Las bandas delictivas se esconden tras peluquerías, bares y hostales de Quito

Un letrero de peluquería, los cubículos de un call center, la recepción de un hostal o las mesas de un bar pueden esconder una realidad distinta a la que muestran sus puertas. 

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En los últimos operativos realizados en Quito han aparecido negocios con permisos irregulares, actividades distintas a las autorizadas y establecimientos donde se han encontrado indicios relacionados con drogas, extorsiones, contrabando y otros delitos.

El caso de una peluquería en La Pradera ilustra cómo una actividad aparentemente cotidiana puede convertirse en una fachada. Durante un operativo conjunto de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía se encontró una balanza digital, varias fundas plásticas pequeñas y un recipiente con bloques de una sustancia blanquecina. 

Los elementos, según las autoridades, presuntamente habrían servido para pesar, dosificar y empaquetar sustancias sujetas a fiscalización. Cuatro personas fueron aprehendidas.

Pero este no es un fenómeno que pueda explicarse únicamente por la falta de permisos. Para Wilson Góyez, director de la Escuela de Riesgos de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), las organizaciones criminales pueden crear o adquirir negocios para introducir dinero ilícito en la economía formal. Para ello recurrirían incluso a testaferros que aparecen como propietarios o administradores.

Negocios con dinero ilícito

El negocio, explica Góyez, permite “licuar” el dinero sucio y darle una apariencia legal. Puede tratarse de una tienda, un negocio automotriz, una empresa de construcción u otro establecimiento. La fachada, sin embargo, puede tener una segunda función: servir como punto de reunión o guarida para planificar extorsiones, robos, secuestros o sicariatos. También puede convertirse en un lugar para almacenar y desmantelar vehículos robados.

La explicación del experto encuentra un correlato en los controles municipales. Luis Barrionuevo, supervisor (s) de la AMC, señala que la entidad no investiga por sí sola la existencia de estructuras criminales, pero sí verifica que los establecimientos tengan permisos y hagan un uso adecuado de sus licencias. Cuando aparecen indicios de delitos, la intervención corresponde a la Policía Nacional y la Fiscalía.

Hasta julio de 2026, la AMC había realizado más de 7.800 operativos. En 2025 fueron 13.733 y entre 2023 y 2025 se contabilizaron 35.564 intervenciones.

Un call center para extorsionar

Uno de los casos más llamativos ocurrió en Iñaquito, una de las principales zonas financieras y comerciales. Allí la AMC clausuró un call center presuntamente utilizado para extorsionar a ciudadanos de distintas nacionalidades.

En el interior fueron localizadas 96 personas trabajando en cubículos, además de computadoras portátiles, celulares, chips de diferentes operadoras y otros dispositivos tecnológicos. En los equipos se encontraron archivos con datos personales, números telefónicos y registros de ciudadanos contactados mediante aplicaciones de mensajería.

Las conversaciones incluían referencias a supuestas deudas, pagos pendientes y exigencias de dinero. La AMC clausuró el establecimiento por el mal uso de la licencia comercial e inició un procedimiento administrativo sancionador. Al tratarse de una actividad de categoría II, el responsable podría enfrentar una multa de entre $2.410 y $3.856.

Fachada de economías ilegales

El caso muestra una frontera difícil de distinguir: la que separa una infracción administrativa de una posible operación criminal. Mientras la AMC actúa sobre el incumplimiento de la normativa, determinar si el establecimiento formaba parte de una estructura dedicada a extorsionar corresponde a la investigación penal.

Max Campos, coronel de servicio pasivo y coordinador nacional del Observatorio Ciudadano a la Política de Seguridad Humana, considera que esa diferencia es fundamental. A su criterio, las fachadas pueden esconder delitos de receptación, lavado de activos y contrabando.

Un local que recibe celulares robados y los vuelve a comercializar, por ejemplo, puede convertirse en un eslabón de la economía ilegal. Lo mismo ocurre con establecimientos que mantienen mercadería sin documentación mientras exhiben productos debidamente facturados.

Por eso Campos sostiene que revisar únicamente los permisos municipales resulta insuficiente. Se debe conocer cuánto factura un negocio, qué almacena, qué vende y si sus ingresos corresponden con la actividad declarada.

Negocios nocturnos que son atractivos

Jean Paul Pinto, experto en seguridad, pone el foco en otro elemento: el dinero en efectivo y la actividad nocturna.

Discotecas, bares, night clubs y hostales resultan atractivos porque permiten manejar efectivo y, en algunos casos, integrarse fácilmente a circuitos nocturnos donde resulta más complejo distinguir una actividad lícita de otra ilegal. 

En los hostales, además, advierte sobre riesgos vinculados con explotación y tráfico sexual, incluso de mujeres y menores de edad. Pero Pinto identifica otro problema, el detectar cuándo un establecimiento legal está siendo utilizado para camuflar el delito.

La responsabilidad también alcanza a los propietarios de los inmuebles. Según el experto, algunos priorizan el pago del arriendo y no indagan sobre lo que ocurre dentro del local. “Los dueños miran a otra parte siempre y cuando el dinero sea en efectivo y por adelantado”, sostiene.

Los controles municipales reflejan parte de esta problemática. Entre enero y el 19 de julio de 2026 se registraron 39 inicios de sanción y 36 clausuras en centros de tolerancia. De ellos, 17 estuvieron relacionados con prostitución clandestina. En hostales, hasta agosto, hubo 17 clausuras por problemas que incluyeron insalubridad, plagas y casos relacionados con drogas y prostitución clandestina.

También se contabilizaron 82 procedimientos en bares hasta junio y 17 procedimientos, con 14 clausuras, en centros de rehabilitación clandestinos hasta julio. Los expertos coinciden en que las estructuras criminales buscan lugares donde puedan mezclarse con la actividad cotidiana. 

Campos menciona Iñaquito, Quitumbe y La Mariscal como zonas de alta concentración comercial y poblacional. Góyez agrega sectores cercanos a universidades, bares, discotecas y determinados puntos del Centro Histórico.

Campos advierte incluso que las organizaciones pueden instalar cámaras para vigilar los movimientos del barrio y alertar sobre la presencia policial.

La respuesta, entonces, no pasa únicamente por cerrar locales. Los especialistas plantean intervenciones integrales que involucren al Municipio, Policía, SRI, Bomberos, autoridades de turismo, salud y Fiscalía.