Inundaciones y sequía golpean al maíz y agricultores piden alivio financiero

El agua les llega hasta el cuello, pero eso no los detiene en su intento por salvar la cosecha de maíz. En Ventanas, provincia de Los Ríos, los agricultores luchan por recuperar sus cultivos tras las inundaciones que, según las estimaciones disponibles, han afectado unas 4.000 hectáreas.

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Sin embargo, las pérdidas no significarían, por ahora, un desabastecimiento de maíz. José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, señaló que existe suficiente alimento, pues durante el verano normalmente se cosechan unas 400.000 toneladas. Según su estimación, las pérdidas representarían entre el 5 % y el 10 % de esa producción.

Pero el exceso de agua no es el único enemigo de los productores. En Napo, la sequía habría afectado alrededor de 1.000 hectáreas. La falta de humedad debilita las plantas y favorece la aparición de hongos y gusanos que dañan los cultivos. Mientras el rendimiento habitual alcanza unos 140 quintales por hectárea, en las zonas perjudicadas apenas se obtienen 30 quintales.

Los agricultores buscan evitar una crisis financiera

A las pérdidas en el campo se suma otra preocupación: cómo pagar las deudas cuando la cosecha no genera los ingresos esperados.

Los agricultores de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego y Drenaje de Babahoyo, junto con productores de Los Ríos y otras provincias, presentaron una petición colectiva al presidente de la República, Daniel Noboa, para solicitar medidas extraordinarias de alivio crediticio.

El documento fue entregado al gobernador de Los Ríos y plantea la intervención del Ejecutivo para facilitar el cumplimiento de las obligaciones con la banca pública, la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito.

Los productores advierten que, sin los ingresos previstos, tendrán dificultades para cubrir las cuotas de sus préstamos y, al mismo tiempo, financiar la recuperación de los terrenos, la resiembra y la continuidad de sus actividades agrícolas.

Diferir cuotas y reestructurar las deudas

Entre las principales propuestas consta el diferimiento de hasta 180 días de las cuotas de capital e intereses ordinarios. También solicitan evaluar períodos de gracia de hasta 12 meses cuando la recuperación productiva requiera más tiempo.

La petición incluye reestructurar las deudas mediante la ampliación de los plazos y el establecimiento de cuotas ajustadas a los ciclos de cosecha. La intención es evitar que, al terminar el período de gracia, los agricultores deban afrontar pagos acumulados que superen su capacidad económica.

Además, los productores plantean medidas para evitar intereses de mora y cargos derivados del diferimiento aprobado, así como eliminar las comisiones y los gastos administrativos relacionados con la reprogramación, dentro del marco legal aplicable.

Otra propuesta consiste en establecer mecanismos temporales para revisar las acciones de cobro y el tratamiento de la información crediticia. De esta manera, un diferimiento autorizado no debería registrarse como incumplimiento de cuotas cuyos vencimientos hayan sido modificados.

Estas medidas son solicitudes de los agricultores y no constituyen beneficios aprobados ni vigentes.

Una mesa interinstitucional para atender al campo

La propuesta contempla crear una mesa interinstitucional en Los Ríos, con la participación de las autoridades agrícolas, los organismos de gestión de riesgos, los representantes del sistema financiero, los gobiernos locales y los delegados de los productores.

Los solicitantes también piden priorizar a los pequeños y medianos productores y a la agricultura familiar campesina. Para facilitar el acceso, proponen habilitar ventanillas presenciales y digitales, utilizar formularios sencillos y fortalecer la coordinación entre las instituciones.

La petición plantea que el presidente Daniel Noboa impulse un decreto ejecutivo y que los organismos competentes emitan las disposiciones necesarias para aplicar el alivio financiero en los distintos segmentos del sistema crediticio.

El objetivo es que los agricultores puedan recuperar su producción y cumplir sus obligaciones mediante un calendario compatible con la realidad del campo. Para las familias productoras, volver a sembrar depende no solo de recuperar las tierras, sino también de disponer de recursos para reactivar los cultivos sin que las deudas se conviertan en un obstáculo adicional.