
Taxis en Quito deberán ser accesibles: lo que cambia con la nueva ordenanza
Nueva ordenanza en Quito obliga a taxis a adaptarse para personas con discapacidad
El acceso al transporte para personas con discapacidad en Quito está a punto de cambiar. Este martes, el Concejo Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito aprobó por unanimidad una nueva ordenanza que obligará a los taxis a adaptarse para usuarios en silla de ruedas y personas con movilidad reducida.
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La medida marca un paso importante hacia un sistema de transporte más inclusivo en la capital ecuatoriana, donde actualmente no existen unidades de taxi adecuadas para este grupo de la población.
Una deuda histórica con la movilidad inclusiva
Según explicó el concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, el objetivo es garantizar un servicio seguro, accesible y alineado con las necesidades reales de la ciudadanía.
Hasta ahora, adultos mayores, personas con discapacidad o ciudadanos con limitaciones temporales han enfrentado múltiples barreras para movilizarse en taxi.
La edil Cristina López, impulsora de la iniciativa, subrayó que la ordenanza responde a una necesidad urgente de equidad en el transporte.
Cómo funcionará el nuevo sistema de taxis accesibles
A diferencia de otras reformas, esta normativa no incrementará el número total de taxis en circulación en Quito. En su lugar, se aprovecharán cerca de 1.600 registros municipales actualmente suspendidos.
Cada una de las 474 operadoras de taxi deberá incorporar al menos una unidad adaptada para personas que usan silla de ruedas. En total, la ciudad cuenta con más de 27.000 taxis, por lo que la medida apunta a integrar progresivamente este servicio inclusivo.
Incentivos y sanciones para garantizar el cumplimiento
La ordenanza no solo establece obligaciones, sino también beneficios para quienes cumplan con la normativa:
- Exención de la medida de “pico y placa”
- Prioridad en la Revisión Técnica Vehicular
- Cupos asignados para operar taxis accesibles
Sin embargo, las operadoras que no implementen estas unidades enfrentarán sanciones, lo que busca asegurar que la inclusión no quede solo en el papel.