Rosa Torres sobre la reforma judicial: "No podemos permitir jueces con patrimonios injustificables"

La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Rosa Torres, defendió este 1 de junio la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y aseguró que el proyecto busca transformar el funcionamiento del sistema judicial frente a los desafíos que plantea el crimen organizado en Ecuador.

Durante una entrevista en Teleamazonas, la legisladora explicó que la propuesta contempla cambios en más del 60% de la normativa vigente, lo que equivale a cerca de 160 artículos. Según indicó, la iniciativa pretende fortalecer los mecanismos de control, transparencia y selección dentro de la Función Judicial.

Torres sostuvo que la reforma busca responder a problemas estructurales que afectan a ciudadanos, emprendedores y familias que enfrentan dificultades para acceder a la justicia. A su criterio, el sistema requiere herramientas más sólidas para combatir la corrupción y mejorar la confianza pública.

Cambios en jueces, transparencia y control patrimonial

Para la asambleísta, uno de los principales problemas es la influencia que el crimen organizado ha logrado ejercer sobre distintos espacios del sistema judicial. En ese contexto, defendió la necesidad de establecer mayores controles sobre quienes administran justicia.

"No podemos permitir, es inadmisible para el ecuatoriano que haya jueces que ganando 4.000 o 5.000 dólares tengan un patrimonio de 8 millones de dólares que sean injustificables".Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia

La legisladora explicó que la propuesta incorpora un esquema de vigilancia patrimonial permanente para detectar incrementos económicos injustificados. Además, contempla la creación de una unidad especializada encargada de monitorear en tiempo real la evolución de los bienes de jueces y funcionarios judiciales.

Entre las medidas planteadas también figuran pruebas de confianza como evaluaciones poligráficas, análisis de voz y otros mecanismos de verificación. Según la asambleísta, estos procedimientos se aplicarían respetando las garantías constitucionales y el consentimiento de los funcionarios sometidos a los controles.

Reforma al Consejo de la Judicatura

La propuesta también introduce modificaciones en la estructura administrativa del Consejo de la Judicatura. Uno de los cambios apunta a redefinir competencias entre el Pleno y la Dirección General del organismo.

Torres señaló que actualmente varias decisiones administrativas dependen de acuerdos internos entre vocales, situación que, según dijo, ha favorecido disputas de poder y designaciones cuestionadas en distintas provincias del país.

"Lo que queremos es que se concentre la responsabilidad, porque actualmente el pleno sirve como una especie de minibancada".Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia.

Concursos judiciales y déficit de jueces

Otro de los puntos centrales del proyecto está relacionado con los concursos para jueces, fiscales y notarios. La asambleísta afirmó que los procesos de selección han enfrentado reiterados problemas de transparencia durante los últimos años.

Según explicó, Ecuador registra actualmente un déficit de 754 jueces, situación que impacta directamente en la capacidad de respuesta del sistema judicial y en el acceso de los ciudadanos a una resolución oportuna de sus causas.

"Desde el año 2017 no se realiza concursos para jueces y desde el año 2016 no se realiza concursos para fiscales".Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia.

La propuesta busca elevar a rango legal varios procedimientos de selección que actualmente se encuentran regulados mediante reglamentos internos. De acuerdo con la legisladora, esto permitiría reducir los márgenes de discrecionalidad y evitar posibles manipulaciones durante futuros concursos.

Asamblea acelera el tratamiento de la reforma

Mientras la Comisión de Justicia prepara el informe para segundo debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, pidió el pasado 30 de mayo acelerar el trámite legislativo de la iniciativa.

La solicitud busca que el proyecto llegue al Pleno para su votación antes de que concluya julio. Para ello, se plantea reducir en 30 días los tiempos previstos dentro del procedimiento legislativo ordinario.

La propuesta legislativa aborda aspectos relacionados con la organización judicial, los concursos de méritos y oposición, los procesos disciplinarios, la digitalización de expedientes y el tratamiento de medidas cautelares. Desde la Asamblea se ha señalado que la intención es mantener un debate abierto mientras avanza el análisis técnico de las reformas.