Caso José de La Gasca: exministros de Daniel Noboa terminan su carrera en la total desgracia

Haber sido parte del Gobierno de Daniel Noboa no parece ser una garantía para evitar caer en desgracia después de la salida. El caso de José De la Gasca parece emblemático para entender el fenómeno. Después de haber sido ministro de Gobierno y una pieza fundamental por su incondicionalidad con el presidente Noboa, ahora ni siquiera le permitieron seguir en la carrera para ser fiscal general, cargo al que empezó a aspirar, precisamente, con el auspicio del Gobierno. 

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El cambió drástico contra De la Gasca

Un auspicio que terminó y que ahora se ha convertido en una evidente persecución, aunque él prefiera no darle ese calificativo. De haber sido el candidato con mayores opciones para convertirse en fiscal, porque en algún momento fue el niño de los ojos de Noboa y de sus operadores, pasó a ser víctima de un operativo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para sacarlo del camino.

La Comisión Ciudadana de Selección lo excluyó al considerar que presentó un formulario incorrecto para la declaración de conflicto de intereses, un requisito que calificó de obligatorio. De La Gasca sostiene que la decisión fue arbitraria y que forma parte de una persecución para sacarlo de la carrera. 

No existen pruebas públicas de que el Gobierno haya operado para provocar su descalificación. Sin embargo, es sabido que mantiene una fuerte influencia sobre el CPCCS y, al menos, pudo haber evitado que se lo sancionara. Si De La Gasca conservara algo de respaldo o simpatía dentro del Gobierno, difícilmente estaría en la situación en la que hoy se encuentra.

¿Qué pasó con De La Gasca?

¿Qué pasó con De La Gasca? En realidad, no existe una explicación oficial pero circula una versión, confirmada por al menos tres fuentes vinculadas al Gobierno, según la cual su caída en desgracia se originó en la disputa que mantuvo, cuando era ministro de Gobierno, con el actual director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi. 

Según esas fuentes, De La Gasca impulsaba la creación de otro organismo de inteligencia para que el presidente no dependiera exclusivamente del CIES. 

La idea no le gustó en absoluto a Sensi-Contugi y, según se conoce, ambos estuvieron a punto de irse a los golpes durante una sesión de gabinete. 

Las mismas versiones sostienen que el director del CIES influyó para que De La Gasca dejara el Ministerio bajo la promesa de que sería fiscal general, pero que ahora ha movido sus resortes para que el CPCCS lo descalificara.

Exministros que sirvieron y ahora son perseguidos

Pero De La Gasca no es el único exministro en desgracia. También está el caso de Andrea Arrobo, exministra de Energía, quien salió del Gobierno en abril de 2024, en medio de la crisis de los apagones. Desde entonces enfrentó tres frentes distintos: una denuncia penal impulsada por el Gobierno, un juicio político en la Asamblea y varias investigaciones administrativas relacionadas con la crisis eléctrica. 

Al pedirle la renuncia, el presidente Noboa anunció que había dispuesto una investigación por presunto sabotaje en el sector eléctrico. Al día siguiente, la Secretaría General de la Administración presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Arrobo y otros funcionarios.

Paralelamente, el Gobierno anunció auditorías y exámenes sobre la actuación de funcionarios del sector eléctrico para determinar eventuales responsabilidades en la gestión de la crisis. Sin embargo, Arrobo nunca fue condenada ni sancionada, básicamente por falta de evidencias.

El tercer caso es el de la exvicepresidenta Verónica Abad. Probablemente sea la ruptura más visible con el Gobierno. Ha denunciado reiteradamente persecución política por parte del Ejecutivo a raíz de su envío al exterior, los sumarios administrativos, la suspensión dispuesta por el Ministerio de Trabajo (que luego fue anulada por la justicia constitucional) y otros conflictos institucionales.

Tampoco le fue bien a Arturo Félix Wong, quien fue secretario general de la Administración y ministro de Gobierno. Después de haber sido uno de los funcionarios de mayor confianza y cercanía con el presidente Daniel Noboa, fue enviado como diplomático a Colombia, en lo que muchos interpretaron como una suerte de exilio político. Antes de su traslado era una de las figuras más influyentes del Gobierno.

Algo parecido ocurrió con Antonio Gonçalves, exministro de Energía, quien fue el único de los exfuncionarios involucrado en la investigación del caso Progen. 

Ni Roberto Luque ni Inés Manzano, que permanecieron más tiempo en el cargo y tuvieron mayor involucramiento en la compra de los equipos para generación eléctrica, están procesados. Tampoco la Asamblea ha permitido que sean declarados responsables políticos por ese caso.

Ahora queda por ver qué ocurrirá con Romina Muñoz, exviceministra de Cultura, a quien se le pidió la renuncia después de que el Gobierno echó abajo el concurso para el proyecto del Museo Nacional. 

Muñoz perdió el respaldo político desde Carondelet tras el resultado del concurso, y la ministra de Educación, Gilda Alcívar, le solicitó la renuncia mientras ejercía el Ministerio de Cultura por encargo.

Según las versiones conocidas, Muñoz terminó convirtiéndose en una figura incómoda porque defendía la idea de que el nuevo Museo Nacional no fuera concebido como una obra destinada a aumentar el valor de los proyectos inmobiliarios cercanos al lugar donde será construido.