Armas antiguas y de colección incautadas en Quito son las mismas que la justicia ya devolvió en 2025

El Bloque de Seguridad presentó como un golpe al crimen la incautación de 54 armas de fuego y miles de cartuchos en Monteserrín, en el norte de Quito. Sin embargo, el parte policial y las actas judiciales revelan un operativo plagado de irregularidades: un allanamiento sin orden judicial ni fiscal, una escena manipulada y falta de coordinación institucional.

Una intervención de las Fuerzas Armadas en el sector de Monteserrín, en el norte de Quito, expuso un conjunto de irregularidades procedimentales, que concluyó con la liberación de un ciudadano de 63 años, detenido por presunta tenencia de armas, quien presentó una sentencia sobre las mismas armas ya incautadas en 2024, sobre las que la justicia ordenaba su devolución (Juicio N.º 17282-2024-00115).

Incursión en la propiedad privada sin aval judicial

El operativo militar ocurrió cerca de las 20:30 del 9 de octubre de 2026. Según el parte policial, al que EXPRESO tuvo acceso, cerca de 30 militares ingresaron a un inmueble, dentro de un conjunto sin contar con orden judicial. La justificación oficial se apoyó en el presunto consentimiento del dueño de la casa y en el Decreto Ejecutivo 498, el cual declara un estado de excepción desde el 15 de septiembre hasta el 14 de noviembre de 2026.

Destrucción de la escena y negativa de Criminalística

El error más crítico durante el operativo fue la alteración de la escena de los hechos. Los militares sacaron docenas de armas de fuego y miles de municiones desde una bodega al interior de la residencia para colocarlas directamente sobre el piso del parqueadero. Allí se hicieron fotografías, que luego fueron publicadas en la cuenta de X del Ministerio de Defensa, de las FF.AA. y medios de comunicación.

Esta manipulación provocó que el personal de Criminalística se negara a acudir al sitio para realizar el levantamiento técnico y la fijación de las evidencias. Los peritos policiales notificaron que no ingresarían a la escena porque los indicios perdieron su ubicación original. La Policía Nacional tuvo que asumir la contabilización de los objetos de manera directa en el parte. 

"Se solicitó, mediante el sistema ECU-911, la asistencia del personal especializado de Criminalística para efectuar la fijación y documentación técnica del armamento y la munición. Sin embargo, vía telefónica se informó que dicho personal no se trasladarían al lugar, puesto que la escena ya había sido manipulada por miembros de las Fuerzas Armadas y las evidencias no se encontraban en su sitio original”, relata el parte.

Retrasos y contradicciones numéricas

El procedimiento también acumuló demoras injustificadas. Aunque la acción militar comenzó a las 20:30, las Fuerzas Armadas reportaron la novedad al sistema ECU-911 recién a las 00:20. Durante la madrugada, los uniformados dedicaron tiempo a entrevistas con el canal de televisión TC antes de formalizar la entrega del armamento.

El traspaso de la persona aprehendida y la entrega de los documentos de soporte a la Policía se concretaron a las 05:20.

En el conteo físico surgieron inconsistencias: el acta militar registró 53 armas y 4 alimentadoras; sin embargo, la verificación policial confirmó un total de 54 armas y 5 alimentadoras.

Armamento histórico con sentencia previa

El caso suma otra irregularidad al verificar los antecedentes del lote confiscado. La colección incautada, que incluye escopetas, pistolas, fusiles y subametralladoras, coincide con el cargamento investigado en 2024 dentro del Juicio N.º 17282-2024-00115.

En esa causa, la Unidad Judicial Penal dictó el auto de sobreseimiento a favor del propietario original el 17 de febrero de 2025 y ordenó la devolución de todos los bienes mediante auto del 26 de mayo de 2025.

Entre las piezas incautadas figuran armas de fabricación histórica de alto valor para coleccionistas: