Quito

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    Puerta. Similar a las que regulan el acceso a las urbanizaciones privadas, en Los Mastodontes se han organizado para colocar una, aunque la vía es públicaRENE FRAGA
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    Cámara. El sistema de vigilancia se mantiene activado las 24 horas y a él pueden acceder todos los moradores desde una aplicación en sus celulares.RENE FRAGA
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    Comunicación. Los habitantes se conocen unos a los otros y se mantienen informados de lo que sucede con sus vecinos a través de un chat.RENE FRAGA
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    Guardia. Una caseta azul se ha colocado sobre la acera para alojar a un agente de seguridad privado.RENE FRAGA

Inseguridad en Quito: “Si usted no pone a un guachimán, le van a robar”

Los moradores de Los Mastodontes han puesto cámaras de seguridad y guardias.  Dicen que el Cabildo no brinda las garantías necesarias, temen robos

Las aceras están bien mantenidas, limpias. Las jardineras, pintadas con bordes amarillos, los árboles llevan un verde brillante y están podados, la señalética sobre la vía es clara y las cámaras de seguridad son abundantes.

Caminar por el barrio Los Mastodontes es como entrar a una urbanización privada donde las cámaras lo observan a uno desde cada ángulo. Se sostienen en las casas y en los postes de la calle Tercera Transversal, en el sector de Carcelén, al norte de Quito.

El sistema no tiene un solo puesto de mando, sino que los habitantes de toda la calle pueden acceder a las imágenes en tiempo real a través de una aplicación en sus celulares.

“Si tú ves que existe inseguridad porque se acercó algún motorizado y está un poco sospechoso, coges el celular y enciendes la alarma comunitaria a través de una aplicación y automáticamente la gente sabe que algo pasa”, señala Patricio Coba, presidente del barrio Los Mastodontes.

La aplicación muestra qué casa ha convocado la alarma para que los vecinos salgan a la calle a prestar ayuda.

Así han sucedido casos como el que narra Coba, “una persona vino a querer robarse una rejilla de una de las alcantarillas. Uno de los vecinos lo vio a través de las cámaras y todos salieron a encararlos. Así se logró que se vaya”.

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En esa misma calle también se ubica una caseta azul sobre la acera. Allí labora un guardia de seguridad cuya presencia ha contribuido a que los delincuentes se alejen. Dice que no es posible que el guardia porte armas, por lo que el agente es exclusivamente disuasivo, aunque reconoce la importancia de que todos sepan que está allí, ya que “si usted no pone guachimán, le van a robar”.

Pero no es lo único que ha logrado. “Como las calles son abiertas tomamos la decisión de cerrarlas con puertas” que funcionan como las de un garaje. Así, cada propietario debe sacar su control remoto para acceder con su auto a la vía pública o usar una llave para abrir la puerta peatonal.

“Hemos colocado puertas con el fin de mantener un control de acceso tanto vehicular como peatonal, con la finalidad de siempre buscar el bien común”, puntualizó Édison Tobar, morador del sector. Él reclama por el valor que aporta cada ciudadano a la tasa de seguridad ciudadana con la que actualmente se recauda cerca de siete millones de dólares, pero que “no da ningún resultado. No se ve la inversión en cuanto a seguridad”.

Este problema se agravó durante la pandemia. La gente comenzó a pedir limosna e iban tocando las puertas de las casas, pero en cuanto el residente abría la puerta le decían “caballero, sus pertenencias”, relata Coba.

Otra de las razones por las cuales decidieron cerrar las calles corresponde a la conexión con la avenida Simón Bolívar, por medio de la cual ingresan autos y con ellos la inseguridad. “Esa facilidad de acceso vuelve a nuestras calles vulnerables”.

Santo Parrales, de 63 años, trabaja desde hace algunos años como guachimán para los moradores de la Tercera Transversal. Relata que antes de la colocación de la puerta se podía ver a gente sospechosa que pasaba todos los días y le gritaba “sapo”. Abundaban los libadores que parqueaban sus autos y pasaban la noche en esa avenida. “Uno de ellos casi me coge (atropella) y eso que estaba en la vereda”, comenta. Aunque dice que desde la colocación de la puerta ya casi no sucede.

Para mantener todos los sistemas funcionando, los moradores pagan voluntariamente $ 50 mensuales a un comité que se encarga del mantenimiento de las áreas públicas. Solo en esa calle hay unas 60 viviendas.

Para el experto en seguridad, Lautaro Ojeda, estas acciones “reflejan el temor y el miedo que tiene la gente, y la necesidad de protegerse a través de estas medidas”. Pese a que la acción de cerrar calles públicas está prohibida por ordenanza Municipal, Ojeda cree que el Cabildo no tomará acciones, ya que, al igual que el Estado, está “desbordado” ante la situación reciente de inseguridad.

No obstante, en este barrio también hay calles que no han logrado la cooperación necesaria para organizarse al punto de generar acciones. Sobre esto, Coba recalca que sin la voluntad de sus vecinos las acciones que hoy hacen el barrio más tranquilo no hubieran sido posibles.