Peluquería en el norte de Quito es clausurada por presunto microtráfico de drogas
Una peluquería de La Pradera fue clausurada en Quito tras hallar indicios que serían utilizados para dosificar y empaquetar sustancias
La peluquería fue clausurada durante un operativo realizado en La Pradera, norte de Quito.
Una balanza digital, fundas plásticas pequeñas y bloques de una sustancia blanquecina fueron encontrados durante un operativo en una peluquería del sector La Pradera, en el norte de Quito.
El local fue clausurado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) por funcionar sin los permisos municipales correspondientes.
El operativo se realizó con el acompañamiento de la Policía Nacional. Según información policial, el establecimiento habría sido utilizado presuntamente para el expendio de sustancias sujetas a fiscalización.
Durante el registro del inmueble se localizaron elementos que, según las autoridades, presuntamente podrían haber sido utilizados para pesar, dosificar y empaquetar sustancias. Los indicios fueron puestos bajo conocimiento de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
En el lugar también fueron identificados ciudadanos extranjeros que presuntamente no tendrían regularizada su situación migratoria en Ecuador. Además, cuatro personas fueron aprehendidas y trasladadas para que las autoridades determinen su situación jurídica.
Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, explicó que el propietario del establecimiento podría enfrentar una multa de hasta $ 1.880. La sanción corresponde a que se trataría de una peluquería de categoría I que funcionaba sin los permisos municipales requeridos.
Las sanciones a peluquerías aumentan en Quito
Los controles de la AMC a peluquerías y barberías también muestran un incremento durante 2026. En menos de ocho meses, la entidad ha iniciado 91 procedimientos sancionadores, 18 más que los 73 registrados durante todo 2025.
Esto representa un aumento cercano al 25 % en los procesos iniciados. Las clausuras también crecieron: pasaron de tres en todo 2025 a nueve en lo que va de 2026.
El caso de La Pradera se suma así a los controles que realizan las autoridades municipales sobre establecimientos que funcionan sin permisos o que podrían estar vinculados con otras actividades investigadas por las entidades de seguridad.
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