera, decenas de agricultores participaron hoy en una marcha pacífica para exigir respuestas más profundas ante la crisis que golpea al sector.

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Los arroceros aseguran que la compra estatal no soluciona el problema de fondo. Señalan que existe una lista de necesidades urgentes que va más allá de la adquisición del grano, en un contexto marcado por bajos precios, caída de exportaciones y altos costos de producción.

“Además, desde el año anterior las piladoras vienen pagando a los arroceros precios por debajo del costo de producción y el Gobierno no ha hecho nada para regular esto”, afirmó Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto, en declaraciones a Diario EXPRESO.

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¿Cómo afecta a los arroceros la tasa a Colombia?

A esta situación se suma el impacto de las medidas comerciales entre Ecuador y Colombia. Los productores explican que la aplicación de tasas de hasta el 100 % ha limitado las exportaciones, obligando a que el arroz se transporte únicamente por vía marítima. "Esto ha reducido significativamente las compras del país vecino", reitera Ubilla.

“Esto ha hecho que bajen las compras de arroz de parte de Colombia”, indicaron los agricultores. Tradicionalmente, ese mercado adquiría más de 60.000 toneladas anuales, lo que representaba cerca de 50 millones de dólares para el sector, señaló José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultures.

Frente a este escenario, los productores consideran que la compra de 20.000 toneladas es insuficiente. “Es tal la crisis económica que se vive en el sector que para solucionar el problema se requiere que el Estado compre unas 200.000 toneladas de arroz”, sostuvo García.

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¿Qué es lo que piden al Gobierno los arroceros?

Entre los principales pedidos de los arroceros está que el presidente Daniel Noboa declare en estado de emergencia al sector agrícola, especialmente al rubro arrocero. También exigen que se garantice el precio mínimo de sustentación, que ahora está entre 34 y 36 dólares por saca, frente a los 21 dólares que actualmente estarían pagando las piladoras.

Además, demandan la implementación de controles sobre los precios de insumos agrícolas, mecanismos de estabilización para el costo de los combustibles de uso agrícola, mayor regulación y supervisión de las piladoras para asegurar transparencia en la calificación del grano, y el fortalecimiento del acceso a créditos preferenciales.

La movilización en Babahoyo deja en evidencia un creciente malestar en el agro, donde los productores advierten que sin decisiones estructurales inmediatas, la crisis del arroz podría profundizarse y afectar aún más la economía rural del país.

Lo que debes saber

• Economía ecuatoriana sigue estancada en 2026 pese a proyección del FMI de 2,5% de crecimiento.
  
  
• Crisis eléctrica en Ecuador provoca apagones desde 2024 por fallas en generación y transmisión.
  
  
• Subsidios eléctricos generan déficit fiscal y obligan al Estado a buscar más recursos en 2026.
  
  

La economía ecuatoriana atraviesa una fase prolongada de estancamiento, una situación que no se revierte pese a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que sitúan el crecimiento del país en torno al 2,5%, ligeramente por encima del promedio regional. El dato, lejos de ser una señal de recuperación sólida, refuerza las dudas sobre la capacidad del país para romper una inercia que se arrastra por más de una década.

Crecimiento débil en una región que también se rezaga

El bajo dinamismo económico no es exclusivo de Ecuador.

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Latinoamérica lleva años creciendo por debajo de otras economías emergentes, como las del Este asiático. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra señales particularmente preocupantes, tanto por la fragilidad de sus motores productivos como por la limitada capacidad de maniobra fiscal del Estado.

Empleo estancado e ingresos en retroceso

Uno de los indicadores más reveladores es el empleo adecuado, que se mantiene prácticamente inmóvil desde hace más de diez años, sin superar los tres millones y medio de trabajadores. 

A esto se suma la caída del ingreso promedio, que en el último año se redujo en cerca de 50 dólares, lo que deja poco margen para exigir nuevos sacrificios a los trabajadores.

En paralelo, la producción petrolera —históricamente uno de los pilares de la economía nacional— continúa en descenso, mientras el refinamiento enfrenta constantes paralizaciones que limitan su aporte al crecimiento.

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Sector eléctrico, el punto crítico del estancamiento

El caso más evidente de las debilidades estructurales del país es el sector eléctrico. 

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En 2024, los estiajes derivaron en apagones de hasta 14 horas, con un efecto devastador en la economía, que se contrajo cerca de dos puntos porcentuales.

Pero la crisis no se limitó a la generación. En al menos dos episodios, el 19 de junio y el 21 de diciembre, fallas en la transmisión provocaron apagones masivos, dejando en evidencia que la fragilidad del sistema va más allá del nivel de los embalses o del caudal de los ríos.

Apagones regresan y las explicaciones no convencen

Contrario a las promesas oficiales, los cortes de energía han regresado en lo que va del año. 

Las autoridades han atribuido estos eventos a sobrecargas del sistema causadas por picos de demanda durante la ola de calor, aunque expertos señalan que el problema de fondo es la falta de mantenimiento e inversión en transmisión y distribución.

Incluso las explicaciones oficiales han sido inconsistentes. Mientras el Gobierno habla de sobrecarga, el presidente Daniel Noboa llegó a mencionar una supuesta tormenta solar, lo que incrementó las dudas sobre el diagnóstico real del problema.

A esto se suma el malestar ciudadano por cortes no programados y apagones que coincidieron con medidas de seguridad, como el toque de queda de marzo, alimentando la percepción de opacidad en la gestión del sistema eléctrico.

Déficit eléctrico y subsidios que no cuadran

Más allá de las versiones oficiales, hay un dato difícil de ignorar: el sistema eléctrico opera con un déficit estructural. 

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Según informes técnicos, el costo real de generar, transmitir y distribuir un kilovatio-hora es de 12,83 centavos, más de dos centavos por encima del precio promedio que pagan los usuarios.

Este desfase genera un déficit tarifario cercano a los $600 millones, que debe cubrir un Estado ya golpeado por un déficit fiscal general, atrasos en el pago de subsidios y la presión de otros gastos sociales y de emergencia.

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Endeudamiento y atrasos que agravan la crisis

La situación se torna más delicada al considerar que el Estado mantiene atrasos cercanos a los $800 millones en el pago de subsidios a las distribuidoras eléctricas, justamente las empresas que requieren mayores recursos para mantenimiento e inversión.

Aun así, el Gobierno continúa anunciando nuevos subsidios, algunos de carácter puntual, que podrían sumar decenas de millones de dólares adicionales a una carga fiscal ya insostenible.

Una decisión inevitable para los ciudadanos

El panorama deja una disyuntiva clara: pagar más cada mes por la electricidad o asumir mayores pérdidas por futuros apagones. 

Ninguna de las opciones resulta sencilla para los hogares ecuatorianos, especialmente en un contexto de empleo estancado y salarios debilitados.

El estancamiento económico, la crisis eléctrica y la dependencia de subsidios dibujan un escenario donde las decisiones postergadas ya no parecen una opción viable, y donde el costo final termina recayendo, una vez más, en los ciudadanos.

Uno de los principales nudos críticos es la confusión conceptual. A menudo, el trabajador mezcla las condiciones de la jubilación del IESS con la patronal, cuando ambas corren por carriles distintos. Por ello, desmenuzar el mecanismo de la seguridad social es el primer paso para una transición exitosa a la pasividad.

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Los pilares del cálculo: ¿Cómo se fija la pensión?

El monto que un jubilado recibe no es producto del azar ni es uniforme. Se sostiene sobre dos columnas: la edad y el historial de aportaciones. En el escenario actual de 2026, las combinaciones más frecuentes para acceder a este derecho son:

Sobre esta base, el sistema aplica una fórmula aritmética que prioriza la estabilidad de los ingresos más altos. Según analistas de nómina, la pensión se calcula promediando los cinco años de mejores sueldos sobre los cuales se aportó. 

Esto implica que el monto de la pensión depende principalmente de los años en los que se registraron los ingresos más altos. Bajo este esquema, el piso mínimo de pensión para este año se ha fijado en 241 dólares, cifra que representa el 50% del Salario Básico Unificado (SBU).

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El dilema del afiliado: ¿Seguir aportando o retirarse?

Un error recurrente en la cultura laboral local es mantener los aportes de forma inercial sin evaluar el costo-beneficio. Especialistas plantean escenarios donde la continuidad no suma valor real. Por ejemplo, un afiliado de 62 años que ya superó las 180 aportaciones, pero sabe que no llegará a las 360, difícilmente verá un cambio sustancial si sigue aportando con el mismo sueldo.

En este punto, la recomendación técnica es clara: solo tiene sentido prolongar la vida laboral si existe una estrategia para elevar el promedio de los mejores salarios. Aportar por valores más altos en el tramo final es la única vía real para robustecer la cuantía de la jubilación futura.

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Errores críticos que castigan el bolsillo

La desinformación suele pasar factura al final del camino. Entre las fallas más comunes que merman el patrimonio del futuro jubilado destacan la falta de vigilancia sobre el salario real reportado por el empleador y el descuido ante la mora patronal.

Muchos ciudadanos delegan la totalidad de su futuro al algoritmo del portal del IESS, sin realizar proyecciones manuales o simulacros en Excel que permitan anticipar el escenario económico. No planificar los últimos años de aportes es, en esencia, renunciar a la posibilidad de optimizar el cobro.

Una transición financiera y emocional

Jubilarse es, ante todo, una decisión de vida alineada a la salud financiera. En un entorno donde la sostenibilidad del sistema de pensiones es objeto de constante debate nacional, entender estas reglas no es solo un ejercicio administrativo, sino un acto de supervivencia económica.

La evidencia sugiere que quienes anticipan su salida y auditan sus años de servicio logran una estabilidad superior. En un sistema que premia la estrategia salarial sobre la simple permanencia, el conocimiento técnico se convierte en el mejor activo para garantizar una vejez digna.

Lo que debes saber 

• La pensión del IESS se calcula con el promedio de los cinco mejores sueldos aportados durante la vida laboral del afiliado.
  
• Para jubilarse se deben cumplir condiciones de edad y aportes, como 65 años con 180 aportaciones o 60 años con 360 aportes.
  
• En 2026, la pensión mínima es de 241 dólares y el monto final varía según el salario y los años de aportación registrados.

La jubilación en Ecuador sigue siendo una de las principales preocupaciones de los trabajadores, especialmente por las dudas sobre cuánto dinero recibirán al retirarse. El cálculo de la pensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no es automático ni uniforme: depende de variables como la edad, el número de aportaciones y, sobre todo, el nivel salarial a lo largo de la vida laboral.

Para entender cómo funciona este sistema en 2026, la experta en nómina y derecho laboral Claudia Garzón explica los elementos clave que determinan el monto final de la pensión y advierte sobre errores frecuentes que pueden afectar directamente el ingreso de los jubilados.

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Requisitos básicos para jubilarse en el IESS

El acceso a la jubilación en el IESS combina dos condiciones: edad y años de aportes. Según Garzón, “deben de aplicar dos cosas: el número de aportes […] y la edad”.

En Ecuador existen dos escenarios comunes:

Esta última es la modalidad más frecuente. “La más típica, la más conocida, es la de 65 años con 180 aportaciones”, señala la experta.

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El monto mínimo que paga el IESS

Uno de los datos más relevantes para 2026 es la pensión mínima. Aunque muchos creen que equivale al salario básico, no es así.

Garzón aclara que “lo mínimo que se le puede pagar a un jubilado […] es la mitad de un sueldo básico”. Para este año, ese valor se ubica en 241 dólares, lo que marca el piso del sistema.

Cómo se calcula la pensión del IESS

El cálculo de la jubilación se basa en una fórmula técnica que toma en cuenta toda la historia laboral del afiliado, pero con un énfasis particular.

“La base de cálculo de la pensión será igual al promedio de cinco años de mejores sueldos o salarios sobre los cuales se aportó”, explica Garzón.

El proceso, resumido, incluye:

Este coeficiente lo define el IESS y varía dependiendo del tiempo aportado. Por ejemplo, con 30 años de aportes el coeficiente puede ser de 0,75, lo que impacta directamente en el monto final.

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El factor clave: el sueldo pesa más que los años

Aunque muchas personas creen que lo más importante es acumular años de aportes, la realidad es distinta.

“La variable que pesa más son los sueldos, promedio de sueldos”, afirma Garzón. Esto significa que una persona con mejores ingresos en sus últimos años laborales puede obtener una pensión más alta, incluso con menos tiempo de aportación.

En este contexto, la experta recomienda planificación: “hay que ser estratégico en los salarios que se aportan”, especialmente en los últimos años antes de jubilarse.

Planificar la jubilación: la clave para mejorar tu pensión

Entender cómo se calcula la pensión no es solo un ejercicio técnico, sino una herramienta para tomar mejores decisiones a lo largo de la vida laboral. 

En el contexto de la Jubilación IESS 2026: cuánto recibes según tu sueldo y años de aportes en Ecuador, queda claro que no basta con cumplir el tiempo mínimo, sino que influye directamente cómo y cuánto se aportó. La combinación entre edad, número de aportaciones y nivel salarial puede marcar diferencias significativas en el monto final. 

Por eso, más que una etapa lejana, la jubilación debe pensarse con anticipación: conocer las reglas del sistema, evitar errores comunes y planificar los últimos años de aportación puede ser determinante para asegurar una pensión más estable y acorde a las necesidades futuras.

Sin embargo, existe una confusión común entre los usuarios: creer que el cumplimiento tardío borra el pasado. Al adquirir una obligación, cada movimiento —desde la puntualidad hasta el día exacto de retraso— queda sellado en una base de datos. Por ello, liquidar una deuda vencida no es el fin del camino, sino apenas el inicio de una rehabilitación financiera que demanda paciencia.

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El rastro de la mora persiste por tres años

De acuerdo con la normativa vigente de la Superintendencia de Bancos, los registros de pagos atrasados o incumplimientos no se evaporan de forma inmediata tras el pago. La ley es clara: estos datos deben permanecer visibles en el historial durante un periodo de tres años.

Este cronómetro empieza a correr exactamente desde el día en que se liquida la totalidad de la obligación. Así, aunque su estado cambie a "cancelado", las huellas de la morosidad seguirán expuestas ante cualquier entidad que consulte su perfil durante los siguientes 36 meses. Es un recordatorio de que, en el sistema financiero, el tiempo es el único agente capaz de sanar un puntaje afectado.

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Rectificaciones: ¿Cuándo se puede limpiar el historial?

La eliminación anticipada de datos solo es viable si existe un error administrativo por parte de la entidad financiera. La ley protege al usuario frente a información inexacta, pero es tajante al no permitir el borrado de una mora que efectivamente ocurrió.

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Si usted detecta inconsistencias o si, tras haber cancelado la deuda, la información no se refleja en el sistema, las instituciones tienen un plazo máximo de 15 días para resolver las solicitudes de rectificación y actualizar su estatus.

Lo que debes saber

• Los aportes mensuales al IESS permiten acceder a prestaciones como atención médica, subsidios, pensiones, cesantía, montepío e invalidez.
• El historial laboral es un documento donde constan los empleadores, los sueldos reportados y los meses aportados.
• El afiliado puede obtener el historial laboral desde el portal del IESS ingresando con su cédula y clave.

Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son los valores mensuales que se descuentan del sueldo de una persona afiliada (y que también paga su empleador) para financiar la seguridad social en Ecuador. Es decir, son contribuciones obligatorias que van a un fondo común que administra el IESS.

Con esos aportes se cubren prestaciones como atención médica, subsidios por enfermedad o maternidad, pensiones de jubilación, montepío, invalidez, riesgos del trabajo y otras prestaciones económicas y de salud. Es parte de un sistema solidario donde los aportes de los afiliados activos ayudan a financiar las prestaciones de quienes hoy reciben beneficios.

En el caso de un trabajador en relación de dependencia, el aporte se compone de una parte que paga el trabajador (se descuenta de su sueldo) y otra que paga el empleador. En el caso de afiliados voluntarios o por cuenta propia, la persona asume el 100 % del aporte. El porcentaje se calcula sobre la remuneración declarada.

Esos aportes quedan registrados, mes a mes, en el historial laboral, que es el documento donde se ve para qué empleador se trabaja, cuánto se gana y qué meses se aportó.

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¿Por qué es importante consultar tus aportes al IESS?

Consultar los aportes al IESS es importante porque permite verificar que el empleador está cumpliendo con sus obligaciones y que el historial laboral del empleado está correcto. Es la única forma de asegurarse de que cada mes trabajado realmente cuenta para sus futuros beneficios de seguridad social.

También es clave porque los aportes determinan derechos como atención médica, subsidios por enfermedad o maternidad, pensión de jubilación, cesantía y montepío. Si hay errores o meses faltantes, esos beneficios pueden retrasarse o incluso negarse. 

¿Cómo descargar el historial laboral del IESS?

Descargar el historial laboral del IESS es un trámite sencillo y totalmente en línea, que pone a disposición el instituto:

Lo que debes saber

• Economía ecuatoriana sigue estancada en 2026 pese a proyección del FMI de 2,5% de crecimiento.
  
  
• Crisis eléctrica en Ecuador provoca apagones desde 2024 por fallas en generación y transmisión.
  
  
• Subsidios eléctricos generan déficit fiscal y obligan al Estado a buscar más recursos en 2026.
  
  

La economía ecuatoriana atraviesa una fase prolongada de estancamiento, una situación que no se revierte pese a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que sitúan el crecimiento del país en torno al 2,5%, ligeramente por encima del promedio regional. El dato, lejos de ser una señal de recuperación sólida, refuerza las dudas sobre la capacidad del país para romper una inercia que se arrastra por más de una década.

Crecimiento débil en una región que también se rezaga

El bajo dinamismo económico no es exclusivo de Ecuador.

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Latinoamérica lleva años creciendo por debajo de otras economías emergentes, como las del Este asiático. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra señales particularmente preocupantes, tanto por la fragilidad de sus motores productivos como por la limitada capacidad de maniobra fiscal del Estado.

Empleo estancado e ingresos en retroceso

Uno de los indicadores más reveladores es el empleo adecuado, que se mantiene prácticamente inmóvil desde hace más de diez años, sin superar los tres millones y medio de trabajadores. 

A esto se suma la caída del ingreso promedio, que en el último año se redujo en cerca de 50 dólares, lo que deja poco margen para exigir nuevos sacrificios a los trabajadores.

En paralelo, la producción petrolera —históricamente uno de los pilares de la economía nacional— continúa en descenso, mientras el refinamiento enfrenta constantes paralizaciones que limitan su aporte al crecimiento.

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Sector eléctrico, el punto crítico del estancamiento

El caso más evidente de las debilidades estructurales del país es el sector eléctrico. 

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En 2024, los estiajes derivaron en apagones de hasta 14 horas, con un efecto devastador en la economía, que se contrajo cerca de dos puntos porcentuales.

Pero la crisis no se limitó a la generación. En al menos dos episodios, el 19 de junio y el 21 de diciembre, fallas en la transmisión provocaron apagones masivos, dejando en evidencia que la fragilidad del sistema va más allá del nivel de los embalses o del caudal de los ríos.

Apagones regresan y las explicaciones no convencen

Contrario a las promesas oficiales, los cortes de energía han regresado en lo que va del año. 

Las autoridades han atribuido estos eventos a sobrecargas del sistema causadas por picos de demanda durante la ola de calor, aunque expertos señalan que el problema de fondo es la falta de mantenimiento e inversión en transmisión y distribución.

Incluso las explicaciones oficiales han sido inconsistentes. Mientras el Gobierno habla de sobrecarga, el presidente Daniel Noboa llegó a mencionar una supuesta tormenta solar, lo que incrementó las dudas sobre el diagnóstico real del problema.

A esto se suma el malestar ciudadano por cortes no programados y apagones que coincidieron con medidas de seguridad, como el toque de queda de marzo, alimentando la percepción de opacidad en la gestión del sistema eléctrico.

Déficit eléctrico y subsidios que no cuadran

Más allá de las versiones oficiales, hay un dato difícil de ignorar: el sistema eléctrico opera con un déficit estructural. 

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Según informes técnicos, el costo real de generar, transmitir y distribuir un kilovatio-hora es de 12,83 centavos, más de dos centavos por encima del precio promedio que pagan los usuarios.

Este desfase genera un déficit tarifario cercano a los $600 millones, que debe cubrir un Estado ya golpeado por un déficit fiscal general, atrasos en el pago de subsidios y la presión de otros gastos sociales y de emergencia.

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Endeudamiento y atrasos que agravan la crisis

La situación se torna más delicada al considerar que el Estado mantiene atrasos cercanos a los $800 millones en el pago de subsidios a las distribuidoras eléctricas, justamente las empresas que requieren mayores recursos para mantenimiento e inversión.

Aun así, el Gobierno continúa anunciando nuevos subsidios, algunos de carácter puntual, que podrían sumar decenas de millones de dólares adicionales a una carga fiscal ya insostenible.

Una decisión inevitable para los ciudadanos

El panorama deja una disyuntiva clara: pagar más cada mes por la electricidad o asumir mayores pérdidas por futuros apagones. 

Ninguna de las opciones resulta sencilla para los hogares ecuatorianos, especialmente en un contexto de empleo estancado y salarios debilitados.

El estancamiento económico, la crisis eléctrica y la dependencia de subsidios dibujan un escenario donde las decisiones postergadas ya no parecen una opción viable, y donde el costo final termina recayendo, una vez más, en los ciudadanos.