Ilaló ya tiene un plan y la ordenanza sigue pendiente

El Ilaló volvió a ocupar un lugar en la conversación pública por una sentencia. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha determinó que, durante años, la falta de acciones concretas por parte del Municipio y la Prefectura derivó en la vulneración de los derechos de la naturaleza, así como en el incumplimiento de normas relacionadas con la gestión de riesgos y el acceso a un ambiente sano.

El fallo llega en medio de cuestionamientos desde distintos sectores sociales. A más de tres años del inicio de la actual administración municipal, aún no se concreta la ordenanza que declare al Ilaló como Área de Intervención Especial y Recuperación (AIER), pese a que fue anunciada como una prioridad en 2023.

La ciudadanía exige caciones

Desde la sociedad civil, las críticas apuntan a la falta de resultados concretos. Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico, advierte que los compromisos asumidos por el alcalde, Pabel Muñoz, siguen sin materializarse. 

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“Se van a cumplir tres años de gestión y no se logran plasmar los resultados en acciones concretas”, señala. Y si bien recientemente se aprobó el Plan de Manejo del Ilaló, cuestiona los niveles de participación. Según Bastidas, ni las comunidades ni la sociedad civil tuvieron espacios adecuados de incidencia.

A su criterio, el problema de fondo radica en la gestión del suelo. “Cada día hay más presión inmobiliaria en zonas de protección, y el Municipio agrava la situación al no contar con suficiente personal técnico para definir claramente los usos del suelo”, sostiene.

Voces desde las comunas

En las comunas del Ilaló también hay reparos. Floresmilo Simbaña, de la Comuna Tola Chica, reconoce que existieron mesas de trabajo, pero asegura que muchas observaciones no fueron tomadas en cuenta. Critica que el plan de manejo priorice lo ambiental sin integrar dimensiones socioeconómicas, culturales y patrimoniales.

“El Ilaló es el territorio con mayor presencia de comunas, por lo que el plan no puede desligarse de ellas”, enfatiza. Propone la creación de mecanismos de cogestión entre el Municipio y las comunas, así como restricciones a proyectos inmobiliarios de gran escala. También ve positivo que exista un instrumento normativo en discusión, aunque advierte que la investigación sobre el patrimonio del Ilaló ha sido abandonada.

Por su parte, Fernando Ponce, miembro del colectivo Ilaló Verde y uno de los accionantes de la acción de protección que derivó en la sentencia, cuestiona la falta de transparencia. “Nos enteramos de la aprobación del plan de manejo sin una socialización adecuada. No hay claridad en el proceso”, afirma.

Ponce recuerda que la acción legal fue presentada en 2024 y que, tras ser rechazada en primera instancia, la Corte Provincial aceptó la apelación y reconoció la vulneración de derechos de la naturaleza. El fallo otorgó 180 días para elaborar un plan de manejo y restauración, así como para implementar un sistema de alerta temprana.

Sin embargo, señala que ha pasado más de un mes desde la sentencia sin que las autoridades se contacten con los accionantes. “Si no cumplen, buscaremos sanciones. Caso contrario, la negligencia quedará sin consecuencias”, advierte. Asimismo, subraya que el fallo podría sentar un precedente importante en la protección de ecosistemas.

¿Qué dice el Municipio de Quito?

Desde el Municipio, la Secretaría de Ambiente defiende los avances. Sebastián Pillajo, jefe de Patrimonio Natural de la Dirección Metropolitana de Recursos Naturales, sostiene que administraciones anteriores fracasaron en la aprobación de ordenanzas por no involucrar a los principales actores. 

Detalla que el actual plan de manejo se construyó a través de un proceso de socialización que incluyó 26 mesas de trabajo y la participación de más de 1.100 personas.

“El Ilaló es un territorio único: en unas 6.800 hectáreas habitan nueve comunas y dos comunidades ancestrales, reconocidas constitucionalmente”, dice. En ese sentido, considera que la propuesta de ordenanza en trámite es una de las más socializadas en la historia del Distrito Metropolitano.

Pillajo también aclara que el plan de manejo ya estaba en desarrollo antes de la sentencia de la Corte y que cuenta con una resolución de aprobación de la Alcaldía. Mientras que el proyecto de ordenanza está en análisis en la Comisión de Ambiente.

Respecto al fallo, puntualiza que este ordena la elaboración, no la ejecución, del plan y la implementación de un sistema de alerta temprana. En este último punto, asegura que ya se han iniciado acciones desde la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Prefectura.

No obstante, el Municipio ha decidido esperar y ver cómo quedan los ajustes normativos relacionados con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial antes de presentar formalmente el plan en el marco de la sentencia.