¿Por qué Quito debe pagar más de $ 10 millones a Acciona por el Metro?
En 2016, el Municipio firmó el contrato con Acciona. Se incluyó una cláusula que contemplaba ajustes económicos en caso de cambios en la legislación
Acciona fue la encarga de la construcción de la primera línea del Metro de Quito.
Quito deberá desembolsar más de $ 10 millones a la constructora Acciona, encargada de la primera línea del Metro, tras un fallo arbitral internacional.
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El concejal Andrés Campaña recordó que el origen del conflicto se remonta a 2016, cuando el Municipio firmó el contrato con la empresa española.
En ese documento se incluyó una cláusula que contemplaba ajustes económicos en caso de cambios en la legislación que afectaran los costos del proyecto.
Ese punto fue clave. Un año después, en 2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica, que elevó el impuesto a la renta del 22 % al 25 %. La medida impactó directamente en los gastos del contratista, que solicitó una compensación de $ 7,1 millones.
La historia se repitió en 2021. En medio de la crisis pospandemia, se aprobó la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que introdujo una contribución temporal sobre el patrimonio. Nuevamente, Acciona argumentó afectaciones y pidió $ 3,2 millones adicionales.
Ambos reclamos terminaron en un tribunal arbitral con sede en Santiago de Chile. La resolución fue que el Municipio de Quito debe pagar $ 10,1 millones por el impacto de estas reformas tributarias sobre el contrato.
Cambios legales modificaron costos del proyecto
El fallo no apunta a un incumplimiento directo del cabildo, sino al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.
Los árbitros concluyeron que los cambios legales modificaron los costos del proyecto y que existía la obligación contractual de compensar esa diferencia.
“Hoy las familias de Quito pagamos por un contrato lesivo para la ciudad”, dijo el concejal Andrés Campaña, quien insistió en la necesidad de revisar las condiciones bajo las que se firmó el acuerdo.
Mientras tanto, la Procuraduría Metropolitana informó que, junto con el estudio jurídico Clark Hill, analiza el alcance del laudo arbitral bajo la legislación aplicable en Chile, lo que podría definir los siguientes pasos del Municipio frente a esta decisión.
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