Museo Nacional: reforma a la ley de uso de suelo aviva el conflicto de interés en torno al proyecto

Pocas cosas deslegitiman tanto un acto de gobierno como la existencia de un conflicto de interés. Sobre todo cuando existe la posibilidad de que quien toma una decisión pueda beneficiarse, directa o indirectamente, de sus efectos.

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Es lo que ocurre con el proceso del concurso que el gobierno de Daniel Noboa organizó luego de echar abajo el que había impulsado el Viceministerio de Cultura, alegando que no representaba los gustos de la mayoría y justificándose en la agresiva ola de protestas que se produjo en las redes sociales. 

Y también con la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, aprobada casi en silencio por la Asamblea el pasado 7 de julio, que permite a la Presidencia de la República declarar Proyectos Estratégicos Nacionales de Construcción de Vivienda con efectos directos sobre la planificación territorial de los municipios.

Pero vayamos primero al concurso para el Museo Nacional, cuyo veredicto se hará público el sábado 18 de julio de 2026. Ahí existe un evidente conflicto de interés: la integración del nuevo jurado. 

Este es el profesional que participará en el concurso

Los proyectos presentados luego del colapso del primer concurso serán juzgados, en un plazo insólitamente corto, por un tribunal de apenas tres personas, una de las cuales mantiene vínculos profesionales con empresas relacionadas con la familia presidencial: Christian Wiese.

Se trata de un arquitecto ecuatoriano de enorme prestigio que ha diseñado, al menos, tres edificaciones para un grupo vinculado históricamente a la familia del presidente Noboa: Massimus Guayaquil City Center, The Point y las torres del Swissôtel, también en Guayaquil.

Independientemente de sus capacidades profesionales, la trayectoria de Wiese está estrechamente ligada a ese grupo empresarial. Este hecho adquiere especial relevancia si se toma en cuenta que ni el Gobierno ni el grupo relacionado han desmentido hasta ahora las versiones según las cuales los terrenos ubicados detrás del futuro Museo Nacional formarían parte de un gran desarrollo inmobiliario en el que participaría ese grupo empresarial.

Los terrenos en donde se construirá el nuevo Museo Nacional de Ecuador están ubicados entre la av. Eloy Alfaro y República, en el sector La Carolina, norte de Quito.

Reforma se aprobó y aprovechó la polémica

Está el caso de la silenciosa aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, mientras toda la atención mediática estaba concentrada en la polémica por el proyecto ganador del Museo Nacional.

La reforma crea una figura inédita en la legislación ecuatoriana. Establece que el presidente de la República podrá declarar un Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. 

Esa declaratoria produce efectos jurídicos concretos: obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a reconocerla dentro de su planificación territorial, fija plazos para la emisión de permisos, limita la posibilidad de imponer requisitos adicionales y concede beneficios tributarios a los proyectos que se desarrollen bajo esa modalidad. El Ejecutivo, en otras palabras, adquiere facultades que históricamente correspondían a los municipios.

¿Ley a la carta del presidente de turno?

El problema radica en que esas nuevas competencias coinciden con una circunstancia imposible de ignorar: la familia del presidente Daniel Noboa mantiene importantes intereses en el sector inmobiliario y en el desarrollo de proyectos urbanísticos.

La ley aprobada no establece ninguna obligación de inhibición, recusación o control independiente para el presidente de la República cuando deba declarar un Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Tampoco prevé mecanismos especiales de transparencia ni procedimientos que garanticen que esas decisiones se adopten completamente al margen de cualquier interés económico relacionado con el sector inmobiliario.

Ese vacío institucional debió haber preocupado incluso a quienes apoyaban la reforma, pero parece que nadie reparó en sus implicaciones. Incluso el correísmo cuestionó la pérdida de competencias de los municipios, pero no advirtió el problema de fondo. 

No señaló, por ejemplo, que las leyes no deben redactarse pensando en el gobernante de turno, sino en cualquier futuro presidente. Si mañana quien ocupe Carondelet posee intereses directos o familiares en proyectos urbanísticos, la ley le entregará una herramienta extraordinariamente poderosa.

Esta reforma guarda relación con un hecho que, en apariencia, nada tiene que ver con el terreno donde se construirá el Museo Nacional, pero que eventualmente podría conectarse con él. 

El predio donde se levantará el museo y los terrenos ubicados en su parte posterior -donde, según versiones que no han sido desmentidas, se desarrollaría un proyecto inmobiliario en el que participaría el grupo relacionado a la familia presidencial- ya fueron declarados por el Municipio de Quito como una de las quince Unidades de Actuación Urbanística de la ciudad.

En ese contexto, cabría la posibilidad de que el Gobierno, haciendo uso de las nuevas facultades que le concede la ley, declare esa zona como Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Si eso llegara a ocurrir, el desarrollo urbanístico adquiriría un régimen jurídico distinto, con una intervención mucho más limitada del Municipio de Quito y un papel mucho más decisivo del Ejecutivo. 

Esa posibilidad no demuestra que vaya a suceder, pero sí pone en evidencia por qué una ley de esta naturaleza debió incorporar salvaguardas mucho más estrictas frente a los conflictos de interés. Ese es, precisamente, el vacío institucional que la Asamblea dejó pasar.