Presunta tortura en cárcel de Esmeraldas: exigen a Fiscalía investigar a militares

El video de un grupo de militares golpeando a personas privadas de libertad en la Cárcel de Esmeraldas encendió las alertas de las organizaciones de derechos humanos. La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador exige ahora a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo investigar de inmediato lo ocurrido y determinar si hubo tortura durante el operativo.

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El primer pedido a Fiscalía

El pronunciamiento, difundido este lunes 5 de octubre de 2026, señala que las escenas corresponderían a un operativo militar ejecutado el 3 de octubre en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Esmeraldas N.º 1. La organización advierte que recibió además denuncias de familiares sobre agresiones similares contra otros internos y que el contexto de encierro aumenta el riesgo de intimidaciones, represalias y alteración de evidencias.

La primera exigencia está dirigida a la Fiscalía General del Estado: “abrir de oficio e inmediatamente una investigación por el presunto delito de tortura”. La Alianza pide que las indagaciones no se limiten inicialmente a delitos de menor gravedad y que se determine la posible participación, autoría, complicidad, aquiescencia u omisión de agentes estatales y superiores.

Además, solicita identificar individualmente a todos los militares que intervinieron en el procedimiento, además de establecer sus unidades, grados, funciones y cadena de mando. También plantea recopilar las órdenes de operaciones, partes, informes y el listado completo del personal desplegado, mientras que las versiones de internos, testigos, funcionarios penitenciarios, médicos y familiares deberán recibirse con confidencialidad y sin presencia de miembros de las instituciones denunciadas.

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La búsqueda de pruebas y protección

Otro de los pedidos apunta a la evidencia física y digital: valoraciones médico-legales y psicológicas independientes, fotografías de lesiones y aplicación del Protocolo de Estambul. A esto se suma la preservación y extracción forense de videos, cámaras de seguridad, posibles cámaras corporales, teléfonos celulares, libros de novedades, comunicaciones, registros de ingreso y salida y demás documentos relacionados con la intervención.

La Alianza también reclama una investigación específica por los ataques digitales y amenazas que, según su pronunciamiento, habría recibido Fernando Bastias Robayo, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), después de denunciar públicamente el caso. Pide identificar las cuentas vinculadas, preservar la evidencia, determinar si existe relación con su trabajo como defensor de derechos humanos y realizar una evaluación de riesgo que permita adoptar medidas de protección con su consentimiento.

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La Defensoría también es requerida

Asimismo, a la Defensoría del Pueblo le plantea activar de inmediato sus competencias y las del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con una visita sin previo aviso al centro penitenciario. La organización exige entrevistas privadas y confidenciales con las personas privadas de libertad, además de una investigación defensorial sobre la actuación militar y las posibles responsabilidades institucionales.

El pronunciamiento cierra con una advertencia: “Cada hora que transcurre puede significar pérdida de evidencia, desaparición de lesiones físicas y aumento del riesgo”. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas sostienen que durante el operativo hubo resistencia, agresiones verbales y empujones contra los uniformados, y justificaron que, luego de que los medios disuasivos no permitieran recuperar el control, adoptaron “medidas más firmes”.

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Pronunciamiento de las FF. AA.

El domingo 4 de octubre, las Fuerzas Armadas defendieron su actuación durante el operativo realizado en la Cárcel de Esmeraldas y señalaron que se establecieron áreas de contención y medidas de seguridad para reducir los riesgos tanto para los uniformados como para las personas privadas de libertad. La institución sostuvo que la intervención se desarrolló en medio de varias alteraciones del orden, entre ellas actos de resistencia, agresiones verbales y empujones contra el personal militar.

Según el pronunciamiento castrense, los medios disuasivos utilizados inicialmente no permitieron restablecer el control de la situación. Ante ese escenario, los militares aseguran que fue necesario adoptar “medidas más firmes”, aplicadas en función del nivel de resistencia registrado durante el procedimiento.