Quito: Negocios en Tumbaco en riesgo por normas de uso de suelo
Los propietarios de vulcanizadoras y mecánicas de Tumbaco enfrentan multas por la reforma No han logrado regularizarse
En el valle de Tumbaco hay incertidumbre entre decenas de familias que dependen de pequeños negocios como mecánicas automotrices, vulcanizadoras, lubricadoras y lavadoras de vehículos. Los propietarios aseguran que las reformas relacionadas con la Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS) están derivando en sanciones económicas que ponen en riesgo su sustento.
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Las reformas no han sido socializadas
La inquietud se mantiene en parroquias como Yaruquí, El Quinche y Tumbaco, así como en Conocoto, Alangasí, La Merced y Amaguaña, en el valle de Los Chillos. Los propietarios aseguran que las reformas no han sido socializadas, lo que dificulta conocer qué usos de suelo están permitidos o prohibidos en el Distrito Metropolitano. Mencionan que, en ciertos predios, se establece un uso exclusivamente residencial, incluso en zonas donde históricamente han funcionado actividades comerciales.
Jorge Mamarandi, integrante de la Asociación de Mecánicas y Vulcanizadoras de Yaruquí, relata que ya ha sido sancionado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) con una multa equivalente a cinco salarios básicos. Desde hace una década mantiene su negocio en la vía E35, pero reconoce que no ha logrado obtener el permiso correspondiente, pese a intentarlo en reiteradas ocasiones.
“Tenemos nuestras obligaciones al día con el SRI y el Municipio, incluso la patente municipal, pero no hemos podido regularizarnos”, afirma. En su asociación existen más de 20 miembros en situaciones similares.
En Yaruquí, los afectados comenzaron a organizarse. En un comunicado, señalan que la parroquia presenta una mezcla de zonas urbanas y rurales donde las reglas de uso de suelo no son homogéneas. Mientras en ciertos sectores no se permiten actividades económicas específicas, en la práctica existen talleres mecánicos y otros negocios que generan empleo.
Debido a ello han solicitado al Municipio inspecciones individuales que consideren requisitos técnicos con el fin de facilitar la obtención de permisos. “Muchos locales tienen años, incluso décadas de funcionamiento. No es justo que se nos sancione con multas tan altas sin una salida viable”, señalan.
Según estimaciones de los propios comerciantes, en Yaruquí alrededor de 200 negocios están afectados. Varios ya han recibido una o dos multas que oscilan entre cinco y ocho salarios básicos. Esto, pese a que, aseguran, se solicitó formalmente la revisión caso por caso para avanzar en procesos de regularización.
Los reclamos también apuntan a compromisos incumplidos. En octubre de 2024 se instaló una mesa de trabajo con autoridades municipales, en la que se acordó analizar la situación de estos negocios. Sin embargo, los representantes mencionan que no se han concretado nuevas reuniones ni soluciones.
¿Qué pasa en el Valle de Los Chillos?
En el valle de Los Chillos la situación es similar. Alba Mugmal, representante de la organización Camilo Ponce, que reúne a mecánicas y lavadoras de autos, sostiene que el Municipio les niega la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) debido a restricciones de uso de suelo. “La realidad es que no hay fuentes de empleo. Tenemos familias detrás y esta decisión nos deja sin posibilidad de trabajar”, afirma.
Mugmal recalca que muchos de estos negocios se mantienen operativos entre ocho y 20 años y han realizado inversiones significativas, además que cumplen con obligaciones tributarias. Señala que algunos cuentan con permisos ambientales vigentes. “No somos negocios improvisados. Son talleres establecidos, con infraestructura fija y costosa. No podemos trasladarnos a zonas industriales”, señala.
Las normas de uso de suelo se actualizan cada cuatro años
Sobre el tema, EXPRESO consultó a la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT) y se explica que las normas de uso de suelo se actualizan cada cuatro años, en concordancia con la legislación nacional y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Así, las compatibilidades de uso de suelo en varios sectores fueron aprobadas por el Concejo en 2021 y ratificadas en 2024. De acuerdo con la entidad, el modelo de ciudad vigente restringe la ocupación del suelo rural bajo el principio de ley de función ambiental de la propiedad, el control de la expansión urbana y las limitaciones a la urbanización en vías estatales. En ese marco, la normativa busca reducir el impacto de actividades económicas urbanas en la ruralidad.
La entidad asegura que para la aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) del 2021 y su actualización, en 2024, se realizaron más de 100 procesos de socialización en parroquias rurales y se estableció un periodo de transición superior a un año para que los negocios se regularicen. Además, recalca que los establecimientos con licencias previas pueden acogerse al régimen de “preexistencia”, lo que les permite seguir operando bajo ciertas condiciones.
No obstante, advierte que aquellos negocios que nunca obtuvieron una licencia no pueden ser reconocidos bajo este régimen. “El funcionamiento sin autorización no otorga derechos adquiridos”, puntualiza.
Para los afectados, la situación evidencia una brecha entre la planificación urbana y la realidad económica de zonas rurales. Cientos de pequeños emprendedores temen que la normativa termine por cerrar la puerta a su única fuente de ingresos.
