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Juristas rechazan declaración de Torres que apunta a endurecer sanciones contra abogados

Abogados rechazan la declaración del jefe del bloque de ADN,quien planteó sanciones más severas contra los defensores en reforma de la Función Judicial

Abogados rechazaron las declaraciones del asambleísta Esteban Torres, por criminalizar esa profesión para justificar el endurecimiento de sanciones contra juristas.

Abogados rechazaron las declaraciones del asambleísta Esteban Torres, por criminalizar esa profesión para justificar el endurecimiento de sanciones contra juristas.Foto: Flickr Asamblea Nacional

MONICA JARA CHERREZ
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Mónica Jara Chérrez

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La Federaci贸n Nacional de Abogados (Fenade) rechaz贸 este 27 de mayo de 2026 las declaraciones del asamble铆sta oficialista (ADN), Esteban Torres, quien compar贸 el carn茅 de los juristas con "una licencia para matar", para justificar las sanciones que se prev茅 incorporar en la reforma al C贸digo Org谩nico de la Funci贸n Judicial. Los cambios se debatir谩 este mi茅rcoles en el Pleno del Legislativo.

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Horas antes de que se instale la sesi贸n para continuar con el primer debate de ese proyecto, el gremio cuestion贸 los se帽alamientos que criminalizan a los abogados y la falta de actuaci贸n frente a ese tipo de profesionales en la Funci贸n Judicial.

"Resulta ofensivo que quienes no combatieron la corrupci贸n de ciertos abogados enquistados en el Consejo de la Judicatura (...) hoy pretendan erigirse en los adalides del combate a la corrupci贸n". Adem谩s, se帽al贸 que esa problem谩tica "se expresa tambi茅n en la Asamblea Nacional" al negarse a fiscalizar.

La organizaci贸n, presidida por Pa煤l Oca帽a, record贸 a Torres, quien ahora es el jefe de bancada de ADN, que la profesi贸n de abogado "es indispensable para la defensa de los derechos de los ciudadanos" y por ello manifest贸 su oposici贸n a las "medidas persecutorias" del r茅gimen disciplinario que los legisladores buscan incorporar en el C贸digo de la Funci贸n Judicial como reformas.

Reforma plantea sanciones contra abogados

El gremio se refiere a la propuesta que busca incluir en el art铆culo 122.1 de ese C贸digo a las infracciones para las y los abogados privados. En ese punto se plantea que los defensores "ser谩n sancionados con una multa equivalente a dos salarios b谩sicos cuando incurran" en distintas conductas, entre ellas por "amenazar, ejercer violencia o faltar el respeto a las partes procesales, testigos, peritos, funcionarios judiciales o abogados".

Al igual que la Federaci贸n, el presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Fabi谩n Y谩nez, tambi茅n rechaz贸 las afirmaciones del legislador de Gobierno, al considerarlas como "infundadas".

Polémica por las declaraciones de Torres

Los juristas reaccionaron de esa forma a las declaraciones de Torres, quien manifest贸 la tarde del martes que "a veces, tener un carn茅 de abogado es tener licencia para matar y eso debe ser regulado. Eso nos falta en el texto todav铆a: mayores controles a los abogados. Debemos ser severos en Ecuador".

Para justificar la intención de endurecer las sanciones a los juristas, el parlamentario de puso como ejemplo a Estados Unidos. Allí, "uno de los abogados que se metió en el caso Chevron, y que se comprobó que actuó con corrupción, fue impedido de ejercer su profesión", agregó.

Reforma afectaría la defensa de procesados

Los pronunciamientos de rechazo se suman a las preocupaciones expresadas por organizaciones como el Centro Justicia y G茅nero y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ).

El Centro de Justicia dijo que la reforma podr铆a afectar el ejercicio de la defensa t茅cnica de los procesados y la libertad de expresi贸n de los abogados. Esto porque "pretende sancionar conductas formuladas bajo conceptos ambiguos o subjetivos, cuya interpretaci贸n podr铆a abrir espacios para la discrecionalidad e instalar el temor a represalias disciplinarias por cuestionar actuaciones judiciales o institucionales".

Una posici贸n similar la expuso el Observatorio de Derechos. Seg煤n la organizaci贸n, la reforma "revela intentos de criminalizar la abogac铆a y la libre expresi贸n de los abogados", ya que, en la pr谩ctica, generar铆a sanciones a "las cr铆ticas leg铆timas hacia las actuaciones, la idoneidad, la probidad u otros aspectos relevantes de los funcionarios judiciales".

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