Tuberculosis en las cárceles de Ecuador: la epidemia que el Gobierno se niega a reconocer

Lo de la tuberculosis en el sistema carcelario ecuatoriano es, técnicamente, una epidemia. Otra cosa es que el gobierno no quiera declararla, algo que debió hacer en marzo del año pasado (aun antes) para ser consecuente con los propios datos del Ministerio de Salud. En su lugar, ha optado por una solución expeditiva: suprimir los datos (al fin y al cabo, los enfermos se suprimen solos). La Gaceta Epidemiológica de la tuberculosis, que el Ministerio publicaba ininterrumpidamente cada semana desde hace cuarenta años con los datos actualizados de la incidencia de la enfermedad, desapareció en febrero (aunque el resto de gacetas de otras enfermedades continúan apareciendo con regularidad hasta la fecha). El exministro de Salud José Ruales ha sonado las alarmas: la eliminación de registros estadísticos (incluidos algunos desarrollados bajo su gestión, en 2023) es una grave irresponsabilidad en cualquier área de la salud pública pero puede ser mortal (y lo está siendo) en la epidemiológica.

Una epidemia que se expande tras las rejas

Los números son elocuentes: la población carcelaria víctima de la enfermedad se multiplicó en más de 300 por ciento en el lapso de dos años. Pasó de alrededor de 600 en 2023 a 1.468 en 2024 y 2.576 en 2025. Es un ritmo de crecimiento inusitado que no guarda relación alguna con el que se observa en la población general del país: en ese mismo período (2023-2025) los casos de tuberculosis en el Ecuador pasaron de aproximadamente 7.600 a 8.000, es decir, un incremento del 5,2 por ciento. Son 58 casos por cada 100 mil habitantes, una tasa que Ruales considera “alta en relación con otros países” pero que equivale apenas al 0,058 por ciento de los habitantes del país. En los centros de detención, en cambio, considerando una población carcelaria de 35 mil personas, 2.500 enfermos representan el 7 por ciento.

Simplemente, una locura. Si a eso se añade que 600 de esos enfermos fallecieron (así lo admitieron las autoridades en enero), estamos hablando de una tasa de mortalidad de casi el 25 por ciento. En resumen: no sólo es una epidemia: es una epidemia de proporciones dramáticas.

Ante esta realidad el gobierno ha optado por el disimulo. En lugar de declarar la emergencia sanitaria en las cárceles, esconde las estadísticas (o deja de producirlas, lo que sería mucho peor). Traslada presos en condiciones calamitosas (que trata de mantener igualmente ocultas) desde la cárcel del Encuentro, la única que tienen controlada según admitió el propio Ministerio del Interior, a otras donde la administración del tratamiento médico podría resultar impracticable. Y el Ministerio de Salud guarda ominoso silencio: en este mundo al revés, son los ministros de Gobierno y del Interior los que responden ante la opinión pública sobre la emergencia sanitaria: negándola.

Llevan haciéndolo desde marzo del año pasado, cuando cinco internos de la Penitenciaría del Litoral fueron encontrados muertos en sus celdas. Aunque no constaran en la lista oficial de “pacientes sospechosos”, el parte policial hablaba de tuberculosis. Los familiares no tenían la menor duda. Ellos venían denunciando las condiciones de hacinamiento y subalimentación (dos condiciones asociadas con la enfermedad) desde enero de 2024, cuando los militares intervinieron en las prisiones. “El estado físico de los detenidos es alarmante -denunció en ese entonces el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil a diario El País de España-, muchos lucen cadavéricos, con la piel pálida y signos evidentes de desnutrición, además de vivir en condiciones extremas de falta de higiene”.

El silencio oficial frente a la emergencia

El fin de semana pasado, estas palabras pudieron ser confirmadas al pie de la letra por todo el país. La fotografía de algunos de los más de 30 prisioneros enfermos que fueron trasladados desde la cárcel del Encuentro a otros centros de detención mostraba exactamente eso: gente cadavérica que apenas si podía mantenerse en pie. Parece (o es) la imagen de un campo de concentración. Según la denuncia del Comité de Familiares por una Vida Digna (Cofavid), que proporcionó la foto, todos ellos tienen diagnóstico de tuberculosis. La gravedad de la denuncia no logró conmover al inconmovible Ministerio de Salud pero sí sacó de su marasmo a las autoridades del SNAI, que también venían guardando silencio desde marzo del año pasado. En esta ocasión, por primera vez, emitieron un comunicado público: “no se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis ni de ninguna otra enfermedad infectocontagiosa” en la cárcel del Encuentro. No queda claro si el SNAI está negando que los más de 30 presos trasladados padezcan tuberculosis o si está afirmando que más de 30 casos en el ambiente cerrado de una cárcel no constituye un brote.

Ni una palabra sobre el estado calamitoso de los presos desnutridos. Como si fuera de lo más normal. El SNAI no se siente obligado a explicar la imagen. Seguramente están cuidando la figura, como dijo el ministro del Interior John Reimberg sobre el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, quien ha perdido 25 kilos en los dos meses que lleva preso sin sentencia en esa misma cárcel. Ahí, la tuberculosis ha cobrado ya sus primeras víctimas: el 13 abril murió Charles Gonzalo Suárez, de 21 años, uno de los participantes en el ataque armado a TC Televisión; el 15 de mayo, Michael Eduardo Bautista; y esta semana, el miércoles 27 de mayo, Elvis Steven Quevedo. En su comunicado público, el SNAI desmintió que este último tuviera tuberculosis y atribuyó su muerte a una causa aún más terrorífica: pancreatitis. Más terrorífica porque nadie muere de pancreatitis sin atravesar una semana de dolores inenarrables. Si lo que dice el SNAI es cierto, constituye una confesión de abandono criminal que podría calificarse de tortura.

La cárcel del Encuentro bajo cuestionamiento

Una situación de abandono que explica lo que, de otra forma, sería incomprensible: que alguien muera de tuberculosis en una cárcel supuestamente hipermoderna que el gobierno sí controla. Porque no hay nada más fácil y más barato que curar la tuberculosis en un espacio controlado: basta con administrar una combinación de antibióticos durante tres meses. Lo único que se requiere es supervisión estricta: no se puede abandonar el tratamiento. En cárceles como la Penitenciaría del Litoral o la de Latacunga, que el gobierno admitió que no controla (por eso sacó de ahí a Aquiles Álvarez) esta supervisión estricta se complica porque el dispensario médico (lo cuenta José Ruales) está ubicado en el primer anillo de seguridad, y muchos presos no pueden acceder a él porque los capos de sus pabellones no les dejan. Pero ¿en la cárcel del Encuentro?

En la cárcel del Encuentro, ya no hay razón para dudarlo, el hacinamiento y la desnutrición son parte del castigo, con la consecuente baja de defensas que ofrece el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de la tuberculosis. La cárcel del Encuentro es, según todas las evidencias, un campo de concentración en el que los presos no reciben más de 20 minutos de sol al día (en el mejor de los casos). Por el testimonio de Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, se sabe que ni siquiera se les permite tener libros, cosa que algunas personas (no el presidente y sus ministros) considerarían una tortura. En suma: la cárcel del Encuentro es la realización de un viejo sueño de Daniel Noboa que ya fue declarado inconstitucional por la Corte respectiva: el proyecto de eliminar a los privados de libertad de la lista de personas de atención prioritaria. Ahí los presos pueden morir de tuberculosis y hasta de pancreatitis por la más simple de las razones: porque las autoridades que las custodian y de las que depende su salud, su alimentación y su seguridad, los dejan morir. Para eso, para dejarlos morir, es que el gobierno controla la cárcel del Encuentro.