¿Contraloría destruirá información reservada? Esto dice la ley aprobada por la Asamblea

El oficialismo en la Asamblea logró que el Pleno aprobara su proyecto de Ley para Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes Institucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, uno de los artículos de la normativa generó alertas y provocó un cruce entre ADN y la Revolución Ciudadana.

La bancada oficialista alcanzó 87 votos para la aprobación del proyecto, que fue tramitado en la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora oficialista Inés Alarcón. 

La ley plantea una respuesta penal diferenciada para la fabricación, almacenamiento, comercialización y circulación no autorizada de uniformes institucionales cuando se trate de indumentaria de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o entidades reguladas por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

En ese sentido, la normativa señala que “resulta necesario sustituir el tratamiento exclusivamente contravencional por una regulación penal diferenciada, proporcional y acorde a la gravedad de las conductas actualmente identificadas”.

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Entre las principales reformas incorporadas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipifica el delito de uso fraudulento de uniformes, insignias, distintivos y demás elementos de identificación institucional. 

Además, se establecen sanciones de uno a tres años de privación de libertad para quienes utilicen de manera no autorizada uniformes o elementos de identificación de las instituciones de seguridad.

El artículo sobre la eliminación de información confidencial

La ley aprobada por la Asamblea, enfocada en el uso delictivo de uniformes policiales y militares, incluye un artículo relacionado con la Contraloría General del Estado. Durante el segundo debate, Pachakutik y la Revolución Ciudadana cuestionaron la incorporación de ese tema en el proyecto.

El correísta Gerardo Machado sostuvo en el Pleno que, aunque coincidía en la necesidad de combatir el uso delictivo de uniformes, debía denunciar que se incluyó “de contrabando” una reforma a la Ley de la Contraloría.

Advirtió que el artículo 20 permitiría la destrucción de documentos reservados o secretos bajo custodia de organismos de control, lo que, a su criterio, institucionaliza la impunidad y afecta la memoria institucional del Estado.

La asambleísta correísta Jahiren Noriega también se pronunció sobre el tema. Según dijo, ADN, en el último momento, “metieron un artículo para tapara su corrupción”. Agregó que “a través el artículo 20 están blindando su corrupción”.

¿Qué dice el artículo 20 de la ley aprobada?

“La Contraloría General del Estado, mediante resolución debidamente motivada y observando estrictas medidas de seguridad institucional, dispondrá la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales que contengan información confidencial o clasificada como reservada, secreta o secretísima”, se lee en la ley.

También se especifica que esa información estará relacionada con procesos, actuaciones, exámenes especiales, auditorías o expedientes institucionales y que su eliminación deberá realizarse dentro del plazo máximo de 30 días calendario una vez concluidos y ejecutoriados, conforme al ordenamiento jurídico.

La disposición añade que “no podrá disponerse la eliminación o destrucción de información relacionada con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal no prescritos”.

Tras la aprobación de la ley en la Asamblea, el proyecto pasará al Ejecutivo para que sea objetado o remitido directamente al Registro Oficial para su publicación. Solo después de cumplir ese último paso entrará en vigencia.