¿Tortura en Esmeraldas?: Bastias habló en contra de las Fuerzas Armadas tras un video y esto pasó

El abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Fernando Bastias, anunció que presentará el lunes 5 de octubre del 2026, una denuncia ante la Fiscalía por presunta tortura. Y compartió un video en el que se observa a militares golpeando a personas privadas de libertad en la Cárcel de Esmeraldas.

Bastias hizo el anuncio el sábado 3 de octubre y, al día siguiente, denunció en X haber sido objeto de ataques en redes sociales después de compartir las imágenes. El abogado atribuyó esas acciones a un “troll center” vinculado, según su acusación, a las Fuerzas Armadas, incluso al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

En su publicación, Bastias sostuvo que supuestamente se habría utilizado dinero público para “amedrentar” a personas defensoras de derechos humanos. Él afirmó que las denuncias sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas terminarán teniendo consecuencias. 

Bastias recordó además que las Fuerzas Armadas habían señalado que no defenderían a ninguna persona que incumpliera la ley. En ese contexto, pidió que los militares que aparecen en el video sean identificados y separados de manera inmediata del centro penitenciario.

El antecedente: traslado de 300 presos desde Esmeraldas

El video se difundió después de un operativo ejecutado en la madrugada del miércoles 30 de septiembre, cuando el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) trasladó a 300 personas privadas de libertad desde el Centro de Privación de Libertad Esmeraldas N.° 2 hacia el Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 1.

Según un comunicado del SNAI, la intervención formó parte de las acciones del Gobierno para reforzar el control estatal y la seguridad dentro del sistema penitenciario.

El operativo, de acuerdo con las autoridades, se basó en labores de investigación y análisis de información coordinadas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esas tareas permitieron, según el Gobierno, detectar factores de riesgo, anticipar posibles hechos de violencia e identificar a personas vinculadas con escenarios de conflictividad.