El Pleno de la Asamblea puede destrabar caso Progen pero ahora todo depende Mancheno

En la Asamblea, el caso Progen no está sentenciado desde lo legal pero depende de la voluntad política del oficialismo. El rumbo que tome ahora, tanto el juicio a Inés Manzano como el informe que salió de la Comisión de Transparencia, está en manos de la nueva presidenta, Mishel Mancheno.

Tanto el informe como la interpelación a la exministra de Energía que se quedó sin resolución en la Comisión de Fiscalización podrían tratarse en el Pleno de la Asamblea.

Un recurso legal para retomar el juicio

El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, lo explicó así: “La arbitrariedad cometida en la comisión (juicio a Manzano) viola la Constitución. Además, la Ley de la Función Legislativa establece que ningún tema se queda en la comisión. Todo lo tiene que resolver el Pleno”.

En cuanto al juicio político, la Revolución Ciudadana también argumenta otro elemento legal. La integrante de la mesa, Ana Herrera, recordó que el plazo para que la comisión se pronunciara venció el domingo pasado y no hubo una resolución. Según la legisladora, corresponde que el tema avance al Pleno ya que no hubo un acuerdo al interior de la mesa.

Herrera sustentó esa postura en que el sábado pasado no hubo los votos necesarios para aprobar su moción de calificación del juicio político. De los 10 integrantes de la mesa presidida por Ferdinan Álvarez, cuatro votaron a favor -todos ellos asambleístas de Revolución Ciudadana- y el resto se abstuvo, incluido el aliado del oficialismo José Nango.

Con eso en cuenta, los legisladores correístas Blasco Luna y Lenín Barreto remitieron al entonces presidente de la Asamblea, Niels Olsen, un pedido para que el proceso de enjuiciamiento político contra Inés Manzano sea tratado en el Pleno. 

El problema es que la solicitud fue presentada el lunes pasado, pero Olsen renunció al cargo durante la sesión 98. Así, la encargada de dar trámite a ese pedido es ahora la presidenta Mishel Mancheno.

¿Cuál es la posición del oficialismo?

En el oficialismo han sido cautos respecto a este tema. Tras la decisión de la Comisión de Fiscalización, ninguno de sus integrantes pertenecientes al bloque oficialista se ha pronunciado públicamente.

Lo único que hizo ADN, a nombre de la Comisión de Fiscalización, fue emitir un comunicado minutos después de que terminó la sesión del sábado. El principal argumento del oficialismo fue que el caso está en manos de la Fiscalía. También se señaló que “debe investigarse hasta las últimas consecuencias pero con seriedad, rigor técnico y respeto institucional”.

El único en hablar sobre el tema fue Andrés Castillo, el lunes pasado. Él dijo: “Han salido más elementos y se los ha llevado a la Fiscalía. Esa entidad los está conociendo y por supuesto que si se empieza a identificar que esos presuntos responsables tienen algo que ver que sean sancionados”.

Pero, para el asambleísta Serrano, argumentar que el caso ya está en la Fiscalía es bochornoso. Señaló que la vía judicial es diferente a la del control político y, en ese sentido, se trataría de una especie de renuncia de la Asamblea a ejercer su facultad fiscalizadora.

El legislador independiente El independiente Juan Gonzaga dijo que cuando se habla de que este tipo de asuntos no pueden quedar en la impunidad debe “generarse un abordaje desde todos quienes forman el Pleno de la Asamblea”.

Desde Pachakutik, la asambleísta Mariana Yumbay manifestó que lo que ocurre tanto en la Comisión de Fiscalización como en la de Transparencia -donde se tramitó la fiscalización al contrato con Progen- es vergonzoso.

“La ley dice que si no se logran los votos en la comisión, el tema puede derivarse al Pleno. Ahí deberíamos tomar la decisión”, manifestó.

Sobre el informe de la Comisión de Transparencia

El caso del informe que se tramitó en la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome, es aún más complejo. Dicho informe fue aprobado hace cinco meses, pero no ha llegado al Pleno. Tras cumplir un año al frente de la Asamblea, el expresidente Olsen señaló que el documento fue enviado a las autoridades competentes y no ofreció tramitarlo en el Pleno.

Esa decisión ahora está en manos de Mancheno, quien hasta el momento no ha dado señales de apartarse de la postura que sostuvo Olsen.

Ese informe cobró relevancia después de que circulara un audio atribuido a la exministra Inés Manzano, en el que habla de una coordinación con Jácome para las comparecencias de autoridades de Celec en la Comisión de Fiscalización.

Así, un tema que incluso está normado por la Ley, ahora depende únicamente de la voluntad política de ADN.