Comisión de la Asamblea pide 10 días más para fiscalizar patrimonios de alcaldes y prefectos
La comisión analiza información financiera de autoridades seccionales. Entidades han pedido más tiempo para entregar documentos. El plazo está por vencer
La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional analiza los patrimonios de alcaldes y prefectos dentro del proceso de fiscalización.
Lo que debes saber
- La comisión pidió 10 días adicionales.
- El plazo de 90 días está por vencer.
- Se revisará información patrimonial y financiera.
La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional solicitará una ampliación de 10 días para concluir la fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos de Ecuador. La petición será conocida por el Pleno en el tercer punto de la sesión No. 125-AN-2025-2029, convocada para el martes 22 de septiembre de 2026, a las 10:06.
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Un plazo que llega a su fin
La solicitud consta en la Resolución No. 0011-CGAD-2025-2027, remitida por Cristian Andrés Benavides Fuentes, presidente de la Comisión, a la Presidencia de la Asamblea Nacional. El legislador argumenta que el plazo de 90 días establecido para elaborar, aprobar y presentar el informe final está próximo a vencer.
El proceso de fiscalización fue dispuesto mediante la Resolución RL-2025-2029-095, aprobada por el Pleno el 23 de junio de 2026. La investigación contempla el examen, análisis contable y contraste de la información patrimonial y financiera de las autoridades seccionales incluidas en el proceso.
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Cruce de información financiera
Según el documento, durante la sustanciación, varias entidades públicas solicitaron prórrogas justificadas para entregar la información contable y técnica requerida. La Comisión sostiene que la consolidación de los expedientes demanda tiempo adicional, debido al volumen de documentación correspondiente a las autoridades investigadas.
Benavides señala que extender el plazo permitirá garantizar el debido proceso, la rigurosidad técnica del análisis documental y la veracidad de las conclusiones que serán elevadas al Pleno. La fiscalización contempla el cruce de información con entidades, como la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y los registradores de la propiedad.
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