Dina Farinango exige informes por presunta filtración masiva de datos del Registro Civil

La asambleísta Dina Farinango, integrante de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, solicitó información oficial al Registro Civil y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales tras la denuncia de una presunta filtración masiva de información de ciudadanos ecuatorianos. Los pedidos fueron emitidos mediante oficios fechados el 6 de mayo de 2026. La legisladora requirió detalles técnicos, auditorías y medidas de seguridad aplicadas por ambas entidades.

El requerimiento surge luego de que se difundiera en redes sociales una alerta sobre la supuesta exposición de 14,8 millones de registros en SQL y más de 10,6 millones de imágenes de cédulas en alta definición. La denuncia encendió las alarmas por el eventual uso indebido de datos biométricos y documentos de identidad. El caso tomó fuerza en plataformas digitales y abrió cuestionamientos sobre la seguridad informática estatal.

En uno de los documentos enviados al Registro Civil, Farinango pidió información sobre “las acciones adoptadas frente a la presunta filtración de datos personales y biométricos reportada públicamente”. También solicitó conocer protocolos de seguridad activados, auditorías técnicas y mecanismos de contingencia para evitar nuevas vulneraciones. La asambleísta pidió que toda la información sea remitida de forma documentada.

Registro Civil y filtración de datos en Ecuador

El 5 de mayo, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación confirmó la activación de protocolos de seguridad tras la viralización de la denuncia. La institución señaló que las revisiones preliminares no detectaron accesos irregulares en su infraestructura actual. Sin embargo, indicó que el análisis técnico continúa junto a otras entidades competentes.

En el comunicado oficial, el Registro Civil afirmó que “al momento no se ha detectado vulneración de datos de los ciudadanos, ni amenazas en el repositorio actual”. La entidad sostuvo además que el monitoreo de seguridad se mantiene activo desde 2024. El pronunciamiento buscó contener la preocupación ciudadana generada por la difusión del supuesto paquete de datos.

El organismo también aseguró que “la información difundida no proviene de accesos directos a la infraestructura actual”. Aunque la institución descartó una brecha reciente en sus sistemas, reconoció que el origen de la información compartida todavía es investigado. El caso sigue bajo análisis técnico y no se ha determinado cómo se habrían obtenido los archivos difundidos.

Asamblea pide auditorías y detalles técnicos

Dentro de sus pedidos, Farinango requirió conocer el alcance preliminar de la supuesta filtración. Solicitó datos sobre el número estimado de registros afectados, el tipo de información comprometida y los mecanismos utilizados para rastrear el origen de la información. Además, pidió detalles sobre auditorías realizadas o en curso dentro de los sistemas institucionales.

La legisladora también dirigió un oficio a la Superintendencia de Protección de Datos Personales. En ese documento pidió información sobre investigaciones, procesos de supervisión y posibles medidas preventivas o sancionatorias relacionadas con el caso. El requerimiento fue enviado al superintendente Fabrizio Peralta Díaz.

En el texto remitido a la Superintendencia, la asambleísta advirtió que la presunta filtración “podría representar riesgos para la protección de datos personales, la seguridad de la información y la prevención de delitos relacionados con suplantación de identidad y fraude digital”. La preocupación se centra especialmente en la circulación de imágenes de cédulas y datos biométricos de ciudadanos ecuatorianos.