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Diario Expreso Ecuador

Juristas rechazan declaración de Torres que apunta a endurecer sanciones contra abogados

Abogados rechazan la declaración del jefe del bloque de ADN,quien planteó sanciones más severas contra los defensores en reforma de la Función Judicial

Abogados rechazaron las declaraciones del asambleísta Esteban Torres, por criminalizar esa profesión para justificar el endurecimiento de sanciones contra juristas.

Abogados rechazaron las declaraciones del asambleísta Esteban Torres, por criminalizar esa profesión para justificar el endurecimiento de sanciones contra juristas.Foto: Flickr Asamblea Nacional

MONICA JARA CHERREZ
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La Federación Nacional de Abogados (Fenade) rechazó este 27 de mayo de 2026 las declaraciones del asambleísta oficialista (ADN), Esteban Torres, quien comparó el carné de los juristas con "una licencia para matar", para justificar las sanciones que se prevé incorporar en la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Los cambios se debatirá este miércoles en el Pleno del Legislativo.

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Horas antes de que se instale la sesión para continuar con el primer debate de ese proyecto, el gremio cuestionó los señalamientos que criminalizan a los abogados y la falta de actuación frente a ese tipo de profesionales en la Función Judicial.

"Resulta ofensivo que quienes no combatieron la corrupción de ciertos abogados enquistados en el Consejo de la Judicatura (...) hoy pretendan erigirse en los adalides del combate a la corrupción". Además, señaló que esa problemática "se expresa también en la Asamblea Nacional" al negarse a fiscalizar.

La organización, presidida por Paúl Ocaña, recordó a Torres, quien ahora es el jefe de bancada de ADN, que la profesión de abogado "es indispensable para la defensa de los derechos de los ciudadanos" y por ello manifestó su oposición a las "medidas persecutorias" del régimen disciplinario que los legisladores buscan incorporar en el Código de la Función Judicial como reformas.

Reforma plantea sanciones contra abogados

El gremio se refiere a la propuesta que busca incluir en el artículo 122.1 de ese Código a las infracciones para las y los abogados privados. En ese punto se plantea que los defensores "serán sancionados con una multa equivalente a dos salarios básicos cuando incurran" en distintas conductas, entre ellas por "amenazar, ejercer violencia o faltar el respeto a las partes procesales, testigos, peritos, funcionarios judiciales o abogados".

Al igual que la Federación, el presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Fabián Yánez, también rechazó las afirmaciones del legislador de Gobierno, al considerarlas como "infundadas".

Polémica por las declaraciones de Torres

Los juristas reaccionaron de esa forma a las declaraciones de Torres, quien manifestó la tarde del martes que "a veces, tener un carné de abogado es tener licencia para matar y eso debe ser regulado. Eso nos falta en el texto todavía: mayores controles a los abogados. Debemos ser severos en Ecuador".

Para justificar la intención de endurecer las sanciones a los juristas, el parlamentario de puso como ejemplo a Estados Unidos. Allí, "uno de los abogados que se metió en el caso Chevron, y que se comprobó que actuó con corrupción, fue impedido de ejercer su profesión", agregó.

Reforma afectaría la defensa de procesados

Los pronunciamientos de rechazo se suman a las preocupaciones expresadas por organizaciones como el Centro Justicia y Género y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ).

El Centro de Justicia dijo que la reforma podría afectar el ejercicio de la defensa técnica de los procesados y la libertad de expresión de los abogados. Esto porque "pretende sancionar conductas formuladas bajo conceptos ambiguos o subjetivos, cuya interpretación podría abrir espacios para la discrecionalidad e instalar el temor a represalias disciplinarias por cuestionar actuaciones judiciales o institucionales".

Una posición similar la expuso el Observatorio de Derechos. Según la organización, la reforma "revela intentos de criminalizar la abogacía y la libre expresión de los abogados", ya que, en la práctica, generaría sanciones a "las críticas legítimas hacia las actuaciones, la idoneidad, la probidad u otros aspectos relevantes de los funcionarios judiciales".

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