Reformas a Ley de Garantías Jurisdiccionales pasó primer debate entre alertas de la oposición

Las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional impulsadas por ADN superaron el primer debate en la Asamblea. La oposición lanzó alertas y ahora el documento regresó a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana para la elaboración del informe definitivo.

La presidenta de esa mesa legislativa, Diana Jácome (ADN), fue la encargada de presentar el informe para el primer debate. Señaló que la reforma busca que las garantías jurisdiccionales cumplan con la protección efectiva y oportuna de los derechos constitucionales y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Entre los cambios planteados constan la delimitación de competencias de los jueces para conocer acciones constitucionales, evitando que estas se presenten indiscriminadamente en cualquier jurisdicción; la regulación de la modulación de sentencias bajo parámetros específicos; la suspensión de la ejecución de fallos en determinados casos; y la actualización de requisitos para la admisión de la acción extraordinaria de protección.

Asimismo, las modificaciones del proyecto de ley apuntan a que las consultas de norma se resuelvan en un plazo de 45 días para fortalecer el principio de celeridad y “brindar mayor certeza jurídica”.

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La oposición presentó sus reparos

El asambleísta Luis Molina presentó múltiples reparos a las reformas de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Argumentó que, lejos de expandir los derechos de los ciudadanos, la propuesta es una "ley hecha a la medida" para quienes se sienten molestos por el control constitucional y político.

Molina calificó como "impresentable" la posibilidad de que el Estado suspenda la ejecución de una sentencia cuando esta no le favorece. Consideró que se trata de una estrategia para "ganar tiempo extra" y no acatar las órdenes judiciales.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, expresó una postura de apoyo general a la necesidad de una reforma para frenar el "abuso de las acciones de protección" que, según dijo, ha ocurrido históricamente.

Aunque respaldó la iniciativa en términos generales, planteó reparos técnicos. Criticó la propuesta de la comisión sobre la competencia geográfica para presentar recursos. Señaló que el artículo 86 de la Constitución establece que el juez competente es el del lugar donde se origina el acto o donde se producen sus efectos.

Desde Pachakutik también hubo críticas. La asambleísta Mariana Yumbay coincidió en que existen problemas reales de abuso en la justicia constitucional, pero advirtió que corregirlos no puede convertirse en un pretexto para debilitar la tutela judicial efectiva o intimidar a los jueces.

¿Qué viene ahora?

El documento regresó a la comisión, donde se abrirá una nueva etapa para considerar las observaciones planteadas en el Pleno. Después de esto se elaborará un nuevo informe para el segundo y definitivo debate. En esa instancia, ADN requiere 77 votos para aprobar la propuesta.