Sociedad Ecuatoriana de Cardiología denuncia muertes por infarto por falta protocolo nacional

La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología denunció que la ausencia de un protocolo nacional de atención del infarto está provocando muertes evitables en Ecuador. El gremio explicó que un sistema coordinado permitiría reducir significativamente la mortalidad. La alerta surge ante el crecimiento de las enfermedades cardíacas en el país.

La organización citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para evidenciar la magnitud del problema sanitario. Según esos datos oficiales, en 2024 se registraron 14.471 fallecimientos por enfermedades isquémicas del corazón. Este panorama mantiene a las cardiopatías como la principal causa de muerte.

Especialistas del gremio estiman que entre el 14% y el 20% de estas muertes podrían evitarse con la aplicación del “Código Infarto”. Este modelo internacional coordina la atención desde el diagnóstico hasta el tratamiento. La propuesta busca integrar a hospitales, ambulancias y centros de salud en una red nacional.

Código Infarto: actuar rápido para salvar vidas

“En un infarto, el tiempo es vida. Cada minuto sin atención adecuada aumenta el riesgo de muerte o de secuelas graves. Contar con un protocolo nacional puede marcar la diferencia entre vivir o morir”, afirmó Liliana Cárdenas. La especialista destacó que la rapidez en la atención determina el pronóstico del paciente.

El gremio subraya que la población debe reconocer síntomas de alerta. Dolor en el pecho o dificultad para respirar requieren atención médica inmediata. La detección temprana puede acelerar el tratamiento y mejorar la supervivencia.

La sociedad señala que la combinación entre respuesta médica organizada y reconocimiento de señales tempranas mejora los resultados clínicos. Según la sociedad países de la región han demostrado que estos protocolos reducen la mortalidad. Ecuador busca replicar ese impacto mediante una estrategia nacional.

Brechas en el acceso a la atención especializada

La atención especializada para infartos se concentra principalmente en Quito, Guayaquil y Cuenca, según la organización. En zonas rurales, el acceso a servicios avanzados sigue siendo limitado. Esta desigualdad incrementa el riesgo de fallecimiento antes de recibir tratamiento adecuado.

La sociedad señala que la mortalidad hospitalaria por infarto en el país oscila entre el 10% y el 15%. En contraste, naciones con protocolos nacionales han reducido la cifra por debajo del 7%. La diferencia refleja la importancia de la organización sanitaria.

Especialistas identifican fallas en la atención inicial. Entre ellas, la falta de electrocardiogramas tempranos y la confusión de síntomas con otras afecciones. También persisten demoras en el traslado y ausencia de rutas claras de derivación.

Organización del sistema: la clave del cambio

“El problema no es la falta de conocimiento médico, sino la falta de organización. Un protocolo permite que las decisiones sean automáticas, rápidas y basadas en evidencia”, explicó Sol Calero. La cardióloga resaltó que el país dispone de profesionales y recursos.

Según los especialistas, implementar el protocolo no requiere grandes inversiones. Calculan que el 80% del cambio depende de coordinación del sistema. El 20% restante corresponde a recursos adicionales para fortalecer la red.

El impacto del infarto también es social y económico. Muchas víctimas están en edad productiva y sostienen a sus familias. La organización estima que uno de cada cuatro sobrevivientes mal atendidos queda con limitaciones físicas permanentes.

Llamado urgente para priorizar el protocolo nacional

La Sociedad de Cardiología pidió priorizar la aprobación del protocolo nacional de atención del infarto. Considera que el país tiene evidencia y capacidad técnica para implementarlo. La meta es garantizar atención oportuna en todo el territorio.

Los especialistas advierten que avanzar en esta medida salvaría miles de vidas. También reduciría discapacidad y costos para el sistema de salud. El desafío principal es articular la red sanitaria existente.