Reforma judicial en Ecuador: alertan de "metida de mano" del Ejecutivo a través de la Asamblea

Los abogados en libre ejercicio y organizaciones de la sociedad civil advierten, al menos, cinco problemas en el proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. El texto fue elaborado por la Comisión de Justicia, presidida por la oficialista Rosa Torres (ADN), y será ajustado antes de pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para el segundo debate.

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Los reparos a la propuesta se difundieron en varios pronunciamientos de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade), que agrupa a los representantes de los Colegios de Abogados del país, así como del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) y del Centro Justicia y Género.

Alertas por la independencia judicial en Ecuador

Los profesionales del Derecho alertan que el proyecto podría afectar la independencia judicial porque plantea que la selección de jueces y autoridades judiciales la realice un comité de cuatro académicos, cuyos integrantes serán designados por el Viceministerio de Educación Superior, una dependencia del Ejecutivo. “Al tener cuatro miembros, sin voto dirimente, existe alta probabilidad de empate y parálisis institucional”, dice el Observatorio dirigido por la constitucionalista María Dolores Miño.

Otro tema que cuestionan es la creación de un “director de Control Disciplinario”, quien iniciará sumarios administrativos contra jueces por un error inexcusable, sin la resolución de un magistrado, como ocurre actualmente.

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También se plantea aplicar pruebas de confianza y evaluación de operadores judiciales con el polígrafo, volumen de causas resueltas, entre otros.

Pero los puntos que han causado mayor preocupación se relacionan con la posible afectación al derecho a la defensa, por las sanciones que se sugieren contra los abogados en libre ejercicio, y por la escueta protección a jueces y fiscales.

Reforma no toca el problema de la falta de jueces

El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Yánez Barrera, manifiesta que la propuesta “tiene buenas intenciones”. Sin embargo, considera que varios puntos de la reforma “entorpecen el tema y otros son medianamente apartados de la realidad”. Acepta que sí se debe sancionar a los abogados por temas disciplinarios, pero no por situaciones que la ley permite bajo el argumento de que se “dilatan los procesos”.

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Para el jurista, “ese no es el fondo del problema. Más importante es que no hay audiencias porque no existe el suficiente número de jueces o porque los magistrados tienen varios despachos y deben suspender audiencias para atender otras ya programadas. Más importante es controlar a la Judicatura, que hace cambios de jueces que tienen que ver con otra materia: de Niñez a Penal o viceversa, y no son compatibles. Eso provoca suspensión de audiencias o que lleguen a las diligencias con temor y causan retrasos”.

Gremio alerta de una metida de mano a la justicia

Annabell Guerrero Pita, directora del Centro Justicia y Género, señala que la propuesta “es preocupante porque se busca meter la mano a la justicia con ese comité académico, que está vinculado al Ejecutivo y no prevé la conformación de veedurías. Es prescindir del escrutinio público”.

A eso añade “el problema de centrar en una sola autoridad la potestad del control disciplinario. Es grave porque las sanciones deben ser debatidas, pero se prevé dar un control absoluto. Además, es muy ambiguo decir que se sancionará a los abogados que falten al respeto a un operador de justicia. Muchos hemos cuestionado a operadores de justicia, como lo hicimos contra Wilman Terán o a Mario Godoy. Dimos la cara en los medios, pero con esto, la impresión que tenemos es que se busca acallar esos cuestionamientos, amedrentar”.

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Según Yánez, “el mayor problema de la justicia es la corrupción, pero no se está atendiendo como se debe”. Cree que debería ser obligatorio que todos los miembros de la Función Judicial (desde secretarios a jueces) rindan informes a la Contraloría, UAFE, SRI “cada cierto tiempo, con eso se controlaría un poco”. No obstante, cuestiona que “no se vean soluciones para modernizar el sistema procesal, ni se hable nada de la independencia judicial, porque sin ella no hay justicia”.

Reacciones en la Asamblea Nacional ante las críticas

EXPRESO buscó a la asambleísta Torres para conocer su punto de vista sobre los temas cuestionados de la reforma. No hubo respuesta.

Sin embargo, el legislador César Palacios, de la Revolución Ciudadana (RC) y miembro de la mesa de Justicia, asegura que la comisión está al tanto de los cuestionamientos y que insistirá en que “se invite a los grupos que se sientan amenazados” con la propuesta.

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Coincide en que la “principal preocupación es el mecanismo de designación de nuevos jueces, porque el comité propuesto tendría injerencia del Ejecutivo”. También mencionó el proceso para sancionar a jueces y abogados. “No se puede perseguir a quienes ejercen libremente”.

En caso de no tomarse los correctivos, Yánez y Guerrero observan que la reforma podría ser demandada como inconstitucional y hasta generar problemas en los procesos de administración de justicia.